Cuando los antepasados de John Mestas se mudaron a Colorado hace más de 100 años para criar ovejas en el Valle de San Luis, “llegaron al paraíso”, contó.

“Había tanta agua que pensaron que nunca se acabaría”, dijo Mestas refiriéndose a la región agrícola en la cabecera del río Grande.

Ahora, décadas de sequía impulsada por el cambio climático, combinada con la sobre explotación de los acuíferos, están dejando al valle desesperadamente seco, y parece estar intensificando los niveles de metales pesados en el agua potable.

Al igual que un tercio de las personas que viven en este desierto alpino de gran altitud, Mestas depende de un pozo privado que extrae agua de un acuífero para beber. Y, al igual que muchos agricultores de la zona, usa la misma fuente para regar la alfalfa que alimenta a sus 550 vacas.

“Aquí, el agua lo es todo”, dijo.

Mestas, de 71 años, ahora es uno de los cientos de propietarios de pozos que participan en un estudio que aborda la pregunta: ¿Cómo afecta la sequía no solo a la cantidad, sino también a la calidad del agua?

El estudio, dirigido por Kathy James, profesora asociada en la Escuela de Salud Pública de Colorado, se centra en el arsénico en los pozos privados de agua potable. El arsénico, un carcinógeno que se encuentra naturalmente en el suelo, ha estado apareciendo en niveles crecientes en el agua potable del valle, según James.

En California, México y Vietnam, las investigaciones han relacionado el aumento de los niveles de arsénico en el agua subterránea con la sequía y la sobre explotación de los acuíferos.

A medida que el oeste lucha contra una mega sequía que ha durado más de dos décadas y los estados corren el riesgo de recortes en el agua del menguante río Colorado, el Valle de San Luis ofrece pistas sobre lo que el futuro puede deparar.

A nivel nacional, alrededor de 40 millones de personas dependen de pozos domésticos, estimó Melissa Lombard, investigadora en hidráulica del U.S. Geological Survey. Nevada, Arizona y Maine tienen el mayor porcentaje de usuarios de pozos domésticos —que oscilan entre aproximadamente un cuarto y una quinta parte de estos usuarios—, que utilizan agua con niveles elevados de arsénico, según encontró en un otro estudio.

Durante la sequía, el número de personas en los Estados Unidos continental expuestas a niveles elevados de arsénico en pozos domésticos podría aumentar de aproximadamente 2,7 millones a 4,1 millones, estimó Lombard utilizando modelos estadísticos.

Se ha comprobado que el arsénico afecta la salud a lo largo de la vida, comenzando con los espermatozoides y los óvulos, explicó James. Incluso una pequeña exposición, acumulada a lo largo de la vida de una persona, es suficiente para causar problemas de salud, agregó.

En un estudio anterior en el valle, James encontró que la exposición de por vida a niveles bajos de arsénico inorgánico en el agua potable, entre 10 y 100 microgramos por litro (µg/L), estuvo relacionada con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Otras investigaciones han vinculado la exposición crónica a niveles bajos de arsénico con hipertensión, diabetes y cáncer.

Las mujeres embarazadas y los niños corren un mayor riesgo de sufrir daños.

La Organización Mundial de la Salud establece el límite recomendado de arsénico en el agua potable en 10 µg/L, que también es el estándar de los Estados Unidos para los suministros públicos de agua. Pero las investigaciones han demostrado que, incluso a 5 µg/L, el arsénico está relacionado con tasas más altas de lesiones en la piel.

“Creo que es un problema del que mucha gente no está consciente”, dijo Lombard. “El cambio climático probablemente afectará la calidad del agua”, dijo, pero se necesita más investigación para comprender cómo y por qué.

Un foco de esperanza

El Valle de San Luis, que ha sido sede de una gran cantidad de investigación e innovación, es el lugar ideal para explorar esas preguntas, y posibles soluciones.

Conocido por sus impresionantes vistas montañosas y la cercanía al Parque y Reserva Nacional Great Sand Dunes, el valle abarca una región aproximadamente del tamaño de Massachusetts, convirtiéndolo en el valle alpino más grande de América del Norte.

Rico en herencia indígena, mexicana y española, contiene 500,000 acres de tierra de riego que producen papas, alfalfa para forraje y cebada para la cerveza de Coors. Es hogar de casi 50,000 personas, muchas de ellas trabajadores agrícolas y aproximadamente la mitad de ellas hispanas.

También es un lugar desafiante para vivir: los condados aquí se encuentran entre los más pobres del estado, y las tasas de diabetes, enfermedad renal y depresión son altas.

Dado que llueve muy poco, aproximadamente 7 pulgadas al año en promedio, los agricultores dependen de dos grandes acuíferos y de las cabeceras del río Grande, que continúa hacia México. El deshielo de las imponentes cordilleras de Sangre de Cristo y San Juan recarga el suministro cada primavera.

Sin embargo, a medida que el clima se calienta, hay menos nieve y el agua se evapora más rápidamente de lo normal tanto del suelo como de los cultivos. “Esta comunidad entera, esta cultura, se construyó en torno a la agricultura de riego”, dijo Cleave Simpson, senador estatal de Alamosa, republicano y agricultor de cuarta generación.

Pero desde 2002, el acuífero no confinado del valle ha perdido 1 millón de acres-pie de agua, o suficiente para cubrir 1 millón de acres de tierra con un pie de agua de profundidad, debido a la sequía persistente y el uso excesivo. Ahora las comunidades del valle enfrentan una fecha límite para reponer el acuífero, o enfrentar el cierre estatal de cientos de pozos de riego.

“Estamos una década adelante de lo que está sucediendo en el resto de Colorado” debido a la intensidad de la escasez de agua, dijo Simpson, quien administra el Río Grande Water Conservation District.

“Esto ya no es una sequía, esto es realmente la desertificación del Oeste“, dijo Simpson. Así es como los científicos describen una tendencia a largo plazo hacia la sequedad y aridez persistentes que solo puede detenerse abordando el cambio climático causado por los humanos.

James, quien es epidemióloga e ingeniera, ha estado estudiando las conexiones entre el clima y la salud en el valle durante los últimos 15 años. Descubrió que durante las tormentas de polvo en el Valle de San Luis, que se han vuelto más frecuentes, más personas llegan al hospital por ataques de asma. Y ha encuestado a los trabajadores agrícolas sobre cómo la sequía está afectando su salud mental.

En el estudio de los pozos domésticos, James se está centrando en el arsénico, que según dijo ha ido aumentando gradualmente en los pozos de agua potable del valle en los últimos 50 años. Los niveles de arsénico en el agua subterránea del Valle de San Luis son “considerablemente más altos que en muchas otras áreas de los Estados Unidos”, según James. También está investigando las disparidades étnicas, ya que un estudio mostró que los adultos hispanos tenían niveles más altos de arsénico en su orina que los adultos blancos no hispanos. (Las personas hispanas pueden ser de cualquier raza o combinación de razas).

Ahora, James tiene como objetivo analizar 1,000 pozos privados en el valle para explorar las conexiones entre la sequía, la calidad del agua y la salud. Hasta ahora, dijo que una pequeña proporción de los pozos muestra niveles elevados de metales pesados, incluyendo arsénico, uranio, tungsteno y manganeso, que se encuentran naturalmente en el suelo.

A diferencia de los suministros públicos de agua, los pozos domésticos privados no están regulados y pueden pasar años sin ser analizados. James ofrece pruebas de agua gratuitas y consultas sobre los resultados a los participantes. En el condado de Conejos, la hija de John Mestas, Angie Mestas, aprovechó la oportunidad de hacer una prueba gratuita, que costaría $195 en un laboratorio local.

Angie, maestra de 35 años, dijo que utilizó los ahorros de toda una vida para perforar un pozo de agua potable en su terreno, un campo abierto de hierba chamisa con vistas panorámicas a las Colinas de San Luis. Pero no beberá de este pozo hasta que se realicen pruebas de arsénico y E. coli, que son comunes en la zona.

Mientras espera los resultados de las pruebas, ha estado llevando barriles de agua de 5 galones desde la casa de su padre cada vez que pasa el fin de semana en su nueva carpa.

Amenaza sin olor ni color

Mientras tanto, Julie Zahringer, cuya familia se estableció en el valle desde España hace casi 400 años, ha estado observando las tendencias de calidad del agua de primera mano.

