If it’s nice outside, Crichlow will walk his client, who is nonverbal and in a wheelchair half the time, down three flights of stairs, hauling the wheelchair back and forth separately.

A 49-year-old Trinidadian who lives in Bed-Stuy, Brooklyn, Crichlow works for St. Nicholas Alliance Home Care, where he earns between $17-$18 per hour. His client likes it when Crichlow imitates Mojo Jojo, a character from the TV series “The Powerpuff Girls,” or tries out Cardi B’s signature catchphrase, “Okurr.” “I do different characters that make him laugh. As long as he’s happy, I’m happy,” Crichlow said.

Read the rest…

Block Title

@media only screen and (min-width:768px) and (max-width:1169px){}@media only screen and (max-width:767px){}

Sign the Call to Action

CountryAnguilla

Antigua and Barbuda

Aruba

The Bahamas

Barbados

Belize

Bermuda

Cayman Islands

Dominica

Dominican Republic

Grenada

Guadeloupe

Haiti

International

Jamaica

Martinique

Montserrat

Netherlands Antilles

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Maarten

Saint Vincent and The Grenadines

Suriname

Trinidad and Tobago

Turks and Caicos Islands

Virgin Islands, British

Virgin Islands, U.S.

 
Sign Now

158

People support this cause

WHY SHOULD WE CARE ABOUT YOUTH MENTAL HEALTH?

Half of all mental health disorders can be diagnosed by just age 14.

16 million adolescents aged 10-19 live with a mental disorder in Latin America and the Caribbean.

Anxiety Disorder is the second leading cause of disability among 10-14-year-olds.

READ THE CALL TO ACTION

COUNTRY ACTIVITIES

PARTNERS & SUPPORTERS

READ THE PLEDGE

MEDIA AND GRAPHICS

EVENTS

The post appeared first on Healthy Caribbean Coalition.

Diego nunca imaginó que portaría un arma.

No lo pensó cuando niño, o durante un tiroteo fuera de su casa en el área de Chicago. Tampoco a los 12 años, cuando uno de sus amigos fue baleado.

La mente de Diego cambió a los 14, cuando él y sus amigos estaban listos para ir a la vigilia de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa noche, en lugar de cánticos religiosos, escuchó disparos y gritos. Un pandillero le había disparado a dos personas, una de ellas un amigo suyo, quien recibió nueve balazos.

“Mi amigo se estaba desangrando”, dijo Diego, quien le pidió a KHN no utilizar su apellido para proteger su seguridad y privacidad. Mientras su amigo yacía en el suelo, “se estaba ahogando en su propia sangre”.

El ataque dejó al amigo de Diego paralizado de la cintura para abajo. Y a Diego, uno de un número creciente de adolescentes que son testigos de la violencia armada, traumatizado y con miedo de salir a la calle sin un arma.

Investigaciones muestran que los adolescentes expuestos a la violencia armada tienen el doble de probabilidades que otros de cometer un delito violento grave dentro de los dos años luego del trauma, lo que perpetúa un ciclo difícil de romper.

Diego pidió ayuda a sus amigos para tener una pistola y, en un país sobrecargado con armas de fuego, no tuvieron problemas para conseguirle una, que le dieron gratis.

“Me sentí más seguro con el arma”, dijo Diego, que ahora tiene 21 años. “Esperaba no usarla”.

Durante dos años, Diego mantuvo el arma solo como elemento de disuasión. Cuando finalmente apretó el gatillo, cambió su vida para siempre.

Tendencias inquietantes

Los medios de comunicación se centran en gran medida en los tiroteos masivos y el estado mental de las personas que los cometen.

Pero hay una epidemia mucho mayor de violencia armada —particularmente entre los jóvenes negros no hispanos, hispanos (que pueden ser de cualquier raza) y nativos americanos— que atrapa a muchos que ni siquiera tienen edad suficiente para obtener una licencia de conducir.

Estudios muestran que la exposición crónica al trauma puede cambiar la forma en que se desarrolla el cerebro de un niño. El trauma también puede desempeñar un papel central en la explicación de por qué algunos jóvenes buscan protección en las armas y terminan usándolas contra sus compañeros.

La cantidad de niños menores de 18 años que mataron a alguien con un arma de fuego aumentó de 836 en 2019 a 1,150 en 2020.

En la ciudad de Nueva York, la cantidad de jóvenes que mataron a alguien con un arma aumentó más del doble, pasando de 48 delincuentes juveniles en 2019 a 124 en 2022, según datos del departamento de policía de la ciudad.

La violencia armada juvenil aumentó más modestamente en otras ciudades; en muchos lugares, la cantidad de homicidios de adolescentes con armas de fuego subió en 2020, pero desde entonces se ha acercado a los niveles previos a la pandemia.

Investigadores que analizan las estadísticas del crimen enfatizan que los adolescentes no están impulsando el aumento general de la violencia armada, que ha aumentado en todas las edades. En 2020, el 7,5% de los arrestos por homicidio involucraron a menores de 18 años, una proporción ligeramente menor que en años anteriores.

A líderes locales les cuesta encontrar la mejor manera de responder a los tiroteos adolescentes.

Un puñado de comunidades, incluidas Pittsburgh; el condado de Fulton, en Georgia; y el condado de Prince George, en Maryland, han debatido o implementado toques de queda juveniles para frenar la violencia adolescente. Lo que no está en discusión: más personas de 1 a 19 años mueren por violencia armada que por cualquier otra causa.

Una vida de límites

El número devastador de la violencia armada se revela a diario en las salas de emergencia.

En el centro de trauma de UChicago Medicine, la cantidad de heridas de bala en menores de 16 años se ha duplicado en los últimos seis años, dijo el doctor Selwyn Rogers, director fundador del centro. La víctima más joven tenía 2 años.

“Escuchas a la madre gemir o al hermano decir: ‘No es cierto’”, dijo Rogers, quien trabaja con jóvenes locales como vicepresidente ejecutivo del hospital para salud comunitaria. “Tienes que estar presente en ese momento, pero luego salir por la puerta y lidiar con todo de nuevo”.

En los últimos años, el sistema judicial ha luchado por equilibrar la necesidad de seguridad pública con la compasión por los menores, según investigaciones que muestran que el cerebro de una persona joven no madura por completo hasta los 25 años.

La mayoría de los delincuentes jóvenes “superan la edad” del comportamiento delictivo o violento casi al mismo tiempo, a medida que desarrollan más autocontrol y habilidades de pensamiento de largo alcance.

Sin embargo, los adolescentes acusados de tiroteos a menudo son enjuiciados​​ como adultos, lo que significa que enfrentan castigos más severos, dijo Josh Rovner, director de justicia juvenil en Sentencing Project, que aboga por la reforma del sistema judicial.

En 2019, aproximadamente 53,000 menores fueron acusados como adultos, lo que puede tener graves repercusiones para la salud. Estos adolescentes tienen más probabilidades de ser victimizados mientras están presos, dijo Rovner, y de ser arrestados nuevamente después de quedar libres.

Los jóvenes pueden pasar gran parte de sus vidas en un “aislamiento” impuesto por la pobreza, sin aventurarse más allá de sus vecindarios, aprendiendo poco sobre las oportunidades que existen en el resto del mundo, dijo Rogers. Millones de niños estadounidenses, en particular niños negros no hispanos, latinos y nativos americanos, viven en entornos plagados de pobreza, violencia y consumo de drogas.

La pandemia de covid-19 amplificó todos esos problemas, desde el desempleo hasta la inseguridad alimentaria y de vivienda.

Aunque nadie puede decir con certeza qué provocó el aumento de tiroteos en 2020, la investigación ha relacionado durante mucho tiempo la desesperanza y la falta de confianza en la policía, que aumentó después del asesinato de George Floyd ese año, con un mayor riesgo de violencia comunitaria.

Las ventas de armas se dispararon un 64% entre 2019 y 2020, mientras que se cancelaron muchos programas de prevención de la violencia.

Una de las pérdidas más graves que enfrentaron los niños durante la pandemia fue el cierre de las escuelas durante un año o más, justamente las instituciones que proporcionan tal vez la única fuerza estabilizadora en sus jóvenes vidas.

“La pandemia encendió el fuego debajo de la olla”, dijo Elise White, subdirectora de investigación Center for Justice Innovation, un entidad sin fines de lucro que trabaja con comunidades y sistemas de justicia. “Mirando hacia atrás, es fácil restar importancia ahora a lo incierto que se sintió ese momento [de la pandemia]. Cuanto más insegura se sienta la gente, cuanto más sientan que no hay seguridad a su alrededor, más probable es que porten armas”.

Por supuesto, la mayoría de los niños que experimentan dificultades nunca infringen la ley. Múltiples estudios han encontrado que la mayor parte de la violencia armada es perpetrada por un número relativamente pequeño de personas.

Incluso la presencia de un adulto solidario puede proteger a los niños de involucrarse en la delincuencia, explicó el doctor Abdullah Pratt, médico de emergencias de UChicago Medicine que perdió a su hermano por la violencia con armas de fuego.

Pratt también perdió a cuatro amigos por la violencia con armas durante la pandemia. Los cuatro murieron en su sala de emergencias; uno era el hijo de una enfermera del hospital.

Aunque Pratt creció en una parte de Chicago donde las pandillas callejeras eran comunes, se benefició del apoyo de padres amorosos y fuertes modelos a seguir, como maestros y entrenadores de fútbol americano. A Pratt también lo protegió su hermano mayor, quien lo cuidaba y se aseguraba de que las pandillas dejaran en paz al futuro médico.

“Todo lo que he podido lograr”, dijo Pratt, “es porque alguien me ayudó”.

Crecer en una “zona de guerra”

Diego no tenía adultos en casa que lo ayudaran a sentirse seguro.

A menudo, sus propios padres eran violentos. Una vez, en un ataque de ira por la borrachera, su padre lo agarró por la pierna y lo zarandeó por la habitación, contó Diego; y su madre una vez le arrojó una tostadora a su padre.

A los 12 años, los esfuerzos de Diego para ayudar a la familia a pagar las facturas atrasadas —vendiendo marihuana, y robando autos y apartamentos— llevaron a su padre a echarlo de la casa.

A los 13 años, Diego se unió a una pandilla del barrio. Los pandilleros, que contaron historias similares sobre huir del hogar para escapar del abuso, le dieron comida y un lugar para quedarse. “Éramos como una familia”, dijo Diego. Cuando tenían hambre y no había comida en casa, “íbamos juntos a una gasolinera a robar algo de desayuno”.

Pero Diego, que era más pequeño que la mayoría de los demás, vivía con miedo. A los 16, pesaba solo 100 libras. Los chicos más grandes lo intimidaban y lo golpeaban. Y su exitosa actividad, vender mercadería robada en la calle por dinero en efectivo, llamó la atención de pandilleros rivales, quienes amenazaron con robarle.

Los niños que experimentan violencia crónica pueden desarrollar una “mentalidad de zona de guerra”, volviéndose hipervigilantes ante las amenazas, a veces sintiendo peligro donde no existe, dijo James Garbarino, profesor emérito de psicología en la Universidad de Cornell y la Universidad de Loyola-Chicago.

Los niños que viven con miedo constante tienen más probabilidades de buscar protección en las armas de fuego o en las pandillas. Se puede activar para que tomen medidas preventivas, como disparar un arma sin pensar, contra lo que perciben como una amenaza.

“Sus cuerpos están constantemente listos para pelear”, dijo Gianna Tran, subdirectora ejecutiva del East Bay Asian Youth Center en Oakland, California, que trabaja con jóvenes en riesgo.

