Dieciocho meses después de que April Adcox se enterara de que tenía cáncer de piel, el pasado mes de mayo, regresó por fin a la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston para recibir tratamiento.

Para entonces, la zona rojiza a lo largo de la línea del cabello había pasado de ser un círculo de 2 pulgadas a cubrirle casi toda la frente. Supuraba líquido y le dolía.

“La verdad es que esperaba morir de esto, porque pensaba que eso era lo que tenía que pasar”, afirmó la mujer de 41 años, madre de tres hijos y residente en Easley, Carolina del Sur.

Adcox se había reunido por primera vez con los especialistas del centro médico a finales de 2020, después de que una biopsia diagnosticara un carcinoma basocelular. La operación para extirpar el cáncer requeriría varios médicos, le dijeron, incluido un neurocirujano, debido a lo cerca que estaba de su cerebro.

Pero Adcox no tenía seguro. Había perdido su trabajo en una fábrica de automóviles en los primeros días de la pandemia y, en el momento del diagnóstico, sentía pánico ante la complejidad de la operación y la perspectiva de una factura elevada. En lugar de seguir el tratamiento, intentó camuflar la zona cancerosa en expansión durante más de un año con sombreros y flequillos largos.

Si hubiera padecido cáncer de mama o de cuello uterino, probablemente habría tenido derecho a cobertura por una ley federal que amplía el Medicaid a los pacientes de bajos ingresos diagnosticados con esos dos tipos de cáncer.

Para las mujeres con otros tipos de cáncer, así como para casi todos los hombres, las opciones son escasas, especialmente en Carolina del Sur y los otros 11 estados que aún no han implementado la expansión de Medicaid, según oncólogos y expertos en política sanitaria que estudian el acceso a la atención.

Los estudios demuestran que, a veces, los adultos sin seguro retrasan la atención, lo que puede perjudicar las probabilidades de supervivencia. Pero que los pacientes obtengan un seguro para cubrir el tratamiento se parece un poco al juego de la ruleta, es decir, depende de dónde vivan y del tipo de cáncer que padezcan.

“Es muy aleatorio; creo que eso es lo más desgarrador”, afirmó el doctor Evan Graboyes, cirujano de cabeza y cuello, y uno de los médicos de Adcox. “Vivir o morir de cáncer no debería depender del estado en el que vives”.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) dio a los estados la opción de ampliar Medicaid para cubrir a más personas. Poco después de la aprobación de la ley, sólo el 2,6% de los adultos de 18 a 64 años con un nuevo diagnóstico de cáncer carecían de seguro en los estados de Medicaid ampliado frente al 7,8% en los estados sin expansión, según un estudio publicado en JAMA Oncology en 2018.

Investigadores de la Sociedad Americana del Cáncer, que realizaron el análisis, estiman que unas 30,000 personas sin seguro son diagnosticadas con cáncer cada año.

Pero en todos los estados, los pacientes sin seguro, de bajos ingresos, con cáncer de mama o de cuello uterino pueden obtener cobertura, incluso si no califican para Medicaid.

Los adultos con cáncer detectado a través del Programa Nacional de Detección Temprana de Cáncer de Mama y de Cuello Uterino pueden inscribirse en Medicaid durante la duración de su tratamiento contra el cáncer, gracias al activismo y la legislación federal que comenzó hace más de tres décadas.

En 2019, se inscribieron 43,549 pacientes con estos tipos de cáncer, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) publicado en 2020.

“Si te diagnostican cáncer de mama o de cuello uterino, tienes suerte”, dijo la doctora Fumiko Chino, oncóloga radioterapeuta del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, que estudia el acceso y los costos del tratamiento del cáncer. “De no ser así, puedes enfrentar obstáculos importantes”.

El importe total facturado a la aseguradora durante el año siguiente a un diagnóstico de cáncer puede ser abultado. Por ejemplo, los costos en 2016 ascendieron a un promedio de $168,730 por cáncer de pulmón y $137,663 por cáncer colorrectal, según un estudio de 2022 que calculó las reclamaciones a la aseguradora por varias neoplasias malignas comunes diagnosticadas en pacientes con seguro privado.

Dado que los adultos sin seguro pueden tener dificultades para pagar la atención preventiva, su cáncer puede no ser identificado hasta que esté avanzado, por lo que es más costoso para el paciente y el sistema de salud, explicó Robin Yabroff, autor del estudio en JAMA Oncology y vicepresidente científico de la Sociedad Americana del Cáncer.

Los pacientes que no pueden obtener ayuda financiera a través de un centro de la red a veces acumulan deudas médicas, utilizan tarjetas de crédito o lanzan campañas de recaudación de fondos en internet, dijo Yabroff. “Nos cuentan historias de personas que hipotecan sus casas para pagar el tratamiento del cáncer”.

Los pacientes de cáncer pueden adquirir un seguro a través del mercado de seguros de salud de ACA. Pero a menudo deben esperar hasta el período de inscripción regular al final del año, y esos planes de salud no entran en vigor hasta el comienzo del año siguiente.

Esto se debe a que la ley federal fue diseñada para animar a la gente a inscribirse cuando están sanos, lo que ayuda a controlar los costos, señaló MaryBeth Musumeci, profesora de política y gestión de la salud en la Universidad George Washington en Washington, DC. Si un nuevo diagnóstico te calificara para la nueva cobertura, dijo, “entonces se incentivaría a la gente a permanecer sin seguro mientras están sanos y piensan que no van a necesitar cobertura”.

Mientras tanto, el acceso a la cobertura de Medicaid para pacientes de bajos ingresos con cáncer de mama y de cuello uterino, es una historia de éxito que se remonta a una ley de 1990 que creó el programa nacional de cribado de mama y cuello de útero. Las mamografías empezaron a recomendarse de forma generalizada en la década de 1980, y los activistas presionaron para llegar a más personas desfavorecidas, explicó Katie McMahon, directora de políticas de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer.

Sin embargo, una investigación demostró que algunos adultos sin seguro tenían dificultades para recibir atención por los cánceres detectados a través de los cribados, dijo McMahon. Una ley del año 2000 permitía a los estados extender Medicaid a estas personas, y en 2008 los 50 estados y el Distrito de Columbia ya lo habían hecho, según el informe de la GAO de 2020.

Para otros enfermos de cáncer, una de las vías de cobertura que les quedan, según Chino, es reunir los requisitos para la discapacidad a través de la Administración de la Seguridad Social, tras lo cual pueden solicitar Medicaid. La agencia federal tiene una larga lista de criterios para los pacientes con cáncer. También cuenta con el programa Compassionate Allowances, (Beneficios por Compasión), que ofrece revisiones más rápidas para pacientes con determinadas afecciones médicas graves, incluidos cánceres avanzados o agresivos.

Aunque las normas varían, muchos pacientes no califican hasta que la enfermedad se ha extendido o el cáncer requiere al menos un año de tratamiento intenso, explicó Chino. Esto supone un dilema para las personas que no tienen seguro pero padecen cánceres curables.

“Para tener derecho a Medicaid, tengo que esperar a que mi cáncer sea incurable”, dijo, “lo cual es muy deprimente”.

Por ejemplo, el programa de Beneficios por Compasión no incluye el carcinoma basocelular, y sólo cubre el cáncer de cabeza y cuello si se ha extendido a otras partes del cuerpo o no puede extirparse quirúrgicamente.

Adcox dijo que antes de su operación de 12 horas, el pasado mes de junio, su solicitud de ayuda económica a la Universidad Médica de Carolina del Sur estaba aún pendiente. Alguien del hospital calculó que su factura ascendería a $176,000 y le preguntó cuánto podía adelantar. Consiguió reunir $700 con la ayuda de sus seres queridos.

Pero pudo optar a una ayuda económica y no ha recibido ninguna factura, salvo de un proveedor externo de servicios de laboratorio. “Se acabó”, exclamó Adcox. Desde entonces ha recibido radioterapia y se someterá a más operaciones reconstructivas. Pero ya no tiene cáncer. “No me ha matado. No me mató”.

Aun así, no todo el mundo encuentra una red de seguridad.

Brian Becker, de El Paso, Texas, no tenía seguro ni trabajo cuando supo que padecía leucemia mielógena crónica en el verano de 2021, según contó Stephanie Gamboa, su ex mujer y madre de su hija pequeña. Su médico oncólogo le exigió un pago por adelantado, dijo, y tardó varios meses en pedir prestado el dinero suficiente.

Empezó la quimioterapia al año siguiente y, con el paso de los meses, perdió peso y se debilitó, volviendo a urgencias con infecciones y un empeoramiento de la función renal, explicó Gamboa. La última vez que su hija vio a su padre, “no podía levantarse de la cama. Era literalmente piel y huesos”, dijo Gamboa.

Becker inició los trámites para solicitar prestaciones por incapacidad. El mensaje de texto que envió a Gamboa, y que ella compartió con KHN, decía que la revisión de su solicitud comenzó en junio de 2022 y se esperaba que durara seis meses.

La carta de denegación, fechada el 4 de febrero de 2023, llegó más de un mes después de la muerte de Becker en diciembre, a los 32 años. Decía en parte: “Basado en una revisión de sus condiciones médicas, usted no califica para beneficios en esta reclamación”.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host

Julie Rovner
KHN

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KHN’s weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

Several states have begun the herculean task of redetermining how many of an estimated 85 million Americans currently receiving health coverage through the Medicaid program are still eligible. To receive federal covid-19 relief funds, states were required to keep enrollees covered during the pandemic. As many as 15 million people could be struck from the program’s rolls — many of whom are still eligible, or are eligible for other programs and need to be steered to them.

Meanwhile, the trustees of the Medicare program report that its Hospital Insurance Trust Fund should remain solvent until 2031, three years longer than it projected last year. That allows lawmakers to continue to put off what are likely to be politically unpleasant decisions, although they will eventually have to deal with Medicare’s underlying financial woes (and those of Social Security).

This week’s panelists are Julie Rovner of KHN, Alice Miranda Ollstein of Politico, Amy Goldstein of The Washington Post, and Rachel Roubein of The Washington Post.

Panelists

Alice Miranda Ollstein
Politico

@AliceOllstein

Read Alice's stories

Amy Goldstein
The Washington Post

@goldsteinamy

Read Amy's Stories

Rachel Roubein
The Washington Post

@rachel_roubein

Read Rachel's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• The Medicaid “unwinding” is likely to strip health coverage not just from millions of people who are no longer eligible for the program, but also from millions of people who still are. States are supposed to take their time reevaluating eligibility, but some are rushing to disenroll people.
• Another complication in an already complicated task is that many Medicaid workers hired during the pandemic have never actually redetermined Medicaid eligibility for anyone, because states had been required to keep people who qualified on the program.
• Grimly, some of the extra years of solvency gained in the Medicare Hospital Insurance Trust Fund are a result of pandemic deaths in the 65-and-older population.
• The Department of Health and Human Services has issued payment rules for Medicare Advantage Plans for 2024. The agency ended up conceding at least somewhat to private plans that for years have been receiving more than they should have from the U.S. Treasury. The new rules will work to shrink those overpayments going forward, but not try to recoup those from years past.
• The situation with “first-dollar coverage” of preventive services by commercial health plans is becoming a bit clearer following last week’s decision in Texas that part of the Affordable Care Act’s preventive services mandate is unconstitutional. Judge Reed O’Connor (who in 2018 ruled the entire health law unconstitutional) issued a nationwide stay on coverage requirements from the U.S. Preventive Services Task Force, saying it is a volunteer organization not subject to the oversight of the Health and Human Services secretary. The federal government is already appealing that ruling.
• But O’Connor’s decision is not quite as sweeping as first thought. He banned required coverage only of the task force’s recommendations made after March 23, 2010 — the day the ACA was signed into law. Earlier recommendations stand. O’Connor also did not strike preventive services recommended by the Health Resources and Services Administration and the Centers for Disease Control and Prevention’s Advisory Committee on Immunization Practices, since those agencies are overseen by an official appointed by the president and confirmed by the Senate.
• In abortion news, the liberal candidate for a Supreme Court seat in Wisconsin, Janet Protasiewicz, defeated her conservative opponent to switch the majority on the court from 4-3 conservative to 4-3 liberal. That ideological shift is likely to preserve abortion rights in the state, and possibly stem the ability of the GOP legislature to continue to draw maps that favor Republicans.
• Meanwhile, states in the South are continuing to pull back on abortion access. The Florida legislature is moving rapidly on a bill that would ban the procedure after six weeks of pregnancy, while in North Carolina, a single legislator’s switch from Democrat to Republican has given the latter a supermajority in the legislature large enough to override any veto of the Democratic governor, Roy Cooper.

Also this week, Rovner interviews Daniel Chang, who reported and wrote the latest KHN-NPR “Bill of the Month” feature about a child who had a medical bill sent to collections before he started to learn to read. If you have an outrageous or exorbitant medical bill you want to share with us, you can do that here.

Plus, for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: New York Magazine’s “The Shared Anti-Trans and Anti-Abortion Playbook,” by Irin Carmon.

Alice Miranda Ollstein: The Los Angeles Times’ “Horrifying Stories of Women Chased Down by the LAPD Abortion Squad Before Roe vs. Wade,” by Brittny Mejia.

Rachel Roubein: KHN’s “‘Hard to Get Sober Young’: Inside One of the Country’s Few Recovery High Schools,” by Stephanie Daniel of KUNC.

Amy Goldstein: The Washington Post’s “After Decades Under a Virus’s Shadow, He Now Lives Free of HIV,” by Mark Johnson.

Also mentioned in this week’s podcast:

• Stat’s “Denied by AI: How Medicare Advantage Plans Use Algorithms to Cut Off Care for Seniors in Need,” by Casey Ross and Bob Herman.
• ProPublica’s “How Cigna Saves Millions by Having Its Doctors Reject Claims Without Reading Them,” by Patrick Rucker, Maya Miller, and David Armstrong.
• The Atlantic’s “There’s No Such Thing as a Casual Interaction With Your Doctor Anymore,” by Zoya Qureshi.
• Politico’s “Democrats Want to Restore Roe. They’re Divided on Whether to Go Even Further,” by Alice Miranda Ollstein and Megan Messerly.

Click to Open the Transcript

Transcript: The ‘Unwinding’ of Medicaid

KHN’s ‘What the Health?’Episode Title: The ‘Unwinding’ of MedicaidEpisode Number: 292Published: April 6, 2023

[Editor’s note: This transcript, generated using transcription software, has been edited for style and clarity.]

Julie Rovner: Hello and welcome back to KHN’s “What the Health?” I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at Kaiser Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We’re taping this week on Thursday, April 6, at 10 a.m. As always, news happens fast, and things might have changed by the time you hear this. So here we go. We are joined today via video conference by Alice Miranda Ollstein of Politico.

Alice Miranda Ollstein: Good morning.

Rovner: Rachel Roubein of The Washington Post.

Rachel Roubein: Good morning.

Rovner: And we welcome back to the podcast, after a bit of a break, Amy Goldstein, also of The Washington Post.

Amy Goldstein: Good to be back.

Rovner: Later in this episode, we will have the latest KHN-NPR “Bill of the Month” interview, with my colleague Daniel Chang. This month’s patient had a medical bill sent to collections before he was old enough to read. Impressive. But first, this week’s news. We’re going to start this week with Medicaid. During the pandemic, as most health policy nerds know, the federal government required states to keep anyone who qualified for the Medicaid program on the rolls, even if they became ineligible. But as of April 1, last week, states were free to start, quote, “unwinding” that Medicaid coverage. Now, states are facing the daunting task of determining who’s still eligible for the program and who can be removed and how those who are losing that Medicaid coverage can be steered to other programs, which they might be eligible. This is, to quote then-Vice President Biden when the ACA got passed, a BFD. So, what are some of the potential problems here? We’re talking about a lot of people, right, Amy? You wrote about this.

Goldstein: We are talking about a lot of people. It’s unclear how many people are going to lose Medicaid. But if you go by the Biden administration’s estimates, they’re thinking perhaps 15 million people out of 85 million people who are on Medicaid. So that’s a lot of low-income people who could end up without insurance or scrambling to see if they can find other insurance if they know to do that. And obviously, Medicaid is a joint federal-state enterprise, and states are the ones that carry it out. States set their eligibility rules to a large extent, and states have each had to write and submit to the federal government a plan for how they’re going to go about this unwinding. And the issue is that, with so many different plans, there are some things that CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services, want states to do — for instance, to try as much as possible to check whether people are eligible by trying to match up with other records, say, from food stamps or wage records that the states might have.

Rovner: So basically, don’t count on them responding to a letter that says you need to reestablish your eligibility for this program.

Goldstein: Exactly. But how assertively states are going to 1) do that, and secondly, how hard they’re going to try to reach people in how many different ways — time will tell.

Rovner: Yeah, I’ve noticed. I mean, some states are doing things like sending out special colored envelopes. It’s Easter week; we’ve got robin’s-egg blue envelopes. I think that was Massachusetts. Somebody’s sending out pink envelopes and magenta envelopes. But, you know, Alice, you covered when they were doing the Medicaid work requirements, and Arkansas discovered that the problem wasn’t so much that people weren’t working; it’s that people literally had trouble navigating the reporting system. And that’s kind of what we’re looking at writ large here, right?

Ollstein: Yeah. And the people who are most likely to be flagged for removal, they could be very low income. They could have unstable housing, move around a lot, stay with family. They might not receive mail at the address that was on file a few years ago. They might not have reliable phone or internet access to be reachable in those ways. So, as Amy said, it really makes a difference how much and what kind of an effort states make to let people know this is even happening. Because as we saw with work requirements and even just, like, the regular pre-pandemic periodic Medicaid eligibility checks, people fall through the cracks all of the time for reasons that are not their fault at all. And so, with this all happening at once, with so many more people than normal, the risk of that just grows.

Goldstein: And if I could just throw in one more complicating factor: If you think about what’s happened to workforces over the pandemic, a lot of the Medicaid agencies in the states have lost workers, and there are shortages in a lot of places. And people who’ve been hired in the last couple years have never had to do renewals or, as the lexicon goes, redeterminations before. So what’s going on inside the places where these decisions are going to have to get made for all these people is a bit of a problem in many, many states.

Roubein: I think how I’ve been sort of thinking about it in my mind is there’s 1) that issue of ensuring people who are still eligible don’t lose coverage. And then there’s the other issue of people who aren’t eligible for Medicaid anymore, but having states and navigators and groups help them find coverage elsewhere, whether that’s on the exchange, or some people might actually be now eligible for employer insurance. And some of that breakdown from that 15 million from that Department of Health and Human Services report — they had projected 6.8 million will lose Medicaid coverage despite being still eligible and that roughly 8.2 million people expected to leave the program because they’re no longer eligible for the program.

Rovner: And before somebody writes me and asks … [unintelligible] … I know states weren’t absolutely required to keep these people on the rolls, but they were required to keep these people on the rolls if they wanted the extra pandemic money. So every state did it. So every state basically has this task ahead of them to try to figure out how it works, and we shall keep tabs on this. I want to turn to Medicare. Last week, we got the annual report of Medicare’s trustees, which found, a little unexpectedly I think, that the program’s Hospital Insurance Trust Fund should continue to be able to pay all of its bills until 2031. That’s three years longer than it was projected to last year. Kind of grimly, apparently some of the improvement is due to many older people on Medicare dying during the covid pandemic. But this also does take some pressure off of lawmakers to fix what ails Medicare financially, right? They tend to only act when it’s within this four- or five-year window.

Ollstein: I would say yes and no. I haven’t seen a huge shift in the talk on Capitol Hill in response to this report. It’s only pushing back the deadline a few years. And it’s true, Congress only acts when there’s an imminent crisis and sometimes not even then. But I think the people really saying, “Hey, we need to do something,” are not going to stop saying that because of this.

Rovner: I’m going to put that on a T-shirt: Congress only acts when there’s an imminent crisis and sometimes not even then.

Roubein: Oh, yeah. I mean, I think that’s frustrated budget experts because Congress isn’t particularly doing anything in terms of financial solvency. And I mean, it’s really political, as we’ve seen — Biden during his State of the Union and how he got Republicans to talk about basically his ad-libbed Medicare conversation. But it’s kind of this tradition.

Rovner: “We’re not going to touch Medicare or Social Security.”

Roubein: Yeah. Off the table, this kind of tradition of “Mediscare.” No one wants to kind of be putting their foot out there with a proposal that would change Medicare.

Goldstein: This looming insolvency of Medicare is not at all a new problem. And ducking the problem is not a new phenomenon. Julie, you may remember, along with me, in the late 1990s, as a result of the big Balanced Budget Act of 1997 — this goes back a way — Congress created a bipartisan commission on the future of Medicare, and it was led by members of Congress. It was a big deal, it got a lot of attention, and it tried for many, many, many months to map out the future of Medicaid. And in the final analysis, it just dissolved in disagreements.

Rovner: Yeah, Medicare, not Medicaid,

Goldstein: Yes, Medicare.

Rovner: They did recommend a drug benefit that did eventually come to pass, but —

Goldstein: That’s right. But that was not the solvency solution.

Rovner: No, it was not. And I will say, my bookcase here at home is littered with reports of these various commissions that Congress punted to. It’s like, well, you guys solve it. And of course, no one ever has. We are still at this. But obviously this year, Rachel — you kind of hinted at this — some of this is going to come to a head because it’s part of the debt ceiling debate, that Congress is going to have to do something about the debt ceiling, lest the U.S. actually default on its debt. Republicans want to have spending cuts as part of this. They had said they wanted to do something about Medicare as part of this. Is there any update on that debate? We still seem to be in the “after you, Alphonse” portion of this, with both Biden saying he’s ready to talk to the Republicans and Republicans saying they’re ready to talk to Biden and nobody really talking to each other yet.

Roubein: Yeah, I mean, I think both sides are pretty dug in here at the moment. McCarthy a month or two ago had said no cuts to Medicare and Social Security. And Kevin McCarthy, I think it was the end of last month, had demanded a meeting with Biden. And then, you know, kind of the Biden team came back and said, “OK, well, we put out a budget. So, you know, Republicans need to produce their budget document.” And, you know, that’s kind of the political argument that we’ve been hearing for a little while here.

Rovner: Well, to paraphrase Alice, this crisis is about to get imminent, but not quite.