Zahringer, de 47 años, creció conduciendo un tractor en el rancho de su abuelo cerca de San Luis, la ciudad más antigua de Colorado, y pasó tiempo en el laboratorio con su madre, que es científica.

Como química y directora de laboratorio de SDC Laboratory en Alamosa, Zahringer analiza el agua potable privada y pública en el valle. Estimó que el 25% de los pozos privados analizados por su laboratorio muestran niveles elevados de arsénico. “Es incoloro, es inodoro”, dijo Zahringer. “La mayoría de las familias no saben si están bebiendo arsénico”.

Para ella, el vínculo con el clima parece claro: durante los períodos de sequía, un pozo que normalmente tiene alrededor de 10 µg/L de arsénico puede fácilmente duplicar o triplicar su concentración, dijo. Una posible razón es que hay menos agua para diluir los contaminantes naturales del suelo, aunque también intervienen otros factores.

Dijo que los niveles de arsénico solían ser bastante estables, pero después de 20 años de sequía, fluctúan de manera descontrolada.

“Ahora, cada vez más rápido, veo el mismo pozo que analicé hace tres años, y ni siquiera parece el mismo” porque los niveles de contaminantes han aumentado tanto, dijo Zahringer, quien también es miembro de la Comisión de Control de Calidad del Agua de Colorado.

En su propio pozo de agua potable, el nivel de arsénico aumentó de 13 a 20 µg/L este año, dijo.

Las observaciones de Zahringer son importantes historias de primera mano. James tiene como objetivo explorar, en un estudio científico riguroso con una muestra representativa de pozos y datos geoquímicos extensos, la prevalencia del arsénico y su conexión con la sequía.

La investigación todavía se encuentra en etapas iniciales, pero los científicos tienen varias hipótesis sobre cómo la sequía podría afectar el arsénico en el agua potable. En el Valle de San Joaquín, un importante centro agrícola en California, la investigación liderada por el experto en hidráulica Ryan Smith relacionó el aumento de arsénico en las aguas subterráneas con el “hundimiento del terreno”, un fenómeno documentado por primera vez en Vietnam.

El hundimiento del terreno, cuando el suelo se hunde debido a la sobreexplotación de los acuíferos, parece liberar arsénico de la arcilla hacia el agua, dijo Smith, profesor asistente de la Universidad Estatal de Colorado. En California, la sobreexplotación estaba fuertemente correlacionada con la sequía, agregó.

Sin embargo, otros factores, como la profundidad de un pozo, también juegan un papel: otro estudio del mismo sistema de acuíferos en California encontró que mientras el arsénico aumentaba en las aguas subterráneas más profundas, disminuía en las aguas más superficiales debido, en parte, a la oxidación.

Smith está trabajando ahora con James en el estudio del Valle de San Luis, donde espera que una gran cantidad de datos geoquímicos brinden más respuestas. Mientras tanto, los líderes comunitarios en el valle se están adaptando de formas impresionantes e innovadoras, dijo James.

Zahringer dijo que si el arsénico aparece en un pozo privado, anima a los clientes a instalar un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa en el fregadero de la cocina. El equipo cuesta alrededor de $300 con un proveedor externo, aunque los filtros que cuestan menos de $50 pueden necesitar cambiarse cada seis a 18 meses, dijo.

Aquellas personas que tratan su agua para eliminar el arsénico deben seguir realizando pruebas cada seis meses para asegurarse de que los filtros sean efectivos, agregó Zahringer. SDC Laboratory ofrece una prueba de arsénico por $25.

“A las personas no les gusta analizar el agua porque sabe bien y sus abuelos la bebían”, dijo. Pero “la solución es tan fácil”.

Una campaña de calidad del agua en 2009, liderada por el Consejo del Ecosistema del Valle de San Luis, también encontró niveles elevados de arsénico en los pozos a lo largo del valle. Como parte de sus actividades, la organización sin fines de lucro trabajó con agentes inmobiliarios para asegurarse de que los pozos domésticos sean analizados antes de que alguien compra una casa.

Eso es lo que hizo Sally Wier cuando compró una casa hace cinco años en una parcela de 8 acres en el condado de Rio Grande, rodeada de campos de cebada y alfalfa. La primera vez que probó su pozo, el nivel de arsénico era de 47 µg/L, casi cinco veces más del límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Wier instaló un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa, pero dijo que el nivel de arsénico aumenta antes de que cambie los filtros cada pocos meses.

“Me pone muy ansiosa”, dijo Wier, de 38 años. “Probablemente estoy ingiriendo arsénico. Eso no es bueno para la salud a largo plazo”.

Wier es una de muchas personas que trabajan en soluciones innovadoras para la escasez de agua. Como gerente de proyectos de conservación en Colorado Open Lands, trabajó en un acuerdo mediante el cual se le pagó a un agricultor local, Ron Bowman, para que dejara de regar su granja de 1,800 acres. Según Wier, este acuerdo marca la primera vez en el país que se utiliza un acuerdo de uso de conservación para salvar agua subterránea y reponer acuíferos.

Canalizando dinero hacia una solución

En el condado de Costilla, el Move Mountains Youth Project ha estado pagando a agricultores locales, a través de una subvención gubernamental, para que conviertan una parte de sus tierras en cultivos de vegetales en lugar de cultivos de alfalfa que requieren mucha agua.

Los agricultores luego entrenan a los jóvenes para cultivar brócoli, espinaca y frijoles bolita, que se venden en una tienda de comestibles local. El proyecto tiene como objetivo fomentar la próxima generación de agricultores y “combatir la diabetes” al proporcionar alimentos cultivados localmente, dijo la directora ejecutiva Shirley Romero Otero.

Su grupo trabajó con tres agricultores el verano pasado y planea hacerlo con siete esta temporada, si hay suficiente agua disponible, contó.

En otro esfuerzo, agricultores como los Mestas se están gravando a sí mismos para extraer agua de sus propios pozos de riego. Y Simpson, del Distrito de Conservación del Agua del Río Grande, recientemente aseguró $30 millones en fondos federales para apoyar la conservación del agua. El plan incluye pagar a los agricultores $3,000 por acre-pie de agua para retirar permanentemente sus pozos de riego.

Dado que el arsénico no se limita a los pozos privados, también han respondido las agencias públicas: la ciudad de Alamosa construyó una nueva planta de tratamiento de agua en 2008 para cumplir con los estándares federales de arsénico.

En 2020, el estado de Colorado demandó a una granja de hongos en Alamosa por exponer a sus trabajadores al arsénico presente en el agua de grifo.

En la comunidad de casas móviles High Valley Park en el condado de Alamosa, un pozo que abastece a 85 personas ha excedido los niveles legales de arsénico desde 2006, cuando EPA endureció su estándar de 50 a 10 µg/L. En la prueba más reciente en febrero, la concentración fue de 19 µg/L.

En una tarde de abril, cuatro niños saltaban en un trampolín y se perseguían unos a otros alrededor de un árbol. “Tío, tengo sed y no quedan botellas de agua”, dijo uno de los niños, sin aliento.

El pozo abastece a 28 hogares. Sin embargo, los inquilinos de cinco viviendas han afirmado que no han estado bebiendo el agua durante años, no por el arsénico, del cual algunos no estaban conscientes, sino porque el agua a menudo sale de color marrón.

Eduardo Rodríguez, de 29 años, quien trabaja en excavación, dijo que compra dos cajas de botellas de agua cada semana para su esposa y sus cinco hijos.

“Esto debe arreglarse”, afirmó.

“El agua es terrible”, coincidió Craig Nelson, de 51 años, quien ha vivido en el parque de casas móviles durante dos años. “No se puede tomar”. Debido a que el pozo abastece al menos a 25 personas, está regulado por el estado.

El propietario del terreno, Rob Treat, de Salida, compró la propiedad en febrero de 2022 por casi medio millón de dólares. Cumplir con los estándares federales en cuanto al contenido de arsénico ha sido difícil, afirmó, porque sus niveles fluctúan cuando los agricultores cercanos extraen agua del acuífero para regar sus cultivos.

Treat estaba utilizando cloro para convertir un tipo de arsénico en una forma más tratable. Sin embargo, si agregaba demasiado cloro, esto creaba subproductos tóxicos, lo cual también llamó la atención de los reguladores. Bajo presión del estado, comenzó a mejorar el sistema de tratamiento de agua en mayo, con un costo de $150,000. Para cubrir los gastos, planea aumentar el alquiler mensual de $250 a $300 por lote.