A diferencia de los perpetradores de tiroteos masivos, que compran armas y municiones porque tienen la intención de asesinar, la mayor parte de la violencia adolescente no es premeditada, dijo Garbarino.

En las encuestas, la mayoría de los jóvenes que portan armas, incluidos los pandilleros, dicen que lo hacen por miedo o para disuadir ataques, en lugar de perpetrarlos. Pero el miedo a la violencia comunitaria, tanto de los rivales como de la policía, puede avivar una carrera armamentista urbana, en la que los menores sienten que solo los tontos no portan armas.

“Fundamentalmente, la violencia es una enfermedad contagiosa”, dijo el doctor Gary Slutkin, fundador de Cure Violence Global, que trabaja para prevenir la violencia comunitaria.

Aunque un pequeño número de adolescentes se vuelven duros y despiadados, Pratt dijo que ve muchos más tiroteos causados ​​por la “pobre resolución de un conflicto” y la impulsividad de los adolescentes en lugar de un deseo de matar.

De hecho, las armas de fuego y un cerebro adolescente inmaduro son una mezcla peligrosa, enfatizó Garbarino. El alcohol y las drogas pueden aumentar el riesgo. Cuando se enfrentan a una situación potencialmente de vida o muerte, pueden actuar sin pensar.

Cuando Diego tenía 16 años, estaba acompañando a una niña a la escuela y se les acercaron tres jóvenes, incluido un pandillero, quien, usando un lenguaje obsceno y amenazante, le preguntó a Diego si también estaba en una pandilla. Diego dijo que trató de pasar de largo, y uno de ellos parecía tener un arma.

“No sabía cómo disparar un arma”, dijo Diego. “Solo quería que huyeran”.

En las noticias sobre el tiroteo, testigos dijeron que escucharon cinco disparos. “Lo único que recuerdo es el sonido de los disparos”, dijo Diego. “Todo lo demás fue en cámara lenta”.

Diego había disparado a dos de los muchachos en las piernas. La niña corrió por un lado y él por otro. La policía lo arrestó en su casa unas horas después. Fue juzgado como adulto, condenado por dos cargos de intento de homicidio y sentenciado a 12 años.

Una segunda oportunidad

En las últimas dos décadas, el sistema judicial ha realizado cambios importantes en la forma en que trata a los niños.

Los arrestos de jóvenes por delitos violentos bajaron dramáticamente un 67% entre 2006 y 2020, y 40 estados han hecho que sea más difícil acusar a menores como adultos.

Los estados también están adoptando alternativas a la cárcel, como hogares grupales que permiten a los adolescentes permanecer en sus comunidades, al tiempo que brindan tratamiento para ayudarlos a cambiar su conducta.

Debido a que Diego tenía 17 años cuando fue sentenciado, fue enviado a un centro de menores, donde recibió terapia por primera vez.

Diego terminó la escuela secundaria mientras estaba tras las rejas, y obtuvo un título de un colegio comunitario. Con otros jóvenes reclusos fue de excursión a teatros y al acuario, lugares en los que nunca había estado. La directora del centro de detención le pidió que la acompañara a eventos sobre la reforma de la justicia juvenil, donde lo invitaron a contar su historia.

Para Diego, esas fueron experiencias reveladoras: se dio cuenta de que había visto muy poco de Chicago, a pesar de que había pasado su vida allí.

“Mientras estás creciendo, lo único que ves es a tu comunidad”, dijo Diego, quien fue liberado después de cuatro años, cuando el gobernador conmutó su sentencia. “Asumes que el mundo entero es así”.

La editora de datos de KHN Holly K. Hacker y la investigadora Megan Kalata contribuyeron con este informe.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Yet, when the U.S. Preventive Services Task Force, an independent, influential panel of experts, suggested last year that adults be screened for anxiety, it left out one group — people 65 and older.

The major reason the task force cited in draft recommendations issued in September: “the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for anxiety” in all older adults. (Final recommendations are expected later this year.)

The task force noted that questionnaires used to screen for anxiety may be unreliable for older adults. Screening entails evaluating people who don’t have obvious symptoms of worrisome medical or psychological conditions.

“We recognize that many older adults experience mental health conditions like anxiety” and “we are calling urgently for more research,” said Lori Pbert, associate chief of the preventive and behavioral medicine division at the University of Massachusetts Chan Medical School and a former task force member who worked on the anxiety recommendations.

This “we don’t know enough yet” stance doesn’t sit well with some experts who study and treat seniors with anxiety. Dr. Carmen Andreescu, an associate professor of psychiatry at the University of Pittsburgh, called the task force’s position “baffling” because “it’s well established that anxiety isn’t uncommon in older adults and effective treatments exist.”

“I cannot think of any danger in identifying anxiety in older adults, especially because doing so has no harm and we can do things to reduce it,” said Dr. Helen Lavretsky, a psychology professor at UCLA.

In a recent editorial in JAMA Psychiatry, Andreescu and Lavretsky noted that only about one-third of seniors with generalized anxiety disorder — intense, persistent worry about everyday matters — receive treatment. That’s concerning, they said, considering evidence of links between anxiety and stroke, heart failure, coronary artery disease, autoimmune illness, and neurodegenerative disorders such as dementia.

Other forms of anxiety commonly undetected and untreated in seniors include phobias (like a fear of dogs), obsessive-compulsive disorder, panic disorder, social anxiety disorder (a fear of being assessed and judged by others), and post-traumatic stress disorder.

The smoldering disagreement over screening calls attention to the significance of anxiety in later life — a concern heightened during the covid-19 pandemic, which magnified stress and worry among seniors. Here’s what you should know.

Anxiety is common. According to a book chapter published in 2020, authored by Andreescu and a colleague, up to 15% of people 65 and older who live outside nursing homes or other facilities have a diagnosable anxiety condition.

As many as half have symptoms of anxiety — irritability, worry, restlessness, decreased concentration, sleep changes, fatigue, avoidant behaviors — that can be distressing but don’t justify a diagnosis, the study noted.

Most seniors with anxiety have struggled with this condition since earlier in life, but the way it manifests may change over time. Specifically, older adults tend to be more anxious about issues such as illness, the loss of family and friends, retirement, and cognitive declines, experts said. Only a small fraction develop anxiety after turning 65.

Anxiety can be difficult to identify in older adults. Older adults often minimize symptoms of anxiety, thinking “this is what getting older is like” rather than “this is a problem that I should do something about,” Andreescu said.

Also, seniors are more likely than younger adults to report “somatic” complaints — physical symptoms such as dizziness, fatigue, headaches, chest pain, shortness of breath, and gastrointestinal problems — that can be difficult to distinguish from underlying medical conditions, according to Gretchen Brenes, a professor of gerontology and geriatric medicine at Wake Forest University School of Medicine.

Some types of anxiety or anxious behaviors — notably, hoarding and fear of falling — are much more common in older adults, but questionnaires meant to identify anxiety don’t typically ask about those issues, said Dr. Jordan Karp, chair of psychiatry at the University of Arizona College of Medicine in Tucson.

When older adults voice concerns, medical providers too often dismiss them as normal, given the challenges of aging, said Dr. Eric Lenze, head of psychiatry at Washington University School of Medicine in St. Louis and the third author of the recent JAMA Psychiatry editorial.

Simple questions can help identify whether an older adult needs to be evaluated for anxiety, he and other experts suggested: Do you have recurrent worries that are hard to control? Are you having trouble sleeping? Have you been feeling more irritable, stressed, or nervous? Are you having trouble with concentration or thinking? Are you avoiding things you normally like to do because you’re wrapped up in your worries?

Stephen Snyder, 67, who lives in Zelienople, Pennsylvania, and was diagnosed with generalized anxiety disorder in March 2019, would answer “yes” to many of these queries. “I’m a Type A personality and I worry a lot about a lot of things — my family, my finances, the future,” he told me. “Also, I’ve tended to dwell on things that happened in the past and get all worked up.”

Treatments are effective. Psychotherapy — particularly cognitive behavioral therapy, which helps people address persistent negative thoughts — is generally considered the first line of anxiety treatment in older adults. In an evidence review for the task force, researchers noted that this type of therapy helps reduce anxiety in seniors seen in primary care settings.

Also recommended, Lenze noted, is relaxation therapy, which can involve deep breathing exercises, massage or music therapy, yoga, and progressive muscle relaxation.

Because mental health practitioners, especially those who specialize in seniors’ mental health, are extremely difficult to find, primary care physicians often recommend medications to ease anxiety. Two categories of drugs — antidepressants known as SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) and SNRIs (serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors) — are typically prescribed, and both appear to help to older adults, experts said.

Frequently prescribed to older adults, but to be avoided by them, are benzodiazepines, a class of sedating medications such as Valium, Ativan, Xanax, and Klonopin. The American Geriatrics Society has warned medical providers not to use these in older adults, except when other therapies have failed, because they are addictive and significantly increase the risk of hip fractures, falls and other accidents, and short-term cognitive impairments.

We’re eager to hear from readers about questions you’d like answered, problems you’ve been having with your care, and advice you need in dealing with the health care system. Visit khn.org/columnists to submit your requests or tips.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host

Julie Rovner
KHN

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KHN’s weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

Both Republicans and Democrats in Congress reacted with compassion to the news that Sen. John Fetterman (D-Pa.) has checked himself into Walter Reed National Military Medical Center for treatment of clinical depression. The reaction is a far cry from what it would have been 20 or even 10 years ago, as more politicians from both parties are willing to admit they are humans with human frailties.

Meanwhile, former South Carolina governor and GOP presidential candidate Nikki Haley is pushing “competency” tests for politicians over age 75. She has not specified, however, who would determine what the test should include and who would decide if politicians pass or fail.

This week’s panelists are Julie Rovner of KHN, Sarah Karlin-Smith of the Pink Sheet, Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico, and Rachel Roubein of The Washington Post.

Panelists

Sarah Karlin-Smith
Pink Sheet

@SarahKarlin

Read Sarah's stories

Joanne Kenen
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico

@JoanneKenen

Read Joanne's stories

Rachel Roubein
The Washington Post

@rachel_roubein

Read Rachel's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• Acknowledging a mental health disorder could spell doom for a politician’s career in the past, but rather than raising questions about his fitness to serve, Sen. John Fetterman’s decision to make his depression diagnosis and treatment public raises the possibility that personal experiences with the health system could make lawmakers better representatives.
• In Medicare news, Sen. Rick Scott (R-Fla.) dropped Medicare and Social Security from his proposal to require that every federal program be specifically renewed every five years. Scott’s plan has been hammered by Democrats after President Joe Biden criticized it this month in his State of the Union address.
• Medicare is not politically “untouchable,” though. Two Biden administration proposals seek to rein in the high cost of the popular Medicare Advantage program. Those are already proving controversial as well, particularly among Medicare beneficiaries who like the additional benefits that often come with the private-sector plans.
• New studies on the effectiveness of ivermectin and mask use are drawing attention to pandemic preparedness. The study of ivermectin revealed that the drug is not effective against the covid-19 virus even in higher doses, raising the question about how far researchers must go to convince skeptics fed misinformation about using the drug to treat covid. Also, a new analysis of studies on mask use leaned on pre-pandemic studies, potentially undermining mask recommendations for future health crises.
• On the abortion front, abortion rights supporters in Ohio are pushing for a ballot measure enshrining access to the procedure in its state constitution, while a lawyer in Florida is making an unusual “personhood” argument to advocate for a pregnant woman to be released from jail.