Goldstein: Before we leave Medicare, let me just make a couple more points. One is that this affects hospital care. So it’s not all parts of Medicare. And when the insolvency date comes — as you say, now projected to be 2031 — it’s not as if the program is going to be unable to pay any of its bills. This year its trustees said that it’s going to be able to pay 89% of the hospital benefits to which Medicare are entitled. The other point is, I mean, there’s a long-standing reason why politicians have been reluctant to fix something despite the many, many, many years of cries of, “We better fix it soon because it’s going to be harder to fix the longer we wait.” And that is that, older Americans — I mean, to state the obvious — are a very active voting bloc and they do not like the prospect of federal benefits being eroded. So there is politics behind why both parties have been reticent.

Rovner: Yes, there’s four ways to make Medicare solvent. You can pay providers less, which is what they usually end up doing, and they fight back. You can make the benefits less, either by having people wait longer to get on them or having to pay more for them. Or you can require the taxpayers to pay more money. So everything is kind of unpleasant here. And I think that’s why Congress would just as soon not do this. But while we still have Medicare teed up, we talked at some length a few weeks ago about Medicare Advantage plans, the private alternative to the government fee-for-service Medicare, and how those plans are technically being overpaid, which has prompted quite the TV advertising campaign from the plans, which I suspect very few people understand. There’s just all these sort of old people saying, “They’re going to cut our Medicare.” So the Department of Health and Human Services finally issued its Medicare Advantage payment rule for next year, and it appears to split the difference, stopping plans from continuing to overstate how sick their patients are, which is what’s responsible for a lot of the overpayments. But it limits the ability of the government to look back to recoup some of those overpayments that have been made. Is that basically a one-sentence explanation of what they’ve done here?

Roubein: The industry waged a pretty fierce battle here, but they phased in their plan. So essentially the Centers for Medicare & Medicaid Services had proposed switching to a more updated coding system, which included eliminating approximately 2,000 codes. And insurers claimed that this could lead to substantial pay cuts. The administration fiercely disputed that. But they did, as you say, kind of split the difference, in terms of saying, “OK, well, we’re going to phase in these changes over three years,” which CMS officials and other experts have said is something that they kind of tend to do when there is controversial policy.

Rovner: Right. When they don’t want to irritate anybody too much, although I did notice that there’s also some rules about deceptive advertising for Medicare Advantage plans. So maybe it’ll make me stop screaming at the TV when these ads come on. Moving along, last week we were able to bring you the breaking news about the preventive care ruling out of Texas from federal District Judge Reed O’Connor. What else have we learned since those first breaking hours? I know the decision doesn’t cover preventive care recommended by groups that report directly to someone in the federal government who is appointed by the president and confirmed by the Senate — at least it doesn’t at the moment. But it only limits preventive care that’s recommended by the U.S. Preventive Services Task Force. But it could still be expanded at the appeals level, right?

Goldstein: That’s right. This affects a lot of people: everybody with private health insurance, which is estimated by federal health officials to be about 150 million people. It’s not killing all free preventive services. It’s ending the mandate that they’re provided at no cost to consumers for those preventive services that the U.S. Preventive Services Task Force has either defined or updated since the Affordable Care Act was passed in 2010. So that leaves intact a few important categories of things: 1) earlier preventive services, like mammograms, which were required to be covered for free before, are still intact. It also leaves intact services that are required by two different parts of HHS. Within HRSA [Health Resources and Services Administration], they have jurisdiction over women’s health services, so that’s why things like contraception are not touched by — at the moment, as you say — by this court ruling. And similarly, an advisory body to the CDC, which has jurisdiction over vaccinations, whether it’s childhood vaccinations, covid vaccinations — so those aren’t touched. But what’s happened in the past week is, predictably, the day after Judge O’Connor — who, as I’m sure you discussed last week, was the same judge who a few years ago held that the entire ACA was unconstitutional and was ultimately overruled by the Supreme Court — anyhow, O’Connor last week said this applies nationwide, not just to places where the plaintiffs are. And the next day, the Biden administration, the Justice Department, very quickly filed a notice of appeal. It was one paragraph. It wasn’t laying out the appeal, but it was getting on the record that the administration is going to appeal to the 5th Circuit Court of Appeals, which is a conservative circuit based in New Orleans that hasn’t been entirely friendly to the ACA in the past. What the administration did not yet do is say that it wants to stay the judge’s ruling, but it’s very likely that that’s going to be requested as well.

Rovner: Even if the judge’s ruling doesn’t get stayed, it’s likely to have very little immediate impact, right? Because insurance contracts are already kind of set for the year. If insurers wanted to stop covering this — and they’re probably not going to stop covering it — but if they wanted to make it — institute copays or say this is part of your deductible — they’re likely not to do that until the next plan year, right? Alice, I see you nodding.

Ollstein: Yeah, but that isn’t uniform. So the folks I talked to said that, while most plans are baked in for the year and what we really should be looking for is when the new 2024 things start coming out in the summer into the fall, that’s what we should be watching in terms of, you know, what could change there. But that isn’t uniform. It’s possible that some plans could change earlier. There are all different kinds of possibilities, but I was kind of surprised to see the Biden administration not rush to file an appeal right away. They filed a notice of appeal, but they haven’t actually filed the appeal yet or asked for the stay, but I think that is stemming from this not being seen as an imminent threat to people’s health coverage. The piece of it I’ve really been interested in is the impact on HIV and STDs, because, like Amy said, a lot of the basic cancer screenings and other things will continue to be protected in some form because they were recommended prior to 2010. But a lot of the STD and HIV stuff is a lot more recent, so it’s a lot more vulnerable to being rolled back, and plans and employers — for a lot of these things — covering preventive services for free with no out-of-pocket costs is good; it’s really cheap to cover and it prevents a lot of expensive care down the road. But that’s sort of less true with some of these things. PrEP, the HIV prevention drug, is really expensive. A lot of the lab costs for STD testing are still expensive. And so you could see folks’ plans and employers wanting to save money by shifting some of those costs to patients. And public health experts are worried about that.

Rovner: I think another quirk of this that we didn’t realize right away is what the decision says is that it only affects USPSTF rulings that were made after the date that the Affordable Care Act was signed, March 23, 2010. But what that ends up doing is leaving in effect prior recommendations that are not necessarily up to date. So you could end up rolling back to things that medical experts no longer think is the appropriate interval or type of preventive service being required. And then, of course, you have the insurers who are going to be required to put out their bids for next year in the coming months. Now, this is not the first time insurers have had to stab in the dark at what they think the rules are going to be and how much they’re going to want to charge for that. So we’re having yet another round of insurers kind of having to throw their hands out and throw darts against the wall, right?

Goldstein: Yes. And this — Alice mentioned employers are a big constituency in this. There is some survey evidence, I mean not terribly systematic survey evidence, but a little bit of survey evidence that was done last fall with this case pending, that showed that most insurers, a high, high proportion of insurers, wanted to keep these benefits. So that may influence, as you’re saying, Julie, what the bids come in looking like while this is all still kind of murky.

Rovner: Yeah, we know it’s popular and we know in most cases it’s relatively cheap. So one would assume that this decision might not have too much impact, although as I sort of alluded to, and I haven’t heard whether this is happening yet, the plaintiffs could also appeal because they didn’t get everything they wanted. They also wanted to have the women’s health stuff out of HRSA and the immunization stuff out of CDC stayed as, you know — or the requirements gotten rid of, and the judge did not do that. So one presumes they could also appeal and we would see what happens at the 5th Circuit Court of Appeals. But I think everybody assumes at this point that it’s going to end up at the Supreme Court, yes? I see nods all around. Oh, boy. I can’t wait. All right. Well, let’s turn to abortion. The big abortion news this week comes from Wisconsin in a race for state Supreme Court, of all things, which was supposed to be nonpartisan or technically was nonpartisan. Still, the strong showing by the judge who was associated with the liberal side of the ledger could have some major impact, right? This was expected to be a very close race, and it really wasn’t.

Ollstein: No, it wasn’t close at all. The progressive candidate really took it away, and the campaign really heavily focused on abortion. This is because the state’s ban, which has been in place, you know, since long before Roe was enacted, is likely to come before the court. But the implications go way beyond that. This could change how the legislature makeup is in the future because of challenges to the gerrymandered state maps. That could, you know, open the door to Medicaid expansion and all kinds of other things, you know, related to abortion, related to all kinds of things. Because right now, you know, you have a Democratic governor who is on his second term who can’t really do very much because of the state legislature. So this could have tons and tons of repercussions going forward in Wisconsin.

Rovner: And we should point out, because I meant to say, this election flipped the state Supreme Court from 4-3 conservative to 4-3 liberal.

Roubein: It was really interesting because you saw the liberal candidate, Janet Protasiewicz, really leaning into abortion rights. And, you know, obviously she’s a judge, but in multiple ads from her campaign it said, you know, women should have the freedom to make their own decisions on abortion. That was a quote from the ads. And now, you know, kind of, she was … [unintelligible] … from the other side, like, can she be impartial when she rules? And, you know, she said like, “No, I have not promised any of these major groups, Emily’s List, etc., that are backing me, how I will rule.” But, you know, we did see the judge, as she called it, her personal beliefs and be really open about that.

Rovner: And her opponent was also pretty open about it, too. He was a very conservative guy who was pretty much promising to go down the line with what the conservatives wanted. Alice, you were about to say something.

Ollstein: Yeah, well, it’s been fascinating now that we’re a day out from the election results. There is sort of a freakout going on on the right about it and about what it means for abortion specifically. And you’re seeing a lot of very prominent people on the right publicly saying, “We have a message on abortion that voters don’t like and we need to change it right now.” People are saying that the right needs to moderate and stop pushing for near-total bans with no exceptions, which is going on in a lot of states right now. That debate was already happening on the right, but I think this just pours fuel on it. I think with the Florida governor about to be confronted with whether or not to sign a six-week ban, this really is going to squeeze a lot of people.

Rovner: Yes, I feel very smug about my extra credit story from last week, which was the Rebecca Traister long read in New York Magazine about how Democrats have underestimated how winning an issue abortion may be. And I saw her sort of also smugly tweeting late Tuesday night. It’s like, “See, I’m telling you this.” While the Upper Midwest may be getting more supportive of abortion rights, also this week Michigan Governor Gretchen Whitmer formally signed the repeal of the state’s nearly hundred-year-old pre-Roe ban. But in the South, the trend is going the other way, as you mentioned, Alice. Florida’s legislature is moving quickly on a six-week abortion ban, while in North Carolina a Democratic state legislator who ran on abortion rights is switching parties, giving the Republicans there a supermajority that will let them override the Democratic governor’s vetoes. Are we looking at, fairly imminent, abortion being unavailable throughout the South?

Roubein: I think Florida, North Carolina, Nebraska is also considering a similar limit — were all states that in the two months after Roe v. Wade was overturned — were states that saw an increase in abortions. I think North Carolina is particularly interesting because in early February all the Democrats had signed on to a bill to codify Roe v. Wade. But I was reporting at the time with my colleague Caroline Kitchener on this, and she talked to one of the Democrats there, who said, well — after he signed on to it — like, “Well, that doesn’t preclude me from voting for abortion restrictions.” He had said this is, quote, “This is still the first quarter.” So I think even before we saw the state Democrat switch to Republican, you know, what happened in North Carolina where there is a Democratic governor was an open question even beforehand.

Rovner: Yeah, this reminds me of Virginia trying to expand Medicaid, and there’s constantly this sort of one member, another member. I mean, it literally didn’t happen until the last vote allowed it to happen, I think.

Ollstein: Yeah. I mean, this also really puts a spotlight on the tactic of doing a ballot referendum on abortion, because —

Rovner: That was my next question, Alice.

Ollstein: Ta-da.

Rovner: Tell us about your story about that.

Ollstein: The relation to this is, yes, you have a lot of Republican lawmakers and some Democrats, or some former Democrats, as we’ve seen, who are moving very aggressively to continue to pass abortion restrictions, whether it’s total bans or something short of that. But the referendums often show that that doesn’t necessarily reflect all of the Republican electorate, which is not always aligned with their representatives on this issue. And based on the results of the six referendums last year in which the pro-abortion-rights side won all six out of six, folks are hoping to get that going in more states this year, and it’s already underway — not as much in the South, and not every state can do a referendum legally. It varies state to state what the rules are, but where it’s possible, people are trying to do it. My story this week reported on an internal fight on the left about how to go about it. So most of the referendums that are moving forward in these red and purple states right now, trying to get on the ballot in the next few years, say that basically they would only restore the protections of Roe v. Wade, so only protect abortion up to the point of fetal viability. And you have a lot of folks — you know, medical groups, activists — saying, Why are we doing that? Why are we sort of pre-compromising? We keep seeing over and over at the ballot box this is a winning issue; why aren’t we being bold? Like the right is going for total bans. Why aren’t we going for total legalization? But the folks who want the viability limit in there are saying, Look, we want to put something forward that we know is going to pass. We’ve done research and focus groups and polling. You know, this is the way we think is smartest to go. Plus, you know, the vast majority of abortions take place prior to viability anyways. And right now we have no abortion at all. So isn’t legalizing most better than nothing? And so it’s a really interesting debate.

Rovner: It’s literally the mirror image of the debate that’s going on on the right, which has been happening over the years. It’s just that it’s all kind of, you know — now that we’re in this sort of odd place — it’s all magnified. So, you know, the right is trying to decide between do we restrict abortion a little or do we just allow, you know, the end of Roe v. Wade and states to make up their mind? Or do we go for a national ban? Where the left is saying, do we just want to bring things back to where they were when we had Roe, or do we want to go further and allow and basically have public funding and sort of other things to assure what they call reproductive justice? So obviously, this fight is going to continue on both sides.

Goldstein: Let me just say that this tension between the electorate and lawmakers in fairly conservative states is a real echo of what has happened over the years with Medicaid expansion, when there have been several states in which legislators were really dug in that they weren’t going to expand Medicaid under the ACA, and public ballot initiative and it expanded. So it’s sort of turning to the exact same tactic.

Rovner: That’s right. And again, in a lot of these Republican states, the voters were very happy to expand Medicaid. So that, yes, we’ve seen this particular book before. Well, before we go, there were a couple of stories that got kicked over from last week when we had our breaking news. But I really wanted to mention about artificial intelligence in health care or at least in health insurance. One story from ProPublica details how the health insurance giant Cigna is using an algorithm to reject thousands of claims for care that’s kind of between cheap and very expensive, and then letting medical director physicians basically batch-approve those rejections on the theory, likely correct, that even if most of the care is medically appropriate, most people won’t bother to appeal a bill of just a couple of hundred dollars and will just pay it. The other story, from Stat News, is kind of strikingly similar. It’s about a Medicare Advantage plan that’s using AI to pinpoint the exact moment it can stop paying for some care, particularly expensive care, in a hospital or nursing home. Now, it would appear that the Medicare Advantage case is more egregious because it seeks to actually cut off care, where Cigna is just denying payment after the fact. But it seemed to make it pretty clear that while a) it might improve care and save money, sometimes it’s just saving money for people other than the patients, right? That’s what it certainly looks like in these cases.

Ollstein: I mean, as we’ve seen with other uses of algorithms, algorithms reflect the values of the people creating the algorithms. And you say, “Oh, it’s a robot, it’s completely impartial.” Why are there racial discrimination implications then? But we do keep seeing this and it’s like, it was created by humans, it’s going to have human failings and require oversight and accountability mechanisms.

Rovner: Yeah. And finally, one more story from the “be careful what you wish for.” There’s a story in The Atlantic this month about the downside of telehealth that at least some of us saw coming. Now that doctors can charge for and be reimbursed for virtual care by video, more and more doctors are starting to charge for other forms of communication that used to be free, like telephone calls and emails. Now, lawyers have long charged for phone calls advising clients. I always kind of wondered why doctors didn’t. I guess I have my answer now. Is this another case of anything — that any technology that’s good is probably also going to have its downsides?

Goldstein: Well, it’s also a reflection that fewer and fewer doctors work on their own. They’re working for health systems that have the bottom line in mind, which is not to say they only have the bottom line in mind, but they’re less autonomous in terms of their pricing policies.

Rovner: And yeah, are being asked to see more patients, so it takes more time to actually, you know — one of the interesting things in this in the story was that a phone call may only be five minutes for you, but it’s probably 20 minutes for your doctor who has to go make a notation in your chart and maybe call in a prescription. And it’s more than just the quick phone call for the doctor. I think this is something that used to be a courtesy and now it’s just a charge. All right, well, that is this week’s news. Now we will play my “Bill of the Month” interview with Daniel Chang and then we’ll come back with our extra credit. We are pleased to welcome to the podcast Daniel Chang, who reported and wrote the latest KHN-NPR “Bill of the Month.” Daniel, welcome to “What the Health?”

Daniel Chang: Hi, Julie. I’m glad to be here.

Rovner: So this month’s patient wasn’t even old enough for kindergarten when he got a medical bill sent to collection for care he didn’t even receive. Who is this kid? Why did he need medical care? And this is very impressive, I’ve got to say.

Chang: So, at the time — this happened last Memorial Day weekend — Keeling McLin was his name, and he was 4 years old. And according to his mom, Sara McLin, who’s a dentist in central Florida, she had just finished cooking something on the stove and Keeling had gotten up to get something. And on his way down he put his hand on the hot stove. That was pretty painful, from what she described. And so she took him to the emergency room for care.

Rovner: First she took him to urgent care, right?

Chang: Well, it was a stand-alone emergency room, so it’s one of those hybrid ones, I guess you might call it. No inpatient, of course.

Rovner: And therein is about to be our problem. So Mom did everything right here, right? She made sure that she went to a facility in her network, and then they sent her off to another hospital. But the problem is, where is the first visit, right?

Chang: Correct. The first visit was a problem. It was part of the HCA system. And they didn’t have, I guess, the resources there to treat Keeling’s burn. So they referred him to a HCA hospital with a burn center, which was about a 90-minute drive away from the stand-alone ER.

Rovner: And they managed to deal with the burn, right? The kid’s OK.

Chang: They did. He’s OK. It turned out to be not as bad as suspected. And Sara McLin told me that they drained his blisters, wrapped his hand, and sent her home with instructions on how to care for it. And she didn’t think about it again.

Rovner: Until she got the bill.

Chang: Exactly.

Rovner: This gets pretty Kafkaesque, doesn’t it? What were the bills here?

Chang: So, the first bill that she received was from the physician provider group; Envision Healthcare employed the physician in the stand-alone emergency room. That bill was for about $72. She called her insurer, which was UnitedHealthcare, and they told her that — essentially not to worry about it. And the bill itself is labeled as a surprise out-of-network bill, although when I reached out to Envision Healthcare, they said that it was not, it was part of her cost sharing. In any case, that bill didn’t cause her any problems. Shortly after that, she got a bill from the stand-alone emergency room, and this bill was considerably higher, although her share was about $129. But the reason that she was a little confused about this is because she said that the physician at the stand-alone emergency room told her, “You know what, this won’t even count as a visit because we can’t do anything for him.” So she left with that thought. And later on she said she wished she had gotten that in writing, but that was the problem bill.

Rovner: Yes. So what eventually happened?

Chang: So what eventually happened is that the bill was in Keeling’s name and it did not include his mom or his dad on there. It was just simply to Keeling. And for reasons that HCA didn’t explain, and we can’t explain, Envision got his insurance information correct, but HCA had him as an uninsured person responsible for his own bills. And it’s odd because his date of birth is on that bill. And you would think that somewhere along the line someone would catch that. But they didn’t. And so what happened is that Sara fell into this sort of twilight zone where she couldn’t speak to anyone about the bill because it wasn’t in her name. And so, according to her conversations with folks at HCA and later at Medicredit, they couldn’t talk to her because her name wasn’t on the bill. So this was the one thing that she was trying to get resolved. And she tried for months and got nowhere, which is when she reached out to us.

Rovner: And as you point out, that Medicredit is the collections agency, right? This 5-year-old’s bill got sent to collections.

Chang: That’s correct. That just kind of compounded the frustration because Sara had worked for a couple of months to get HCA to add her name onto the bill. And she had even written them a letter, she says, and they told her they were going to do it and she was waiting for the bill. But then the next letter she got was from the collection agency, for the same amount and with the same problem. Her name wasn’t on the bill. So when she called the collection agency to try to dispute the bill, they told her, “Sorry, we can’t talk to you. You’re not the authorized representative on this bill.”

Rovner: It feels like the biggest problem here is not so much that mistakes happen. They do. Obviously, they’ve happened a lot in our “Bill of the Month” series. But they are so very hard to fix — I mean, even when you say, “Look, this is a 5-year-old.”

Chang: I agree. It sounded so frustrating. And I think, ultimately, of course, that’s why she reached out to us. But she tried repeatedly and not only did she tell me this, but the bills that she provided to us had a lot of her handwritten notes in the margins and the dates that she had spoken to individuals. And it just — it’s really hard. None of the experts that we spoke with could understand why HCA couldn’t just simply fix this before they sent it to collections. And HCA acknowledged the error, and they apologized to her. And they ultimately canceled the debt. But the system clearly doesn’t seem to work in favor of patients when you have these sort of odd complications that really they didn’t have anything to do with what she owed or what they said she owed; it was all a matter of identification.

Rovner: So is there anything she could have done differently? I’m not saying, you know — she obviously couldn’t prevent the mistake from being made. But was there some better way for her to try to navigate this?

Chang: You know, neither the insurer or the providers gave us an explanation of what she could have done differently or what individuals who find themselves in a similar position could do. And so I think she did everything that she reasonably could, short of perhaps hiring an attorney? I’m not sure; maybe that would have worked, but you shouldn’t have to go to that length and that cost just to get your name on your minor child’s bill so that you can take care of it and speak to the people who say you owe them the money. It’s just — it’s crazy.

Rovner: And she’s a dentist, so she’s a health care professional. She obviously had some, you know, knowledge of the system and how it works. And even she had trouble —

Chang: That’s correct.

Rovner: — getting it done. So I guess basically the lesson is, watch your bills closely and be ready to take action.

Chang: And potentially, when I think about this situation, ensuring perhaps that the stand-alone ER had all of the information, but I can also see where she was told that, “Look, this doesn’t even count as a visit. We couldn’t treat him here. You’ve got to take him to the burn center. We won’t count this as a visit.” I think she left comfortable in that knowledge, only to realize later that, oops, it wasn’t that way. Yeah.