“Si el estado se mantuviera al margen”, se quejó, “podríamos proporcionar viviendas asequibles”.

Mientras tanto, John Mestas aún está esperando los resultados de su pozo de agua potable.

Cuando regresa de viajar para administrar su rebaño de ganado, “lo primero que hago cuando entro a la casa es beber dos vasos de agua”, dijo. “Eso es lo que extraño, mi agua y mis perros. Saltan sobre mí mientras tomo mi agua. No sé quién está más feliz, si yo bebiendo el agua o ellos saltando”.

Este artículo fue apoyado por The Water Desk, una iniciativa de periodismo independiente con sede en el Center for Environmental Journalism de la Universidad de Colorado-Boulder.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

AbbVie and Capsida Therapeutics are expanding their gene therapy R&D alliance to the eyes. Capsida is in line to receive $70 million now and up to $595 million later, depending on the progress of the eye programs.

Estados Unidos se estancó en las regulaciones químicas después de la década de 1970, según Bhavna Shamasunder, profesora asociada de política urbana y ambiental en el Occidental College. Y eso ha dejado un vacío regulatorio, ya que la blanda supervisión federal permite que productos potencialmente tóxicos que estarían prohibidos en Europa se vendan en las tiendas estadounidenses.

“Muchos productos en el mercado no son seguros”, dijo Shamasunder. “Es por eso que los estados están ayudando a generar una solución”.

La posible exposición a sustancias tóxicas en los cosméticos es especialmente preocupante para las mujeres de color, porque estudios muestran que las mujeres negras usan más productos para el cabello que otros grupos raciales, y que las hispanas y asiáticas han informado que usan más cosméticos en general que las mujeres negras y blancas no hispanas.

La legislación del estado de Washington es un segundo intento de aprobar la Ley de Cosméticos Libres de Tóxicos, luego que, en 2022, los legisladores aprobaran un proyecto de ley que eliminó la prohibición de ingredientes tóxicos en los cosméticos.

Este año, los legisladores tienen un contexto adicional después que un informe encargado por la Legislatura, y publicado en enero por el Departamento de Ecología del estado, encontró múltiples productos con niveles preocupantes de químicos peligrosos, incluyendo plomo y arsénico en la base CoverGirl Clean Fresh Pressed Powder de tinte oscuro.

El lápiz labial de color continuo CoverGirl y la base de maquillaje Black Radiance Pressed Powder de Markwins Beauty Brands se encuentran entre otros productos de varias marcas que contienen plomo, según el informe.

Los equipos de investigación preguntaron a mujeres hispanas, negras no hispanas y multirraciales qué productos de belleza usaban. Luego, probaron 50 cosméticos comprados en Walmart, Target y Dollar Tree, entre otras tiendas.

“Las empresas están agregando conservantes como el formaldehído a los productos cosméticos”, dijo Iris Deng, investigadora de tóxicos del Departamento de Ecología estatal. “El plomo y el arsénico son historias diferentes. Se detectan como contaminantes”.

Markwins Beauty Brands no respondió a las solicitudes de comentarios.

“Las trazas nominales de ciertos elementos a veces pueden estar presentes en las formulaciones de productos como consecuencia del origen mineral natural, según lo permitido por la ley que aplica”, dijo Miriam Mahlow, vocera de la empresa matriz de CoverGirl, Coty Inc., en un correo electrónico.

Los autores del informe de Washington dijeron que los países de la Unión Europea prohíben productos como la base CoverGirl de tinte oscuro. Esto se debe a que el arsénico y el plomo se han relacionado con el cáncer, y daño cerebral y del sistema nervioso. “No se conoce un nivel seguro de exposición al plomo”, dijo Marissa Smith, toxicóloga reguladora sénior del estado de Washington. Y el formaldehído también es carcinógeno.

“Cuando encontramos estos químicos en productos aplicados directamente a nuestros cuerpos, sabemos que las personas están expuestas”, agregó Smith. “Por lo tanto, podemos suponer que estas exposiciones están contribuyendo a los impactos en la salud”.

Aunque la mayoría del contenido de plomo de los productos era bajo, dijo Smith, las personas a menudo están expuestas durante años, lo que aumenta considerablemente el peligro.

Los hallazgos del departamento de ecología de Washington no fueron sorprendentes: otros organismos han detectado conservantes como formaldehído o, más a menudo, agentes liberadores de formaldehído como quaternium-15, DMDM hidantoína, imidazolidinil urea y diazolidinil urea en productos para alisar el cabello comercializados especialmente para las mujeres negras.

El formaldehído es uno de los productos químicos utilizados para embalsamar los cadáveres antes de los funerales.

Además de Washington, al menos 12 estados —Hawaii, Illinois, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Rhode Island, Texas y Vermont— están considerando leyes para restringir o exigir la divulgación de sustancias químicas tóxicas en cosméticos y otros productos de cuidado personal.

Los estados están actuando porque el gobierno federal tiene una autoridad limitada, dijo Melanie Benesh, vicepresidenta de asuntos gubernamentales del Environmental Working Group, una organización sin fines de lucro que investiga qué hay en los productos para el hogar y para el consumidor.

“La FDA ha tenido recursos limitados para intentar la prohibición de ingredientes”, agregó Benesh.

El Congreso no ha otorgado a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) una amplia autoridad para regular estos productos, a pesar de que los contaminantes y conservantes de los cosméticos terminan en el suministro de agua.

En 2021, un hombre de California solicitó a la EPA que prohibiera los químicos tóxicos en los cosméticos bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, pero la petición fue denegada, porque los cosméticos están fuera del alcance de la jurisdicción de la ley, dijo Lynn Bergeson, abogada en Washington, D.C.

Bergeson dijo que la regulación de los productos químicos está sujeta a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, pero la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) regula solo los aditivos de color y los productos químicos en los protectores solares porque sostienen que disminuyen el riesgo de cáncer de piel.

Minnesota, por ejemplo, llena los vacíos regulatorios al realizar pruebas de mercurio, hidroquinona y esteroides en productos para aclarar la piel. También aprobó una ley en 2013 que prohíbe el formaldehído en productos para niños, como lociones y baños de burbujas.

California ha aprobado varias leyes que regulan los ingredientes y el etiquetado de los cosméticos, incluida la Ley de Cosméticos Seguros de California, en 2005. Una ley adoptada en 2022 prohíbe las sustancias de perfluoroalquilo y polifluoroalquilo agregadas intencionalmente, conocidas como PFAS, en cosméticos y prendas de vestir a partir de 2025.

El año pasado, Colorado también aprobó una prohibición de PFAS en maquillaje y otros productos.

Pero expertos en seguridad del consumidor dijeron que los estados no deberían tener que llenar el vacío dejado por las regulaciones federales, y que un enfoque más inteligente implicaría que el gobierno federal sometiera los ingredientes de los cosméticos a un proceso de aprobación.

Mientras tanto, los estados están librando una batalla cuesta arriba, porque miles de productos químicos están disponibles para los fabricantes. Como resultado, existe una brecha entre lo que los consumidores necesitan como protección y la capacidad de acción de los reguladores, dijo Laurie Valeriano, directora ejecutiva de Toxic-Free Future, una organización sin fines de lucro que investiga y defiende la salud ambiental.

“Los sistemas federales son inadecuados porque no requieren el uso de productos químicos más seguros”, dijo Valeriano. “En cambio, permiten productos químicos peligrosos en productos para el cuidado personal, como PFAS, ftalatos o incluso formaldehído”.

Además, el sistema de evaluación de riesgos del gobierno federal tiene fallas, dijo, “porque intenta determinar cuánto riesgo de exposiciones tóxicas es aceptable”. Por el contrario, el enfoque que el estado de Washington espera legislar evaluaría los peligros y preguntaría si los productos químicos son necesarios o si existen alternativas más seguras, es decir, evitar los ingredientes tóxicos en los cosméticos en primer lugar.

Es muy parecido al enfoque adoptado por la Unión Europea (UE).

“Ponemos límites y restricciones a estos productos químicos”, dijo Mike Rasenberg, director de evaluación de peligros de la Agencia Europea de Productos Químicos en Helsinki, Finlandia.