Plus for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: Stat’s “Current Treatments for Cramps Aren’t Cutting It. Why Aren’t There Better Options?” by Calli McMurray

Joanne Kenen: The Atlantic’s “Eagles Are Falling, Bears Are Going Blind,” by Katherine J. Wu

Rachel Roubein: The Washington Post’s “Her Baby Has a Deadly Diagnosis. Her Florida Doctors Refused an Abortion,” by Frances Stead Sellers

Sarah Karlin-Smith: DCist’s “Locals Who Don’t Speak English Need Medical Translators, but Some Say They Don’t Always Get the Service,” by Amanda Michelle Gomez and Hector Alejandro Arzate

Also mentioned in this week’s podcast:

• The Hill’s “Nikki Haley: Bernie Sanders Is ‘Exactly the Reason’ Mental Competency Tests Are Needed,” by Niall Stanage
• USA Today’s “Idaho Bill Would Criminalize Giving mRNA Vaccines — The Tech Used in Popular COVID Vaccines,” by Thao Nguyen
• The Washington Post’s “Twenty Governors Are Forming a New Coalition to Support Abortion Rights,” by Rachel Roubein with McKenzie Beard
• The Washington Post’s “Fla. Lawyer Argues Pregnant Inmate’s Fetus Is Being Illegally Detained,” by Kyle Melnick

click to open the transcript

Transcript: Senators Have Mental Health Crises, Too

KHN’s ‘What the Health?’Episode Title: Senators Have Mental Crises, TooEpisode Number: 286Published: Feb. 23, 2023

Julie Rovner: Hello and welcome back to KHN’s “What the Health?” I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at Kaiser Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We’re taping this week on Thursday, Feb. 23, at 10 a.m. As always, news happens fast, and things might have changed by the time you hear this. So here we go. We are joined today via video conference by Rachel Roubein of The Washington Post.

Rachel Roubein: Hi. Thanks for having me.

Rovner: Sarah Karlin-Smith of the Pink Sheet.

Sarah Karlin-Smith: Hi, Julie.

Rovner: And Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico.

Joanne Kenen: Hi, everybody.

Rovner: So, no interview this week, but lots of interesting news, even with Congress in recess and the president out of the country. So we will get right to it. We’re going to start this week with mental health. No, not the mental health of the population, although that remains a very large problem, but specifically the mental health of politicians. I am old enough to remember when a politician admitting to having been treated for any mental health problem basically disqualified them from holding higher office. You young people go Google Tom Eagleton. Now we have Sen. John Fetterman [D-Pa.], who made headlines while campaigning during his stroke recovery, checking himself into Walter Reed for major depression treatment. And the reaction from his colleagues on both sides of the aisle has been unusually compassionate for political Washington. Have we turned a corner here on admitting to having problems not meaning incapable of serving or working?

Karlin-Smith: It’s obviously getting better, but I think as we saw with Fetterman’s coverage during the campaign, it was far from perfect. And I think there was some dissatisfaction that his coverage was in many … sometimes unfair in how his stroke and his stroke recovery and his needs for accommodations were presented in the media. But I do think we are shifting at least somewhat from thinking about, Does this situation make a person fit to serve? to thinking about, OK, what does this person’s experience navigating the health care system perhaps provide that might actually make them a better representative, or understand their constituents’ needs in navigating the health care system, which is a big part of our political agenda?

Kenen: There are very few times when Congress makes nice. I think on rare occasions mental health has done it. I can think of the fight for mental parity. It was a bipartisan pair: Sen. Pete Domenici [R-N.M.] had a daughter with schizophrenia, and Sen. Paul Wellstone [D-Minn.] had … what, was it … a brother?

Rovner: I think it was a sibling, yeah.

Kenen: … with a severe mental illness. I no longer remember whether it was schizophrenia or another severe mental illness. And they teamed up to get mental health parity, which they didn’t get all the way. And there are still gaps, but they got the first, and it took years.

Rovner: And they were a very unlike pair, Domenici was …

Kenen: They were a very unlikely couple.

Rovner: a very conservative Republican. Wellstone was a very liberal Democrat.

Kenen: And their personalities were completely like, you know, one was a kind but grumpy person and one was the teddy bear. And they were a very odd couple in every possible way. And it didn’t make lawmakers talk about themselves at that point, but they did get more open about their family. About 10 or 15 years later, there was a senator’s son died by suicide and he was very open about it. It was really one of the most remarkable moments I’ve ever seen on the Hill, because other people started getting up and talking about loved ones who had died by suicide, including [Sen.] Don Nickles [R-Okla.], who was very conservative, who had never spoken about it before. And it was Sen. Gordon Smith [R-Ore.] whose son had died at the time. And he tried to put it to use and got mental health legislation for college. So these were like, you know, 10 or 15 years apart. But Congress, they don’t treat each other very well. It’s not just politics. They’re often quite nasty across party lines. So this was sort of like the third moment I’ve seen where a little bit of compassion and identification came out. Is it a kumbaya turnaround? No, but it’s good to see kindness, not “he should resign this moment.” I mean, the response was pretty human and humane.

Rovner: And we also had the unique moment with Patrick Kennedy, who was then in the House, son of Sen. Ted Kennedy, who was still in the Senate. And Patrick Kennedy, of course, had had substance abuse issues in addition to his mental health issues. And he actually championed through what turned into the final realization of the mental health parity that Domenici and Wellstone had started. So, I mean, to Sarah’s point, I think, sometimes if the person experiences it themselves, they may be even more able to navigate through to help other people, so …

Kenen: You’re not immune from mental illness if you’re a lawmaker and neither is your family. And there are a number of very sad stories and there are other lawmakers who have lost relatives to suicide. So there’s this additional connection between stroke and depression that I think got a little bit of attention here, because that’s also a thing.

Rovner: Well, all right, then again, it is not all sunshine and roses on the political mental health front. Former South Carolina Republican Gov. Nikki Haley, who’s now running for president, is proposing a mental competency test for politicians over the age of 75. That would, of course, include both Donald Trump and Joe Biden. But this week, Haley extended her proposed mental competency test to the Senate, where there are dozens of members over the age of 75. She specifically called out 81-year-old Bernie Sanders after he called her proposal ageism. Now, it’s pretty clear that Haley is using this to keep herself in the news, and it’s working. But could we actually see mental competency tests rolled out at some point? And who would decide what constitutes competency in someone who’s getting older?

Kenen: Or younger.

Rovner: Or younger, yeah.

Karlin-Smith: Wait, has Joanne solved the aging [mystery]? I think … what Julie said, in terms of who would decide, I think that’s where it gets really dicey. I think, first of all, if you’re going to deal with this, there seems no way you can make it based on age, right? Because competency is not necessarily tied with age. But I think, ethically, I’m not sure our society has any fair way to really determine … and it would just become such a political football that I don’t think anybody wants to deal with figuring out how to do that. Obviously, you don’t want somebody, probably, in office who is not capable of doing the job to a point where they really can’t be productive. But again, as we’ve seen with these other health issues, you also don’t want to exclude people because they are not perfectly in some sort of heightened state of being that, you know, all people are not perfect in capacity at every single moment and deal with struggles. So there’s this fine line, I think, that would be too difficult to sort of figure out how to do that.

Kenen: And you could be fine one day and not fine the next. If you have a disease [of] cognitive decline that’s gradual, you know, when do you pick it up? When do you define it? And then you can have something very sudden like a car crash, a stroke and any number of things that can cause cognitive damage immediately.

Rovner: Now, we didn’t know then, but we know now that Ronald Reagan had the first stages of dementia towards the end of his second term. Sorry, Rachel, you wanted to say something?

Roubein: We’ve seen careful reporting around — I think, about like the San Francisco Chronicle story last year — about [Sen.] Dianne Feinstein [D-Calif.], which essentially looked at this. There were some questions around [Sen.] Thad Cochran [R-Miss.], as well. And it’s something journalists have looked at pretty carefully by talking to other senators and those who know the lawmakers well to see how they are essentially.

Kenen: And Strom Thurmond, who was, to a layperson, like all the reporters covering the Hill, it was clear that … he served until he was, what, 98 or something? You know, it was very clear that half the time he was having struggles.

Rovner: And I remember so many times that there would be the very old senators on the floor who would basically be napping on the floor of the Senate.

Kenen: That might be a sign of mental health.

Rovner: Yeah, that’s true. But napping because they couldn’t stay awake, not just curling up for a nap. But, I mean, it’s an interesting discussion. You know, as I say, I’m pretty sure that Nikki Haley is doing it to try and poke at both Biden and Trump and keep herself in the news. And, as I say, it’s working.

Kenen: But I think there’s a question of fitness that I think has come up over and over again. I mean, Paul Tsongas was running for president, what, the Nineties and said he was over his lymphoma or luekemia.

Rovner: I think he had lymphoma. Yeah.

Kenen: He said he was fine, and it turns out he wasn’t. And he actually died quite young, quite soon after not getting the nomination. So there are legitimate issues of fitness, mental and physical, for the presidency. I would think that there’s a different standard for senators just because you’re one out of 100 instead of one out of one. I think there is a tradition, which Trump didn’t really follow. There is a tradition of disclosure, but it’s not foolproof. And Trump certainly just had — remember, he had that letter from his doctor who also didn’t live much longer after that, saying he was the most fit president in history, Like, just don’t get me started, but basically said he was a greek god. So there are legitimate concerns about fitness, but it’s hard to figure out. I mean, it was really hard to figure out in Congress how to do that.

Rovner: Yeah, I think the “who decides” what will be the most difficult part of that, which is probably why they haven’t done it yet. All right. Well, turning to policy, two weeks ago, we talked about the coming Medicare wars with President Biden taking aim at Republicans in his State of the Union speech, and particularly, although he didn’t name him, with Florida Sen. Rick Scott, who last year as head of the Republican Senate Campaign Committee, released a plan that would have sunset every federal program, including Medicare and Social Security, every five years. And they would cease to be unless Congress re-approved them. We know how much trouble Congress has doing anything. This horrified a whole lot of Republicans, who not only have been on the wrong end politically of threatening Medicare — and paid a price for it at the ballot box — but who themselves have used it as a weapon on Democrats. See my column from last week, which I will put in the show notes. So now, kind of predictably, Sen. Scott has succumbed and proposed a new plan that would sunset every federal program except Medicare and Social Security. But I imagine that’s not going to end this particular political fight, right? The Democrats seem to have become a dog with a bone on this.

Roubein: Yeah. And it’s known as “Mediscare” for a reason, right? It’s something both political parties use and try and weaponize. I mean, I think one of the really big questions for me when I kept on hearing this, like what? Cuts to Medicare, what does that actually mean in practice? Some experts said that it might simply mean slowing the rate of growth in the program compared to what it would have been, which doesn’t necessarily impact people’s benefits. It can; it depends how it’s done. But I mean, we’ve seen this political fight before. It happened during the Affordable Care Act and afterwards, the effect of cutting Medicare Advantage plan payments, etc., didn’t really make plans less generous. They continued to be more generous. So it’s something that we’ll continue to see Biden talk about because the administration thinks that it plays well among seniors.

Rovner: But even as Bernie Sanders pointed out this week, we’re going to have to deal with Medicare and Social Security eventually. They can’t continue on their current path because they will both run out of money at some point unless something gets changed. But right now, it seems that both sides are much happier to use it as a cudgel than to actually sit down and figure out how to fix it.