Rovner: Get it all in writing.

Chang: Yes.

Rovner: Daniel Chang, thank you so much.

Chang: You’re very welcome. Thanks for having me on.

Rovner: OK, we’re back. And it’s time for our extra credit segment. That’s when we each recommend a story we read this week we think you should read too. As always, don’t worry if you miss it. We will post the links on the podcast page at khn.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Alice, why don’t you go first this week?

Ollstein: Sure. So I picked a really fascinating history piece from the LA Times by Brittny Mejia, and it’s about what law enforcement’s role was pre-Roe v. Wade in cracking down on illegal abortions. All abortions were illegal. And it just really vividly describes how cops would conduct raids on doctors who were operating clandestinely and performing abortions, you know, the tactics they would use. It was just really fascinating. And so I think it’s worth resurfacing this history, thinking, OK, so abortion is illegal again; what does enforcement look like? What could enforcement look like? And this is a very disturbing picture of what it used to look like.

Rovner: Amy, you have a story that’s kind of related to Alice’s story, also looking at history, but updated.

Goldstein: That’s right. I chose a story by my colleague at the Post, Marc Johnson, with the headline, “After Decades Under a Virus’s Shadow, He Now Lives Free of HIV.” And it’s an interview with one of only five people in the world who’ve had stem cell transplants that have cured them of cancer but also gotten rid of any evidence of HIV in their bodies. And it’s not a hugely long story, but it’s just a beautiful trajectory reminding us of what the early bad world of AIDS was, with this individual’s friends dying all around him in San Francisco, to the decades when he was on a lot of AIDS drugs, and suddenly being unexpectedly liberated from all that. It’s a good read.

Rovner: Yeah, it is. Rachel.

Roubein: My extra credit is titled “‘Hard to Get Sober Young’: Inside One of the Country’s Few Recovery High Schools,” by Stephanie Daniel of KUNC. And basically it takes the reader inside a Denver recovery high school, which mixes high school education with treatment for drug and alcohol addiction. And so this high school in Colorado — it’s one of 43 nationwide, and she kind of details the history of recovery high schools, which, the first one opened up in Silver Spring, Maryland, in 1979. And she also kind of goes through what I thought was interesting, which was kind of, the challenges of recovery high schools, most being publicly funded charter or alternative schools, and they have a higher ratio of mental health and recovery personnel, so there’s really not a ton of them nationwide.

Rovner: I had never heard of them until I saw this story. It was really interesting. Well, for the second week in a row, my story is from New York Magazine. It’s by Irin Carmon, and it’s called “The Shared Anti-Trans and Anti-Abortion Playbook.” And she points out that not only are there many of the same people fighting abortion who are also fighting trans health care, but there’s also a similarly long-term strategy, as Irin wrote. They’re focusing on youth first, because they understand that it’s much harder to convince the public to restrict the lives of adults. As someone who’s spent years covering the fight over whether or not teen girls should be able to access sex education, birth control, or abortion, it does feel familiar. OK, that is our show for this week. As always, if you enjoy the podcast, you can subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review. That helps other people find us too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying. Also, as always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth@kff.org. Or you can tweet me. I’m @jrovner. Rachel?

Roubein: @rachel_roubein.

Rovner: Alice?

Ollstein: @AliceOllstein.

Rovner: Amy?

Goldstein: @goldsteinamy.

Rovner: We will be back in your feed next week. Until then, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KHN’s What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

“It was a time of a lot of learning, turnaround, and pivoting for me, because we weren’t necessarily expecting that kind of life change,” she said.

Ferrell Ortiz would have liked a little more guidance to navigate the application process for Medicaid. She was inundated with forms. She spent days on end on the phone trying to figure out what was covered and where she could go to get care.

“Sometimes the representative that I would speak to wouldn’t know the answer,” she said. “I would have to wait for a follow-up and hope that they actually did follow up with me. More than 476,000 pregnant Texans are currently navigating that fragmented, bureaucratic system to find care. Medicaid provides coverage for about half of all births in the state — but many people lose eligibility not long after giving birth.

Many pregnant people rely on Medicaid coverage to get access to anything from prenatal appointments to prenatal vitamins, and then postpartum follow-up. Pregnancy-related Medicaid in Texas is available to individuals who make under $2,243 a month. But that coverage ends two months after childbirth — and advocates and researchers say that strict cutoff contributes to rates of maternal mortality and morbidity in the state that are higher than the national average.

They support a bill moving through the Texas legislature that would extend pregnancy Medicaid coverage for a full 12 months postpartum.

Texas is one of 11 states that has chosen not to expand Medicaid to its population of uninsured adults — a benefit offered under the Affordable Care Act, with 90% of the cost paid for by the federal government. That leaves more than 770,000 Texans in a coverage gap — they don’t have job-based insurance nor do they qualify for subsidized coverage on healthcare.gov, the federal insurance marketplace. In 2021, 23% of women ages 19-64 were uninsured in Texas.

Pregnancy Medicaid helps fill the gap, temporarily. Of the nearly half a million Texans currently enrolled in the program, the majority are Hispanic women ages 19-29.

Texans living in the state without legal permission and lawfully present immigrants are not eligible, though they can get different coverage that ends immediately when a pregnancy does. In states where the Medicaid expansion has been adopted, coverage is available to all adults with incomes below 138% of the federal poverty level. For a family of three, that means an income of about $34,300 a year.

In Texas, childless adults don’t qualify for Medicaid at all. Parents can be eligible for Medicaid if they’re taking care of a child who receives Medicaid, but the income limits are low. To qualify, a three-person household with two parents can’t make more than $251 a month.

For Ferrell Ortiz, the hospitals and clinics that accepted Medicaid near her Dallas neighborhood felt “uncomfortable, uninviting,” she said. “A space that wasn’t meant for me” is how she described those facilities.

Later she learned that Medicaid would pay for her to give birth at an enrolled birthing center.

“I went to Lovers Lane Birth Center in Richardson,” she said. “I’m so grateful that I found them because they were able to connect me to other resources that the Medicaid office wasn’t.”

Ferrell Ortiz found a welcoming and supportive birth team, but the Medicaid coverage ended two months after her daughter arrived. She said losing insurance when her baby was so young was stressful. “The two-months window just puts more pressure on women to wrap up things in a messy and not necessarily beneficial way,” she said.

In the 2021 legislative session, Republican Gov. Greg Abbott signed a bill extending pregnancy Medicaid coverage from two months to six months postpartum, pending federal approval.

Last August, The Texas Tribune reported that extension request had initially failed to get federal approval, but that the Centers for Medicare & Medicaid Services had followed up the next day with a statement saying the request was still under review. The Tribune reported at the time that some state legislators believed the initial application was not approved “because of language that could be construed to exclude pregnant women who have abortions, including medically necessary abortions.”The state’s application to extend postpartum coverage to a total of six months is still under review.

The state’s Maternal Mortality and Morbidity Review Committee is tasked with producing statewide data reports on causes of maternal deaths and intervention strategies. Members of that committee, along with advocates and legislators, are hoping this year’s legislative session extends pregnancy Medicaid to 12 months postpartum.

Kari White, an associate professor at the University of Texas-Austin, said the bureaucratic challenges Ferrell Ortiz experienced are common for pregnant Texans on Medicaid.

“People are either having to wait until their condition gets worse, they forgo care, or they may have to pay out-of-pocket,” White said. “There are people who are dying following their pregnancy for reasons that are related to having been pregnant, and almost all of them are preventable.”

In Texas, maternal health care and Pregnancy Medicaid coverage “is a big patchwork with some big missing holes in the quilt,” White said. She is also lead investigator with the Texas Policy Evaluation Project (TxPEP), a group that evaluates the effects of reproductive health policies in the state. A March 2022 TxPEP study surveyed close to 1,500 pregnant Texans on public insurance. It found that “insurance churn” — when people lose health insurance in the months after giving birth — led to worse health outcomes and problems accessing postpartum care.

Chronic disease accounted for almost 20% of pregnancy-related deaths in Texas in 2019, according to a partial cohort review from the Texas Maternal Mortality and Morbidity Review Committee’s report. Chronic disease includes conditions such as high blood pressure and diabetes. The report determined at least 52 deaths were related to pregnancy in Texas during 2019. Serious bleeding (obstetric hemorrhage) and mental health issues were leading causes of death.

“This is one of the more extreme consequences of the lack of health care,” White said.

Black Texans, who make up close to 20% of pregnancy Medicaid recipients, are also more than twice as likely to die from a pregnancy-related cause than their white counterparts, a statistic that has held true for close to 10 years with little change, according to the MMMRC report.

Stark disparities such as that can be traced to systemic issues, including the lack of diversity in medical providers; socioeconomic barriers for Black women such as cost, transportation, lack of child care and poor communication with providers; and shortcomings in medical education and providers’ implicit biases — which can “impact clinicians’ ability to listen to Black people’s experiences and treat them as equal partners in decision-making about their own care and treatment options,” according to a recent survey.

Diana Forester, director of health policy for the statewide organization Texans Care for Children, said Medicaid coverage for pregnant people is a “golden window” to get care.

“It’s the chance to have access to health care to address issues that maybe have been building for a while, those kinds of things that left unaddressed build into something that would need surgery or more intensive intervention later on,” she said. “It just feels like that should be something that’s accessible to everyone when they need it.”

Extending health coverage for pregnant people, she said, is “the difference between having a chance at a healthy pregnancy versus not.”

As of February, 30 states have adopted a 12-month postpartum coverage extension so far, according to a KFF report, with eight states planning to implement an extension.

“We’re behind,” Forester said of Texas. “We’re so behind at this point.”

Many versions of bills that would extend pregnancy Medicaid coverage to 12 months have been filed in the legislature this year, including House Bill 12 and Senate Bill 73. Forester said she feels “cautiously optimistic.”

“I think there’s still going to be a few little legislative issues or land mines that we have to navigate,” she said. “But I feel like the momentum is there.”

Ferrell Ortiz’s daughter turns 5 this year. Amelie is artistic, bright, and vocal in her beliefs. When Ferrell Ortiz thinks back on being pregnant, she remembers how hard a year it was, but also how much she learned about herself.

“Giving birth was the hardest experience that my body has physically ever been through,” she said. “It was a really profound moment in my health history — just knowing that I was able to make it through that time, and that it could even be enjoyable — and so special, obviously, because look what the world has for it.”

She just wishes people, especially people of color giving birth, could get the health support they need during a vulnerable time.

“If I was able to talk to people in the legislature about extending Medicaid coverage, I would say to do that,” she said. “It’s an investment in the people who are raising our future and completely worth it.”

This story is part of a partnership that includes KERA, NPR, and KHN.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host

Julie Rovner
KHN

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KHN’s weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

Opponents of the Affordable Care Act may have stopped trying to overturn the entire law in court, but they have not stopped challenging pieces of it — and they have found an ally in Fort Worth, Texas: U.S. District Judge Reed O’Connor. In 2018, O’Connor held that the entire ACA was unconstitutional — a ruling eventually overturned by the Supreme Court. Now the judge has found that part of the law’s requirement for insurers to cover preventive care without copays violates a federal religious freedom law.

In a boost for the health law, though, North Carolina has become the 40th state to expand the Medicaid program to lower-income people who were previously ineligible. Even though the federal government will pay 90% of the cost of expansion, a broad swath of states — mostly in the South — have resisted widening eligibility for the program.

This week’s panelists are Julie Rovner of KHN, Alice Miranda Ollstein of Politico, Rachel Cohrs of Stat, and Sandhya Raman of CQ Roll Call.

Panelists

Rachel Cohrs
Stat News

@rachelcohrs

Read Rachel's stories

Alice Miranda Ollstein
Politico

@AliceOllstein

Read Alice's stories

Sandhya Raman
CQ Roll Call

@SandhyaWrites

Read Sandhya's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• Thursday’s decision out of Texas affects health plans nationwide and is expected to disrupt the health insurance market, which for years has provided preventive care without cost sharing under the ACA. Even if the decision survives a likely appeal, insurers could continue offering the popular, generally not-so-costly benefits, but they would no longer be required to do so.
• The decision, which found that the U.S. Preventive Services Task Force cannot mandate coverage requirements, hinges on religious freedom objections to plans covering PrEP, the HIV medication, alongside other preventive care.
• Speaking of the ACA, this week North Carolina became the latest state to expand Medicaid coverage under the health law, which will render an estimated 600,000 residents newly eligible for the program. The development comes amid reports about hospitals struggling to cover uncompensated care, particularly in the 10 states that have resisted expanding Medicaid.
• Pushback against Medicaid expansion has contributed over the years to a yawning coverage divide between politically “blue” and “red” states, with liberal-leaning states pushing to cover more services and people, while conservative-leaning states home in on policies that limit coverage, like work requirements.
• On the abortion front, state attorneys general are challenging the FDA’s authority on the abortion pill — not only in Texas, but also in Washington state, where Democratic state officials are fighting the FDA’s existing restrictions on prescribing and dispensing the drug. The Biden administration has adopted a similar argument as it has in the Texas case challenging the agency’s original approval of the abortion pill: Let the FDA do its job and impose restrictions it deems appropriate, the administration says.
• The FDA is poised to make a long-awaited decision on an over-the-counter birth control pill, an option already available in other countries. One key unknown, though, is whether the agency would impose age restrictions on access to it.
• And as of this week, 160 Defense Department promotions have stalled over one Republican senator’s objections to a Pentagon policy regarding federal payments to service members traveling to obtain abortions.

Plus, for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: New York Magazine/The Cut’s “Abortion Wins Elections: The Fight to Make Reproductive Rights the Centerpiece of the Democratic Party’s 2024 Agenda,” by Rebecca Traister.

Alice Miranda Ollstein: Stat’s “How the Drug Industry Uses Fear of Fentanyl to Extract More Profit From Naloxone,” by Lev Facher.

Rachel Cohrs: The Washington Post’s “These Women Survived Combat. Then They Had to Fight for Health Care,” by Hope Hodge Seck.

Sandhya Raman: Capital B’s “What the Covid-19 Pandemic and Mpox Outbreak Taught Us About Reducing Health Disparities,” by Margo Snipe and Kenya Hunter.

Also mentioned in this week’s podcast:

• The New York Times’ “‘We’re Going Away’: A State’s Choice to Forgo Medicaid Funds Is Killing Hospitals,” by Sharon LaFraniere.
• KHN’s “Fresh Produce Is an Increasingly Popular Prescription for Chronically Ill Patients,” by Carly Graf.
• California Healthline’s “Prescription for Housing? California Wants Medicaid to Cover 6 Months of Rent,” by Angela Hart.

click to open the transcript

Transcript: A Judicial Body Blow to the ACA

KHN’s ‘What the Health?’Episode Title: A Judicial Body Blow to the ACAEpisode Number: 291Published: March 30, 2023

[Editor’s note: This transcript, generated using transcription software, has been edited for style and clarity.]

Julie Rovner: Hello and welcome back to KHN’s “What the Health?” I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at Kaiser Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We’re taping this week on Thursday, March 30, at 11 a.m. As always, news happens fast, and things might have changed by the time you hear this. So here we go. Today we are joined via video conference by Alice Miranda Ollstein of Politico.

Alice Miranda Ollstein: Good morning.

Rovner: Sandhya Raman of CQ Roll Call.

Sandhya Raman: Good morning.

Rovner: And happy birthday to you.

Raman: Thank you.

Rovner: And Rachel Cohrs of Stat News.

Rachel Cohrs: Hi, everybody.

Rovner: We’ve got breaking news, so we will get right to it. In Texas, we’ve got a major decision from a federal judge with national implications. No, not the abortion pill case — that is still out there. This time, Judge Reed O’Connor has ruled that the Affordable Care Act can’t require coverage of preventive services recommended by the [U.S.] Preventive Services Task Force because the PSTF, as an independent advisory board, can’t legally mandate anything. This case was specifically — although it was about a lot of things — but it was mostly about employers who didn’t want to cover preexposure prophylaxis [PrEP] for people at high risk of HIV because it violated their religious beliefs. And if the name Reed O’Connor sounds familiar, that’s because he’s the same judge who ruled in 2018 that the entire Affordable Care Act was unconstitutional, a finding that wasn’t formally overturned until it got to the Supreme Court. Alice, you’ve been following this case. What happens now?

Ollstein: I’m expecting the Biden administration to appeal at lightning speed, although that appeal will go to the 5th Circuit, which is very right-leaning. It’s ruled to chip away at the Affordable Care Act in the past. So who really knows what will happen there? But yeah, this is really huge. This is saying that this board that has decided what services insurance companies have to cover for free, with no cost sharing, going all the way back to 2010 is not constitutional, and thus what they say can’t be enforced. And so this throws the insurance market into a bit of chaos.

Rovner: Yeah, although one would think that it wouldn’t affect this year’s policies — I mean, for people who are going to be worried that all of a sudden, you know, oh my God, I scheduled my mammogram and now my insurer might not pay for it. It’s not going to be that immediate, right?

Ollstein: We’re not expecting that. I mean, we’re expecting the Biden administration to ask for courts to stay the impact of the ruling until further arguments and appeals can be made. But we really don’t know at this point. And I will say, you know, I’ve seen some misinformation out there about how the ruling deals with contraception. They do not block the contraception mandate. That is related to this case, but the court did not accept that part of the challengers’ claims.

Rovner: Yeah, we should say there are a bunch of different claims and the judge only accepted a couple of them. It could have been even broader. But, you know, unlike the previous Affordable Care Act cases, this one doesn’t threaten the entire law, but it does threaten one of the law’s most popular pieces, those requirements that plans cover preventive care that’s been shown to be cost-effective. This could be an uncomfortable case for the Supreme Court, assuming it gets there, couldn’t it?

Cohrs: It could be an uncomfortable case for the Supreme Court, but it’s also uncomfortable for insurers, too, who’ve promised this. People have come to expect it. And if it is cost-effective, I mean, certainly there may be plans that, you know, make choices to restrict coverage or impose some cost sharing. If this stands, if this is applied nationwide — again, very big ifs at this point — but if these really are cost-effective, then it’s kind of an open question what insurers will choose to do, because obviously they want people to enroll in their plans as well.

Rovner: Yeah, I was going to say, I could see insurers sort of deciding as a group that we’re going to keep providing this stuff, as you say, Rachel, because they want, you know, they want to attract customers, because for the most part it’s not that expensive. I mean, obviously, you know, things like colonoscopies can run into the thousands of dollars, but a lot of these things are, if not de minimis, then just not very expensive. And, as I mentioned, they’re very popular. So it’s possible that, even though they may strike down the mandate, there won’t be as much of an impact from this as some people are saying. But, as Alice points out, we don’t really know anything at this point.

Ollstein: And I think some of the concern is the kind of risk-pool sorting we used to see, you know. So the challengers said that their right to purchase insurance that doesn’t cover certain things was being infringed upon. And so if insurers start to create separate plans, some of which cover all kinds of preventive care, including sexual health care, and separate ones that don’t, and people who don’t think they need a lot of stuff, you know, sort themselves into some plans and not others, you can see that reflected in premiums that could lead to some of the major pre-ACA problems we used to see.

Rovner: If the idea that somebody doesn’t like something and therefore can’t buy something without it, you can see that leading to all kinds of problems down the line about people saying, well, “I don’t like that drugstores sell condoms, so therefore I should be able to go to a drugstore that doesn’t sell condoms,” although that’s not a mandate. But you can see that this could stretch very far with people’s religious beliefs. And indeed, the basis of this claim is that this violated the Religious Freedom Restoration Act. That’s one of the things that Judge O’Connor found, and that could be taken to quite the extreme, I imagine.

Ollstein: Right. I mean, they weren’t required to actually purchase PrEP. They weren’t required to use it. They weren’t required to prescribe it. Just the insurance company was required to cover it along with everything else they cover. And the folks said even purchasing insurance that had that as one of the things it could conceivably cover violated their religious rights.

Rovner: Yes. And this goes back to the contraceptive cases, where the religious organization said that, you know, by having birth control in their plans, it made them complicit in something that they thought was a sin. And that’s exactly what’s being stressed here, even among the individual plaintiffs: that having to buy insurance that has these benefits, even if they don’t use them, makes them complicit in, basically, sex outside of marriage. I mean, that’s what’s in the decision. It’s quite a reach. I’ll be interested to see, as this goes up, what people think of it. So, before we got Judge O’Connor’s opinion, what I thought would be the biggest news of the week comes from North Carolina, which on Monday became the 40th state to expand Medicaid under the Affordable Care Act, to cover people with incomes up to 138% of poverty. That’s about $20,000 in 2023. Well, it’s almost there. The newly eligible 600,000 people won’t be able to sign up until the legislature approves a budget, which is likely later this spring. North Carolina expanding the program leaves only a swath of states across the South, including Florida, Georgia, and Texas, and a couple in the Great Plains as still holding out on a 90% federal match. Is anyone else on the horizon or is this going to be it for a while?

Raman: I think one thing to note about how this is happening is that North Carolina was able to do this finally through the legislature after like a yearslong process. And it has been increasingly rare for this to happen through the legislature. The last time was Virginia, in 2018, but every other state that has done it in recent years has all been through ballot initiative and going that route. And the 10 holdouts that we have, you know, we have Republican-controlled legislatures who’ve been pretty against doing this. So I think if any of those states were to be able to do that at this point that haven’t been tempted by, you know, any of the incentives … [unintelligible] … get a higher match rate or anything like that, it would have to be through the ballot, which is already a difficult process, can take years. There have been various roadblocks to push back and even some of the states in the past that have been able to get it through ballot initiative — some of the legislatures afterwards have tried to like push back on it — when we saw with Utah a few years ago, where even if the voters had voted that they wanted to expand, they wanted to kind of pull it back.

Rovner: We thought in Maine, where the governor blocked it until basically he was out of office.

Raman: Yeah.

Ollstein: And in Missouri, where they just refused to fund it.

Raman: Yeah, so I think that’ll be definitely something to watch with how the budget goes in the next few months. But I guess, at least with North Carolina, this was something that was bipartisan. It was spearheaded in the legislature by Republicans, so I think they might not have the same issues there than Missouri, but it’s a tough haul to get the remaining 10 at this point after this many years.