Rasenberg dijo que debido a que la investigación muestra que el formaldehído causa cáncer nasal, la UE lo ha prohibido en productos de belleza, además del plomo y el arsénico. Los 27 países de la UE también trabajan juntos para probar la seguridad de los productos.

En Alemania se examinan anualmente más de 10,000 productos cosméticos, dijo Florian Kuhlmey, vocero de la Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria de ese país. Y no termina ahí. Este año, Alemania examinará alrededor de 200 muestras de dentífrico para niños en busca de metales pesados y otros elementos prohibidos en la UE para cosméticos, agregó Kuhlmey.

La legislación en Washington se acercaría a la estrategia europea para la regulación de productos químicos. Si se aprueba, daría a los minoristas que venden productos con ingredientes prohibidos hasta 2026 para vender los productos existentes.

Mientras tanto, los clientes pueden protegerse buscando productos de belleza naturales, dijo la dermatóloga del área de Atlanta, Chynna Steele Johnson.

“Muchos productos tienen agentes liberadores de formaldehído”, dijo Steele Johnson. “Pero no es algo que los clientes puedan encontrar en una etiqueta. Mi sugerencia, y esto también se aplica a los alimentos, sería, cuanto menos ingredientes, mejor”.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Once inside, coordinators say, migrants are given face masks to guard against the spread of infectious diseases, along with water and food. Medical providers test them for the coronavirus, offer them vaccines, and isolate those who test positive for the virus. Asylum-seekers are treated for injuries they may have suffered during their journey and checked for chronic health issues, such as diabetes or high blood pressure.

But now, as the liberal-leaning state confronts a projected $22.5 billion deficit, Gov. Gavin Newsom said the state can no longer afford to contribute to the centers, which also receive federal and local grants. The Democratic governor in January proposed phasing out state aid for some medical services in the next few months, and eventually scaling back the migrant assistance program unless President Joe Biden and Congress step in with help.

California began contributing money for medical services through its migrant assistance program during the deadliest phase of the coronavirus pandemic two years ago. The state helps support three health resource centers — two in San Diego County and one in Imperial County — that conduct covid testing and vaccinations and other health screenings, serving more than 300,000 migrants since April 2021. The migrant assistance program also provides food, lodging, and travel to unite migrants with sponsors, family, or friends in the U.S. while awaiting their immigration hearings, and the state has been covering the humanitarian effort with an appropriation of more than $1 billion since 2019.

Though the White House declined to comment and no federal legislation has advanced, Newsom said he was optimistic that federal funding will come through, citing “some remarkably good conversations” with the Biden administration. The president recently announced that the United States would turn back Cubans, Haitians, and Nicaraguans who cross the border from Mexico illegally — a move intended to slow migration. The U.S. Supreme Court is also now considering whether to end a Trump-era policy known as Title 42 that the U.S. has used to expel asylum-seekers, ostensibly to prevent the spread of the coronavirus.

Already, one potential pot of federal money has been identified. The Federal Emergency Management Agency and the U.S. Department of Homeland Security issued a statement to KHN noting that local governments and nongovernmental providers will soon be able to tap into an additional $800 million in federal funds through a shelter and services grant program. FEMA did not answer KHN’s questions about how much the agency spends serving migrants.

“We’re continuing our operations and again calling on all levels of government to make sure that there is an investment,” said Kate Clark, senior director of immigration services for Jewish Family Services of San Diego, one of two main migrant shelter operators. The other is run by Catholic Charities for the Diocese of San Diego.

While health workers and immigration advocates want the state to continue funding, Newsom appears to have bipartisan support within the state for scaling it back. He promised more details in his revised budget in May, before legislative budget negotiations begin in earnest. And, he noted, conditions have changed such that testing and vaccination services are less urgent.

San Diego County Supervisor Nathan Fletcher, a Democrat, agreed that the burden should be on the federal government, though local officials are contemplating additional assistance. And state Senate Republican leader Brian Jones of San Diego, who represents part of the affected region, said that California is set to end its pandemic state of emergency on Feb. 28, months before the budget takes effect in July.

“The pandemic conditions no longer warrant this large investment from the state, especially since immigration is supposed to be a federal issue,” Jones said in a statement.

California began its migrant assistance support soon after Newsom took office in 2019 and after the Trump administration ended the “safe release” program that helped transport immigrants seeking asylum to be with their family members in the United States. It was part of California’s broad pushback against Trump’s immigration policies; state lawmakers also made it a so-called sanctuary state, an attempt to make it safe from immigration crackdowns.

California, along with local governments and nonprofit organizations, stepped in to fill the void and take pressure off border areas by quickly moving migrants elsewhere in the United States. The state’s involvement ramped up in 2021 as the pandemic surged and the Biden administration tried to unwind the Trump administration’s “remain in Mexico” policy. While some cities in other parts of the country provided aid, state officials said no other state was providing California’s level of support.

In a coordinated effort, migrants are dropped off at the centers by federal immigration officers, then are screened and cared for by state-contracted organizations that provide medical aid, travel assistance, food, and temporary housing while they await their immigration hearings.

Both Catholic Charities for the Diocese of San Diego and Jewish Family Service of San Diego coordinate medical support with the University of California San Diego. The federal government covers most of the university’s costs while the state pays for nurses and other medical contractors to supplement health care, according to Catholic Charities.

It often takes one to three days before migrants can be put on buses or commercial flights, and in the meantime, they are housed in hotels and provided with food, clothing, and other necessities as part of the state’s program.

“Many of them come hungry, starving,” said Vino Pajanor, chief executive of Catholic Charities for the Diocese of San Diego, who described the screening and testing process at the centers. “Most of them don’t have shoes. They get shoes.”

Officials said about 46,000 people have been vaccinated against the coronavirus through the program. They said the figure is significantly lower than the number of migrants who have come through the centers because some were vaccinated before reaching the U.S. and younger migrants were initially ineligible, while others refused the shots.

According to the California Health and Human Services Agency, the state plans to phase out some medical support, but the sheltering operations are expected to continue “for the near term” with their future determined by the availability of federal funding. Of the more than $1 billion spent by the state, $828 million has been allocated through the Department of Public Health, according to the governor’s office.

The agency said that while the state has not adopted specific plans to cut the sites’ capacity, it will put a priority on helping families with young children and “medically fragile individuals” if the shelters are overwhelmed by arrivals.

Some immigration advocates said the state was making the wrong choice.

“Now’s the time for the state of California to double down on supporting those individuals that are seeking relief from immigration detention,” said Pedro Rios, who directs the U.S.-Mexico border program at the American Friends Service Committee, which advocates on behalf of immigrants. “I think it sends an erroneous message that the issues are no longer of concern.”

This story was produced by KHN, which publishes California Healthline, an editorially independent service of the California Health Care Foundation.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The federal system meant to stop health care business owners and executives from repeatedly bilking government health programs fails to do so, a KHN investigation has found.

That means people are once again tapping into Medicaid, Medicare, and other taxpayer-funded federal health programs after being legally banned because of fraudulent or illegal behavior.

In large part that’s because the government relies on those who are banned to self-report their infractions or criminal histories on federal and state applications when they move into new jobs or launch companies that access federal health care dollars.

The Office of Inspector General for the U.S. Department of Health and Human Services keeps a public list of those it has barred from receiving any payment from its programs — it reported excluding more than 14,000 individuals and entities since January 2017 — but it does little to track or police the future endeavors of those it has excluded.

The government explains that such bans apply to “the excluded person” or “anyone who employs or contracts with” them. Further, “the exclusion applies regardless of who submits the claims and applies to all administrative and management services furnished by the excluded person,” according to the OIG.

Federal overseers largely count on employers to check their hires and identify those excluded. Big hospital systems and clinics typically employ compliance staff or hire contractors who routinely vet their workers against the federal list to avoid fines.

However, those who own or operate health care businesses are typically not subject to such oversight, KHN found. And people can sidestep detection by leaving their names off key documents or using aliases.

“If you intend to violate your exclusion, the exclusion list is not an effective deterrent,” said David Blank, a partner at Arnall Golden Gregory who previously was senior counsel at the OIG. “There are too many workarounds.”

KHN examined a sample of 300 health care business owners and executives who are among more than 1,600 on OIG’s exclusion list since January 2017. Journalists reviewed court and property records, social media, and other publicly available documents. Those excluded had owned or operated home health care agencies, medical equipment companies, mental health facilities, and more. They’d submitted false claims, received kickbacks for referrals, billed for care that was not provided, and harmed patients who were poor and old, in some cases by stealing their medication or by selling unneeded devices to unsuspecting Medicare enrollees. One owner of an elder care home was excluded after he pleaded guilty to sexual assault.