Kenen: But one thing that’s interesting is that it wasn’t a big issue in the November elections. The Democrats late in the game tried to draw attention to the Rick Scott proposal. I almost wrote a piece how there was no discussion of Medicare for the first time in years. And just as I was starting to write it, they began talking about it a little bit. So I didn’t write it. But it never stuck. It wasn’t a major issue. And the one race where it really could have been would have been Wisconsin, because that was a tight Senate race — the Democrats really wanted to defeat Ron Johnson, who is to the right of Rick Scott on phasing out Medicare. He’s the only one who endorsed Scott and actually wanted to go further, and it didn’t even really stick there. So it’s sort of interesting that it’s now bubbling up. I mean, yes, we’re into 2024, but we’re not into 2024 the way we’re going to be into 2024. It’s sort of interesting to see that the Democrats are hitting this so far.

Rovner: No, I think that’s because of the debt ceiling.

Kenen: Right. But it’s supposedly off the table for the debt ceiling, which doesn’t mean, as Rachel just said, there are legitimate fiscal issues that Democrats and Republicans both acknowledge. They’re, crudely speaking, Democrats want to raise more money for them, and Republicans want to slow spending. That’s a that’s an oversimplification. But the rhetoric is always throwing Grandma off the cliff. Never Grandpa, always Grandma.

Rovner: Always Grandma.

Kenen: You know, actually, you can do things over a 20-year period. That’s what we did with Social Security. We did raise the age in a bipartisan fashion on Social Security 20 years … took like 20 years to phase it.

Rovner: And I would point out that the only person who really reacted to Rick Scott’s plan when it came out last February was, I think, a year ago this week, was Mitch McConnell.

Kenen: Yeah, he blew a gasket.

Rovner: But he immediately disavowed it. So Mitch McConnell knew what a problem it could turn into and kind of has now. So we have kind of the reverse sides in Medicare Advantage of the fight. That’s the private alternative to traditional Medicare. It’s the darling of Republicans, who touched off the current popularity of the program when they dramatically increased payments for it in 2003, which led to increased benefits and increased profits for insurance companies. They split those — that extra money between themselves and the beneficiaries. And, not surprisingly, increased popularity to the point where a majority of beneficiaries right now are in Medicare Advantage plans rather than traditional Medicare. On the other hand, these plans, which were originally supposed to cut overall Medicare costs, are instead proving more expensive than traditional Medicare. And Democrats would like to claw some of those profits back. But that looks about as likely as Republicans sunsetting Medicare, right? There’s just too many people who are too happy with their extra benefits.

Roubein: I guess we’ve seen two proposals from the administration this year which would change Medicare benefits. Then Republicans are trying to paint this as a cut but are saying it wouldn’t change benefits. But to change Medicare Advantage, one way …

Rovner: To change payments for Medicare Advantage.

Roubein: Yes, exactly. One which essentially would increase the government’s ability to audit plans and recover past overpayments and one which is the annual rate proposal. And there’s some aspects in there that Medicare Advantage plans are on a full-court lobbying press to say these are cuts which the administration is pushing back on really, really hard. So this is another microcosm of this Medicare scare tactics.

Rovner: And they’re all over TV already, commercials that probably don’t mean much to anybody if you’re not completely up on this fight of, like, “Congress is thinking about cutting Medicare Advantage.” No, really? I do laugh every time I see that ad.

Kenen: But, you know, Julie, you’re right that this began as a Republican cause, I mean, they had a similar program in the late ’90s that flopped and they revived it as Medicare Advantage. But it didn’t stay a Republican pet project for long. I mean, Democrats, starting with those in states with a lot of retirees — I’m thinking in Florida, who had Democratic senators at the time. I mean, they jumped on board, too, because people like … there are people who want to stay in traditional Medicare and there are people who jumped on to Medicare Advantage, which has certain advantages. It is less partisan than it began. It has always been more expensive than it was touted to be. And it’s now, we’re heading into 20 years since the legislation was passed, and nothing has really been done to change that trajectory, nothing significant. And I don’t think you’re going to see a major overhaul of it. There may be things that you can do [on] a bipartisan basis that nip. But if you’re nipping at that many billions of dollars, a nip as can be a lot of money.

Rovner: Yeah, that’s the thing about Medicare. Although I would point out also that the reason it flopped in the late 1990s is because Congress whacked the payments for it as part of the Balanced Budget Act. And as they gave the money back, it got more popular again because, lo and behold, extra money means extra benefits and people liked it. So its popularity has been definitely tied to how much the payments are that Congress has been willing to provide for it.

Kenen: And how they market and who they market to.

Rovner: Absolutely, which is a whole ’nother issue. But I want to do a covid check-in this week because it’s been a while. First, we have a study from Duke University published in this week’s Journal of the American Medical Association showing that using the deworming drug ivermectin, even at a higher dose and for a longer time, still doesn’t work against covid. This was a decent-sized, double-blind, randomized, controlled trial over nine months. Why is this such a persistent desire of so many people and even doctors to use this drug that clearly doesn’t work?

Karlin-Smith: You know, there’s been a lot of misinformation out there, particularly spread by the right and people that have not just, in general, trusted the government during covid and felt like this drug worked. And for whatever reason, they were being convinced that there was a government effort to kind of repress that. What’s interesting to point out, you know, you mentioned the trial being run at Duke. This was actually a part of a big NIH [National Institutes of Health] study to study various drugs for covid. So even NIH has been willing to actually do the research and to prove whether the drug does or doesn’t work. One of the issues this raises is this was one of many studies at this point that has shown the drug doesn’t work. In this one they even were willing to test, OK, a lower dose didn’t work. Let’s test a higher dose. Again, it fails. And the question becomes is, is there any amount of data or trials that can convince people who have, again, gone through this process where they’ve been convinced by this misinformation to believe it works and that the government is lying to them? Is there any way to convince them, with this type of evidence, it doesn’t work? And then what are the ethics of doing this research on people? Because you’re wasting government resources. You’re wasting resources in general. You’re wasting time, money. You’re giving people a drug in the trial when they could be getting another drug and that might actually work. So it’s really complicated because, again, I’m not sure you can convince the true ivermectin fans. I’m not sure there’s any amount of this type of scientific evidence that’s going to convince them that it doesn’t work for covid.

Rovner: But while we are talking about scientific studies about covid, a controversial meta-analysis from the esteemed Cochrane Review found basically no evidence that masks have done anything to prevent the spread of covid. But this is another study that seems to have been wildly misinterpreted. It didn’t find … what it looked like was not necessarily what we think. A lot of it turned out to be studies that were seeing whether flu, whether masks prevented against flu, rather than against covid. I mean, have we ended the whole idea of mask wearing and maybe not correctly?

Kenen: This was a meta-analysis for Cochrane, which is really basically … I mean, I think Sarah probably knows more about Cochrane than the rest of us, but their reviews are meaningful and taken seriously and they’re usually well done. The studies that they use in this meta-analysis didn’t ask the question that the headlines said it asked. And also, I mean, I don’t totally understand why they did it, because a) as Julie just pointed out, there was something like 78 studies, 76 of which were done before covid. So, you know, a) that’s a problem. And b), it didn’t actually measure who was wearing a mask. It was like, OK, you’re told to wear a mask or maybe you’re required to wear a mask if you’re working in a hospital while you’re in the hospital. But then you go out to a bar that night and you’re not wearing … I mean, it didn’t really look at the totality of whether people were actually wearing masks properly, consistently. And therefore, why use this flu data to answer questions about masking? And secondly, I also think it always is worth reminding people that, you know, no one ever said masks were the be-all and end-all. It was a component — you know, masking, handwashing, vaccination, distancing, testing, all the things that we didn’t do right. Ventilation … I mean, all that. There’s a long list of things we didn’t do right; masking was one of many. This is not going to help if we ever need masks for any disease again in the future. It did not advance this public health strategy — they call it, like, they like to talk about Swiss cheese, that any one step has holes in it. So you use a whole lot of steps and you don’t have any more holes in your Swiss cheese. It’s going to make it harder if we ever need them.

Rovner: Yeah. Well, notwithstanding scientific evidence now, we have two Republican state lawmakers in Idaho who have introduced a bill that would make any mRNA vaccines illegal to administer in the state, not just to people, but to, quote, “any mammal” with violators subject to jail time. And if I may read the subhead of the story about this … at the science website Ars Technica, quote, “It’s not clear if the two lawmakers know what messenger RNA is exactly.” In a normal world, I would say this is just silly and it couldn’t pass. But we’re not in a normal world anymore, right? I mean, we could actually see Idaho ban mRNA technology, which is used, going to be used for a lot more than covid.

Karlin-Smith: So I think the thing that really interests me about reading about this, and I’d be interested to hear what legal scholars think about this, but I was wondering if there’s a parallel here between this and what’s going on with the abortion pill in Republican states and what the courts may do with that, because it seems to me like there’s probably should be some kind of federal preemption that would kick in here, which is that vaccines are regulated, approved by this technology, by the federal government. Yes, there’s some practice of medicine where states have control from the federal government. But this seems like a case where, and in the past, when states have tried to get into banning FDA-approved products in this way, courts … have pushed back and said, you can’t do this. And I would say, I don’t think this Idaho law would hold up if it gets passed. But now we have this issue going on with the abortion pill, and it seems like there could be this major challenge by the courts to FDA’s authority. So you do sort of wonder, is this another example of what could happen if this authority gets challenged by the states? And, like you said, we are in this different world where maybe three years ago I would say, well, you know, even if Idaho can pass this, of course, this isn’t going to come to practice. But I do wonder, as we’re watching some of these other legal challenges to FDA-approved technologies, what it could mean down the line.

Kenen: I mean, remember, it also … with ivermectin, there are state legislatures that have actually protected patients’ rights to get ivermectin.

Rovner: And doctors’ rights to provide it.

Kenen: Right. And I know more than half the states had legislation. I don’t know how many actually passed it. I don’t remember. But I mean, it was a significant number of states. So these are … all these things that we’re talking about are related — you know, who gets to decide based on what evidence or lack thereof.

Rovner: So if there’s a reason that I brought these three things up, because after all this, a federal judge in California has temporarily blocked enforcement of a new state law that would allow the state medical board to sanction doctors who spread false or misleading information about covid vaccines and treatments. One of the plaintiffs told The New York Times that the law is too vague, quote “Today’s quote-unquote, ‘misinformation’ is tomorrow’s standard of care, he said.” Which is absolutely true. So how should we go about combating medical misinformation? I mean, you know, sometimes people who sound wacky end up having the answer. You know, you don’t want to stop them, but you also don’t want people peddling stuff that clearly doesn’t work.

Kenen: In addition to state boards, there are large medical societies that are — I don’t know how far they’ve gone, but they have said that they will take action. I’m sure that any action they take either will or has already ended up in court. So there are multiple ways of getting at misinformation. But, you know, like Sarah said it really well, there are people who’ve made up their mind and nothing you do is going to stop them from believing that. And some of them have died because they believe the wrong people. So I don’t think we’re going to solve the misinformation problem on this podcast. Or even off — I don’t think the four of us …

Rovner: If only we could.

Kenen: Even if we were off the podcast! But it’s very complicated. I — a lot of my work right now is centered on that. The idea that courts and states are coming down on the wrong side, in terms of where the science stands right now, understanding that science can change and does change. I mean, whether another version of that law could get through the California courts, I mean, there are apparently some broad drafting problems with that law.

Rovner: It hasn’t been struck down yet. It’s just been temporarily blocked while the court process continues. We’ll see. All right. Well, let’s move on to abortion since we’ve been kind of nibbling around the edges. Rachel, you wrote about a group of abortion rights-supporting Democratic governors organizing to coordinate state responses to anti-abortion efforts. What could that do?