Rovner: Yeah, I feel like North Carolina is much more like Virginia, which is that, finally, after a lot of wearing down, the Republican legislature and the Democratic governor were able to come to some kind of agreement. That’s what happened in Virginia. And that seems to be what’s happened here in North Carolina. Meanwhile, in those 10 states, hospitals which end up providing free care to people who can’t pay aren’t doing so well. In Florida, the state’s hospital association has been all but begging the state government to expand Medicaid pretty much since it was available to them, which is now going on 13 years. According to the American Hospital Association, 74% of rural hospital closures around the country took place in states that have not expanded Medicaid or where expansion had been in place for less than a year. And the New York Times has a story this week about the toll that that lack of insurance is taking — I’m sorry — and the New York Times has a story this week about the toll that lack of insurance for the working poor is taking there, not just on the state’s hospitals, but on the health of the state’s population. Lawmakers in these states are very happy to take federal money for all manner of things. What is it about this Medicaid expansion that’s making them say, “No, no, no”?

Raman: This was something that came up this week in the House. Appropriations’ Labor, HHS, Education Subcommittee had a hearing this week specifically on rural communities and some of the issues they face. And Medicaid expansion obviously did come up with some of the witnesses and some of the lawmakers as something that would be helpful given the number of hospital closures they’ve seen, and there might only be one health care facility for miles or in a county, and just how it would be helping them to kind of relieve paying for the uncompensated care that they’re already dealing with, you know, highlighted a number of the issues there. So it’s something that comes up, but I think one of the pushbacks that we saw was, you know, again, that it is a) tied to the Affordable Care Act, which has been such a partisan back-and-forth since its inception, and then b) just the messaging has always been about the cost. I mean, even if the general consensus is that it does save money over time for taking care of that care, something that came up was why states get more of a reimbursement for expansion than they do for traditional Medicaid. That was brought up a couple times, things like that. And so I think it’s hard to get some of those folks on board just because of how partisan it has become.

Rovner: Yeah, I remember I watched the hearing in Wyoming on this last year. They didn’t want to do it, it seemed, more for ideology. I mean, a lot of states that are doing this, you know, you can levy a tax on hospitals and nursing homes, who are happy to pay the tax because they’re now getting paid for these patients who couldn’t pay. And the state’s really not out-of-pocket, as it were, at all. But and yet, as we point out, these last 10 states, including some of the really big ones, have yet to actually succumb to this. Well, while we are talking about Medicaid, there have been a couple of interesting stories from my KHN colleagues in the past few weeks about so-called social determinants of health, those not strictly medical interventions that have a big impact on how sick or healthy people are. In California, Democratic Gov. Gavin Newsom wants to use Medicaid to pay for six months of rent or temporary housing for homeless people. And in Montana, health professionals can now prescribe vouchers for fruit and vegetables for patients with little access to fresh food. Is this the wave of the future, or will those who want to shrink rather than expand the welfare state and government in general roll programs like these back?

Cohrs: I think there certainly is a trend, a lot of momentum behind the idea of food as medicine and, you know, moving away and exploring some of these non-medication treatments or some of these underlying reasons why people do have health issues. I think certainly support for the Medicaid program is going to be a hot-button issue in D.C. over the next few months, but there is a lot that states can do on their own as well. And I know states have, you know, programs to kind of cover people that fall between the cracks of traditional insurance programs. California has a robust program for that, the local levels as well. So I think there may be ways to get around that, even if we do see some more restrictions. And again, the administration is Democratic at this point, so I think they may be friendlier to some of these innovations than prior ones, and that could change at any time. But this certainly isn’t something that’s going to go away.

Rovner: I wonder if we’re going to end up with blue states having all of these more robust pro — I mean, we already have blue states with more robust programs, but blue states having these more inclusive programs and red states not. Alice, you’re nodding.

Ollstein: Absolutely. And that’s been the trend for a while, but it could even accelerate now, I think, and you’re seeing that on both sides, with blue states looking to cover more and more things; also looking to cover more and more people, including undocumented people. That’s another trend in Medicaid. At the same time, you have red states that have long explored how to cover fewer and fewer, you know, trying to change the income eligibility threshold for expanded Medicaid, trying to do work requirements, trying to do, like, other restrictions. And so I think the patchwork and the divide is only going to continue.

Rovner: Well, moving on to abortion this week, we are still waiting, as I said, for that other decision out of Texas that could impact the future of the abortion pill mifepristone. But Alice, there’s another case at the other end of the country that could have something to say about the Texas case. What’s going on in Washington state?

Ollstein: This one has really flown under the radar. So this is an interesting situation where the same — a lot of the same Democratic attorneys general who were siding with the Biden administration in the Texas case are challenging the Biden administration in a different case in Washington state, basically saying that the remaining federal restrictions on abortion pills — mainly that providers have to get certified in order to prescribe the drugs or dispense them — saying that that should be tossed out, that it’s not supported by medicine and science. And so it’s interesting because you have the Biden administration fighting back against an effort to make the pills more accessible, which is not what a lot of people expect. It goes sort of against their rhetoric in recent months; they’ve talked about wanting to make the pills more accessible and they’re opposing an effort that would do that. But it is somewhat consistent with their position in the Texas case, which is, they’re saying, “Look, this is the FDA’s job. Let the FDA do its job. The FDA has a process, came up with these rules, got rid of some, kept others, and you outside folks don’t have the right to challenge and overturn it.”

Rovner: So what happens if the judges in both of these cases find for the plaintiffs, which would be kind of, but not completely, conflicting?

Ollstein: Yeah, so the Washington state case could just apply to the dozen states that are part of the challenge. And so you could have, again, more of a patchwork in which the abortion pills become even more accessible in those blue states and even less accessible in other states. You could also have these competing rulings that ultimately trigger Supreme Court review.

Rovner: Yeah, it’s not exactly a circuit split because it wouldn’t be opposite decisions on the same case; they’re different cases here. But as you point out, it’s really a case challenging the authority of the FDA to do what the FDA does. So it’s going to be really interesting to watch how this all plays out. While the future of mifepristone remains in doubt, the FDA is going to consider making at least one birth control pill over the counter. We know that morning-after pills, which are high doses of regular birth control pills, are already available without a prescription. So why hasn’t there been an over-the-counter birth control pill until now?

Ollstein: Everything concerning birth control, emergency contraception, abortion, it just — these fights drag on for years and years and years. So finally, we seem to be on the cusp of having a decision on this. It’s expected, from most people I’ve talked to, that they will approve this over-the-counter birth control. There’s a lot of data from around the world. A lot of other countries already have this. And one key unknown is whether the FDA will maintain an age restriction on it. A lot of progressive advocates do not want an age restriction because they think that this is important to help teens prevent unwanted pregnancies. And I think that’s going to be a big piece of the fight that I’m watching.

Rovner: And oh, my goodness, it was that age restriction that held up the over-the-counter morning-after pill for years. That was like a 13-year process to get that over the counter. It went on and on and on, and I covered it. All right. Well, there is abortion-related action on Capitol Hill too this week. We’ve got a potential abortion standoff brewing in the Senate over reproductive health policy at the Department of Defense. Who wants to talk about that one?

Raman: This one has been, I think, really interesting, since we’re all health reporters. And it’s been really something that I think my defense colleagues have been following so closely. But we have Senator Tuberville, who’s been holding up military nominations because the Pentagon has a policy that allows, you know, service members leave for reproductive care and it covers travel to seek an abortion. And so —

Rovner: Although it still doesn’t pay for the abortion.

Raman: It does not pay for the abortions. It’s for the travel. And so I know that my colleagues have looked at this and how this point, like, both sides have been getting a little frustrated, you know, with even some senators saying, “Hey, I agree that I don’t like this policy, but you need to find another way,” because as of earlier this week 160 promotions have been stalled. And so it’s just been kind of ramping up and holding up a lot of folks for kind of an unusual method.

Rovner: Yeah, and the defense secretary saying, I mean, this threatens national security because these are promotions — are important promotions. Flag officers, these are not, you know, just sort of — they’re routine, but they’re, you know, but if they don’t happen, if they get stalled, it’s a problem. In all of my years of seeing anti-abortion senators hold up things, this is not one I have seen before. It’s at least — it’s sort of new and imaginative, and I guess we will see how that plays out. Back in the states, though, it seems that the efforts to restrict reproductive rights are getting very extreme, very fast. Yes, the Oklahoma Supreme Court ruled earlier this month that a pregnant woman does have a right to an abortion when continuing the pregnancy threatens her life. But four of the nine justices there didn’t even want to go that far, suggesting that the legislature has the right to basically require saving the fetus even at the cost of the pregnant person’s life. In Texas, a lawsuit in which the ex-husband is suing the friend of his ex-wife for the wrongful death of his child for helping her get abortion medication is setting the stage for the so-called personhood debate: the idea that a new person with full legal right is created upon fertilization of an egg by sperm. Over the past few decades, several states have rejected personhood ballot measures as a bridge too far. But it feels like all bets are off now. I mean, it’s sort of like a race to see who can be the most extreme state.

Ollstein: I think the trends are revealing some interesting things. I mean, one, anti-abortion folks are well aware that people are still getting abortions, mainly in one of two ways: either traveling out of state or ordering pills online and taking them at home, both of which are very difficult to enforce and stop. And so there’s just a lot of, like, throwing spaghetti against the wall and seeing what sticks, in terms of, can we actually criminalize either of those things? If so, how is it enforced, or does it even need to be enforced? Or is just the fear and the chilling effect enough? I mean, we definitely see that. We definitely see medical providers holding off on doing even perfectly legal things because of fear and the chilling effect. And so there’s just a lot of experimentation at the state level right now.

Rovner: Yeah, I forgot to mention Idaho, where the legislature introduced a bill that would make it a crime — that creates abortion trafficking as a crime — for someone to take a minor, it’s not really across state lines, because the state can’t do that, so it’s like taking the minor to the border in an effort to cross state lines to get an abortion. There was, for many years in the late 1990s and early 2000s, something called the Child Custody Protection Act in Congress, because they needed that for the interstate part of it, that would make it a crime to take a minor across state lines in violation of the home state’s parental involvement laws. It passed both the House and the Senate at various times. It never became law. It’s been introduced recently, but nobody’s tried to take it up recently. I wouldn’t be surprised to see that come back up, too. But it really does seem that every day there’s another bill in another state legislature that says — after all the claims of the anti-abortion movement for decades, that we don’t want to punish the women, we only want to punish the providers — that’s gone out the window, right?

Raman: I guess I would add that, you know, we’re seeing a lot of this activity now. But something that I keep in mind is that a) it’s gotten a lot harder to know what’s going to, you know, using the spaghetti metaphor that Alice did, like what will stick. So there’s just a lot more flurry of action. And then I feel like I see increasingly, you know, people, since they don’t know that, just like fixating a lot on various things, just because you don’t know. I think, you know, even a few years ago, there were a lot of things that would have one sponsor or two sponsors and have no chance of going anywhere, as most bills introduced anywhere do. But now, a) a lot of these things are moving very, very quickly in the legislature, and b) since we don’t know, it’s hard to know where to kind of focus, even to some of the experts that I’ve talked to, where it’s just, “We’re not sure.” So just be aware of all of these things in various places because of kind of that uncertainty.

Rovner: Yeah, I know I’m generally loath to talk about bills that got introduced either in Congress or in state legislatures, because I think it unnecessarily creates expectations that for the most part don’t happen. But as both of you say, some of these things are happening so fast that, if you mention them one week, they’re law by the next week. So we will see as this continues to move quickly. All right. That’s the news for this week. Now it is time for our extra credit segment. That’s when we each recommend a story we read this week we think you should read too. As always, don’t worry if you miss it. We will post the links on the podcast page at khn.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Rachel, why don’t you go first this week?

Cohrs: All right. So my story is from the Washington Post, and the headline is “These Women Survived Combat. Then They Had to Fight for Health Care,” by Hope Hodge Seck. And I thought it was just a really great feature on this very niche issue. And I think veterans’ kind of health care overall just doesn’t get as much coverage as it should, and —

Rovner: Particularly women’s veteran’s health care.

Cohrs: Exactly. Yes. And so these women were essentially going into combat situations to help relations with women in very conservative cultures, and they were exposed to the grenade blasts and a lot of these combat situations. But then their health care coverage upon returning wasn’t covered. And there is kind of a new bill with some momentum behind it that is trying to plug that loophole. So, yeah, I thought it was a very great feature on an issue that’s undercovered.

Rovner: Yeah, this was something I knew nothing about until I read this story. Alice?

Ollstein: I chose a piece by Rachel’s colleague at Stat, Lev Facher, called “How the Drug Industry Uses Fear of Fentanyl to Extract More Profit From Naloxone.” And this is really timely, with the approval this week of over-the-counter opioid-overdose-reverse medication. And basically it’s about how these drug companies are coming up with new forms of the drug, really huge doses, new delivery forms, injectables, and nasal sprays, and stuff that are not really justified by science and are sort of just an opportunity for more profit because the basic form of the drug that works extremely well and is very affordable, they are basically hyping the fear of fentanyl to try to push these stronger products they’re coming up with. And the fear is that municipal governments that have limited resources are going to spend their money on those not really justified new forms and get fewer medication for everyone than just using the basic stuff that we know works.

Rovner: Indeed. Sandhya?

Raman: My extra credit is from Margo Snipe and Kenya Hunter at Capital B, and it’s called “What the Covid-19 Pandemic and Mpox Outbreak Taught Us About Reducing Health Disparities.” And I thought this was an interesting look that they did, highlighting how, you know, there’s been a lot more talk about the various health inequities among, you know, racial and ethnic and sexual minority communities after these two pandemics have started. And they look at how some of the targeted efforts have narrowed some of the gaps in things like vaccines, but just how some of these lessons can be used to address other health disparities, you know, things like community outreach and expanding types of screenings and how many languages public health information is translated into and things like that. So, it’s a good read.

Rovner: Well, my extra credit this week is a long read, a very long read, by Rebecca Traister in New York Magazine, called “Abortion Wins Elections: The Fight to Make Reproductive Rights the Centerpiece of the Democratic Party’s 2024 Agenda.” And while I’m not sure I’m buying everything that she’s selling here, this is an incredibly thorough and interesting look at the past, present, and possibly future of the abortion rights movement at the national, state, and local levels. If you are truly interested in this subject, it’s well worth the half hour or so of your time that it takes to get through the entire thing. It’s a really, really good piece. OK, that is our show for this week. As always, if you enjoyed the podcast, you can subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review; that helps other people find us too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying. Also, as always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth@kff.org. Or you can tweet me still. I’m @jrovner. Alice?

Ollstein: @AliceOllstein.

Rovner: Rachel?

Cohrs: @rachelcohrs.

Rovner: Sandhya?

Raman: @SandhyaWrites.

Rovner: We will be back in your feed next week. Until then, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KHN’s What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Less than two years after opening a state-of-the-art $26 million hospital in Leadville, Colorado, St. Vincent Health nearly ran out of money.

Hospital officials said in early December that without a cash infusion they would be unable to pay their bills or meet payroll by the end of the week.

The eight-bed rural hospital had turned a $2.2 million profit in 2021, but the windfall was largely a mirage. Pandemic relief payments masked problems in the way the hospital billed for services and collected payments.

In 2022, St. Vincent lost nearly $2.3 million. It was at risk of closing and leaving the 7,400 residents of Lake County without a hospital or immediate emergency care. A $480,000 bailout from the county and an advance of more than $1 million from the state kept the doors open and the lights on.

Since 2010, 145 rural hospitals across the U.S. have closed, according to the Cecil G. Sheps Center for Health Services Research at the University of North Carolina. But covid-19 relief measures slowed that trend. Only 10 rural hospitals shut down in 2021 and 2022 combined, after a record 19 in 2020. Two rural hospitals have closed already this year.

Now that those covid funds are gone, many challenges that threatened rural hospitals before the pandemic have resurfaced. Industry analysts warn that rural facilities, like St. Vincent Health, are once again on shaky ground.

Jeffrey Johnson, a partner with the consulting firm Wipfli, said he has been warning hospital boards during audits not to overestimate their financial position coming out of the pandemic.

He said the influx of cash aid gave rural hospital operators a “false sense of reality.”

No rural hospitals have closed in Colorado in the past decade, but 16 are operating in the red, according to Michelle Mills, CEO of the nonprofit Colorado Rural Health Center, the State Office of Rural Health. Last year, Delta County voters saved a rural hospital owned by Delta Health by passing a sales tax ballot measure to help support the facility. And state legislators are fast-tracking a $5 million payment to stabilize Denver Health, an urban safety-net hospital.

John Gardner took over as interim CEO of St. Vincent after the previous CEO resigned last year. He said the hospital’s cash crunch stemmed from decisions to spend covid funds on equipment instead of operating costs.

St. Vincent is classified by Medicare as a critical access hospital, so the federal program reimburses it based on its costs. Medicare advanced payments to hospitals in 2020, but then recouped the money by reducing payments in 2022. St. Vincent had to repay $1.2 million at the same time the hospital faced higher spending, a growing accounts-payable obligation, and falling revenue. The hospital, Gardner said, had mismanaged its billing process, hadn’t updated its prices since 2018, and failed to credential new clinicians with insurance plans.

Meanwhile, the hospital began adding services, including behavioral health, home health and hospice, and genetic testing, which came with high startup costs and additional employees.

“Some businesses the hospital was looking at getting into were beyond the normal menu of critical access hospitals,” Gardner said. “I think they lost their focus. There were just some bad decisions made.”

Once the hospital’s upside-down finances became clear, those services were dropped, and the hospital reduced staffing from 145 employees to 98.

Additionally, St. Vincent had purchased an accounting system designed for hospitals but had trouble getting it to work.

The accounting problems meant the hospital was late completing its 2021 audit and hadn’t provided its board with monthly financial updates. Gardner said the hospital believes it may have underreported its costs to Medicare, and so it is updating its reports in hopes of securing additional revenue.

The hospital also ran into difficulty with equipment it purchased to perform colonoscopies. St. Vincent is believed to be the highest-elevation hospital in the U.S., at more than 10,150 feet, and the equipment used to verify that the scopes weren’t leaking did not work at that altitude.

“We’re peeling the onion, trying to find out what are the things that went wrong and then fixing them, so it’s hopefully a ship that’s running fairly smoothly,” Gardner said.

Soon Gardner will hand off operations to a management company charged with getting the hospital back on track and hiring new leadership. But officials expect it could take two to three years to get the hospital on solid ground.

Some of those challenges are unique to St. Vincent, but many are not. According to the Chartis Center for Rural Health, a consulting and research firm, the average rural hospital operates with a razor-thin 1.8% margin, leaving little room for error.

Rural hospitals operating in states that have expanded Medicaid under the Affordable Care Act, as Colorado did, average a 2.6% margin, but rural hospitals in the 12 non-expansion states have a margin of minus 0.5%.

Chartis calculated that 43% of rural hospitals are operating in the red, down slightly from 45% last year. Michael Topchik, who heads the Chartis Center for Rural Health, said the rate was only 33% 10 years ago.

A hospital should be able to sustain operations with the income from patient care, he said. Additional payments — such as provider relief funds, revenues from tax levies, or other state or federal funds — should be set aside for the capital expenditures needed to keep hospitals up to date.

“That’s not what we see,” Topchik said, adding that hospitals use that supplemental income to pay salaries and keep the lights on.

Bob Morasko, CEO of Heart of the Rockies Regional Medical Center in Salida, said a change in the way Colorado’s Medicaid program pays hospitals has hurt rural facilities.

Several years ago, the program shifted from a cost-based approach, similar to Medicare’s, to one that pays per patient visit. He said a rural hospital has to staff its ER every night with at least a doctor, a nurse, and X-ray and laboratory technicians.

“If you’re paid on an encounter and you have very low volumes, you can’t cover your costs,” he said. “Some nights, you might get only one or two patients.”

Hospitals also struggle to recruit staff to rural areas and often have to pay higher salaries than they can afford. When they can’t recruit, they must pay even higher wages for temporary travel nurses or doctors. And the shift to an encounter-based system, Morasko said, also complicated coding for billing , leading to difficulties in hiring competent billing staff.

On top of that, inflation has meant hospitals pay more for goods and services, said Mills, from the state’s rural health center.

“Critical access hospitals and rural health clinics were established to provide care, not to be a moneymaker in the community,” she said.

Even if rural hospitals manage to stay open, their financial weakness can affect patients in other ways. Chartis found the number of rural hospitals eliminating obstetrics rose from 198 in 2019 to 217 last year, and the number no longer offering chemotherapy grew from 311 to 353.

“These were two we were able to track with large data sets, but it’s across the board,” Topchik said. “You don’t have to close to be weak.”

Back in Leadville, Gardner said financial lifelines thrown to the hospital have stabilized its financial situation for now, and he doesn’t anticipate needing to ask the county or state for more money.

“It gives us the cushion that we need to fix all the other things,” he said. “It’s not perfect, but I see light at the end of the tunnel.”

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host

Julie Rovner
KHN

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KHN’s weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

With Medicare and Social Security apparently off the table for federal budget cuts, the focus has turned to Medicaid, the federal-state health program for those with low incomes. President Joe Biden has made it clear he wants to protect the program, along with the Affordable Care Act, but Republicans will likely propose cuts to both when they present a proposed budget in the next several weeks.

Meanwhile, confusion over abortion restrictions continues, particularly at the FDA. One lawsuit in Texas calls for a federal judge to temporarily halt distribution of the abortion pill mifepristone. A separate suit, though, asks a different federal judge to temporarily make the drug easier to get, by removing some of the FDA’s safety restrictions.

This week’s panelists are Julie Rovner of Kaiser Health News, Alice Miranda Ollstein of Politico, Rachel Cohrs of STAT News, and Lauren Weber of The Washington Post.