Among those sampled, KHN found:

• Eight people appeared to be serving or served in roles that could violate their bans;
• Six transferred control of a business to family or household members;
• Nine had previous, unrelated felony or fraud convictions, and went on to defraud the health care system;
• And seven were repeat violators, some of whom raked in tens of millions of federal health care dollars before getting caught by officials after a prior exclusion.

The exclusions list, according to Blank and other experts, is meant to make a person radioactive — easily identified as someone who cannot be trusted to handle public health care dollars.

But for business owners and executives, the system is devoid of oversight and rife with legal gray areas.

One man, Kenneth Greenlinger, pleaded guilty in 2016 to submitting “false and fraudulent” claims for medical equipment his California company, Valley Home Medical Supply, never sent to customers that totaled more than $1.4 million to Medicare and other government health care programs, according to his plea agreement. He was sentenced to eight months in federal prison and ordered to pay restitution of more than $1 million, according to court records. His company paid more than $565,000 to resolve allegations of false claims, according to the Justice Department website.

Greenlinger was handed a 15-year exclusion from Medicare, Medicaid, and any other federal health care program, starting in 2018, according to the OIG.

But this October, Greenlinger announced a health care business with government contracts for sale. Twice on LinkedIn, Greenlinger announced: “I have a DME [durable medical equipment] company in Southern California. We are contracted with most Medicare and Medi-Cal advantage plans as well as Aging in Place payers. I would like to sell,” adding a Gmail address.

Reached by phone, Greenlinger declined to comment on his case. About the LinkedIn post, he said: “I am not affiliated directly with the company. I do consulting for medical equipment companies — that was what that was, written representing my consulting business.”

His wife, Helene, who previously worked for Valley Home Medical Supply, is now its CEO, according to LinkedIn and documentation from the California Secretary of State office. Although Helene has a LinkedIn account, she told KHN in a telephone interview that her husband had posted on her behalf. But Kenneth posted on and commented from his LinkedIn page — not his wife’s.

At Valley Home Medical Supply, a person who answered the phone last month said he’d see whether Kenneth Greenlinger was available. Another company representative got on the line, saying “he’s not usually in the office.”

Helene Greenlinger said her husband may come by “once in a while” but “doesn’t work here.”

She said her husband doesn’t do any medical work: “He’s banned from it. We don’t fool around with the government.”

“I’m running this company now,” she said. “We have a Medicare and Medi-Cal number and knew everything was fine here, so let us continue.”

No Active Enforcement

Federal regulators do not proactively search for repeat violators based on the exclusion list, said Gabriel Imperato, a managing partner with Nelson Mullins in Florida and former deputy general counsel with HHS’ Office of the General Counsel in Dallas.

He said that for decades he has seen a “steady phenomenon” of people violating their exclusions. “They go right back to the well,” Imperato said.

That oversight gap played out during the past two years in two small Missouri towns.

Donald R. Peterson co-founded Noble Health Corp., a private equity-backed company that bought two rural Missouri hospitals, just months after he’d agreed in August 2019 to a five-year exclusion that “precludes him from making any claim to funds allocated by federal health care programs for services — including administrative and management services — ordered, prescribed, or furnished by Mr. Peterson,” said Jeff Morris, an attorney representing Peterson, in a March letter to KHN. The prohibition, Morris said, also “applies to entities or individuals who contract with Mr. Peterson.”

That case involved a company Peterson created called IVXpress, now operating as IVX Health with infusion centers in multiple states. Peterson left the company in 2018, according to his LinkedIn, after the settlement with the government showed a whistleblower accused him of altering claims, submitting false receipts for drugs, and paying a doctor kickbacks. He settled the resulting federal charges without admitting wrongdoing. His settlement agreement provides that if he violates the exclusion, he could face “criminal prosecution” and “civil monetary penalties.”

In January 2020, Peterson was listed in a state registration document as one of two Noble Health directors. He was also listed as the company’s secretary, vice president, and assistant treasurer. Four months later, in April 2020, Peterson’s name appears on a purchasing receipt obtained under the Freedom of Information Act. In addition to Medicare and Medicaid funds, Noble’s hospitals had received nearly $20 million in federal covid relief money.

A social media account with a photo that appears to show Peterson announced the launch of Noble Health in February 2020. Peterson identified himself on Twitter as executive chairman of the company.

It appears federal regulators who oversee exclusions did not review or approve his role, even though information about it was publicly available.

Peterson, whose name does not appear on the hospitals’ Medicare applications, said by email that his involvement in Noble didn’t violate his exclusion in his reading of the law.

He said he owned only 3% of the company, citing OIG guidance — federal regulators may exclude companies if someone who is banned has ownership of 5% or more of them — and he did not have a hand in operations. Peterson said he worked for the corporation, and the hospitals “did not employ me, did not pay me, did not report to me, did not receive instructions or advice from me,” he wrote in a November email.

A 2013 OIG advisory states that “an excluded individual may not serve in an executive or leadership role” and “may not provide other types of administrative and management services … unless wholly unrelated to federal health care programs.”

Peterson said his activities were apart from the business of the hospitals.

“My job was to advise Noble’s management on the acquisition and due diligence matters on hospitals and other entities it might consider acquiring. … That is all,” Peterson wrote. “I have expert legal guidance on my role at Noble and am comfortable that nothing in my settlement agreement has been violated on any level.”

For the two hospitals, Noble’s ownership ended badly: The Department of Labor opened one of two investigations into Noble this March in response to complaints from employees. Both Noble-owned hospitals suspended services. Most employees were furloughed and then lost their jobs.

Peterson said he left the company in August 2021. That’s the same month state regulators cited one hospital for deficiencies that put patients “at risk for their health and safety.”

If federal officials determine Peterson’s involvement with Noble violated his exclusion, they could seek to claw back Medicaid and Medicare payments the company benefited from during his tenure, according to OIG records.

Enforcement in a Gray Zone

Dennis Pangindian, an attorney with the firm Paul Hastings who had prosecuted Peterson while working for the OIG, said the agency has limited resources. “There are so many people on the exclusions list that to proactively monitor them is fairly difficult.”

He said whistleblowers or journalists’ reports often alert regulators to possible violations. KHN found eight people who appeared to be serving or served in roles that could violate their bans.

OIG spokesperson Melissa Rumley explained that “exclusion is not a punitive sanction but rather a remedial action intended to protect the programs and beneficiaries from bad actors.”

But the government relies on people to self-report that they are banned when applying for permission to file claims that access federal health care dollars through the Centers for Medicare & Medicaid Services.

While federal officials are aware of the problems, they so far have not fixed them. Late last year, the Government Accountability Office reported that 27 health care providers working in the federal Veterans Affairs system were on the OIG’s exclusion list.

If someone “intentionally omits” from applications they are an “excluded owner or an owner with a felony conviction,” then “there’s no means of immediately identifying the false reporting,” said Dara Corrigan, director of the center for program integrity at CMS. She also said there is “no centralized data source of accurate and comprehensive ownership” to check for violators.

The OIG exclusion list website, which health care companies are encouraged to check for offenders, notes that the list does not include altered names and encourages those checking it to vet other forms of identification.

Gaps in reporting also mean many who are barred may not know they could be violating their ban because exclusion letters can go out months after convictions or settlements and may never reach a person who is in jail or has moved, experts said. The exclusion applies to federal programs, so a person could work in health care by accepting only patients who pay cash or have private insurance. In its review, KHN found some on the exclusion list who were working in health care businesses that don’t appear to take taxpayer money.

OIG said its exclusions are “based largely on referrals” from the Justice Department, state Medicaid fraud-control units, and state licensing boards. A lack of coordination among state and federal agencies was evident in exclusions KHN reviewed, including cases where years elapsed between the convictions for health care fraud, elder abuse, or other health-related felonies in state courts and the offenders’ names appearing on the federal list.

ProviderTrust, a health care compliance group, found that the lag time between state Medicaid fraud findings and when exclusions appeared on the federal list averaged more than 360 days and that some cases were never sent to federal officials at all.