Roubein: Yeah, so it’s news this week. It’s called the Reproductive Freedom Alliance. And essentially the idea is so governors can have a forum to more rapidly collaborate, compare notes on things like executive orders that are aimed at expanding and protecting abortion bills, moving through the legislature, budgetary techniques. And as we’re talking about lawsuits, I mean, talk to some governors and you know that the Texas lawsuit from conservative groups seeking to revoke the FDA’s approval of a key abortion pill is top of mind in this new alliance. Kind of the idea is to be able to rapidly come together and have some sort of response if the outcome of that case doesn’t go their way or other major looming decisions. I think it’s interesting. They are billing themselves as nonpartisan. But, you know, only Democratic governors have signed up here.

Rovner: Well, we could have had Larry Hogan and the few moderate Republicans that are left.

Roubein: Yes, Charlie Baker.

Rovner: If they were still … Charlie Baker.

Roubein: Sununu.

Rovner: If they were still there, which they’re not.

Roubein: I mean, I think the other interesting thing about this is if … you looked at 2024, and if a Republican’s in the White House in 2025, they might try and roll back actions Biden has done. So I could foresee a Democratic governors alliance trying to attempt to counteract that in a way that states can.

Rovner: Well, also, on the abortion rights front, supporters in Ohio are trying to get a measure on the ballot that would write abortion rights into the state constitution. This has worked in other red and purple states like Kansas and Michigan. But Ohio? A state that’s been trending redder and redder. It was the home of the first introduced six-week abortion ban five or six years ago. How big a message would that send if Ohio actually voted to protect abortion rights in its constitution? And does anybody think there’s any chance that they would?

Roubein: I think it’s interesting when you look at Kentucky and Kansas, which their ballot measures were different. It was for the state constitution to say that there was no right to an abortion, but abortion rights …

Rovner: There was a negative they defeated saying there was no right.

Roubein: Yeah. I mean, abortion groups really think the public is on their side here. And anti-abortion leaders do think that ballot measures aren’t … like, fighting ballot measures isn’t their best position either. So I think it’ll be interesting to see. Something that caught my eye with this is that the groups are trying to get it on the 2023 general election ballot. And right now what some Republican lawmakers are trying to do to counteract not just abortion ballot measures, but more progressive ballot measures, which is to try and increase the threshold of passage for a ballot measure. And there’s a bill in the Ohio legislature that would increase passage for enshrining anything into the state constitution to 60% support. But that would have to go to the people, too. So essentially, the timing here could counteract to that. So.

Rovner: Yeah, and as we saw in Kansas, if you have this question at a normally … off time for a big turnout, you can turn out your own people. So I assume they’re doing that very much on purpose. They don’t want it to be on the 2024 ballot with the president and Senate race in Ohio and everything else. All right. Well, one more on the abortion issue. Moving to the other side. A Florida lawyer is petitioning to have a pregnant woman who’s been accused, although not convicted, of second-degree murder released from jail because her fetus is being held illegally. Now, it’s not entirely clear if the lawyer is actually in favor of so-called personhood or it’s just trying to get his client, the pregnant woman, out of jail. But these kinds of cases can eventually have pretty significant ramifications, right? If a judge were to say, I’m going to release this woman because the fetus hasn’t done anything wrong.

Kenen: Well, there’s going to be an amendment to the personhood amendment saying, except when we don’t like the mother, right? I mean, she’s already almost at her due date. So it probably is going to be moot. There’s an underlying question in this case about whether she’s been getting good prenatal care, and that’s a separate issue than personhood. I mean, if the allegations are correct and she has not gotten the necessary prenatal care, then she certainly should be getting the necessary prenatal care. I don’t think this is going to be ruled on in time — I think she’s already in her final month of pregnancy. So I don’t think we’re going to see a ruling that’s going to create personhood for fetal inmates.

Rovner: She’ll have the baby before she gets let out of jail.

Kenen: I think other lawyers might try this. I mean, I think it’s legal chutzpah, I guess. If one lawyer came up with it, I don’t see why other lawyers won’t try it for other incarcerated pregnant women.

Rovner: Yeah. And you could see it feeding into the whole personhood issue of, you know, [does] the fetus have its own set of individual rights, you know, apart from the pregnant woman who’s carrying it? And it’s obviously something that’s that we’re going to continue to grapple with, I think, as this debate continues. All right. That is the news for this week. Now it’s time for our extra-credit segment. That’s when we each recommend a story we read this week we think you should read, too. As always, don’t worry if you miss it; we will post the links on the podcast page at khn.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Sarah, why don’t you go first this week?

Karlin-Smith: I took a look at a story in the DCist. It’s called “Locals Who Don’t Speak English Need Medical Translators, but Some Say They Don’t Always Get the Service.” It was by Amanda Michelle Gomez and Hector Alejandro Arzate, and it basically takes a look at a lack of medical translators who can help patients who don’t speak English in the D.C. area and the harm that can be caused when patients don’t have that support, whether they’re in the hospital or at medical appointment, focusing on a woman who basically said she wasn’t getting food for three days and actually left the hospital to provide her food and she was undergoing … cancer treatment and in there for an emergency situation. It also highlights a federally funded facility in D.C. that is trying to support patients in the area with translators, but some of the health policy challenges they face, such as, you know, there’s reimbursement for basically accompanying a patient to an appointment, but there’s out-of-appointment care that patients need. Like if you’re sent home with instructions in English and there’s difficulty funding that care. And I mean, I just think the issue is important and fascinating because people who cover health policy, I think, tend to realize sometimes, even if you have an M.D. and a Ph.D. in various aspects of this system, it can be very hard to navigate your care in the U.S., even if you are best positioned. So to add in not speaking a language and, in this case, having had experience trying to help somebody who spoke a language much less more commonly spoken in the U.S. You know, I was thinking, well, she spoke Spanish, you know, how bad could it be? A lot of people in the U.S. often are bilingual and Spanish is a common language that you might expect lots of people in a medical facility to know. So I think, you know, again, it just shows the complexities here of even when you’re best positioned to succeed, you often have trouble succeeding as a patient. And when you add in other factors, we really set people up for pretty difficult situations.

Rovner: Yeah, it was kind of eye-opening. Rachel.

Roubein: My extra credit is titled “Her Baby Has a Deadly Diagnosis. Her Florida Doctors Refused an Abortion,” and it’s by Frances Stead Sellers from The Washington Post. I chose the story because it gives this rare window into how an abortion ban can play on the ground when a fetus is diagnosed with a fatal abnormality. So Frances basically chronicles how one woman in Florida, Deborah Dorbert, and her husband, Lee, were told by a specialist when she was roughly 24 weeks pregnant that the fetus had a condition incompatible with life, and the couple decided to terminate the pregnancy. But they say they were ultimately told by doctors that they couldn’t due to a law passed last year in Florida that banned most abortions after 15 weeks. And so that new law does have exceptions, including allowing later termination if two physicians certify in writing that the fetus has a fatal fetal abnormality. So it’s not clear exactly how or why the Dorberts’ doctors said that they couldn’t or how they applied the law in this situation.

Rovner: Yeah, I feel like this is maybe the 10th one of these that I’ve read of women who have wanted pregnancies and wanted babies and something goes wrong with the pregnancy, and an abortion ban has prevented them from actually getting the care that they need. And I just wonder if the anti-abortion forces have really thought this through, because if they want to encourage women to get pregnant, I know a lot of women who want babies, who want to get pregnant, want to have a baby, but they’re worried that if something goes wrong, that they won’t be able to get care. You know, this question of how close to death does the pregnant woman have to be for the abortion to, quote-unquote, “save her life”? We keep seeing it now in different states and in different iterations. Sorry, it’s my little two cents. Joanne.

Kenen: My extra credit is from The Atlantic’s Katherine J. Wu. And the headline is “Eagles Are Falling, Bears Are Going Blind.” It’s about bird flu or avian flu. It does not say it couldn’t jump to humans. It does say it’s not likely to jump to humans, but that we have to be better prepared, and we have to watch it. But it really made the interesting point that it is much more pervasive among not just birds, but other animals than prior, what we and laypeople call “bird flu.” And it’s going to have — 60, something like 60 million U.S. birds have died. It is affecting Peruvian sea lions, grizzly bears, bald eagles, all sorts of other species, mostly birds, but some mammals. And it’s going to have a huge impact on wildlife for many years to come. And, you know, the ecological environment, our wildlife enviornments. And it’s a really interesting piece. I hadn’t seen that aspect of it described. And if you think — and eggs are going to stay expensive.

Karlin-Smith: I was going to say this morning, I actually saw that in Cambodia reported one of the first deaths in this recent wave, of a person with this bird flu. So the question, I guess, is in the past, it hasn’t easily spread from person to person. And so that would be like the big concern where you’d worry about really large outbreaks.

Rovner: Yeah, because we don’t have enough to worry about right now.

Kenen: We should be watching this one. I mean, this is a different manifestation of it. But we do know there have been isolated cases like the one Sarah just described where, you know, people have gotten it and a few people have died, but it has not easily adapted. And of course, if it does adapt, that’s a different story. And then … in what form does it adapt? Is it more like the flu we know, or, I mean, there are all sorts of unanswered questions. Yes, we need to watch it. But this story was actually just so interesting because it was about what it’s doing to animals.

Rovner: Yeah, it is. The ecosystem is more than just us. Well, my story is from Stat News by Calli McMurray, and it’s highly relevant for our podcast. It’s called “Current Treatments for Cramps Aren’t Cutting It. Why Aren’t There Better Options?” And yes, it’s about menstrual cramps, which affect as many as 91% of all women of reproductive age. Nearly a third of them severely. Yet there’s very little research on the actual cause of cramps and current treatments, mostly nonsteroidal anti-inflammatory drugs or birth control pills, don’t work for a lot of people. As someone who spent at least a day a month of her 20s and 30s in bed with a heating pad, I can’t tell you how angry it makes me that this is still a thing with all the other things that we have managed to cure in medicine.

OK. That is our show for this week. As always, if you enjoy the podcast, you can subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review; that helps other people find us, too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying. Also, as always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth — all one word — @kff.org. Or you can tweet me. I’m @jrovner. Joanne?

Kenen: @JoanneKenen

Rovner: Rachel.

Roubein: @rachel_roubein

Rovner: Sarah.

Karlin-Smith: @SarahKarlin

Rovner: We will be back in your feed next week. Until then, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KHN’s What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

A dozen years ago, as a young doctor with a background in emergency medicine, I felt prepared to handle disaster response situations. But I was totally unprepared for the constant exposure to widespread suffering and death that I experienced while providing emergency medical relief after the 2010 earthquake that killed 220,000 people in Haiti.

Read the rest…

The Host

Julie Rovner
KHN

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KHN’s weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

Teen girls “are experiencing record high levels of violence, sadness, and suicide risk,” according to a new survey from the Centers for Disease Control and Prevention. In 2021, according to the survey, nearly 3 in 5 U.S. teen girls reported feeling “persistently sad or hopeless.”

Meanwhile, a conservative judge in Texas has delayed his ruling in a case that could ban a key drug used in medication abortion. A group of anti-abortion doctors is suing to challenge the FDA’s approval decades ago of the abortion pill mifepristone.

This week’s panelists are Julie Rovner of KHN, Alice Miranda Ollstein of Politico, Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico, and Sandhya Raman of CQ Roll Call.