Panelists

Rachel Cohrs
Stat News

@rachelcohrs

Read Rachel's stories

Alice Miranda Ollstein
Politico

@AliceOllstein

Read Alice's stories

Lauren Weber
The Washington Post

@LaurenWeberHP

Read Lauren's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• States are working to review Medicaid eligibility for millions of people as pandemic-era coverage rules lapse at the end of March, amid fears that many Americans kicked off Medicaid who are eligible for free or near-free coverage under the ACA won’t know their options and will go uninsured.
• Biden promised this week to stop Republicans from “gutting” Medicaid and the ACA. But not all Republicans are on board with cuts to Medicaid. Between the party’s narrow majority in the House and the fact that Medicaid pays for nursing homes for many seniors, cutting the program is a politically dicey move.
• A national group that pushed the use of ivermectin to treat covid-19 is now hyping the drug as a treatment for flu and RSV — despite a lack of clinical evidence to support their claims that it is effective against any of those illnesses. Nonetheless, there is a movement of people, many of them doctors, who believe ivermectin works.
• In reproductive health news, a federal judge recently ruled that a Texas law cannot be used to prosecute groups that help women travel out of state to obtain abortions. And the abortion issue has highlighted the role of attorneys general around the country — politicizing a formerly nonpartisan state post. –And Eli Lilly announced plans to cut the price of some insulin products and cap out-of-pocket costs, though their reasons may not be completely altruistic: An expert pointed out that a change to Medicaid rebates next year means drugmakers soon will have to pay the government every time a patient fills a prescription for insulin, meaning Eli Lilly’s plan could save the company money.

Plus, for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: The New York Times’ “A Drug Company Exploited a Safety Requirement to Make Money,” by Rebecca Robbins.

Alice Miranda Ollstein: The New York Times’ “Alone and Exploited, Migrant Children Work Brutal Jobs Across the U.S.,” by Hannah Dreier.

Rachel Cohrs: STAT News’ “Nonprofit Hospitals Are Failing Americans. Their Boards May Be a Reason Why,” by Sanjay Kishore and Suhas Gondi.

Lauren Weber: KHN and CBS News’ “This Dental Device Was Sold to Fix Patients’ Jaws. Lawsuits Claim It Wrecked Their Teeth,” by Brett Kelman and Anna Werner.

Also mentioned in this week’s podcast:

• Politico’s “Why One State’s Plan to Unwind a Covid-Era Medicaid Rule Is Raising Red Flags,” by Megan Messerly.
• The Washington Post’s “Doctors Who Touted Ivermectin as Covid Fix Now Pushing It for Flu, RSV,” by Lauren Weber.
• NPR’s “To Safeguard Healthy Twins in Utero, She Had to ‘Escape’ Texas for Abortion Procedure,” by Selena Simmons-Duffin.
• The Daily Beast’s “Tennessee Abortion Ban a ‘Nightmare’ for Woman With Doomed Pregnancy,” by Michael Daly.

click to open the transcript

Transcript: March Medicaid Madness

KHN’s ‘What the Health?’Episode Title: Medicaid March MadnessEpisode Number: 287Published: March 2, 2023

Julie Rovner: Hello and welcome back to KHN’s “What the Health?” I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at Kaiser Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We are taping this week on Thursday, March 2, at 10 a.m. As always, news happens fast, and things might have changed by the time you hear this. So, here we go. We are joined today via video conference by Alice Miranda Ollstein of Politico.

Alice Miranda Ollstein: Good morning.

Rovner: Rachel Cohrs of Stat News.

Rachel Cohrs: Hi, everybody.

Rovner: And we officially welcome to the podcast panel this week Lauren Weber, ex of KHN and now at The Washington Post covering a cool new beat on health and science disinformation. Lauren, welcome back to the podcast.

Lauren Weber: Thanks for having me.

Rovner: So we’re going to get right to this week’s news. We’ve talked a lot about the political fight swirling around Medicare the past couple of weeks. So this week, I want to talk more about Medicaid. Our regular listeners will know, or should know, that states are beginning to re-determine eligibility for people who got on Medicaid during the covid pandemic and were allowed to stay on until now. In fact, Arkansas is vowing to re-determine eligibility for half a million people over the next six months. Alice, the last time Arkansas tried to do something bureaucratically complicated with Medicaid, it didn’t turn out so well, did it?

Ollstein: No. It was so much of a cautionary tale that no other state until now has gone down that path, although now at least a couple are attempting to. So Arkansas was the only state to actually move forward under the Trump administration with implementing Medicaid work requirements. And we covered it at the time, and just thousands and thousands of people lost coverage who should have qualified. They were working. They just couldn’t navigate the reporting system. Part of the problem was that you had to report your working hours online and a lot of people who are poor don’t have access to the internet. And, you know, the system was buggy and clunky and it was just a huge mess. But that is not stopping the state from trying again on several fronts. One, they want to do Medicaid work requirements again. The governor, Sarah Huckabee Sanders, has said that they plan to do that and also they plan to do their redeterminations for the end of the public health emergency in half the time the federal government would like states to take to do it. The federal government has incentives for states to go slow and take a full year to make sure people know how to prove whether or not they qualify for Medicaid and to learn what other insurance coverage options might be available to them. For instance, you know, Obamacare plans that are free or almost free.

Rovner: Yeah. Presumably most of the people who are no longer eligible for Medicaid but are still low-income will be eligible for Obamacare with hefty subsidies.

Ollstein: That’s right. So the fear is that history will repeat itself. A lot of people who should be covered will be dropped from coverage and won’t even know it because the state didn’t take the time to contact people and seek them out.

Rovner: This is something that we will certainly follow as it plays out over the next year. More broadly, though, there have been whispers — well, more than whispers, whines — over the past couple of weeks that President [Joe] Biden’s challenge to Republicans not to cut Social Security and Medicare, and Republicans’ apparent acceptance of that challenge, specifically leaves out Medicaid. Now, I never thought that was true, at least for the Democrats. But earlier this week, President Biden extended his promises to Medicaid and the Affordable Care Act. How much of a threat is there really to Medicaid in the coming budget battles? Rachel, you wrote about that today.

Cohrs: There is a lot of anxiety swirling around this on the Hill. I know there’s a former Trump White House official who’s circulated some documents that are making people a little bit nervous about Republicans’ position. But it is useful to look at existing documents out there. It is not reflective necessarily of the consensus Republican position. And it’s a very diverse party right now in the House. They have an incredibly narrow majority and Kevin McCarthy is really going to have to walk a tightrope here. And I think it is important to remember that when Medicaid has come up on steep ballot initiatives in red states, so many times it has passed overwhelmingly. So I think there is an argument to be made that Medicaid enjoys more political support among the GOP voting populace than maybe it does among members of Congress. So I think I am viewing it with caution. You know, obviously, it’s something that we’re going to have to be tracking and watching as these negotiations develop. But Democrats still hold the Senate and they still hold the presidency. So Republicans have more leverage than they did last Congress, but they’re still … Democrats still have a lot of sway here.

Rovner: Although I’ll just point out, as I think I pointed out before, that in 2017, when the Republicans tried to repeal the Affordable Care Act, one of the things they discovered is that Medicaid is actually kind of popular. I think … much to their surprise, they discovered that Medicaid is also kind of popular, maybe not as much as Medicare, but more than I think they thought. So I guess the budget wars really get started next week: We get President Biden’s budget, right?

Ollstein: And House Republicans are allegedly working on something. We don’t know when it will come or how much detail it will have, but it will be some sort of counter to Biden’s budget. But, you know, the real work will come later, in hashing it out in negotiations. And, really, a small number of people will be involved in that. And so just like Rachel said, you know, you’re going to see a lot of proposals thrown out over the next several months. Not all of them should necessarily be taken seriously or taken as determinative. Just one last interesting thing: This has been a really interesting education time, both for lawmakers and the public on just who is covered under these programs. I mean, the idea is that Medicare is so untouchable, is this third rail, because it is primarily seniors, and seniors vote. And seniors are more politically important to conservatives and Republicans. But people forget a lot of seniors are also on Medicaid. They get their nursing home coverage through there. And so I’ve heard a lot of Democratic lawmakers really hammering that argument lately and saying, look, you know, the stereotype for Medicaid is that it’s just poor adults, but …

Rovner: Yeah, moms and kids. That was how it started out.

Ollstein: Exactly.

Rovner: It was poor moms and kids.

Ollstein: Exactly. But it’s a lot more than that now. And it is more politically dicey to go after it than maybe people think.

Rovner: Yeah, I think Nancy Pelosi … in 2017 when, you know, if the threat with Medicare is throwing Granny off the cliff in her wheelchair, the threat of Medicaid is throwing Granny out of her nursing home, both of which have their political perils. All right. Well, we’ll definitely see this one play out for a while. I want to move to the public health beat. Lauren, you had a really cool story on the front page of The Washington Post this week about how the promise of ivermectin to treat infectious diseases in humans. And for those who forget, ivermectin is an anti-wormer drug that I give to my horse and both of my dogs. But the idea of using it for various infectious diseases just won’t die. What is the latest ivermectin craze?

Weber: Yes, and to be clear, there is an ivermectin that is a pill that can be given to humans, which is what these folks are talking about. But there’s this group called the Front Line COVID-19 Critical Care Alliance that really pushed ivermectin in the height of covid. As we all know on this podcast, scientific study after scientific study after clinical trial has disproved that there is any efficacy for that. But this group has continued to push it. And I discovered, looking at their website back this winter, that they’re now pushing it for the flu and RSV. And as I asked the CDC [Centers for Disease Control and Prevention] and medical experts, there’s no clinical data to support pushing that for the flu or RSV. And, you know, as one scientist said to me, they had data that … had antiviral properties in a test tube. But as one scientist said to me, well, if you put Coca-Cola in a test tube, it would show it had antiviral properties as well. So there’s a lot of pushback to these folks. But, that said, they told me that they have had their protocols downloaded over a million times. You know, they’re … absolutely have some prominence and have, you know, converted a share of the American population to the belief that this is a useful medical treatment for them. And one of the doctors that has left their group over their support of ivermectin said to me, “Look, I’m not surprised that they’re continuing to push this for something else. This is what they do now. They push this for other things.” And so it’s quite interesting to see this continue to play out as we continue into covid, to see them kind of expand, as these folks said to me, into other diseases.

Rovner: I know I mean, usually when we see these kinds of things, it’s because the people who are pushing them are also selling them and making money off of them. And I know that’s the case in some of this, but a lot of these are just doctors who are writing prescriptions for ivermectin. Right? I mean, this is an actual belief that they have.

Weber: Yeah, some of them do make money off of telehealth appointments. They can charge up to a couple hundred dollars for telehealth appointments. And one of the couple of co-founders had a lucrative Substack and book deal that talks about ivermectin and do get paid by this alliance. One of them made almost a quarter of a million dollars in salary from the alliance. But yeah, I mean, the average doctor that’s prescribing ivermectin, I mean — there were over 400,000 ivermectin prescriptions in, I think, it was August of 2021. So that’s a lot of prescriptions.

Rovner: They’re not all making money off of it.

Weber: They’re not all making money. And I mean, what’s wild to me is Merck has come out and said, which, in a very rare statement for a pharmaceutical company, you know, don’t prescribe our drug for this. And when I asked them about RSV and the flu, they said, yeah, our statement would still stand on that. So it’s a movement, to some extent. And the folks I talked to about it, they really believe …

Rovner: And I will say, for a while in 2021, you couldn’t get horse wormer, which is a very nasty-tasting paste, even the horses don’t really like it. Because it was hard to get ivermectin at all. So we’ll see where this goes next. Here’s one of those “in case you missed It” stories. The Tulsa World this week has an interview with former Republican Sen. James Inhofe, who said, in his blunt Inhofe way, that he retired last year not only because he’s 88, but because he’s still suffering the effects of long covid. And he’s not the only one — quote, “five or six others have [long covid], but I’m the only one who admits it,” he told the paper, referring to other members of the Senate, presumably other Republican members of the Senate. Now, mind you, the very conservative Inhofe voted against just about every covid funding bill. And my impression from not going to the Hill regularly in 2021 and 2022 is that while covid seemed to be floating around in the air, lots of people were getting it, very few people seemed to be getting very sick. But now we’re thinking that’s not really the case, right?

Ollstein: When I saw this, I immediately went back to a story I wrote about a year ago on Tim Kaine’s long covid diagnosis and his attempts to convince his colleagues to put more research funding or treatment funding, more basic covid prevention funding … you know, fewer people will get long covid if fewer people get covid in the first place. And there was just zero appetite on the Republican side for that. And that’s why a lot of it didn’t end up passing. Inhofe was one of the Republicans I talked to, and I said, you know, do you think you should do more about long covid? What do you think about this? And this is what he told me: “I have other priorities. We’re handling all we can right now.” And then he added that long covid is not that well defined. And he argued there’s no way to determine how many people are affected. Well.

Rovner: OK.

Ollstein: So that … in “Quotes That Aged Poorly Hall of Fame.”

Rovner: You know, obviously Tim Kaine came forward and talked about it. But now I’m wondering if there are people who are slowing down or looking like they’re not well, maybe they have long covid and don’t want to say.

Ollstein: Well, I mean, something that Tim Kaine’s case shows is that there’s no one thing it can look like and somebody can look completely healthy and normal on the outside and be suffering symptoms. And Tim Kaine has also said that members of Congress have quietly disclosed to him and thanked him for speaking up, but said they weren’t willing to do it themselves. And he, Tim Kaine, told me that he felt more comfortable speaking up because the kind of symptoms he had were less stigmatized. They weren’t anything in terms of impeding his mental capacity and function. And there’s just a lot of stigma and fear of people coming forward and admitting they’re having a problem.

Rovner: I find it kind of ironic that last week we talked about how, you know, members of Congress and politicians with mental health, you know, normally stigmatizing problems are more willing to talk about it. And yet here are people with long covid not willing to talk about it. So maybe we’ll see a little bit more after this or maybe not. I want to talk a little bit about artificial intelligence and health care. I’ve been wanting to talk about this for a while, but this week seems to be everyone is talking about AI. There have been a spate of stories about how different types of artificial intelligence are aiding in medical care, but also some cautionary tales, particularly about chat engines. They get all their information from the internet, good or bad. Now, we already have robots that do intricate surgeries and lots and lots of treatment algorithms. On the other hand, the little bit of AI that I already have that’s medical-oriented, my Fitbit, that sometimes accurately tracks my exercise and sometimes doesn’t, and the chat bot from my favorite chain drugstore that honestly cannot keep my medication straight. None of that makes me terribly optimistic about launching into health AI. Is this, like most tech, going to roll out a little before it’s ready and then we’ll work the bugs out? Or maybe are we going to be a little bit more careful with some of this stuff?

Cohrs: I think we’ve already seen some examples of things rolling out before they’re exactly ready. And I just thought of my colleague Casey Ross’ reporting on Epic’s algorithm that was supposed to help …

Rovner: Epic, the electronic medical records company.

Cohrs: Yes, yes. They had this algorithm that was supposed to help doctors treat sepsis patients, and it didn’t work. The problem with using AI in health care is that there are life-and-death consequences for some of these things. If you’re misdiagnosing someone, if you’re giving them medicine they don’t need, there are, like, those big consequences. But there are also the smaller ones too. And my colleague Brittany Trang wrote about how with doctor’s notes or transcripts of conversations between a physician and a patient sometimes AI has difficulty differentiating between an “mm-hm” or an “uh-huh” and telling whether that’s a yes or a no. And so I think that there’s just all of these really fascinating issues that we’re going to have to work through. And I think there is enormous potential, certainly, and I think there’s getting more experimentation. But like you said, I think in health care it’s just a very different beast when you’re rolling things out and making sure that they work.

Weber: Yeah, I wanted to add, I mean, one of the things that I found really interesting is that doctors’ offices are using some of it to reduce some of the administrative burden. As we all know, prior authorizations suck up a lot of time for doctors’ offices. And it seems like this has actually been really helpful for them. That said, I mean, that comes with the caveat of — my colleagues and I and much reporting has shown that — sometimes these things just make up references for studies. They just make it up. That level of “Is this just a made-up study that supports what I’m saying?” I think is really jarring. This isn’t quite like using Google. It cannot be trusted to the level … and I think people do have caution with it and they will have to continue to have caution with it. But I think we’re really only at the forefront of figuring out how this all plays out.

Rovner: I was talking before we started taping about how I got a text from my favorite chain drugstore saying that I was out of refills and that they would call my doctor, which is fine. And then they said, “Text ‘Yes’ if you would like us to call” … some other doctor. I’m like, “Who the heck is this other doctor?” And then I realize he’s the doctor I saw at urgent care last September when I burned myself. I’m like, “Why on earth would you even have him in your system?” So, you know, that’s the sort of thing … it’s like, we’re going to be really helpful and do something really stupid. I worry that Congress, in trying to regulate tech, and failing so far — I mean, we’ve seen how much they do and don’t know about, you know, Facebook and Instagram and the hand-wringing over TikTok because it’s owned by the Chinese — I can’t imagine any kind of serious, thoughtful regulation on this. We’re going to have to basically rely on the medical industry to decide how to roll this out, right? Or might somebody step in?

Ollstein: I mean, there could be agency, you know, rulemaking, potentially. But, yes, it’s the classic conundrum of technology evolving way faster than government can act to regulate it. I mean, we see that on so many fronts. I mean, look how long has gone without any kind of update. And, you know, the kinds of ways health information is shared are completely different from when that law was written, so …

Rovner: Indeed.

Weber: And as Rachel said, I mean, this is life-or-death consequences in some places. So the slowness with which the government regulates things could really have a problem here, because this is not something that is just little …

Rovner: Of the things that keep me awake at night, this is one of the things that keeps me awake at night. All right. Well, one of these weeks, we will not have a ton of reproductive health news. But this week isn’t it. As of this taping, we still have not gotten a decision in that Texas case challenging the FDA approval of the abortion pill, mifepristone, back in the year 2000. But there’s plenty of other abortion news happening in the Lone Star State. First, a federal judge in Texas who was not handpicked by the anti-abortion groups ruled that Texas officials cannot enforce the state’s abortion ban against groups who help women get abortion out of state, including abortion funds that help women get the money to go out of state to get an abortion. The judge also questioned whether the state’s pre-Roe ban is even in effect or has actually been repealed, although there are overlapping bans in the state that … so that wouldn’t make abortion legal. But still, this is a win for the abortion rights side, right, Alice?

Ollstein: Yeah, I think the right knows that there are two main ways that people are still getting abortions who live in ban states. They’re traveling out of state or they are ordering pills in the mail. And so they are moving to try to cut off both of those avenues. And, you know, running into some difficulty in doing so, both in the courts and just practically in terms of enforcing. This is part of that bigger battle to try to cut off, you know, people’s remaining avenues to access the procedure.

Rovner: Well, speaking exactly of that, Texas being Texas, this week, we saw a bill introduced in the state legislature that would ban the websites that include information about how to get abortion pills and would punish internet providers that fail to block those sites. It would also overturn the court ruling we just talked about by allowing criminal prosecution of anyone who helps someone get an abortion. Even a year ago, I would have said this is an obvious legislative overreach, but this is Texas. So now maybe not so much.

Ollstein: I mean, I think lots of states are just throwing things at the wall to see what sticks and to see what gets through the courts. You had states test the waters on banning certain kinds of out-of-state travel, and that hasn’t gone anywhere yet. But even things that don’t end up passing and being implemented can have a chilling effect. You have a lot of confusion right now. You have a lot of people not sure what’s legal, what’s not. And if you create this atmosphere of fear where people might be afraid to go out of state, might be afraid to ask for funding to go out of state, afraid to Google around and see what their options are that serves the intended impacts of these proposals, in terms of preventing people from exploring their options and seeing what they can do to terminate a pregnancy.

Rovner: Yeah. Well, meanwhile, a dozen states that are not named Texas are suing the FDA, trying to get it to roll back some of the prescribing requirements around the abortion pill. The states are arguing that not only are the risk-mitigation rules unnecessary, given the proven safety of mifepristone, but that some of the certification requirements could invade the privacy of patients and prescribers and subject them to harassment or worse. They’re asking the judge to halt enforcement of the restrictions while the case is being litigated. That could run right into [U.S. District] Judge [Matthew] Kacsmaryk’s possible injunction in Texas banning mifepristone nationwide. Then what happens? If you’ve got one judge saying, “OK, you can’t sell this nationwide,” and another judge saying … “Of course you can sell it, and you can’t use these safety restrictions that the FDA has put around it.” Then the FDA has two conflicting decisions in front of it.

Weber: Yeah, and I find the battles of the AGs and the abortion wars are really fascinating because, I mean, this is a lawsuit brought by states, which is attorneys general, Democratic attorneys general. And you’re seeing that play out. I mean, you see that in Texas, too, with [Ken] Paxton. You see it in Michigan with [Dana] Nessel. I mean, I would argue one of the things that attorney generals have been the most prominent on in the last several decades of American history and have actually had immediate effects on due to the fall of Roe v. Wade. So we’ll see what happens. But it is fascinating to see in real time this proxy battle, so to speak, between the two sides play out across the states and across the country.

Rovner: No, it’s funny. State AGs did do the tobacco settlement.

Weber: Yes.

Rovner: I mean, that would not have happened. But what was interesting about that is that it was very bipartisan.

Weber: Well, they were on the same side.

Rovner: And this is not.

Weber: Yeah, I mean, yeah, they were on the same side. This is a different deal. And I think to some extent, and I did some reporting on this last year, it speaks to the politicization of that office and what that office has become and how it’s become, frankly, a huge launching pad for people’s political careers. And the rhetoric there often is really notched up to the highest levels on both sides. So, you know, as we continue to see that play out, I think a lot of these folks will end up being folks you see on the national stage for quite some time.

Ollstein: I’ve been really interested in the states where the attorney general has clashed with other parts of their own state government. And so in North Carolina, for example, right now you have the current Democratic attorney general who is planning to run for governor. And he said, I’m not going to defend our state restrictions on abortion pills in court because I agree with the people challenging them. And then you have the Republican state legislatures saying, well, if he’s not going to defend these laws, we will. So that kind of clash has happened in Kentucky and other states where the attorney general is not always on the same side with other state officials.

Rovner: If that’s not confusing enough, we have a story out of Mississippi this week, one of the few states where voters technically have the ability to put a question on the ballot, except that process has been blocked for the moment by a technicality. Now, Republican legislators are proposing to restart the ballot initiative process. They would fix the technicality, but not for abortion questions. Reading from the AP story here, quote, “If the proposed new initiative process is adopted, state legislators would be the only people in Mississippi with the power to change abortion laws.” Really? I mean, it’s hard to conceive that they could say you can have a ballot question, but not on this.