The NPI, or National Provider Identifier record, is another potential enforcement tool. Doctors, nurses, other practitioners, and health businesses register for NPI numbers to file claims to insurers and others. KHN found that NPI numbers are not revoked after a person or business appears on the list.

The NPI should be “essentially wiped clean” when the person is excluded, precluding them from submitting a bill, said John Kelly, a former assistant chief for health care fraud at the Department of Justice who is now a partner for the law firm Barnes & Thornburg.

Corrigan said the agency didn’t have the authority to deactivate or deny NPIs if someone were excluded.

The Family ‘Fronts’

Repeat violators are all too common, according to state and federal officials. KHN’s review of cases identified seven of them, noted by officials in press releases or in court records. KHN also found six who transferred control of a business to a family or household member.

One common maneuver to avoid detection is to use the names of “family members or close associates as ‘fronts’ to create new sham” businesses, said Lori Swanson, who served as Minnesota attorney general from 2007 to 2019.

Blank said the OIG can exclude business entities, which would prevent transfers to a person’s spouse or family members, but it rarely does so.

Thurlee Belfrey stayed in the home care business in Minnesota after his 2004 exclusion for state Medicaid fraud. His wife, Lanore, a former winner of the Miss Minnesota USA title, created a home care company named Model Health Care and “did not disclose” Thurlee’s involvement, according to his 2017 plea agreement.

“For more than a decade” Belfrey, his wife, and his twin brother, Roylee, made “millions in illicit profits by cheating government health care programs that were funded by honest taxpayers and intended for the needy,” according to the Justice Department. The brothers spent the money on a Caribbean cruise, high-end housing, and attempts to develop a reality TV show based on their lives, the DOJ said.

Federal investigators deemed more than $18 million in claims Model Health Care had received were fraudulent because of Thurlee’s involvement. Meanwhile, Roylee operated several other health care businesses. Between 2007 and 2013, the brothers deducted and collected millions from their employees’ wages that they were supposed to pay in taxes to the IRS, the Justice Department said.

Thurlee, Lanore, and Roylee Belfrey all were convicted and served prison time. When reached for comment, the brothers said the government’s facts were inaccurate and they looked forward to telling their own story in a book. Roylee said he “did not steal people’s tax money to live a lavish lifestyle; it just didn’t happen.” Thurlee said he “never would have done anything deliberately to violate the exclusion and jeopardize my wife.” Lanore Belfrey could not be reached for comment.

Melchor Martinez settled with the government after he was accused by the Department of Justice of violating his exclusion and for a second time committing health care fraud by enlisting his wife, Melissa Chlebowski, in their Pennsylvania and North Carolina community mental health centers.

Previously, Martinez was convicted of Medicaid fraud in 2000 and was excluded from all federally funded health programs, according to DOJ.

Later, Chlebowski failed to disclose on Medicaid and Medicare enrollment applications that her husband was managing the clinics, according to allegations by the Justice Department.

Their Pennsylvania clinics were the largest providers of mental health services to Medicaid patients in their respective regions. They also had generated $75 million in combined Medicaid and Medicare payments from 2009 through 2012, according to the Justice Department. Officials accused the couple of employing people without credentials to be mental health therapists and the clinics of billing for shortened appointments for children, according to the DOJ.

They agreed, without admitting liability, to pay $3 million and to be excluded — a second time, for Martinez — according to court filings in the settlement with the government. They did not respond to KHN’s attempts to obtain comment.

‘Didn’t Check Anything’

In its review of cases, KHN found nine felons or people with fraud convictions who then had access to federal health care money before being excluded for alleged or confirmed wrongdoing.

But because of the way the law is written, Blank said, only certain types of felonies disqualify people from accessing federal health care money — and the system relies on felons to self-report.

According to the DOJ court filing, Frank Bianco concealed his ownership in Anointed Medical Supplies, which submitted about $1.4 million in fraudulent claims between September 2019 and October 2020.

Bianco, who opened the durable medical equipment company in South Florida, said in an interview with KHN that he did not put his name on a Medicare application for claims reimbursement because of his multiple prior felonies related to narcotics.

And as far as he knows, Bianco told KHN, the federal regulators “didn’t check anything.” Bianco’s ownership was discovered because one of his company’s contractors was under federal investigation, he said.

Kenneth Nash had been convicted of fraud before he operated his Michigan home health agency and submitted fraudulent claims for services totaling more than $750,000, according to the Justice Department. He was sentenced to more than five years in prison last year, according to the DOJ.

Attempts to reach Nash were unsuccessful.

“When investigators executed search warrants in June 2018, they shut down the operation and seized two Mercedes, one Land Rover, one Jaguar, one Aston Martin, and a $60,000 motor home — all purchased with fraud proceeds,” according to a court filing in his sentencing.

“What is readily apparent from this evidence is that Nash, a fraudster with ten prior state fraud convictions and one prior federal felony bank fraud conviction, got into health care to cheat the government, steal from the Medicare system, and lavishly spend on himself,” the filing said.

As Kelly, the former assistant chief for health care fraud at the Justice Department, put it: “Someone who’s interested in cheating the system is not going to do the right thing.”

KHN Colorado correspondent Rae Ellen Bichell contributed to this report.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Letters to the Editor is a periodic feature. We welcome all comments and will publish a selection. We edit for length and clarity and require full names.

Envy for-profit US healthcare? Check out this MD whose wife is a medical billing expert who spent over a year challenging an egregious billing error. After it all they still paid $1200. These are resourceful knowledgeable people who got taken for a ride. https://t.co/fnlUz3KTJb

— Raghu Venugopal MD (@raghu_venugopal) October 26, 2022

— Dr. Raghu Venugopal, Toronto

A Plea for Sane Prices

I just read your story about the emergency room billing for a procedure that was not done (“A Billing Expert Saved Big After Finding an Incorrect Charge in Her Husband’s ER Bill,” Oct. 25). We too had a similar experience with an emergency room and a broken arm that was coded at a Level 5, and it was a simple break. No surgery needed, and it took them only 10 minutes to set and wrap the broken arm but charged us over $9,000. I disputed the charges, and it took six months to get them to reduce the bill but they never admitted that they coded a simple break incorrectly to jack up the price of the bill. If it had been a Level 5 issue, we would not have sat in the waiting room for six hours before being seen. It was a horrible experience, and I think ERs all over the nation are doing this to make up for the non-payers they treat every day. It is robbery.

— Terrence Campbell, Pocatello, Idaho

It would be great if the vaulted @KHNews would clearly distinguish between the ED pro fee billing & hospital charges as it is not entirely clear here w/ in network svs.—Billing Expert Saved Big After Finding an Incorrect Charge in Her Husband’s ER Bill https://t.co/jRFAYb5F0P

— Ed Gaines (@EdGainesIII) October 25, 2022

— Ed Gaines, Greensboro, North Carolina

As you said, CPT codes should always be examined. This case is probably more than “just an error.” As a retired orthopedic surgeon, chief of surgery, and chief of staff at a North Carolina hospital, I have seen care such as this coded exactly like this with the rationale that, “Hey, this was a fractured humerus and it was manipulated and splinted.” 24505 is correct IF that is the definitive treatment, which it was not here. Even code 24500 would indicate definitive treatment without manipulation. This was just temporary care until definitive care could be done later. It should be billed as a visit and a splint. The visit for this, if it was an isolated problem (no other injury or problems), would qualify only as a Level 2 visit. That frequently gets upcoded as well by adding a lot of non-pertinent family, medical, and social history and a complete physical exam (seven systems at least) and a whole lot of non-pertinent “medical decision making.” All of that should be documented in the medical records even if the hospital stonewalls on the CPT codes.

Look closely at medical records and you will find frequent upcoding, if you are familiar with the requirements for different levels of treatment.