Panelists

Alice Miranda Ollstein
Politico

@AliceOllstein

Read Alice's stories

Joanne Kenen
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico

@JoanneKenen

Read Joanne's stories

Sandhya Raman
CQ Roll Call

@SandhyaWrites

Read Sandhya's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• American teenagers reported record rates of sadness in 2021, with especially high levels of depression in girls and teens identifying as LGBTQ+, according to a startling CDC report. Sexual violence, mass shootings, cyberbullying, and climate change are among the intensifying problems plaguing young people.
• New polling shows more Americans are dissatisfied with abortion policy than ever before, as a U.S. district court judge in Texas makes a last call for arguments on the fate of mifepristone. The case is undermining confidence in continued access to the drug, and many providers are discussing using only misoprostol for medication abortions. Misoprostol is used with mifepristone in the current two-drug regimen but is safe and effective, though slightly less so, when used on its own.
• There are big holes in federal health privacy protections, and some companies that provide health care, like mental health services, exploit those loopholes to sell personal, identifying information about their customers. And this week, Republican Gov. Glenn Youngkin of Virginia blocked a state law that would have banned search warrants for data collected by menstrual tracking apps.
• California plans to manufacture insulin, directly taking on high prices for the diabetes drug. While other states have expressed interest in following suit, it will likely be up to wealthy, populous California to prove the concept.

Plus, for “extra credit” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: NPR’s “Is the Deadly Fungi Pandemic in ‘The Last of Us’ Actually Possible?” by Michaeleen Doucleff

Alice Ollstein: The New York Times’ “Childbirth Is Deadlier for Black Families Even When They’re Rich, Expansive Study Finds,” by Claire Cain Miller, Sarah Kliff, and Larry Buchanan; interactive produced by Larry Buchanan and Shannon Lin

Joanne Kenen: NPR’s “In Tennessee, a Medicaid Mix-Up Could Land You on a ‘Most Wanted’ List,” by Blake Farmer

Sandhya Raman: Bloomberg Businessweek’s “Zantac’s Maker Kept Quiet About Cancer Risks for 40 Years,” by Anna Edney, Susan Berfield, and Jef Feeley

Also mentioned in this week’s podcast:

• The CDC’s “U.S. Teen Girls Experiencing Increased Sadness and Violence”
• The Fun Violence Archive’s “Mass Shootings in 2023”
• The Washington Post’s “Now for Sale: Data on Your Mental Health,” by Drew Harwell

Click to open the transcript

Transcript: The Kids Are Not OK

KHN’s ‘What the Health?’Episode Title: The Kids Are Not OKEpisode Number: 285Published: Feb. 16, 2023

Julie Rovner: Hello and welcome back to KHN’s “What the Health?” I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at Kaiser Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We’re taping this week on Thursday, Feb. 16, at 10 a.m. As always, news happens fast, and things might have changed by the time you hear this. So here we go. Today we are joined via video conference by Alice Miranda Ollstein of Politico.

Alice Miranda Ollstein: Good morning.

Rovner: Sandhya Raman of CQ Roll Call.

Sandhya Raman: Good morning.

Rovner: And Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico.

Joanne Kenen: Hi, everybody.

Rovner: Later in this episode we’ll have the winner of KHN’s health policy valentines contest. I hope everyone had a pleasant Valentine’s Day with someone that you love. But first, this week’s health news. I’m calling our lede segment this week “The Kids Are Not OK,” and we’ll get to the gun violence stuff in a minute. First is news from the Centers for Disease Control and Prevention’s Youth Risk Behavior Survey. And let me just read from the press release, quote, “Nearly 3 in 5 — 57% — of U.S. teen girls felt persistently sad or hopeless in 2021, double that of boys representing a nearly 60% increase, and the highest level reported over the past decade.” According to the survey, teens who identify as LGBTQ+ have, quote, “ongoing and extreme distress. More than 1 in 5 of that group said they had attempted suicide in the year before the survey.” Now, clearly, 2021 was a bad year for most of us. The pandemic was still raging, but the political fights over things like vaccines and masking were raging, too. But these rates of mental health problems found by the biannual survey of high school students has gone up in every report since 2001. Why is this happening? What is wrong with our young people and what can we do to help?

Kenen: Well, whatever’s wrong with our young people is going to also be wrong with our old people. I mean, we create the world in which … I mean, I’m a mother and I’m an aunt and I’m an extended-family motherly person. There’s something about the world that we have created for our young people. Julie, we grew up in the Cold War. We grew up … we don’t remember the missile crisis and things like that. But we did grow up in an era of anxiety, existential threats. And yet, for our generation, it wasn’t as bad as it is for this generation. And in this generation, you look at kids who seem to be on top of the world, and they feel like the world is on top of them.

Rovner: Well, at least in my case, you couldn’t be bullied unless you were in person … which is not true anymore.

Kenen: But even 2000, 2001, it wasn’t. That’s not the only thing going on here. And it’s not only the pandemic. I mean, it’s lots of things.

Ollstein: What really jumped out to me in this data was the really high rates of rape and sexual violence. You know, the CDC has said that 1 in 5 teen girls have experienced sexual violence just in the past year, and more than 1 in 10 say they’ve been forced to have sex. This was grouped together with the mental health, depression, suicidal ideation data, indicating that these things are related. And so I think in order to pinpoint some factors, it really seems like … people don’t know how to relate to each other in a sexual way that’s healthy. I think a lot about the efforts to restrict education about sex and sexuality in schools and how that could potentially make this even worse.

Rovner: And remember, this is a survey of high school students. So these are younger young people, or at least early in their, you know, sexual awareness.

Kenen: Yeah, but there was assault and unwanted … there was ugly stuff in prior generations, tons of it. And it wasn’t … and in some ways it was more secretive and more shameful. I mean, I’m not saying it’s not a problem. It’s obviously a huge problem. Alice is right. But it’s not unique to this generation. It’s hard to measure because we weren’t looking for it. But it certainly wasn’t something that didn’t happen. But I think it was even more secretive in the past. So I agree with Alice, but I don’t think that’s all of it.

Rovner: Sandhya.

Ollstein: And you’re right that it’s hard to know for past generations.

Kenen: But they didn’t ask that question.

Ollstein: Since they’ve been asking, it’s gotten worse. They say it’s … sexual violence is up 20% since 2017. Rape is up 27% since 2019. So since they’ve been investigating this, it’s getting worse.

Raman: I would also add the cyberbullying element is a huge piece. You know, if we were looking at this maybe 20 years ago, that was not the same case. The amount of time that teens and young people spend online is much greater now, even within the data they looked at it — that cyberbullying was a lot higher for teens, for LGBTQ youth. And that has been a broad issue that, even this week in Congress, the Senate Judiciary Committee was looking at protecting kids online. And a huge element of that was cyberbullying. You heard from different parents who had lost a child due to excessive cyberbullying on a lot of these social media apps and due to suicide or other mental health issues. And I think that’s a huge piece of now versus, you know, several years ago.

Rovner: Yeah, I agree. Well, clearly, one factor in the declining mental well-being of high school students is the threat of being swept up in a mass shooting event. As if this week’s shooting at Michigan State University wasn’t awful enough, some of the students who had to shelter in place for hours in East Lansing were also survivors of the Oxford, Michigan, high school shooting in 2021. And there was even one student that we know of who was at Sandy Hook Elementary in 2012. Now, in college, there have been 71 mass shootings, defined as an incident in which four or more people are shot or killed, so far in 2023, according to the Gun Violence Archive, and it’s only the middle of February. And just in time, Gallup reports that 63% of Americans are dissatisfied with the nation’s gun laws. Up 7 percentage points from last year and the highest level in 23 years. Is there any way to get this any closer to the top of the issues for lawmakers to address? I mean, they got something tiny done last year, but it feels like the problem is just exploding.

Raman: No, I was going to say, even last year with the incremental stuff was really difficult to get across the board. And, even going back to the CDC data, there were survey results about how many kids are afraid to go to school right now. And that was one of the factors that was rising. And gun violence is obviously a factor in safety, especially for kids now. But I think on a federal level, getting something additional across the line, especially with this split Congress, is going to be really difficult. It might be more of a state-level thing. I think Michigan is already talking about doing something, but it might have to be more on that end than federal.

Ollstein: Yeah, absolutely. And not only with the divided Congress, but I think a lot of the champions of gun reform on the Republican side have since retired. I’m thinking of Sen. [Pat] Toomey, in particular. And so not only do you have a House-Senate divide, but you don’t have some of the voices on the right calling for this that you’re used to.

Rovner: Yeah, the sides seem to be retreating to the poles, as usual, and the public is not happy about it.

Kenen: Well, one last thing, Julie, really quickly. I mean, I think young people today are very aware of climate as an existential threat, which was not true of prior generations.

Rovner: Yes.

Kenen: And I think kids have this real profound fear. And I think that feeds into the anxiety part of it. At least, you know, they just …

Rovner: Yeah, I think that’s absolutely true. And that’s something that’s been ratcheting up over the past several years as we’ve seen this mental well-being …

Kenen: The pace of damage to the Earth is faster than the scientists had projected.

Rovner: All right. Well, now we’re going to turn to abortion, which is another place where the public is not happy with how it’s being regulated. Yet a different Gallup poll finds Americans more dissatisfied with U.S. abortion policy than any time in 23 years, with a record 69% of adults reporting dissatisfaction. That includes 46% who want less strict laws and only 14% who say they want more restrictions. Yet the political energy seems like it’s with the anti-abortion side, or am I misreading that?

Ollstein: I think there’s a lot of activity on both sides. I mean, Sandhya mentioned Michigan, and I think that’s a spot — along with Minnesota, where Democrats really won big in this past election and want to use their new state-level power to advance some abortion rights measures. But I think you’re seeing a lot more on the “anti-” side, and you’re seeing a lot more splits within the anti-abortion side over how to restrict abortion, how far to go, what kind of exemptions to include, if any. And so you’re seeing a lot more debate, whereas the left, who wants to protect abortion rights, seems a little bit more unified on what they want to do right now. And then, like guns, the federal level is pretty stalemate, roadblock. Nothing much is going to happen there.

Rovner: But also, I think it’s that, you know — and I’m as guilty of this as anybody — that the journalists would rather cover squabbles than people who are actually together. So maybe it’s getting a little more ink. Well, it continues to look like a single federal judge in Texas might well try to ban the abortion pill. mifepristone nationwide. Trump appointee Matthew Kaczmarek did not rule as expected last week in a case charging FDA with wrongly approving the drug 22 years ago. Rather, the judge gave the parties two more weeks to submit briefs, which seems to have prompted every party with the least bit of interest in this case to file amicus briefs. I have never seen anything like this at the federal district court level. It looks like a major Supreme Court case, but it’s not. Has anybody else seen anything like this? I mean, this case seems to be taking on as much importance as your average big Supreme Court case.

Ollstein: It very well could be a Supreme Court case in the future. And I think that’s reflected there, too. And I also want to note that part of the reason for the couple of weeks of delay the judge ordered was to allow the drugmaker to have time to submit arguments because the drugmaker, Danco [Laboratories], says that the different parties in the suit, even the FDA, aren’t really representing their interests and they want to argue for the right to market their product. So that’s pretty interesting. But then, yeah, you have the attorneys general, Democrats, and Republicans lining up on either side of the case. The Republican attorneys general saying, “We support banning this medication nationwide” and the Democratic attorneys general saying, “No, let’s trust the FDA and their scientific process to approve this drug.”

Kenen: I mean, I think there’s sort of a significance in how it’s described because you can say, well, Congress gave the FDA the power to approve drugs. But the anti-abortion movement does not call this a medication abortion. They call it chemical abortion. And therefore, they’re treating this not as a drug but as a lethal chemical. You know, whether the judge goes along with that thinking … we know he’s a strongly anti-abortion judge. There’s no question. And there’s a widespread anticipation that he is going to rule with the anti-abortion side. But we never know what a judge is going to do until a judge does it. And Alice has covered this much more closely than I have, so she’ll probably want to weigh in more. But the issue is, is he going to think that the court should overrule the FDA or is he going to think this is a, quote, “chemical,” not a, quote “medication,” and therefore that the FDA is irrelevant? And I mean, Alice, you can give a better restatement of what I just said since you’ve written about it.