Ollstein: This is, again, part of a national trend. There are several Republican-controlled states that are moving right now to attempt to limit the ability of people to put a measure on the ballot. And this, you know, comes as a direct result of last year. Six states had abortion-related referendums on their ballot. And in all six, the pro-abortion rights side won. Each one was a little different. We don’t need to get into it, but that’s the important thing. And so people voted pretty overwhelmingly, even in really red states like Kentucky and Montana. And so other states that fear that could happen there are now moving to make that process harder in different ways. You have Mississippi trying to do, like, a carve-out where nothing on abortion can make it through. Other states are just trying to raise, like, the signature threshold or the vote threshold people need to get these passed. There are a lot of different ways they’re going about it.

Rovner: I covered the Mississippi “personhood” amendment back in 2011. It was the first statewide vote on, you know, granting personhood to fetuses. And everybody assumed it was going to win, and it didn’t, even in Mississippi. So I think there’s reason for the legislators who are trying to re-stand up this ballot initiative process to worry about what might come up and how the voters might vote on it. Well, because I continue to hear people say that women trying to have babies are not being affected by state abortion bans and restrictions, this week we have not one but two stories of pregnant women who were very much impacted by abortion bans. One from NPR is the story of a Texas woman pregnant with twins — except one twin had genetic defects not only incompatible with life, but that threatened the life of both the other twin and the pregnant woman. She not only had to leave the state for a procedure to preserve her own life and that of the surviving twin, but doctors in Texas couldn’t even tell her explicitly what was going on for fear of being brought up on charges of violating the state’s ban. I think, Alice, you were the one talking about how, you know, women are afraid to Google. Doctors are afraid to say anything.

Ollstein: Yeah, absolutely. I mean, it’s a really chilling and litigious environment right now. And I think, as more and more of these stories start to come forward, I think that is spurring the debates you’re seeing in a lot of states right now about adding or clarifying or expanding the kind of exceptions that exist on these bans. So you have very heated debates going on right now in Utah and Tennessee and in several states around, you know, should we add more exceptions because there are some Republican lawmakers who are looking at these really tragic stories that are trickling out and saying, “This isn’t what we intended when we voted for this ban. Let’s go back and revisit.” Whether exceptions even work when they are on the books is another question that we can discuss. I mean, we have seen them not be effective in other states and people not able to navigate them.

Rovner: We’ve seen a lot of these stories about women whose water broke early and at what point is it threatening her life? How close to death does she have to be before doctors can step in? I mean, we’ve seen four or five of these. It’s not like they’re one-offs. The other story this week is from the Daily Beast. It’s about a 28-year-old Tennessee woman whose fetus had anomalies with its heart, brain, and kidneys. That woman also had to leave the state at her own expense to protect her own health. Is there a point where anti-abortion forces might realize they are actually deterring women who want babies from getting pregnant for fear of complications that they won’t be able to get treated?

Ollstein: Most of the pushback I’ve seen from anti-abortion groups, they claim that the state laws are fine and that doctors are misinterpreting them. And there is a semantic tug of war going on right now where anti-abortion groups are trying to argue that intervening in a medical emergency shouldn’t even count as an abortion. Doctors argue, no, it is an abortion. It’s the same procedure medically, and thus we are afraid to do it under the current law. And the anti-abortion groups are saying, “Oh, no, you’re saying that in bad faith; that doesn’t count as an abortion. An abortion is when it’s intended to kill the fetus.” So you’re having this challenging tug of war, and it’s not really clear what states are going to do. There’s a lot of state bills on this making their way through legislatures right now.

Rovner: And doctors and patients are caught in the middle. Well, finally this week, Eli Lilly announced it would lower, in some cases dramatically, the list prices for some of its insulin products. You may remember that, last year, Democrats in Congress passed a $35-per-month cap for Medicare beneficiaries but couldn’t get those last few votes to apply the cap to the rest of the population. Lilly is getting very good press. Its stock price went up, even though it’s not really capping all the out-of-pocket costs for insulin for everybody. But I’m guessing they’re not doing this out of the goodness of their drugmaking heart, right, Rachel?

Cohrs: Probably not. Even though there’s a quote from their CEO that implied that that was the case. I think there was one drug pricing expert at West Health Policy Center, Sean Dickson, who is very sharp on these issues, knows the programs well. And he pointed out that there’s a new policy going into effect in Medicaid next year, and it’s really, really wonky and complicated. But I’ll do my best to try to explain that, generally, in the Medicare program, rebates are capped, or they have been historically, at the price of the drug. So you can’t charge a drugmaker a rebate that’s higher than the cost. But …

Rovner: That would make sense.

Cohrs: Right. But that math can get kind of wonky when there are really high drug price increases and then that math gets really messed up. But Congress, I want to say it was in 2021, tweaked this policy to discourage those big price increases. And they said, you know what? We’re going to raise the rebate cap in Medicaid, which means that, drugmakers, if you are taking really big price increases, you may have to pay us every time someone on Medicaid fills those prescriptions. And I think people thought about insulin right away as a drug that has these really high rebates already and could be a candidate disproportionately impacted by this policy. So I thought that was an interesting point that Sean made about the timing of this. That change is supposed to go into effect early next year. So this could, in theory, save Lilly a lot of money in the Medicaid program because we don’t know exactly what their net prices were before.

Rovner: But this is very convenient.

Cohrs: It’s convenient. And there’s a chance that they’re not really losing any money right now, depending on how their contracts work with insurers. So I think, yeah, there is definitely a possibility for some ulterior motives here.

Rovner: And plus, the thing that I learned this week that I hadn’t known before is that there are starting to be some generic competition. The three big insulin makers, which are Lilly, Sanofi, and Novo Nordisk, may actually not become the, almost, the only insulin maker. So it’s probably in Lilly’s interest to step forward now. And, you know, they’re reducing the prices on their most popular insulins, but not necessarily their most expensive insulin. So I think there’s still money to be made in this segment. But they sure did get, you know, I watched all the stories come across. It’s, like, it’s all, oh, look at this great thing that Lilly has done and that everything’s going to be cheap. And it’s, like, not quite. But …

Cohrs: But it is different. It’s a big step. And I think …

Rovner: It is. It is.

Cohrs: Somebody has to go first in breaking this cycle. And I think it will be interesting to see how that plays out for them and whether the other two companies do follow suit. Sen. Bernie Sanders asked them to and said, you know, why don’t you just all do the same thing and lower prices on more products? So, yeah, we’ll see how it plays out.

Weber: Day to day, I mean, that’s a huge difference for people. I mean, that is a lot of money. That is a big deal. So, I mean, you know, no matter what the motivation, at the end of the day, I think the American public will be much happier with having to pay a lot less for insulin.

Rovner: Yeah, I’m just saying that not everybody who takes insulin is going to pay a lot less for insulin.

Weber: Right. Which is very fair, very fair.

Rovner: But many more people than before, which is, I think, why it got lauded by everybody. Although I will … I wrote in my notes, please, someone mention Josh Hawley taking credit and calling for legislation. Sen. Hawley from Missouri, who voted against extending the $35 cap, as all Republicans did, to the rest of the population, put out a tweet yesterday that was, like, this is a great thing and now we should have, you know, legislation to follow up. And I’m like: OK.

Cohrs: You’ll have to check on that. I actually think Hawley may have voted for it.

Rovner: Oh, a-ha. All right.

Cohrs: There were a few Republicans.

Rovner: Thank you.

Cohrs: It’s not enough, though.

Rovner: Yeah, I remember that they couldn’t get those last few votes. Yes, I think [Sen. Joe] Manchin voted against. He was the one, the last Democrat they couldn’t get right. That’s why they ended up dropping …

Cohrs: Uh, it had to be a 60-vote threshold, so …

Rovner: Oh, that’s right.

Cohrs: Yeah.

Rovner: All right. Good. Thank you. Good point, Rachel. All right. Well, that is the news for this week. Now it is time for our extra-credit segment. That’s when we each recommend a story we read this week we think you should read, too. As always, don’t worry if you miss it. We will post the links on the podcast page at khn.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Alice, why don’t you go first this week?

Ollstein: Yeah. So I did the incredible New York Times investigation by Hannah Dreier on child labor. This is about undocumented, unaccompanied migrant children who are coming to the U.S. And the reason I’m bringing it up on our podcast is there is a health angle. So HHS [the Department of Health and Human Services], their Office of Refugee Resettlement has jurisdiction over these kids’ welfare and making sure they are safe. And that is not happening right now. The system is so overwhelmed that they have been cutting corners in how they vet the sponsors that they release the kids to. Of course, we remember that there were tons of problems with these kids being detained and kept for way too long and that being a huge threat to their physical and mental health. But this is sort of the pendulum has swung too far in the opposite direction, and they’re being released to people who in some cases straight up trafficking them and in other cases just forcing them to work and drop out of school, even if it’s not a trafficking situation. And so this reporting has already had an impact. The HHS has announced all these new initiatives to try to stop this. So we’ll see if they are effective. But really moving, incredible reporting.

Rovner: Yeah, it was an incredible story. Lauren.

Weber: I’m going to shout out my former KHN colleague Brett Kelman. I loved his piece on, I guess you can’t call it a medical device because it wasn’t approved by the FDA, which is the point of the story. But this device that was supposed to fix your jaw so you didn’t have to have expensive jaw surgery. Well, what it ended up doing is it messed up all these people’s teeth and totally destroyed their mouths and left them with a bunch more medical and dental bills. And, you know, what I find interesting about the story, what I find interesting about the trend in general is the problem is, they never applied for anything with the FDA. So people were using this device, but they didn’t check, they didn’t know. And I think that speaks to the American public’s perception that devices and medical devices and things like this are safe to use. But a lot of times the FDA regulations are outdated or are not on top of this or the agency is so understaffed and not investigating that things like this slipped through the cracks. And then you have people — and it’s 10,000 patients, I believe, that have used this tool — that did not do what it is supposed to do and, in fact, injured them along the way. And I think that the FDA piece of that is really interesting. It’s something I’ve run into before looking at air cleaners and how they fit the gaps of that. And I think it’s something we’re going to continue to see as we examine how these agencies are really stacking up to the evolution of technology today.

Rovner: Yeah, capitalism is going to push everything. Rachel.

Cohrs: So my extra credit this week is actually an opinion piece, in Stat, and the headline is “Nonprofit Hospitals Are Failing Americans. Their Boards May Be a Reason Why.” It was written by Sanjay Kishore and Suhas Gondi. I think the part that really stood out to me is they analyzed the backgrounds and makeups of hospital boards, especially nonprofit hospitals. I think they analyzed like 20 large facilities. And the statistic that really surprised me was that, I think, 44% of those board members came from the financial sector representing investment funds, real estate, and other entities. Less than 15% were health care workers, 13% were physicians, and less than 1% were nurses. And, you know, I’ve spent a lot of time and we’ve spent a lot of time thinking about just how nonprofit hospitals are operating as businesses. And I think a lot of other publications have done great work as well making that point. But I think this is just a stark statistic that shows these boards that are supposed to be holding these organizations accountable are thinking about the bottom line, because that’s what the financial services sector is all about, and that there’s so much disproportionately less clinical representation. So obviously hospitals need admin sides to run, and they are businesses, and a lot of them don’t have very large margins. But the statistics just really surprised me as to the balance there.

Rovner: Yeah, I felt like this is one, you know, we’ve all been sort of enmeshed in this, you know, what are we going to do about the nonprofit hospitals that are not actually acting as charitable institutions? But I think the boards had been something that I had not seen anybody else look at until now. So it’s a really interesting piece. All right. Well, my story this week is the other big investigation from The New York Times. It’s called “A Drug Company Exploited a Safety Requirement to Make Money,” by Rebecca Robbins. And it’s about those same risk-mitigation rules from the FDA that are at the heart of those abortion drug lawsuits we talked about a few minutes ago. Except in this case, the drug company in question, Jazz Pharmaceuticals, somehow patented its risk-mitigation strategy as the distribution center — it’s actually called the REMS [Risk Evaluation and Mitigation Strategies] — which is managed to fend off generic competition for the company’s narcolepsy drug. It had also had a response already. It has produced a bipartisan bill in the Senate to close the loophole — but [I’ll] never underestimate the creativity of drugmakers when it comes to protecting their profit. It’s quite a story. OK. That’s our show for this week. As always, if you enjoy the podcast, you can subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review; that helps other people find us, too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying. Also, as always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth — all one word — at kff.org. Or you can tweet me. I’m @jrovner. Alice?

Ollstein: @AliceOllstein

Rovner: Rachel.

Cohrs: @rachelcohrs

Rovner: Lauren.

Weber: @LaurenWeberHP

Rovner: We will be back in your feed next week. In the meantime, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KHN’s What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host

Julie Rovner
KHN

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KHN’s weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

Both Republicans and Democrats in Congress reacted with compassion to the news that Sen. John Fetterman (D-Pa.) has checked himself into Walter Reed National Military Medical Center for treatment of clinical depression. The reaction is a far cry from what it would have been 20 or even 10 years ago, as more politicians from both parties are willing to admit they are humans with human frailties.

Meanwhile, former South Carolina governor and GOP presidential candidate Nikki Haley is pushing “competency” tests for politicians over age 75. She has not specified, however, who would determine what the test should include and who would decide if politicians pass or fail.

This week’s panelists are Julie Rovner of KHN, Sarah Karlin-Smith of the Pink Sheet, Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico, and Rachel Roubein of The Washington Post.

Panelists

Sarah Karlin-Smith
Pink Sheet

@SarahKarlin

Read Sarah's stories

Joanne Kenen
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico

@JoanneKenen

Read Joanne's stories

Rachel Roubein
The Washington Post

@rachel_roubein

Read Rachel's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• Acknowledging a mental health disorder could spell doom for a politician’s career in the past, but rather than raising questions about his fitness to serve, Sen. John Fetterman’s decision to make his depression diagnosis and treatment public raises the possibility that personal experiences with the health system could make lawmakers better representatives.
• In Medicare news, Sen. Rick Scott (R-Fla.) dropped Medicare and Social Security from his proposal to require that every federal program be specifically renewed every five years. Scott’s plan has been hammered by Democrats after President Joe Biden criticized it this month in his State of the Union address.
• Medicare is not politically “untouchable,” though. Two Biden administration proposals seek to rein in the high cost of the popular Medicare Advantage program. Those are already proving controversial as well, particularly among Medicare beneficiaries who like the additional benefits that often come with the private-sector plans.
• New studies on the effectiveness of ivermectin and mask use are drawing attention to pandemic preparedness. The study of ivermectin revealed that the drug is not effective against the covid-19 virus even in higher doses, raising the question about how far researchers must go to convince skeptics fed misinformation about using the drug to treat covid. Also, a new analysis of studies on mask use leaned on pre-pandemic studies, potentially undermining mask recommendations for future health crises.
• On the abortion front, abortion rights supporters in Ohio are pushing for a ballot measure enshrining access to the procedure in its state constitution, while a lawyer in Florida is making an unusual “personhood” argument to advocate for a pregnant woman to be released from jail.

Plus for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: Stat’s “Current Treatments for Cramps Aren’t Cutting It. Why Aren’t There Better Options?” by Calli McMurray

Joanne Kenen: The Atlantic’s “Eagles Are Falling, Bears Are Going Blind,” by Katherine J. Wu

Rachel Roubein: The Washington Post’s “Her Baby Has a Deadly Diagnosis. Her Florida Doctors Refused an Abortion,” by Frances Stead Sellers

Sarah Karlin-Smith: DCist’s “Locals Who Don’t Speak English Need Medical Translators, but Some Say They Don’t Always Get the Service,” by Amanda Michelle Gomez and Hector Alejandro Arzate

Also mentioned in this week’s podcast:

• The Hill’s “Nikki Haley: Bernie Sanders Is ‘Exactly the Reason’ Mental Competency Tests Are Needed,” by Niall Stanage
• USA Today’s “Idaho Bill Would Criminalize Giving mRNA Vaccines — The Tech Used in Popular COVID Vaccines,” by Thao Nguyen
• The Washington Post’s “Twenty Governors Are Forming a New Coalition to Support Abortion Rights,” by Rachel Roubein with McKenzie Beard
• The Washington Post’s “Fla. Lawyer Argues Pregnant Inmate’s Fetus Is Being Illegally Detained,” by Kyle Melnick

click to open the transcript

Transcript: Senators Have Mental Health Crises, Too

KHN’s ‘What the Health?’Episode Title: Senators Have Mental Crises, TooEpisode Number: 286Published: Feb. 23, 2023

Julie Rovner: Hello and welcome back to KHN’s “What the Health?” I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at Kaiser Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We’re taping this week on Thursday, Feb. 23, at 10 a.m. As always, news happens fast, and things might have changed by the time you hear this. So here we go. We are joined today via video conference by Rachel Roubein of The Washington Post.

Rachel Roubein: Hi. Thanks for having me.

Rovner: Sarah Karlin-Smith of the Pink Sheet.

Sarah Karlin-Smith: Hi, Julie.

Rovner: And Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico.

Joanne Kenen: Hi, everybody.

Rovner: So, no interview this week, but lots of interesting news, even with Congress in recess and the president out of the country. So we will get right to it. We’re going to start this week with mental health. No, not the mental health of the population, although that remains a very large problem, but specifically the mental health of politicians. I am old enough to remember when a politician admitting to having been treated for any mental health problem basically disqualified them from holding higher office. You young people go Google Tom Eagleton. Now we have Sen. John Fetterman [D-Pa.], who made headlines while campaigning during his stroke recovery, checking himself into Walter Reed for major depression treatment. And the reaction from his colleagues on both sides of the aisle has been unusually compassionate for political Washington. Have we turned a corner here on admitting to having problems not meaning incapable of serving or working?

Karlin-Smith: It’s obviously getting better, but I think as we saw with Fetterman’s coverage during the campaign, it was far from perfect. And I think there was some dissatisfaction that his coverage was in many … sometimes unfair in how his stroke and his stroke recovery and his needs for accommodations were presented in the media. But I do think we are shifting at least somewhat from thinking about, Does this situation make a person fit to serve? to thinking about, OK, what does this person’s experience navigating the health care system perhaps provide that might actually make them a better representative, or understand their constituents’ needs in navigating the health care system, which is a big part of our political agenda?

Kenen: There are very few times when Congress makes nice. I think on rare occasions mental health has done it. I can think of the fight for mental parity. It was a bipartisan pair: Sen. Pete Domenici [R-N.M.] had a daughter with schizophrenia, and Sen. Paul Wellstone [D-Minn.] had … what, was it … a brother?

Rovner: I think it was a sibling, yeah.

Kenen: … with a severe mental illness. I no longer remember whether it was schizophrenia or another severe mental illness. And they teamed up to get mental health parity, which they didn’t get all the way. And there are still gaps, but they got the first, and it took years.

Rovner: And they were a very unlike pair, Domenici was …

Kenen: They were a very unlikely couple.

Rovner: a very conservative Republican. Wellstone was a very liberal Democrat.

Kenen: And their personalities were completely like, you know, one was a kind but grumpy person and one was the teddy bear. And they were a very odd couple in every possible way. And it didn’t make lawmakers talk about themselves at that point, but they did get more open about their family. About 10 or 15 years later, there was a senator’s son died by suicide and he was very open about it. It was really one of the most remarkable moments I’ve ever seen on the Hill, because other people started getting up and talking about loved ones who had died by suicide, including [Sen.] Don Nickles [R-Okla.], who was very conservative, who had never spoken about it before. And it was Sen. Gordon Smith [R-Ore.] whose son had died at the time. And he tried to put it to use and got mental health legislation for college. So these were like, you know, 10 or 15 years apart. But Congress, they don’t treat each other very well. It’s not just politics. They’re often quite nasty across party lines. So this was sort of like the third moment I’ve seen where a little bit of compassion and identification came out. Is it a kumbaya turnaround? No, but it’s good to see kindness, not “he should resign this moment.” I mean, the response was pretty human and humane.

Rovner: And we also had the unique moment with Patrick Kennedy, who was then in the House, son of Sen. Ted Kennedy, who was still in the Senate. And Patrick Kennedy, of course, had had substance abuse issues in addition to his mental health issues. And he actually championed through what turned into the final realization of the mental health parity that Domenici and Wellstone had started. So, I mean, to Sarah’s point, I think, sometimes if the person experiences it themselves, they may be even more able to navigate through to help other people, so …

Kenen: You’re not immune from mental illness if you’re a lawmaker and neither is your family. And there are a number of very sad stories and there are other lawmakers who have lost relatives to suicide. So there’s this additional connection between stroke and depression that I think got a little bit of attention here, because that’s also a thing.

Rovner: Well, all right, then again, it is not all sunshine and roses on the political mental health front. Former South Carolina Republican Gov. Nikki Haley, who’s now running for president, is proposing a mental competency test for politicians over the age of 75. That would, of course, include both Donald Trump and Joe Biden. But this week, Haley extended her proposed mental competency test to the Senate, where there are dozens of members over the age of 75. She specifically called out 81-year-old Bernie Sanders after he called her proposal ageism. Now, it’s pretty clear that Haley is using this to keep herself in the news, and it’s working. But could we actually see mental competency tests rolled out at some point? And who would decide what constitutes competency in someone who’s getting older?

Kenen: Or younger.

Rovner: Or younger, yeah.

Karlin-Smith: Wait, has Joanne solved the aging [mystery]? I think … what Julie said, in terms of who would decide, I think that’s where it gets really dicey. I think, first of all, if you’re going to deal with this, there seems no way you can make it based on age, right? Because competency is not necessarily tied with age. But I think, ethically, I’m not sure our society has any fair way to really determine … and it would just become such a political football that I don’t think anybody wants to deal with figuring out how to do that. Obviously, you don’t want somebody, probably, in office who is not capable of doing the job to a point where they really can’t be productive. But again, as we’ve seen with these other health issues, you also don’t want to exclude people because they are not perfectly in some sort of heightened state of being that, you know, all people are not perfect in capacity at every single moment and deal with struggles. So there’s this fine line, I think, that would be too difficult to sort of figure out how to do that.

Kenen: And you could be fine one day and not fine the next. If you have a disease [of] cognitive decline that’s gradual, you know, when do you pick it up? When do you define it? And then you can have something very sudden like a car crash, a stroke and any number of things that can cause cognitive damage immediately.

Rovner: Now, we didn’t know then, but we know now that Ronald Reagan had the first stages of dementia towards the end of his second term. Sorry, Rachel, you wanted to say something?