— Dr. Charles Beemer, Arvada, Colorado

Never attribute to Baumol's cost disease that which is adequately explained by malice. https://t.co/RbKOlBgCmp

— Shashank Bhat (@shashank_ps) October 26, 2022

— Shashank Bhat, San Francisco

A number of years ago, I was billed using a code that described a treatment that was not carried out. In similar fashion, I talked with my insurance company, which basically said it did not care whether the treatment took place or not as all it required was for a valid code to appear. I also contacted the Virginia Bureau of Insurance, which approves the various policies, and it said it had no jurisdiction over claims. I decided to let the hospital sue me for the disputed amount and defended myself in district court. Despite their attorney and four “witnesses,” the case was thrown out because the hospital was both unwilling and unable to justify the charges to the satisfaction of the judge. They did not want anybody in power to testify because of the questions they would have been asked, so they left it to people who were completely clueless. The takeaways from this were:

• Hospitals make up the numbers and leave them grossly inflated so they can claim that they are giving away care when they give discounts on the made-up numbers.
• Hospitals turn employees into separate billing entities so they can double-charge.
• Hospitals open facilities such as physical therapy in hospital locations because insurance companies will pay higher amounts when treatment is carried out in a hospital environment.
• Insurance companies and state insurance agencies do not act as gatekeepers to protect their clients/taxpayers.
• The insurance companies and the providers have a shared interest in the highest possible ticket prices and outrageous charges because the providers get to claim how generous they are with “unremunerated care,” and if the prices were affordable then they could not justify the high prices for insurance premiums and the allowed administration/profit share of 20% would be based on a far smaller amount.

In any other industry, this would have resulted in multiple antitrust suits. U.S. health care is a sad example of government, health care industry, and insurers all coming together against the interests of consumers. After this court case, I wanted to form a nonprofit to systematically challenge every outrageous charge against people who, unlike myself, did not believe or know how to defend themselves. If hospitals and other providers were forced to go to court to justify their charges on a systematic basis, pricing sanity would eventually prevail.

— Philip Solomon, Richmond, Virginia

The obvious solution to prosecute the hospital for fraud followed by a civil suit"A hospital charged nearly $7,000 for a procedure that was never performed" https://t.co/wPNNZ5cZey

— Barry Ritholtz (@ritholtz) October 31, 2022

— Barry Ritholtz, New York City

Patients as Watchdogs

Thank you for the article on Lupron Depot injections (Bill of the Month: “$38,398 for a Single Shot of a Very Old Cancer Drug,” Oct. 26). Last year, I was diagnosed with prostate cancer, though my case is not anywhere as severe as that experienced by Mr. Hinds.

Last month my urologist scheduled an MRI update for me at a facility owned by Northside Hospital Atlanta. At the suggestion of my beloved wife, I called my insurance company, UnitedHealthcare, to make sure the procedure was covered. Fortunately, it was. That being said, the agent from UnitedHealthcare mentioned that Northside Hospital’s fee was “quite a bit higher than the average for your area.” It was. Before insurance, the charge for an MRI at Northside was $6,291. I canceled the appointment at Northside and had the MRI done by a free-standing facility. Their charge, before insurance, was $1,234.

Every single encounter that I have with the health care system involves constant vigilance against price-gouging. When I have a procedure, I have to make sure that the facility is in-network,. that each physician is in-network, that any attending specialist such as an anesthesiologist or radiologist is in-network (and their base-facility as well). If I have a blood test, I have to double-check if the cost is included in a procedure or if it is separate. If it is a separate fee, I have to ensure that the analysis is also covered, and, if it is not, that it is not done through a hospital-owned facility but instead through a free-standing operation.

I have several ongoing conditions in addition to my prostate cancer — Dupuytren’s contracture, a rare bleeding disorder similar to thrombocytopenia, and arthritis. Needless to say, navigating our byzantine, inefficient, and profit-driven health care system is a total nightmare.

Health care in the United States has become so exceedingly outrageous. I cannot understand why it is not an issue that surfaces during election years or something that Congress is willing to address.

Again, thank you for your excellent reporting.

— Karl D. Lehman, Atlanta

Why capitalism without guardrails is a pipedream. Own the patent, control the pricing, and this is the result: $38,398 for a Single Shot of a Very Old Cancer Drug https://t.co/BLes77QN7F via @khnews

— Brian Murphy (@NorwoodCDI) October 26, 2022

— Brian Murphy, Austin, Texas

I was a medical stop-loss underwriter and marketer for over 30 years. Most larger (company plans for 100-plus employees) are self-funded, meaning the carrier — as in this case, UnitedHealthcare — is supplying the administrative functions and network access for a fee, while using the employer’s money to pay claims.

Every administrator out there charges a case management fee, either as a stand-alone charge or buried in their fees. Either way, they all tout how they are looking out for both the employer and the patient.

Even if this plan was fully insured, wouldn’t it have been in the best interest of all parties when they became aware of the patient’s treatment (maybe after the first payment) to reach out to the patient and let them know there are other alternatives?

The question in these cases is who is minding the store for both the patient and the employer. The employer, the insurer, and the patient could have all saved a lot of money and pain, if someone from case management had actually questioned the first set of charges.

— Fred Burkacki, Sarasota, Florida 

I did a few rounds of Lupron in my 20s for severe #endometriosis, and I had to fight my insurance company to get approved. Now, this is how much it costs for some people. https://t.co/UlB1TTtW40 #healthcare #prostatecancer

— Amanda Oglesby 🌊 (@OglesbyAPP) October 26, 2022

— Amanda Oglesby, Neptune, New Jersey

‘Bill of the Month’ Pays Off

I received a $1,075 refund on a colonoscopy bill I paid months earlier after listening to the KHN-NPR “Bill of the Month” segment “Her First Colonoscopy Cost Her $0. Her Second Cost $2,185. Why?” (May 31) and finding out the procedure should be covered under routine health care coverage. Thank you!

— Cynthia McBride, University Place, Washington

We have to close legal loopholes to make sure that cancer diagnostic procedures have the same insurance coverage as screening. Colonoscopies must be fully covered whether a polyp is found or not #ACA #colorectalcancer #CancerScreening https://t.co/slE6p3FvHe

— Erica Warner, ScD (@ewarner_12) May 31, 2022

— Erica Warner, Boston

Removing Barriers to Benefits

In the story “People With Long Covid Face Barriers to Government Disability Benefits” (Nov. 9), you stated: “Many people with long covid don’t have the financial resources to hire a lawyer.” This is incorrect. When applying for disability, you don’t need financial resources. There are law firms that specialize in disability claims and will not charge you until you win your claim. And, according to federal law, those law firms can charge only a certain percentage of the back pay you would get once the claim has been won. Also, if you lose the claim, and the law firm has appealed as many times as possible, you don’t owe anything. Please don’t make it more difficult for those who are disabled with misinformation.

— Lorrie Crabtree, Los Angeles

People unable to work due to Long Covid are facing barriers to obtaining government disability benefits.https://t.co/zWQfW5CkOS

— Ron Chusid (@RonChusid) November 10, 2022

— Ron Chusid, Muskegon, Michigan

Vaccine Injuries Deserve Attention, Too

I read your long-covid article with interest because many of the barriers and some of the symptoms faced by people with long covid are similar to those experienced by people with vaccine injuries. I’m really concerned about how there is even less attention and support for people who suffered adverse vaccine reactions.

Long covid and vaccine injuries are both issues of justice, mercy, and human rights as much as they are a range of complex medical conditions.

It’s nearly 20 months since someone I know sustained a serious adverse reaction, and it is heartbreaking how hard it has been for her to find doctors who will acknowledge what happened and try to help. There’s no medical or financial support from our government, and the Countermeasures Injury Compensation Program is truly a dead end, even as other countries such as Thailand, Australia, and the United Kingdom have begun to acknowledge and financially support people who sustained vaccine injuries.

I’ve contacted my congressional representatives dozens of times asking for help and sharing research papers about vaccine injuries, but they have declined to respond in meaningful ways. Similarly, my state-level representatives ignore questions about our vaccine mandate, which remains in place for state employees, despite at least one confirmed vaccine-caused fatality in a young mother who fell under the state mandate in order to volunteer at school.

There have been a few articles, such as …

• Why Is It So Hard to Compensate People for Serious Vaccine Side Effects?
• Feds Pay Zero Claims for Covid-19 Vaccine Injuries/Deaths
• Covid Vaccine Injury Plaintiffs Face Long Odds in U.S. Compensation Program
• Covid-19: Is the US Compensation Scheme for Vaccine Injuries Fit for Purpose?

… but no new ones have come to my attention recently, and it is concerning that the media and our political and public health leaders seem OK with leaving people behind as collateral damage.

Please consider writing a companion piece to highlight this need and the lack of a functional safety net or merciful response. My hope is that if long covid and vaccine injuries were both studied vigorously, new understanding would lead to therapeutics and treatments to help these people.