Rovner: I want to respond to Alice’s earlier point about the drug company wanting to get involved, because the big question here, not to get into too much legal minutiae, is why did the people who are suing have standing to sue? They have not been injured by the ability to sell this drug for 22 years. No one’s making them buy it. Arguably, the only party that has standing is the drug company, because if it was cut off, they would lose money. They have an obvious injury here. So the legal niceties of this may not go together either. Alice, do you want to do a follow-up?

Ollstein: Yeah, I mean, to go to the standing issue, the people challenging the FDA approval here are conservative doctors who say that they’ve had to do follow-up treatment for patients who’ve taken the abortion pill and then need follow-up treatment, and that takes their time and attention away from treating other patients. I mean, doctors treating a patient, that’s kind of their job. So I think there’s definitely a question on harm and standing there. Just a couple of thoughts on the case. Abortion rights groups both say that this could be an absolute crisis, disaster across the country. But then they also point out that people will still be able to have medication abortions because the two-pill regimen that’s been used for 20 years, it can still work with just the second pill. So this case is about banning the first pill. The different providers who have spoken out say we’re preparing to just provide abortions via the second pill, if needed.

Rovner: And that second pill, misoprostol, is not going to be pulled off the market. It’s used for many, many things. It just happens it also can end a pregnancy.

Ollstein: Exactly. Way harder to ban. And that’s one thing. Medication abortions will still continue if the judge rules how people expect him to. You know, another thing with all the amicus briefs and the drug company intervening as people are bringing up, if we allow someone to come in 20 years after the fact and challenge FDA approval of something, doesn’t that open Pandora’s box to people challenging all kinds of things, I mean, vaccines and whatnot? And won’t that cause chaos and not make drug companies feel like they can trust the process and have confidence in bringing drugs to market in the U.S.? So that’s another piece of the puzzle as well.

Raman: I would add that there’s already a little bit of chaos because, you know, whatever ruling we have, likely later this month, is almost definitely going to be appealed and then probably appeals again. So it’s going … we could have a back-and-forth process where providers might go one way and then the other. And then, in the contingency stuff they’ve been doing, piggybacking on what Alice was saying, is that if they do this misoprostol regimen, it’s not as straightforward as the two-dose that you’re used to in that there are different amounts of dosage, you might have to do repeated dosages. It’s not as simple, even if that’s done in a lot of other parts of the world. And then some providers have said that they would also just switch to doing all surgical abortions. But that also is more timely. You’d have to do the whole thing in clinic rather than send someone home with the pill. And then that is going to take longer. You’re going to schedule fewer patients. There’s already that many different contingency plans that these clinics are going to have to do regardless of what we hear down the line and through the appeals process.

Rovner: We already know that clinics are backed up from women coming from other states. So patients are having to wait longer to get abortions. And, you know, as … it gets further along, you have to do different procedures that are more expensive. It’s already piling up in different places. Well, speaking of some other different places, we’re seeing a lot of national pro- and anti-abortion groups getting involved in a Wisconsin Supreme Court election, of all things. What is up with that?

Ollstein: Well, that could decide the fate of abortion access in that state. You know, you have the split of a Democratic governor and a Republican legislature. So things really could come down. You know, the state had a pre-Roe ban that went into effect. So things are expected to come down to the makeup of the Supreme Court. And so you’re having just tons of outside money being poured into this race for that reason and really putting a spotlight on how much power are these state supreme courts have. And it’s true in other states as well. And there are many cases pending in different states. You know, I’ve been following the Kentucky one, in particular, but there are a bunch of different cases pending before a state supreme court that could really re-legalize or maintain the ban on abortion.

Kenen: There are also election issues and, on abortion, in the state of Wisconsin, election rules, election certification issues that it’s one of the three or four states where that’s really a hot potato. And that’s another reason this race is getting so much attention. I mean, it’s the state Supreme Court race that’s getting a huge amount of national attention and national money. So there are several issues I would agree with Alice on. The No. 1 is probably abortion. But it’s not only abortion.

Raman: And it’s interesting because this is the first time that EMILY’s List has endorsed ever a state Supreme Court race. And I think another thing to consider is that, you know, this is still considered a nonpartisan race since it’s a court seat. I mean …

Rovner: In theory.

Raman: In theory, yes. Even though all of these groups are looking at the histories of how people have ruled in the past. But I think that’s another thing that makes it a little bit more interesting given it’s not strictly a Democrat or Republican endorsement, like a lot of the other things that we’ve been following.

Rovner: Yes. And I saw on the other side the Susan B Anthony List, the anti-abortion group, said … put out a press release this week saying they’re going to have six-figure spending in Wisconsin on this race. So …

Kenen: It’ll be very good for the Wisconsin economy.

Rovner: It will be very good for the Wisconsin economy. Well, anti-abortion lawmakers are busy in a bunch of states pursuing another new trend, giving tax breaks to so-called crisis pregnancy centers that, at least when abortion was legal, lured pregnant women in by pretending to be an abortion clinic and then trying to convince them not to terminate their pregnancies. Missouri has already allowed donors to these crisis pregnancy centers to write off contributions on their state taxes. Now, Kansas, Arkansas, and Oklahoma are considering similar programs, but Kansas is the only one of those states where abortion is still legal. What are CPCs going to do now that they can’t pose as abortion facilities?

Raman: I think there’s still a lot of confusion for folks. I mean, given how a lot of these laws have been changing back and forth. I mean, even as folks that follow this very closely, there’s so many different things where someone … I think we’ve looked at polling before where people don’t always know: Is abortion illegal or not legal in our state? Or at what point? It’s difficult to keep track of, with so many changes going back and forth. So I think that there could feasibly still be people who might be looking for an abortion that don’t understand or — we’ve seen that a lot of these clinics have also bought a lot of ads so that you might be searching for an abortion and you get redirected to one of these clinics. So I think there’s still overlap in folks that might be searching for one and end up at another.

Kenen: I don’t know how much online presence they have, because that could be across state lines. You know, if someone’s on or near a border, there’s all sorts of … people might think that surgical abortions are legal, but medication is not, or that they can or someone could help them order pills. You can never underestimate how confused Americans are about any number of things. So … but they also might …

Rovner: This is confusing, to be fair.

Kenen: Yes. But they also might concentrate their efforts less on the no-abortion states and move more to the abortion states. Or they may advertise in ways that captures or attempts to capture people who are looking to go out of state or to get a cross-state-line prescription, whatever. They can promote themselves in different ways. Or they may also just decide to not do as much in Texas and do a lot more in upstate New York. I mean, I don’t know how they’re going to totally respond to the legal landscape either.

Ollstein: Yeah. And they’ve also become sort of a legal force of their own. I know they’re involved in challenging some of California’s pro-abortion rights policies. The CDC is specifically. So they also have … are trying to play a role on that front, in addition to direct patients’ interface or however we want to phrase it.

Rovner: All right. Well, while we’re talking about patients’ privacy, I want to talk about data. First, a kind of terrifying story from The Washington Post this week details how data brokers have been selling the names and addresses of people with depression, anxiety, and other mental health disorders so they can be advertised to. A lot of this has come from people using mental health apps or websites that are not covered by the HIPAA privacy rules because they are not technically covered health entities. A separate story this week notes how Virginia Gov. Glenn Youngkin helped defeat a bill in the Virginia legislature to provide legal protections to women’s menstrual data contained in period tracking apps. A Virginia official who was opposing the bill said it would put limits on search warrants, which could lead to other problems down the road. One researcher described the privacy practices of the vast majority of mental health apps as, quote, “exceptionally creepy.” How concerned should we be about all of this?

Kenen: I found that really horrifying. And a family friend who had been looking for a therapist and I said, well, maybe — and they were having trouble finding somebody in network and it’s very expensive — and I said, “Well, maybe you should look into some of the online ones that do take insurance.” And after reading that, I told that person, “I’m not so sure that it’s a good idea.” And we do have a shortage of mental health providers in this country. We have an even greater shortage of mental health providers that take insurance. There’s been a lot of talk about how telemedicine for mental health is at least part of the answer. But this should really raise … because they’re not just selling de-identified data. Some of them in that article were selling people’s names, address, diagnosis, and medical history. If it was truly, truly, truly de-identified, it’s different then. And that can be used for research. But a lot of what’s so-called de-identified isn’t de-identified. And this doesn’t even pretend to be. This is, like, search, and you can find out who the person is, an awful lot of intimate detail about their lives. So unless there’s some real safeguards, would you want any of your medical data with your name on it being sold? No. It is. It is being. But …

Rovner: When the HIPAA rules first went into effect, which was around the year 2000, actually  it took a few years — researchers came to Capitol Hill screaming because they were afraid they weren’t going to be able to get any of this de-identified data and they weren’t going to be able to continue to do research. Now, we seem to have gone far in the other direction. And I know that there are efforts on Capitol Hill to do things to update the women’s reproductive information, keeping that private. Anybody think that they might get into an expansion of HIPAA? I mean, that’s really all it would take would be to create more covered entities.

Raman: Yeah, it isn’t as much about the expansion of HIPAA, but there have definitely been pretty concerted efforts to get … the U.S. doesn’t have a comprehensive data privacy law. You know, in contrast to, like, the EU or something. And that has been a big effort for the lawmakers that are focused on tech policy for a while. Even the hearing earlier this week with Senate Judiciary, they brought up several bills. And the issue has been that all of these issues are bipartisan, folks are on board. It’s just not enough people are on board, and little things that have been getting in the way there. And so that has been an issue. And I think even during that hearing, we had one researcher bring up different sites — like NEDA, which is mentioned in some of these lawsuits by some of the hospitals — have been collecting all of this data. But then they, as researchers, are not able to get access to that data, and that would be extremely beneficial for them to be able to say this is what the impact of some of these things are on kids. So it’s a Catch-22 where it’s, like, OK a) we’re not having the research be able to get the data, b) we’re having it sold in a malicious way and c) we haven’t been able to find a solution to mitigate all of this.

Kenen: Yeah, I don’t know about the prospects for a gigantic tech bill because it has many components and they’re controversial and hard to get 60 votes for. But I think there’s a difference between selling stuff about who bought shoes versus someone who is on an anti-psychotic or an antidepressant or whatever, or getting marital counseling, whatever. I mean, these are not the same issue as the whole constellation of tech issues. I can see this being something bipartisan. HIPAA has been updated a little bit, but the fundamental HIPAA law dates back to what, ’96, Julie? … I think that’s when it was.

Rovner: Yeah, although …

Kenen: It has been updated, but it hasn’t been overhauled to really fit the cyber universe we live in.

Rovner: But also Congress never really did HIPAA. People don’t remember this: The 1996 law basically had a provision that said Congress needs to fundamentally address privacy if we’re going to move more towards digital health records, which at the time was starting to happen. And if they don’t, then the secretary of Health and Human Services is authorized to put out regs. And guess what? Congress didn’t do it. So the HIPAA regs that we have now were put out at the end of the Clinton administration. Congress was never able to come together on this. So now things have obviously gotten worse.

Kenen: Yes. And since the Supreme Court now doesn’t like agencies regulating that, that seems to create an entire new existential question. But do I think that medical privacy is something that you could find some kind of bipartisan lanes on? I don’t think a lot of bipartisan things are going to happen in the next two years. This does seem to be one of the few areas that is not a red-blue ideological issue. And I can see Republicans and Democrats being horrified by some of this and maybe not totally sealing it up, but putting … better guardrails on what can be brokered.