Roubein: We’ve seen careful reporting around — I think, about like the San Francisco Chronicle story last year — about [Sen.] Dianne Feinstein [D-Calif.], which essentially looked at this. There were some questions around [Sen.] Thad Cochran [R-Miss.], as well. And it’s something journalists have looked at pretty carefully by talking to other senators and those who know the lawmakers well to see how they are essentially.

Kenen: And Strom Thurmond, who was, to a layperson, like all the reporters covering the Hill, it was clear that … he served until he was, what, 98 or something? You know, it was very clear that half the time he was having struggles.

Rovner: And I remember so many times that there would be the very old senators on the floor who would basically be napping on the floor of the Senate.

Kenen: That might be a sign of mental health.

Rovner: Yeah, that’s true. But napping because they couldn’t stay awake, not just curling up for a nap. But, I mean, it’s an interesting discussion. You know, as I say, I’m pretty sure that Nikki Haley is doing it to try and poke at both Biden and Trump and keep herself in the news. And, as I say, it’s working.

Kenen: But I think there’s a question of fitness that I think has come up over and over again. I mean, Paul Tsongas was running for president, what, the Nineties and said he was over his lymphoma or luekemia.

Rovner: I think he had lymphoma. Yeah.

Kenen: He said he was fine, and it turns out he wasn’t. And he actually died quite young, quite soon after not getting the nomination. So there are legitimate issues of fitness, mental and physical, for the presidency. I would think that there’s a different standard for senators just because you’re one out of 100 instead of one out of one. I think there is a tradition, which Trump didn’t really follow. There is a tradition of disclosure, but it’s not foolproof. And Trump certainly just had — remember, he had that letter from his doctor who also didn’t live much longer after that, saying he was the most fit president in history, Like, just don’t get me started, but basically said he was a greek god. So there are legitimate concerns about fitness, but it’s hard to figure out. I mean, it was really hard to figure out in Congress how to do that.

Rovner: Yeah, I think the “who decides” what will be the most difficult part of that, which is probably why they haven’t done it yet. All right. Well, turning to policy, two weeks ago, we talked about the coming Medicare wars with President Biden taking aim at Republicans in his State of the Union speech, and particularly, although he didn’t name him, with Florida Sen. Rick Scott, who last year as head of the Republican Senate Campaign Committee, released a plan that would have sunset every federal program, including Medicare and Social Security, every five years. And they would cease to be unless Congress re-approved them. We know how much trouble Congress has doing anything. This horrified a whole lot of Republicans, who not only have been on the wrong end politically of threatening Medicare — and paid a price for it at the ballot box — but who themselves have used it as a weapon on Democrats. See my column from last week, which I will put in the show notes. So now, kind of predictably, Sen. Scott has succumbed and proposed a new plan that would sunset every federal program except Medicare and Social Security. But I imagine that’s not going to end this particular political fight, right? The Democrats seem to have become a dog with a bone on this.

Roubein: Yeah. And it’s known as “Mediscare” for a reason, right? It’s something both political parties use and try and weaponize. I mean, I think one of the really big questions for me when I kept on hearing this, like what? Cuts to Medicare, what does that actually mean in practice? Some experts said that it might simply mean slowing the rate of growth in the program compared to what it would have been, which doesn’t necessarily impact people’s benefits. It can; it depends how it’s done. But I mean, we’ve seen this political fight before. It happened during the Affordable Care Act and afterwards, the effect of cutting Medicare Advantage plan payments, etc., didn’t really make plans less generous. They continued to be more generous. So it’s something that we’ll continue to see Biden talk about because the administration thinks that it plays well among seniors.

Rovner: But even as Bernie Sanders pointed out this week, we’re going to have to deal with Medicare and Social Security eventually. They can’t continue on their current path because they will both run out of money at some point unless something gets changed. But right now, it seems that both sides are much happier to use it as a cudgel than to actually sit down and figure out how to fix it.

Kenen: But one thing that’s interesting is that it wasn’t a big issue in the November elections. The Democrats late in the game tried to draw attention to the Rick Scott proposal. I almost wrote a piece how there was no discussion of Medicare for the first time in years. And just as I was starting to write it, they began talking about it a little bit. So I didn’t write it. But it never stuck. It wasn’t a major issue. And the one race where it really could have been would have been Wisconsin, because that was a tight Senate race — the Democrats really wanted to defeat Ron Johnson, who is to the right of Rick Scott on phasing out Medicare. He’s the only one who endorsed Scott and actually wanted to go further, and it didn’t even really stick there. So it’s sort of interesting that it’s now bubbling up. I mean, yes, we’re into 2024, but we’re not into 2024 the way we’re going to be into 2024. It’s sort of interesting to see that the Democrats are hitting this so far.

Rovner: No, I think that’s because of the debt ceiling.

Kenen: Right. But it’s supposedly off the table for the debt ceiling, which doesn’t mean, as Rachel just said, there are legitimate fiscal issues that Democrats and Republicans both acknowledge. They’re, crudely speaking, Democrats want to raise more money for them, and Republicans want to slow spending. That’s a that’s an oversimplification. But the rhetoric is always throwing Grandma off the cliff. Never Grandpa, always Grandma.

Rovner: Always Grandma.

Kenen: You know, actually, you can do things over a 20-year period. That’s what we did with Social Security. We did raise the age in a bipartisan fashion on Social Security 20 years … took like 20 years to phase it.

Rovner: And I would point out that the only person who really reacted to Rick Scott’s plan when it came out last February was, I think, a year ago this week, was Mitch McConnell.

Kenen: Yeah, he blew a gasket.

Rovner: But he immediately disavowed it. So Mitch McConnell knew what a problem it could turn into and kind of has now. So we have kind of the reverse sides in Medicare Advantage of the fight. That’s the private alternative to traditional Medicare. It’s the darling of Republicans, who touched off the current popularity of the program when they dramatically increased payments for it in 2003, which led to increased benefits and increased profits for insurance companies. They split those — that extra money between themselves and the beneficiaries. And, not surprisingly, increased popularity to the point where a majority of beneficiaries right now are in Medicare Advantage plans rather than traditional Medicare. On the other hand, these plans, which were originally supposed to cut overall Medicare costs, are instead proving more expensive than traditional Medicare. And Democrats would like to claw some of those profits back. But that looks about as likely as Republicans sunsetting Medicare, right? There’s just too many people who are too happy with their extra benefits.

Roubein: I guess we’ve seen two proposals from the administration this year which would change Medicare benefits. Then Republicans are trying to paint this as a cut but are saying it wouldn’t change benefits. But to change Medicare Advantage, one way …

Rovner: To change payments for Medicare Advantage.

Roubein: Yes, exactly. One which essentially would increase the government’s ability to audit plans and recover past overpayments and one which is the annual rate proposal. And there’s some aspects in there that Medicare Advantage plans are on a full-court lobbying press to say these are cuts which the administration is pushing back on really, really hard. So this is another microcosm of this Medicare scare tactics.

Rovner: And they’re all over TV already, commercials that probably don’t mean much to anybody if you’re not completely up on this fight of, like, “Congress is thinking about cutting Medicare Advantage.” No, really? I do laugh every time I see that ad.

Kenen: But, you know, Julie, you’re right that this began as a Republican cause, I mean, they had a similar program in the late ’90s that flopped and they revived it as Medicare Advantage. But it didn’t stay a Republican pet project for long. I mean, Democrats, starting with those in states with a lot of retirees — I’m thinking in Florida, who had Democratic senators at the time. I mean, they jumped on board, too, because people like … there are people who want to stay in traditional Medicare and there are people who jumped on to Medicare Advantage, which has certain advantages. It is less partisan than it began. It has always been more expensive than it was touted to be. And it’s now, we’re heading into 20 years since the legislation was passed, and nothing has really been done to change that trajectory, nothing significant. And I don’t think you’re going to see a major overhaul of it. There may be things that you can do [on] a bipartisan basis that nip. But if you’re nipping at that many billions of dollars, a nip as can be a lot of money.

Rovner: Yeah, that’s the thing about Medicare. Although I would point out also that the reason it flopped in the late 1990s is because Congress whacked the payments for it as part of the Balanced Budget Act. And as they gave the money back, it got more popular again because, lo and behold, extra money means extra benefits and people liked it. So its popularity has been definitely tied to how much the payments are that Congress has been willing to provide for it.

Kenen: And how they market and who they market to.

Rovner: Absolutely, which is a whole ’nother issue. But I want to do a covid check-in this week because it’s been a while. First, we have a study from Duke University published in this week’s Journal of the American Medical Association showing that using the deworming drug ivermectin, even at a higher dose and for a longer time, still doesn’t work against covid. This was a decent-sized, double-blind, randomized, controlled trial over nine months. Why is this such a persistent desire of so many people and even doctors to use this drug that clearly doesn’t work?

Karlin-Smith: You know, there’s been a lot of misinformation out there, particularly spread by the right and people that have not just, in general, trusted the government during covid and felt like this drug worked. And for whatever reason, they were being convinced that there was a government effort to kind of repress that. What’s interesting to point out, you know, you mentioned the trial being run at Duke. This was actually a part of a big NIH [National Institutes of Health] study to study various drugs for covid. So even NIH has been willing to actually do the research and to prove whether the drug does or doesn’t work. One of the issues this raises is this was one of many studies at this point that has shown the drug doesn’t work. In this one they even were willing to test, OK, a lower dose didn’t work. Let’s test a higher dose. Again, it fails. And the question becomes is, is there any amount of data or trials that can convince people who have, again, gone through this process where they’ve been convinced by this misinformation to believe it works and that the government is lying to them? Is there any way to convince them, with this type of evidence, it doesn’t work? And then what are the ethics of doing this research on people? Because you’re wasting government resources. You’re wasting resources in general. You’re wasting time, money. You’re giving people a drug in the trial when they could be getting another drug and that might actually work. So it’s really complicated because, again, I’m not sure you can convince the true ivermectin fans. I’m not sure there’s any amount of this type of scientific evidence that’s going to convince them that it doesn’t work for covid.

Rovner: But while we are talking about scientific studies about covid, a controversial meta-analysis from the esteemed Cochrane Review found basically no evidence that masks have done anything to prevent the spread of covid. But this is another study that seems to have been wildly misinterpreted. It didn’t find … what it looked like was not necessarily what we think. A lot of it turned out to be studies that were seeing whether flu, whether masks prevented against flu, rather than against covid. I mean, have we ended the whole idea of mask wearing and maybe not correctly?

Kenen: This was a meta-analysis for Cochrane, which is really basically … I mean, I think Sarah probably knows more about Cochrane than the rest of us, but their reviews are meaningful and taken seriously and they’re usually well done. The studies that they use in this meta-analysis didn’t ask the question that the headlines said it asked. And also, I mean, I don’t totally understand why they did it, because a) as Julie just pointed out, there was something like 78 studies, 76 of which were done before covid. So, you know, a) that’s a problem. And b), it didn’t actually measure who was wearing a mask. It was like, OK, you’re told to wear a mask or maybe you’re required to wear a mask if you’re working in a hospital while you’re in the hospital. But then you go out to a bar that night and you’re not wearing … I mean, it didn’t really look at the totality of whether people were actually wearing masks properly, consistently. And therefore, why use this flu data to answer questions about masking? And secondly, I also think it always is worth reminding people that, you know, no one ever said masks were the be-all and end-all. It was a component — you know, masking, handwashing, vaccination, distancing, testing, all the things that we didn’t do right. Ventilation … I mean, all that. There’s a long list of things we didn’t do right; masking was one of many. This is not going to help if we ever need masks for any disease again in the future. It did not advance this public health strategy — they call it, like, they like to talk about Swiss cheese, that any one step has holes in it. So you use a whole lot of steps and you don’t have any more holes in your Swiss cheese. It’s going to make it harder if we ever need them.

Rovner: Yeah. Well, notwithstanding scientific evidence now, we have two Republican state lawmakers in Idaho who have introduced a bill that would make any mRNA vaccines illegal to administer in the state, not just to people, but to, quote, “any mammal” with violators subject to jail time. And if I may read the subhead of the story about this … at the science website Ars Technica, quote, “It’s not clear if the two lawmakers know what messenger RNA is exactly.” In a normal world, I would say this is just silly and it couldn’t pass. But we’re not in a normal world anymore, right? I mean, we could actually see Idaho ban mRNA technology, which is used, going to be used for a lot more than covid.

Karlin-Smith: So I think the thing that really interests me about reading about this, and I’d be interested to hear what legal scholars think about this, but I was wondering if there’s a parallel here between this and what’s going on with the abortion pill in Republican states and what the courts may do with that, because it seems to me like there’s probably should be some kind of federal preemption that would kick in here, which is that vaccines are regulated, approved by this technology, by the federal government. Yes, there’s some practice of medicine where states have control from the federal government. But this seems like a case where, and in the past, when states have tried to get into banning FDA-approved products in this way, courts … have pushed back and said, you can’t do this. And I would say, I don’t think this Idaho law would hold up if it gets passed. But now we have this issue going on with the abortion pill, and it seems like there could be this major challenge by the courts to FDA’s authority. So you do sort of wonder, is this another example of what could happen if this authority gets challenged by the states? And, like you said, we are in this different world where maybe three years ago I would say, well, you know, even if Idaho can pass this, of course, this isn’t going to come to practice. But I do wonder, as we’re watching some of these other legal challenges to FDA-approved technologies, what it could mean down the line.

Kenen: I mean, remember, it also … with ivermectin, there are state legislatures that have actually protected patients’ rights to get ivermectin.

Rovner: And doctors’ rights to provide it.

Kenen: Right. And I know more than half the states had legislation. I don’t know how many actually passed it. I don’t remember. But I mean, it was a significant number of states. So these are … all these things that we’re talking about are related — you know, who gets to decide based on what evidence or lack thereof.

Rovner: So if there’s a reason that I brought these three things up, because after all this, a federal judge in California has temporarily blocked enforcement of a new state law that would allow the state medical board to sanction doctors who spread false or misleading information about covid vaccines and treatments. One of the plaintiffs told The New York Times that the law is too vague, quote “Today’s quote-unquote, ‘misinformation’ is tomorrow’s standard of care, he said.” Which is absolutely true. So how should we go about combating medical misinformation? I mean, you know, sometimes people who sound wacky end up having the answer. You know, you don’t want to stop them, but you also don’t want people peddling stuff that clearly doesn’t work.

Kenen: In addition to state boards, there are large medical societies that are — I don’t know how far they’ve gone, but they have said that they will take action. I’m sure that any action they take either will or has already ended up in court. So there are multiple ways of getting at misinformation. But, you know, like Sarah said it really well, there are people who’ve made up their mind and nothing you do is going to stop them from believing that. And some of them have died because they believe the wrong people. So I don’t think we’re going to solve the misinformation problem on this podcast. Or even off — I don’t think the four of us …

Rovner: If only we could.

Kenen: Even if we were off the podcast! But it’s very complicated. I — a lot of my work right now is centered on that. The idea that courts and states are coming down on the wrong side, in terms of where the science stands right now, understanding that science can change and does change. I mean, whether another version of that law could get through the California courts, I mean, there are apparently some broad drafting problems with that law.

Rovner: It hasn’t been struck down yet. It’s just been temporarily blocked while the court process continues. We’ll see. All right. Well, let’s move on to abortion since we’ve been kind of nibbling around the edges. Rachel, you wrote about a group of abortion rights-supporting Democratic governors organizing to coordinate state responses to anti-abortion efforts. What could that do?

Roubein: Yeah, so it’s news this week. It’s called the Reproductive Freedom Alliance. And essentially the idea is so governors can have a forum to more rapidly collaborate, compare notes on things like executive orders that are aimed at expanding and protecting abortion bills, moving through the legislature, budgetary techniques. And as we’re talking about lawsuits, I mean, talk to some governors and you know that the Texas lawsuit from conservative groups seeking to revoke the FDA’s approval of a key abortion pill is top of mind in this new alliance. Kind of the idea is to be able to rapidly come together and have some sort of response if the outcome of that case doesn’t go their way or other major looming decisions. I think it’s interesting. They are billing themselves as nonpartisan. But, you know, only Democratic governors have signed up here.

Rovner: Well, we could have had Larry Hogan and the few moderate Republicans that are left.

Roubein: Yes, Charlie Baker.

Rovner: If they were still … Charlie Baker.

Roubein: Sununu.

Rovner: If they were still there, which they’re not.

Roubein: I mean, I think the other interesting thing about this is if … you looked at 2024, and if a Republican’s in the White House in 2025, they might try and roll back actions Biden has done. So I could foresee a Democratic governors alliance trying to attempt to counteract that in a way that states can.

Rovner: Well, also, on the abortion rights front, supporters in Ohio are trying to get a measure on the ballot that would write abortion rights into the state constitution. This has worked in other red and purple states like Kansas and Michigan. But Ohio? A state that’s been trending redder and redder. It was the home of the first introduced six-week abortion ban five or six years ago. How big a message would that send if Ohio actually voted to protect abortion rights in its constitution? And does anybody think there’s any chance that they would?

Roubein: I think it’s interesting when you look at Kentucky and Kansas, which their ballot measures were different. It was for the state constitution to say that there was no right to an abortion, but abortion rights …

Rovner: There was a negative they defeated saying there was no right.

Roubein: Yeah. I mean, abortion groups really think the public is on their side here. And anti-abortion leaders do think that ballot measures aren’t … like, fighting ballot measures isn’t their best position either. So I think it’ll be interesting to see. Something that caught my eye with this is that the groups are trying to get it on the 2023 general election ballot. And right now what some Republican lawmakers are trying to do to counteract not just abortion ballot measures, but more progressive ballot measures, which is to try and increase the threshold of passage for a ballot measure. And there’s a bill in the Ohio legislature that would increase passage for enshrining anything into the state constitution to 60% support. But that would have to go to the people, too. So essentially, the timing here could counteract to that. So.

Rovner: Yeah, and as we saw in Kansas, if you have this question at a normally … off time for a big turnout, you can turn out your own people. So I assume they’re doing that very much on purpose. They don’t want it to be on the 2024 ballot with the president and Senate race in Ohio and everything else. All right. Well, one more on the abortion issue. Moving to the other side. A Florida lawyer is petitioning to have a pregnant woman who’s been accused, although not convicted, of second-degree murder released from jail because her fetus is being held illegally. Now, it’s not entirely clear if the lawyer is actually in favor of so-called personhood or it’s just trying to get his client, the pregnant woman, out of jail. But these kinds of cases can eventually have pretty significant ramifications, right? If a judge were to say, I’m going to release this woman because the fetus hasn’t done anything wrong.

Kenen: Well, there’s going to be an amendment to the personhood amendment saying, except when we don’t like the mother, right? I mean, she’s already almost at her due date. So it probably is going to be moot. There’s an underlying question in this case about whether she’s been getting good prenatal care, and that’s a separate issue than personhood. I mean, if the allegations are correct and she has not gotten the necessary prenatal care, then she certainly should be getting the necessary prenatal care. I don’t think this is going to be ruled on in time — I think she’s already in her final month of pregnancy. So I don’t think we’re going to see a ruling that’s going to create personhood for fetal inmates.

Rovner: She’ll have the baby before she gets let out of jail.

Kenen: I think other lawyers might try this. I mean, I think it’s legal chutzpah, I guess. If one lawyer came up with it, I don’t see why other lawyers won’t try it for other incarcerated pregnant women.

Rovner: Yeah. And you could see it feeding into the whole personhood issue of, you know, [does] the fetus have its own set of individual rights, you know, apart from the pregnant woman who’s carrying it? And it’s obviously something that’s that we’re going to continue to grapple with, I think, as this debate continues. All right. That is the news for this week. Now it’s time for our extra-credit segment. That’s when we each recommend a story we read this week we think you should read, too. As always, don’t worry if you miss it; we will post the links on the podcast page at khn.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Sarah, why don’t you go first this week?

Karlin-Smith: I took a look at a story in the DCist. It’s called “Locals Who Don’t Speak English Need Medical Translators, but Some Say They Don’t Always Get the Service.” It was by Amanda Michelle Gomez and Hector Alejandro Arzate, and it basically takes a look at a lack of medical translators who can help patients who don’t speak English in the D.C. area and the harm that can be caused when patients don’t have that support, whether they’re in the hospital or at medical appointment, focusing on a woman who basically said she wasn’t getting food for three days and actually left the hospital to provide her food and she was undergoing … cancer treatment and in there for an emergency situation. It also highlights a federally funded facility in D.C. that is trying to support patients in the area with translators, but some of the health policy challenges they face, such as, you know, there’s reimbursement for basically accompanying a patient to an appointment, but there’s out-of-appointment care that patients need. Like if you’re sent home with instructions in English and there’s difficulty funding that care. And I mean, I just think the issue is important and fascinating because people who cover health policy, I think, tend to realize sometimes, even if you have an M.D. and a Ph.D. in various aspects of this system, it can be very hard to navigate your care in the U.S., even if you are best positioned. So to add in not speaking a language and, in this case, having had experience trying to help somebody who spoke a language much less more commonly spoken in the U.S. You know, I was thinking, well, she spoke Spanish, you know, how bad could it be? A lot of people in the U.S. often are bilingual and Spanish is a common language that you might expect lots of people in a medical facility to know. So I think, you know, again, it just shows the complexities here of even when you’re best positioned to succeed, you often have trouble succeeding as a patient. And when you add in other factors, we really set people up for pretty difficult situations.

Rovner: Yeah, it was kind of eye-opening. Rachel.

Roubein: My extra credit is titled “Her Baby Has a Deadly Diagnosis. Her Florida Doctors Refused an Abortion,” and it’s by Frances Stead Sellers from The Washington Post. I chose the story because it gives this rare window into how an abortion ban can play on the ground when a fetus is diagnosed with a fatal abnormality. So Frances basically chronicles how one woman in Florida, Deborah Dorbert, and her husband, Lee, were told by a specialist when she was roughly 24 weeks pregnant that the fetus had a condition incompatible with life, and the couple decided to terminate the pregnancy. But they say they were ultimately told by doctors that they couldn’t due to a law passed last year in Florida that banned most abortions after 15 weeks. And so that new law does have exceptions, including allowing later termination if two physicians certify in writing that the fetus has a fatal fetal abnormality. So it’s not clear exactly how or why the Dorberts’ doctors said that they couldn’t or how they applied the law in this situation.