— Kathy Zelenka, Port Angeles, Washington

Given how long it took Congress to eventually approve "Agent Orange" and "Burn Pit" benefits for disabled veterans, it is at least a 15-20 year time frame and they don't have the backing or societal standing that veterans do. https://t.co/idt6tSioHc

— Matthew Guldin (@MRG_1977) November 11, 2022

— Matthew Guldin, West Chester, Pennsylvania

More on Mammograms

The article “Despite Katie Couric’s Advice, Doctors Say Ultrasound Breast Exams May Not Be Needed” (Oct. 28) does a disservice to women and can cause harm. An ultrasound is saving my life. I had two mammograms with ultrasounds this year. Although the first mammogram showed one cyst that was diagnosed as “maybe benign,” I knew it wasn’t. Why? Because I could feel the difference. I insisted on a second, and sure enough a large-enough cyst that’s definitely malignant was found. I had breast surgery on Oct. 31, followed by radiation treatment and, if needed, chemotherapy later. This article will deprive other, less aggressive and experienced women who do not have health care credentials or a radiologist for a husband to be harmed by being lulled into complacency.

— Digna Irizarry Cassens, Yucca Valley, California

Why do some women with dense breasts get additional screening while others do not? ⁦@CNN⁩ explains. ⁦@IronwoodCancer⁩ https://t.co/uFZZKo6RO4

— Patricia Clark (@patriciaclarkmd) October 27, 2022

— Patricia Clark, Scottsdale, Arizona

Your article on breast cancer screening neglected to present the supplemental option of Abbreviated Breast MRI (AB-MRI). The out-of-pocket cost at many clinics ranges from $250 to $500. For a national listing of clinics that offer this supplemental screening option, please go to https://timetobeseen.org/self-pay-ab-mri. For benefits, just Google “Abbreviated Breast MRI.”

— Elsie Spry, Wexford, Pennsylvania

Why didn’t more #SeniorCitizens leave for safer havens during Hurricane Ian as recommended? ⁦@judith_graham⁩ rightfully suggests that learning why is critical as the population of older people grows and #NaturalDisasters become more frequent. https://t.co/7k8bvNQxug

— Donald H. Polite (@DonaldPolite) November 2, 2022

— Donald H. Polite, Milwaukee

Preparation Plans for Seniors: All for One and One for All

At least 120 people died from Hurricane Ian, two-thirds of whom were 60 or older. This is a tragedy among our most vulnerable population that should have been prevented (“Hurricane Ian’s Deadly Impact on Florida Seniors Exposes Need for New Preparation Strategies,” Nov. 2).

Yes, coming together and developing preparedness plans is one way to protect seniors and avoid these kinds of tragedies in the future, but since this is not a one-size-fits-all situation, organizations that help seniors across the country must first look internally and be held accountable by making sure their teams always have a plan in place and are prepared to activate them at a moment’s notice.

During Hurricane Ian, I saw firsthand what can happen when teamwork and effective planning come together successfully to protect and prepare seniors with chronic health conditions like chronic obstructive pulmonary disease who require supplemental oxygen to breathe.

Home respiratory care providers and home oxygen suppliers worked tirelessly to ensure our patients received plenty of supplies to sustain them throughout the storm, and when some patients faced situations where their oxygen equipment wasn’t working properly inside their homes, staff members were readily available to calmly talk the patient through fixing the problem. After the winds receded, mobile vans were quickly stationed in safe spaces for patients or their family members to access the oxygen tanks and supplies they needed. If patients were unable to make it to these locations, staff members were dispatched to deliver tanks to their homes personally and check in on the patient.

Patients were also tracked down at shelters, and a team of volunteers was formed around the country to find patients who could not be reached by calling their emergency backup contacts, a friend, or family member. Through these established systems, we were able to remain in contact with all of our patients in Ian’s path to ensure their care was not impeded by the storm.

Organizations should always be ready and held accountable for the seniors they care for in times of disaster. I know my team will be ready. Will yours?

— Crispin Teufel, CEO of Lincare, Clearwater, Florida

Understanding the impact of #Climatechange on older people is critically important as the population expands and #naturaldisasters become more frequent and intense.https://t.co/RKB7pA28nr

— Ashley Moore, MS, BSN Health Policy (@MooreRNPolicy) November 2, 2022

— Ashley Moore, San Francisco

The Tall and the Short of BMI

I am amazed that in your article about BMI (“BMI: The Mismeasure of Weight and the Mistreatment of Obesity,” Oct. 12) you never mentioned anything about the loss of height. If a person goes from 5-foot-2 to 4-foot-10, the BMI changes significantly.

— Sue Robinson, Hanover, Pennsylvania

I've been against this since after gastric bypass surgery I got down to 164 pounds but at 5'7" BMI still considered me overweight. How an overreliance on BMI can stand between patients and treatment https://t.co/OawzhO0aOk

— Steve Clark (@blindbites) October 10, 2022

— Steve Clark, Lee’s Summit, Missouri

Caring for Nurses’ Mental Health

During the pandemic, when I read stories about how brave and selfless health care heroes were fighting covid-19, I wondered who was taking care of them and how they were processing those events. They put their own lives on the line treating patients and serving their communities, but how were these experiences affecting them? I am a mother of a nurse who was on the front lines. I constantly worried about her as well as her mental and physical well-being (“Employers Are Concerned About Covering Workers’ Mental Health Needs, Survey Finds,” Oct. 27). I was determined to find a way to honor and support her and her colleagues around the country.

I created a large collaborative art project called “The Together While Apart Project” that included the artwork of 18 other artists from around the United States. It originated during the lockdown phase of the pandemic, a time when we were all physically separated yet joined by a collective mission to create one amazing art installation to honor front-line workers, especially nurses. Upon its completion, this collaboration was recognized by the Smithsonian Institute, Channel Kindness (a nonprofit co-founded by Lady Gaga) and NOAH (National Organization of Arts in Medicine). After traveling around the Southeast to various hospitals for the past year on temporary exhibit, the artwork now hangs permanently in the main lobby at the University of Virginia Medical Center in Charlottesville, Virginia.

I wanted to do something philanthropic with this art project to honor and thank health care heroes for their dedication over the past two years. It was important to find a way to help support them and to ensure they are not being forgotten. Using art project as my platform, I partnered with the American Nurses Association and created a fundraiser. This campaign raises money for the ANA’s Well-Being Initiative programs, which support nurses struggling from burnout and post-traumatic stress disorder and who desperately need mental and physical wellness care. Fighting covid has taken a major toll on too many nurses. Some feel dehumanized and are not receiving the time off or the mental and physical resources needed to sustain them. Many are suffering in silence and have to choose between caring for themselves or their patients. They should not have to make this choice. Nurses are the lifeline in our communities and the backbone of the health care industry. When they suffer, we all suffer. Whether they work in hospitals, doctors’ offices, assisted living facilities, clinics or schools, every nurse has been negatively impacted in some way by the pandemic. They are being asked to do so much more than their jobs require in addition to experiencing greater health risks, less pay, and longer hours. Nurses under 35 and those of color are struggling in larger numbers.

The American Nurses Foundation offers many forms of wellness care at no charge. They rely heavily on donations to maintain the quality of their offerings as well as the ability to provide services to a growing number of nurses. I am an artist, not a professional fundraiser, and I have never raised money before. But I feel so strongly about ensuring that nurses receive the support and care they deserve, that I am willing to do whatever it takes to advocate and elevate these health care heroes.

The Together While Apart Project’s “Thank You Nurses Campaign” goal is $20,200, an amount chosen to reflect the numbers 2020, the year nurses became daily heroes. So far, I have raised over $15,500 through gifts in all amounts. For example, a $20 donation provides a nurse with a free one-hour call with a mental health specialist. That $20 alone makes a big difference and can change the life of one nurse for the better. The campaign has provided enough funding (year to date) to enable 940 nurses to receive free one-hour wellness calls with mental health specialists.

The online fundraiser can be found at https://givetonursing.networkforgood.com/projects/159204-together-while-apart-fundraiser.

— Deane Bowers, Seabrook Island, South Carolina

CEAPs, is it time to offer more #mentalhealth services? Nearly 1/2 of employers (w/ 200 workers) report a growing share of workers using mental health services. Yet 56% report they lack #behavioralhealth providers for employees to access to timely care. https://t.co/Vpkkwlq6C6

— EAPA (@EAPA) October 27, 2022

— Employee Assistance Professionals Association, Arlington, Virginia

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).