Raman: One of the issues has been, I think even in the past, was that California is the one state that has implemented a few layers of very intense data privacy laws. And so, you know, when you have people in leadership that are in from California and it’s hard to get some of those compromises across when it might be more watered down than something California has and take precedent being federal. So it’s one of the many layers of why it’s been difficult over the past year to get any of this stuff done.

Rovner: Well, we should note that the Biden administration is actually working on some enforcement. Earlier this month, the Federal Trade Commission fined the prescription drug discounter GoodRx $1.5 million for illegally sharing customer’s personal health information. It was the very first enforcement action under a 2009 law that applies to health record vendors and others not covered by HIPAA. So at least there’s one avenue where this could be pursued. I imagine we’ll be seeing more of that if not, you know, whether or not they can reach all of these things seems unlikely.

Kenen: Yeah, doing it piecemeal does not seem to be the approach, and I’m not even sure how much $1.5 million is for GoodRx. I don’t think that’s a lot of money for any major pharmaceutical entity.

Rovner: No. And there are a lot of people who use it. All right. Well, finally this week, while we’re talking about drugs, I’ve been trying to get to this for a while. California has — speaking of California, things that other states haven’t done — California has decided to try to limit the cost of insulin for people with diabetes by manufacturing it itself. Could this set a precedent to really disrupt the insulin market, or is California just so big and wealthy that it’s basically the only state that could do something like this — or only state they would do something like this?

Ollstein: So I will note that Gov. [Gretchen] Whitmer in Michigan has also proposed state manufacturing of insulin. So California might not be the only one. I think the idea is that insulin is pretty cheap to manufacture. It’s become the poster child for out-of-control drug prices for that reason — the disparity between what it costs for patients and what it costs to make is so vast. And so I think you are likely to have a few states. But I think it will take a state doing it successfully to get a significant number of others to follow.

Rovner: I think there might be a thought that because California is so big, it could disrupt the market elsewhere — I mean, in the country. That strikes me as a reach. But it’s, you know, Congress, again — talking about things that Congress can’t do — they managed to limit insulin prices for people on Medicare, but not even for everybody else.

Kenen: There was also a good piece in The Atlantic, maybe two or three months ago, that some of these new diabetic drugs, which are injectables and very expensive, mean you don’t need insulin. So … but by addressing making insulin really cheap, which is a good … I mean so people who are on insulin and need insulin … but there are some people who actually could take one of these other drugs and then they wouldn’t be able to afford these other drugs, which might be better for them. And then they’ll end up on cheap insulin. So it’s always more complicated than it sounds. And I also think there’s different kinds of insulin. Someone else on the panel might, you know, that I’m not sure that …

Rovner: There are lots of different formulations.

Kenen: There are two major kinds of diabetes, obviously, Type 1 and Type 2. And then there’s different patients with different degrees of … you know, how far their other health conditions is advanced, etc., etc. So cheap insulin is not even a solution for diabetes. It’s one part of a solution for one of many chronic diseases in America.

Rovner: Well, we will never not have enough things to talk about. That is the news for this week. Now it is time for our extra-credit segment. That’s when we each recommend a story we read this week we think you should read, too. As always, don’t worry if you miss it. We will post the links on the podcast page at khn.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Joanne, why don’t you kick us off this week?

Kenen: Yes. This was a collaboration between NPR, Nashville Public Radio, and Kaiser Health News, aired on NPR by Blake Farmer. “In Tennessee, a Medicaid Mix-Up Could Land You on a ‘Most Wanted’ List.” And basically, Tennessee is cracking down on Medicaid fraud. Most Medicaid fraud is actually from doctors and other health care providers — there have been a bunch of home health scandals and so forth. The amount of fraud and the amount of money involved in patient fraud is small, and yet they’re spending a huge amount of money to try to capture a small amount of fraud. And there are huge mistakes. Like the person in this article was just … she was entitled to Medicaid. She did nothing wrong. But they publicly … like, they don’t even wait for you to be convicted. They’re publishing …  they’re making public the charge. This woman turned out to be … it had to do with an old address on … an expired driver’s license that got the system confused. She was doing nothing wrong, and yet she was completely blacklisted, employment and everything else because she was accused of being a felon in publicly available databases. So, a) are they looking in the right place for fraud? And b) are they protecting people’s rights? Clearly the latter they are not because they were publishing … people were accused but not convicted, and then they weren’t removing it in a timely, effective way. So this woman is, like, unemployable. She can’t rent an apartment, and she did nothing wrong. So there’s a whole series of abuses in this story. Not that Medicaid fraud is a good thing. Medicaid fraud is a bad thing, but this is not the way to go after it.

Rovner: This was one in a series of horrifying stories this week. Alice, you have another horrifying story.

Ollstein: Yes. Although this is under the banner of more evidence to bolster the upsetting things that we sort of already knew. This is a really good piece from The New York Times, laying out a lot of data to show that there is these differences in maternal mortality between Black and white women that can’t be attributed to income, showing that even wealthier Black women still face much worse outcomes. And so they say, you know, even when you account for income, even when you account for education and a lot of other factors, there are still these impacts of structural racism in the health system that continue to put Black mothers more in danger. And so this is coming at a time when there’s a lot of focus on this. But there has been sort of a lot of focus on the income, socioeconomic side and people recommending that states expand postpartum coverage of Medicaid. And that certainly is recommended, and experts think that would help. But this shows that it won’t completely solve the problem and there are other factors to address.

Kenen: And it’s not just in maternal mortality. I mean, the racial disparities in health care are not just income-related.

Rovner: And finally, Sandhya, you have a story from one of our fellow podcast panelists.

Raman: Yeah, the story I picked is “Zantac’s Maker Kept Quiet About Cancer Risks for 40 Years,” and that’s at Bloomberg News from Anna Edney, Susan Berfield, and Jef Feeley. And this was a really great story about Zantac, the heartburn and reflux drug that was once one of the world’s best-selling prescription medications. And then in 2020, it was pulled off the U.S. market over cancer risks. And the article goes through how since its beginnings, Glaxo’s own scientists, the drugmaker, had warned that it could be dangerous, but proving some of this has been a little difficult. … But the story goes through some of the documents that show that Glaxo chose not to look into this, even though the leading health agencies — EPA, FDA, WHO — all say NDMA is a carcinogen.

Rovner: Yeah, it’s quite the investigation. Well worth reading. Well, my story is a little less horrifying than everybody else’s. It’s from my former NPR Science Desk colleague Michaeleen Doucleff and it’s called “Is the Deadly Fungi Pandemic in ‘The Last of Us’ Actually Possible?” And I will cut to the chase. The answer is most almost certainly no. But that’s not to say we shouldn’t be worried about fungi and fungal diseases, particularly as the Earth continues to warm, which is what touches off the pandemic in the video game/HBO miniseries that’s airing now. There are new fungal diseases that can be pretty nasty, too, but zombies, almost certainly not. Well, maybe, certainly not. Anyway, listen to or read Michaeleen’s story. Before we go, this week was Valentine’s Day and, as promised, we have the winner of KHN’s best health policy valentine, as chosen by our editors and social media staff. This year’s winner is Jennifer Goldberg, and it goes as follows: “Roses are red, candy is sweet. Adding #Dental to #Medicare makes it more complete!” Congrats to Jennifer and thanks everyone for your creative health policy valentines.

OK, that’s our show for this week. As always, if you enjoy the podcast, you can subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review — that helps other people find us, too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying. As always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth — all one word — @kff.org. Or you can tweet me. I’m @jrovner. Joanne?

Kenen: @JoanneKenen

Rovner: Sandhya?

Raman: @SandhyaWrites

Rovner: Alice.

Ollstein: @AliceOllstein

Rovner: We will be back in your feed next week. Until then, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KHN’s What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The World Health Organization, the Pan American Health Organization and the Government of Barbados recently co-hosted a ‘SIDS High-level Technical Meeting on NCDs and Mental Health’ in recognition of the high burden of NCDs and the impact of climate and COVID-19 on health and economies in Small Island Developing States (SIDS).

The two-day Small Island Developing States (SIDS) High-Level Technical Meeting on Non-communicable Diseases (NCDs) and Mental Health recently concluded at the Hilton Barbados Resort on January 18, 2023. Over 120 technocrats and policymakers from SIDS countries attended the meeting to advance domestic action on NCDs and mental health in SIDS territories.

Suggestions coming out of the Technical meeting will be put forward at the Ministerial Conference on NCDs and Mental Health which will also be held in Barbados in June this year.

HCC was present and hosted side events on childhood obesity, breakout sessions on commercial determinants of health, and addressing conflicts of interest along with a civil society briefing co-hosted with the NCD Alliance.

Here is are some pictorial highlights of the 2 day meeting.

The opening plenary

HCC & NCD Alliance civil society briefing meeting

Breakout sessions on commercial determinants of health, and addressing conflicts of interest

HCC side event on childhood obesity

NCD child side event, youth and NCDs

Day 2 highlights

The post SIDS High-level Technical Meeting on NCDs and Mental Health, 17-18 January 2023 appeared first on Healthy Caribbean Coalition.

The Healthy Caribbean Coalition (HCC) has led the development of this discussion paper in collaboration with a group of like-minded civil society representatives from other Small Island Developing States (SIDS) regions, and with the support of the NCD Alliance (NCDA), a global network of CSOs also dedicated to NCD prevention and control worldwide.

This discussion paper was developed as a contribution to the High-Level Technical Meeting and Ministerial Conference on NCDs and Mental Health in SIDS, which will be convened by the World Health Organization (WHO) in Barbados, in January and June 2023 respectively.

This discussion paper outlines the unique characteristics of SIDS and the challenges they face, particularly related to their size, geography, and small populations; constraints for achieving economies of scale due to their small domestic markets, limited resources, and undiversified economies; and threats from the climate crisis and food and nutrition insecurity. These challenges, among others, have been aggravated by the 2019 coronavirus (COVID-19) pandemic, which has put at further risk SIDS’ efforts to mount efficient and effective responses to their disproportionate burden of NCDs, using approaches that are equity- and rights-based, multisector, and multistakeholder.

Civil society is a critical stakeholder, along with government and the private sector free from conflicts of interest, in the response to the major NCDs—heart disease and stroke, diabetes, cancer, chronic respiratory diseases, and mental, neurological, and substance abuse disorders (MNSDs). CSOs advocate for and contribute to interventions that address NCDs and their risk factors—particularly poor diets, tobacco use, alcohol use, physical inactivity, and air pollution—as well as the determinants of health—social, economic, environmental, commercial, political, legal, and other non-medical factors that strongly influence health outcomes. In producing this discussion paper, HCC, NCDA, and SIDS civil society representatives analysed the NCD situation in SIDS across various regions, built on global and regional frameworks for the reduction of NCDs and their underlying causes, and identified priorities, recommendations, and key asks for inclusion in the report of the January 2023 High-Level Technical Meeting and the outcome document of the June 2023 Ministerial Conference on NCDs and Mental Health in SIDS.

Read or download the discussion paper.

Authors welcome comments on this discussion paper at hcc@healthycaribbean.org until 28 February 2023.

 

The post Noncommunicable Diseases and Mental Health in Small Island Developing States – A Discussion Paper by Civil Society appeared first on Healthy Caribbean Coalition.

Brill, whose family hails from Puerto Rico, knows that just discussing the term in some Spanish-speaking cultures is so frowned upon that many callers are too scared to even admit that they’re calling for themselves.

Read the rest…