Rovner: Yeah, I feel like this is maybe the 10th one of these that I’ve read of women who have wanted pregnancies and wanted babies and something goes wrong with the pregnancy, and an abortion ban has prevented them from actually getting the care that they need. And I just wonder if the anti-abortion forces have really thought this through, because if they want to encourage women to get pregnant, I know a lot of women who want babies, who want to get pregnant, want to have a baby, but they’re worried that if something goes wrong, that they won’t be able to get care. You know, this question of how close to death does the pregnant woman have to be for the abortion to, quote-unquote, “save her life”? We keep seeing it now in different states and in different iterations. Sorry, it’s my little two cents. Joanne.

Kenen: My extra credit is from The Atlantic’s Katherine J. Wu. And the headline is “Eagles Are Falling, Bears Are Going Blind.” It’s about bird flu or avian flu. It does not say it couldn’t jump to humans. It does say it’s not likely to jump to humans, but that we have to be better prepared, and we have to watch it. But it really made the interesting point that it is much more pervasive among not just birds, but other animals than prior, what we and laypeople call “bird flu.” And it’s going to have — 60, something like 60 million U.S. birds have died. It is affecting Peruvian sea lions, grizzly bears, bald eagles, all sorts of other species, mostly birds, but some mammals. And it’s going to have a huge impact on wildlife for many years to come. And, you know, the ecological environment, our wildlife enviornments. And it’s a really interesting piece. I hadn’t seen that aspect of it described. And if you think — and eggs are going to stay expensive.

Karlin-Smith: I was going to say this morning, I actually saw that in Cambodia reported one of the first deaths in this recent wave, of a person with this bird flu. So the question, I guess, is in the past, it hasn’t easily spread from person to person. And so that would be like the big concern where you’d worry about really large outbreaks.

Rovner: Yeah, because we don’t have enough to worry about right now.

Kenen: We should be watching this one. I mean, this is a different manifestation of it. But we do know there have been isolated cases like the one Sarah just described where, you know, people have gotten it and a few people have died, but it has not easily adapted. And of course, if it does adapt, that’s a different story. And then … in what form does it adapt? Is it more like the flu we know, or, I mean, there are all sorts of unanswered questions. Yes, we need to watch it. But this story was actually just so interesting because it was about what it’s doing to animals.

Rovner: Yeah, it is. The ecosystem is more than just us. Well, my story is from Stat News by Calli McMurray, and it’s highly relevant for our podcast. It’s called “Current Treatments for Cramps Aren’t Cutting It. Why Aren’t There Better Options?” And yes, it’s about menstrual cramps, which affect as many as 91% of all women of reproductive age. Nearly a third of them severely. Yet there’s very little research on the actual cause of cramps and current treatments, mostly nonsteroidal anti-inflammatory drugs or birth control pills, don’t work for a lot of people. As someone who spent at least a day a month of her 20s and 30s in bed with a heating pad, I can’t tell you how angry it makes me that this is still a thing with all the other things that we have managed to cure in medicine.

OK. That is our show for this week. As always, if you enjoy the podcast, you can subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review; that helps other people find us, too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying. Also, as always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth — all one word — @kff.org. Or you can tweet me. I’m @jrovner. Joanne?

Kenen: @JoanneKenen

Rovner: Rachel.

Roubein: @rachel_roubein

Rovner: Sarah.

Karlin-Smith: @SarahKarlin

Rovner: We will be back in your feed next week. Until then, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KHN’s What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host

Julie Rovner
KHN

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KHN’s weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

While repealing the Affordable Care Act seems to have fallen off congressional Republicans’ to-do list for 2023, plans to cut Medicare and Medicaid are back. The GOP wants Democrats to agree to cut spending on both programs in exchange for a vote to prevent the government from defaulting on its debts.

Meanwhile, the nation’s health care workers — from nurses to doctors to pharmacists — are feeling the strain of caring not just for the rising number of insured patients seeking care, but also more seriously ill patients who are difficult and sometimes even violent.

This week’s panelists are Julie Rovner of KHN, Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico, Tami Luhby of CNN, and Victoria Knight of Axios.

Panelists

Joanne Kenen
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico

@JoanneKenen

Read Joanne's stories

Tami Luhby
CNN

@luhby

Read Tami's stories

Victoria Knight
Axios

@victoriaregisk

Read Victoria's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• Conservative House Republicans are hoping to capitalize on their new legislative clout to slash government spending, as the fight over raising the debt ceiling offers a preview of possible debates this year over costly federal entitlement programs like Medicare.
• House Speaker Kevin McCarthy said Republicans will protect Medicare and Social Security, but the elevation of conservative firebrands — like the new chair of the powerful House Ways and Means Committee — raises questions about what “protecting” those programs means to Republicans.
• Record numbers of Americans enrolled for insurance coverage this year under the Affordable Care Act. Years after congressional Republicans last attempted to repeal it, the once highly controversial program also known as Obamacare appears to be following the trajectory of other established federal entitlement programs: evolving, growing, and becoming less controversial over time.
• Recent reports show that while Americans had less trouble paying for health care last year, many still delayed care due to costs. The findings highlight that being insured is not enough to keep care affordable for many Americans.
• Health care workers are growing louder in their calls for better staffing, with a nursing strike in New York City and recent reports about pharmacist burnout providing some of the latest arguments for how widespread staffing issues may be harming patient care. There is bipartisan agreement in Congress for addressing the nursing shortage, but what they would do is another question.

Plus, for extra credit, the panelists recommend their favorite health policy stories of the week that they think you should read, too:

Julie Rovner: Roll Call’s “NIH Missing Top Leadership at Start of a Divided Congress,” by Ariel Cohen

Tami Luhby: CNN’s “ER on the Field: An Inside Look at How NFL Medical Teams Prepare for a Game Day Emergency,” by Nadia Kounang and Amanda Sealy

Joanne Kenen: The Atlantic’s “Don’t Fear the Handshake,” by Katherine J. Wu

Victoria Knight: The Washington Post’s “‘The Last of Us’ Zombie Fungus Is Real, and It’s Found in Health Supplements,” by Mike Hume

Also mentioned in this week’s podcast:

The New York Times’ “As France Moves to Delay Retirement, Older Workers Are in a Quandary,” by Liz Alderman

Stat’s “Congressional Medicare Advisers Warn of Higher Drug Prices, Despite New Price Negotiation,” by John Wilkerson

Click to Expand

Episode 280 Transcript

KHN’s ‘What the Health?’Episode Title: As US Bumps Against Debt Ceiling, Medicare Becomes a Bargaining ChipEpisode Number: 280Published: Dec. 19, 2023

Tamar Haspel: A lot of us want to eat better for the planet, but we’re not always sure how to do it. I’m Tamar Haspel.

Michael Grunwald: And I’m Michael Grunwald. And this is “Climavores,” a show about eating on a changing planet.

Haspel: We’re here to answer all kinds of questions. Questions like: Is fake meat really a good alternative to beef? Does local food actually matter?

Grunwald: You can follow us or subscribe on Stitcher, Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen.

Julie Rovner: Hello! Welcome back to KHN’s “What the Health?” I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at Kaiser Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We’re taping this week on Thursday, Jan. 19, at 10 a.m. As always, news happens fast, and things might have changed by the time you hear this. So here we go. Today we are joined via video conference by Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico.

Joanne Kenen: Good morning, everybody.

Rovner: Tami Luhby of CNN.

Tami Luhby: Good morning.

Rovner: And Victoria Knight of Axios.

Victoria Knight: Good morning.

Rovner: So Congress is in recess this week, but there is still plenty of news, so we’ll get right to it. The new Congress is taking a breather for the MLK holiday, having worked very hard the first two weeks of the session. But there’s still plenty going on on Capitol Hill. Late last week, House Republicans leaked to The Washington Post a plan to pay only some of the nation’s bills if the standoff over raising the debt ceiling later this year results in the U.S. actually defaulting. Republicans say they won’t agree to raise the debt ceiling, something that’s been done every couple of years for decades, unless Democrats agree to deep spending cuts, including for entitlement programs like Social Security, Medicare, and Medicaid — why we are talking about this. Democrats say that a default, even a partial one, could trigger not just a crisis in U.S. financial markets, but possibly a worldwide recession. It’s worth remembering that the last time the U.S. neared a default but didn’t actually get there, in 2011, the U.S. still got its credit rating downgraded. So who blinks in this standoff? And, Tami, what happens if nobody does?

Luhby: That’s going to be a major problem for a lot of people. I mean, the U.S. economy, potentially the global economy, global financial markets, but also practical things like Social Security recipients getting their payments and federal employees in the military getting paid, and Treasury bond holders getting their interest payments. So it would be a giant mess. [Treasury Secretary Janet] Yellen last week in her letter to [House Speaker Kevin] McCarthy, signaling that we were going to hit the debt ceiling, likely today, urged Congress to act quickly. But instead, of course, what just happened was they dug their heels in on either side. So, you know, we have the Republicans saying that we can’t keep spending like we are. We don’t have just an unlimited credit card. We have to change our behavior to save the country in the future. And the White House and Senate Democrats saying this is not a negotiable subject. You know, we’ve been here before. We haven’t actually crossed the line before. So we’ll see what happens. But one of the differences is, this year, that McCarthy has a very narrow margin in the House. Any one of his members — this is among the negotiations that he did not want to agree to but had to after 15 rounds of voting for his job — any member can make a motion to vacate the speaker’s chair. And if that happens, then we don’t have to worry about the debt ceiling because we have to worry more about who’s going to be leading the House, because we can’t deal with the debt ceiling until we actually have someone leading the House. So this is going to be even more complicated than in the past.

Rovner: Just to be clear, even if we hit the debt ceiling today, that doesn’t mean we’re going to default, right? I mean, that’s not coming for several months.

Luhby: Right. So Social Security, seniors and people with disabilities, and the military and federal employees don’t have to yet worry about their payments. They’re going to be paid. The Treasury secretary and Treasury Department will take what’s called “extraordinary measures.” They’re mainly just behind-the-scenes accounting maneuvers. They won’t actually hurt anybody. Yellen had said that she expects these extraordinary measures in cash to last at least until early June, although she did warn that the forecast has considerable uncertainty, as does everything around the debt ceiling.

Rovner: So, Victoria, obviously, the sides are shaping up. Is this going to be the big major health fight this year?

Knight: I think it’s going to be one of the big topics that we’re definitely talking about this year in Congress. I think it’s going to be a dramatic year, as we’ve already seen in these first two weeks. My colleagues at Axios, we talked to some Republicans last week, asking them about: Do you actually think they will make cuts to entitlement programs, to Medicare, Medicaid? Is that realistic? It’s kind of a mixed bag. Some are like, yeah, we should look at this, and some are like, we don’t really want to touch it. I think they know it’s really a touchy subject. There are a lot of Medicare beneficiaries that don’t want the age increase. You know, there’s some talk of increasing the age to 67 rather than 65. They know that is a touchy subject. Last week in a press conference, McCarthy said, “We’re Republicans; we’ll protect Medicare and Social Security,” so they know people are talking about this. They know people are looking at it. So I think in a divided government, obviously, the Senate is in Democratic control. I think it seems pretty unlikely, but I think they’re going to talk about it. And we have a new Ways and Means chairman, Jason Smith from Missouri. He’s kind of a firebrand. He’s talked about wanting to do reform on the U.S. spending. So I think it’s something they’re going to be talking about. But I don’t know if that much will actually happen. So we’ll see. I have been talking to Republicans on what else they want to work on this year in Congress. I think a big thing will be PBM [pharmacy benefit managers] reform. It’s a big topic that’s actually bipartisan. So I think that’s something that we’ll see. These are the middlemen in regards to between pharmacies and insurers. And they’re negotiating drug prices. And we know there are going to be hearings on that. I think health care costs. There’s some talk about fentanyl, scheduling. But I think in regards to big health care reform, there probably isn’t going to be a lot, because we are in a divided government now.

Kenen: Just one thing about how people talk about protecting Medicare and Social Security, it doesn’t mean they don’t want to make changes to it. We’ve been through this before. Entitlement reform was the driving force for Republicans for quite a few years under … when Paul Ryan was both, I guess it was budget chair before he was speaker. I mean, that was the thing, right? And he wanted to make very dramatic changes to Medicare, but he called it protecting Medicare. So there’s no one like Ryan with a policy really driving what it should look like. I mean, he had a plan, yet the plan never got through anywhere. It died, but it was an animating force for many years. It went away for a minute in the face of the last 10 years that were about the Affordable Care Act. So I don’t think they’re clear on what they want to do. But we do know some conservative Republicans want to make some kind of changes to Medicare. TBD.

Rovner: And Tami, we know the debt ceiling isn’t the only place where House Republicans are setting themselves up for deep cuts that they might not be able to make while still giving themselves the ability to cut taxes. They finessed some of this in their rules package, didn’t they?

Luhby: Yes, they did. And they made it very clear that they, in the rules, they made it harder to raise taxes. They increased it to a supermajority, 3/5 of the House. They made it easier to cut spending in the debt ceiling and elsewhere. And, you know, the debt ceiling isn’t our only issue that we have coming up. It’s going to be right around the same time, generally, maybe, as the fiscal 2024 budget, which will necessitate discussion on spending cuts and may result in spending cuts and changes possibly to some of our favorite health programs. So we will see. But also just getting back to what we were talking about with Medicare. Remember, the trustees estimate that the trust fund is going to run out of money by 2028. So we’ll see in a couple of months what the latest forecast is. But, you know, something needs to be done relatively soon. I mean … the years keep inching out slowly. So we keep being able to put this off. But at some point …

Rovner: Yeah, we keep getting to this sort of brinksmanship, but nobody, as Joanne points out, ever really has a plan because it would be unpopular. Speaking of which, while cutting entitlement programs here is still just a talking point, we have kind of a real-life cautionary tale out of France, where the retirement age may be raised from 62 to 64, which is still younger than the 67, the U.S. retirement age is marching toward. It seems that an unintended consequence of what’s going on in France is that employers don’t want to hire older workers. So now they can’t get retirement and they can’t find a job. And currently, only half of the French population is still employed by age 62, which is way lower than other members of the European Union. France is looking at protests and strikes over this. Could the same thing happen here, if we might get to that point? It’s been a while since we’ve seen the silver-haired set out on the street with picket signs.

Knight: I think it would be pretty contentious, I think, if they decide to actually raise the age. It’ll be interesting to see [if] there are actual protests, but I think people will be very upset, for sure, especially people reaching retirement age having counted on this. So …

Kenen: They probably wouldn’t do it like … if you’re 62, you wouldn’t [go] to 67. When they’ve talked about these kinds of changes in the past, they’ve talked about phasing it in over a number of years or starting it in the …

Rovner: Right, affecting people in the future.

Kenen: Right.

Rovner: But I’m thinking not just raising the retirement age. I’m thinking of making actual big changes to Medicare or even Medicaid.

Kenen: Well, there’s two things since the last debate about this. Well, first of all, Social Security was raised and it didn’t cause … it was raised slowly, a couple of months at a time over, what, a 20-year period. Is that right? Am I remembering that right, Julie?

Rovner: Yeah, my retirement age is 66 and eight months.

Kenen: Right. So … it used to be 65. And they’ve been going, like, 65 and one month, 65 and two months. It’s crept up. And that was done on a bipartisan basis, which, of course, not a whole lot is looking very bipartisan right now. But I mean, that’s the other pathway we could get. We could get a commission. We could move toward some kind of changes after … last time there was a commission that failed, but the Social Security commission did work. The last Medicare commission did not. The two sides are so intractable and so far apart on debt right now that there’s probably going to have to be some kind of saving grace down the road for somebody. So it could be yet another commission. And also in 2011, 2012, which was the last time there was the big debate over Medicare age, was pre-ACA [Affordable Care Act] implementation. And, you know, if you’re 65 and you’re not working, if they do change the Medicare in the out years, it’s complicated what it would do to the risk pools and premiums and all that. But you do have an option. I mean, the Affordable Care Act would … right now you only get it to Medicare. That would have to be changed. So it’s not totally the same … I’m not advocating for this. I’m just saying it is a slightly different world of options and the chessboard’s a little different.

Rovner: Well, clearly, we are not there yet, although we may be there in the next couple of months. Finally, on the new Congress front. Last week, we talked about some of the new committee chairs in the House and Senate. This week, House Republicans are filling out some of those critical subcommittee chairs. Rep. Andy Harris, a Republican from Maryland who’s also an anesthesiologist who bragged about prescribing ivermectin for covid, will chair the Appropriations subcommittee responsible for the FDA’s budget [the Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration subcommittee]. Things could get kind of interesting there, right?

Knight: Yeah. And there is talk that he wanted to chair the Labor [Health and Human Services, Education] subcommittee, which would have been really interesting. He’s not.

Rovner: Which would’ve been the rest of HHS. We should point out that in the world of appropriations, FDA is with Agriculture for reasons I once tried to figure out, but they go back to the late 1940s. But the rest of HHS is the Labor HHS Appropriations subcommittee, which he won’t chair.

Knight: Right, he is not. Rep. Robert Aderholt is chairing Labor HHS. But this is, as we were talking about, they’re going to have to fund the government. Republicans are talking about wanting to pass 12 appropriations bills. If they actually want to try to do that, they’re going to have to do a lot of negotiations on what goes into the Labor HHS bill, what goes into the AG bill with FDA, with these chairs over the subcommittees, they’re going to want certain things in there. They’re going to maybe want oversight of these agencies, especially in regards to what’s happening with covid, what’s going on with the abortion pills. So I think it’ll be really interesting to see what happens. It seems unlikely they’re actually going to be able to pass 12 appropriations bills, but it’s just another thing to watch.

Rovner: I would point out that every single Congress, Republican and Democrat, comes in saying, we’re going to go back to regular order. We’re going to pass the appropriations bills separately, which is what we were supposed to do. I believe the last time that they passed separately, and that wasn’t even all of them, was the year 2000; it was the last year of President [Bill], it might have been. It was definitely right around then. When I started covering Congress, they always did it all separately, but no more.

Luhby: And they want to pass the debt ceiling vote separately.

Rovner: Right, exactly. Not that much going on this year. All right. Well, last week we talked about health insurance coverage. Now it is official. Obamacare enrollment has never been higher and there are still several weeks to go to sign up in some states, even though enrollment through the federal marketplace ended for the year on Sunday. Tami, have we finally gotten to the point that this program is too big to fail or is it always going to hang by a political thread?

Luhby: Well, I think the fact that we’re all not reporting on the weekly or biweekly enrollment numbers, saying “It’s popular, people are still signing up!” or under the Trump years, “Fewer people are signing up and it’s lost interest.” I think that in and of itself is very indicative of the fact that it is becoming part of our health care system. And I mean, I guess one day I’m not going to write the story that says enrollment opens on Nov. 1, then another one that says it’s ending on Jan. 15.

Rovner: I think we’ll always do that because we’re still doing it with Medicare.

Luhby: Well, but I’m not. So … it’s possible, although now with Medicare Advantage, I think it is actually worth a story. So that’s a separate issue.

Rovner: Yes, that is a separate issue.

Luhby: But yeah, no, I mean, you know, I think it’s here to stay. We’ll see what [District Judge Reed] O’Connor does in Texas with the preventive treatment, but …

Rovner: Yes, there will always be another lawsuit.

Luhby: There will be chips around the edges.

Kenen: I mean, this court has done … we all thought that litigation was over, like we thought, OK, it’s done. They’ve … upheld it, you know, however many times, move on. But this Supreme Court has done some pretty dramatic rulings and not just Roe [v. Wade], on many public health measures, about gun control and the environment and vaccine mandates. And, of course, you know, obviously, Roe. Do I think that there’s going to be another huge existential threat to the ACA arising out of this preventive care thing? No, but we didn’t think a lot of the things that the Supreme Court would do. There’s a real ideological shift in how they approach these issues. So politically, no, we’re not going to see more repeal votes. In the wings could there be more legal issues to bite us? I don’t think it’s likely, but I wouldn’t say never.

Rovner: In other words, just because congressional Republicans aren’t still harping on this, it doesn’t mean that nobody is.

Kenen: Right. But it’s also, I mean, I agree with Tami … I wrote a similar story a year ago on the 10th anniversary: It’s here. They spent a lot of political capital trying to repeal it and they could not. People do rely on it and more … Biden has made improvements to it. It’s like every other American entitlement: It evolves over time. It gets bigger over time. And it gets less controversial over time.

Rovner: Well, we still have problems with health care costs. And this week we have two sort of contradictory studies about health care costs. One from the Centers for Disease Control and Prevention found a three-percentage-point decline in the number of Americans who had trouble paying medical bills in 2021 compared to the pre-pandemic year of 2019. That’s likely a result of extra pandemic payments and more people with health insurance. But in 2022, according to a survey by Gallup, the 38% of patients reported they delayed care because of cost. That was the biggest increase ever since Gallup has been keeping track over the past two decades, up 12 percentage points from 2020 and 2021. This has me scratching my head a little bit. Is it maybe because even though more people have insurance, which we saw from the previous year. Also more have high-deductible health plans. So perhaps they don’t want to go out and spend money or they don’t have the money to spend initially on their health care. Anybody got another theory? Victoria, I see you sort of nodding.

Knight: I mean, that’s kind of my theory is, like, I think they just have high-deductible plans, so they’re still having to pay a lot out-of-pocket. And I know my brother had to get an ACA plan because he is interning for an electrician and — so he doesn’t have insurance on his own, and I know that, like, it’s still pretty high and he just has to pay a lot out-of-pocket. He’s had medical debt before. So even though more people have health insurance, it’s still a huge issue, it doesn’t make that go away.

Rovner: And speaking of high medical prices, we are going to talk about prescription drugs because you can’t really talk about high prices without talking about drugs. Stat News reports this week that some of the members of the Medicare Payment Advisory Committee, or MedPAC, are warning that even with the changes to Medicare that are designed to save money on drugs for both the government and patients — those are ones taking effect this year — we should still expect very high prices on new drugs. Partly that’s due to the new Medicare cap on drug costs for patients. If insurers have to cover even the most expensive drugs, aside from those few whose price will be negotiated, then patients will be more likely to use them and they can set the price higher. Are we ever going to be able to get a handle on what the public says consistently is its biggest health spending headache? Victoria, you kind of previewed this with the talk about doing something about the middlemen, the PBMs.

Knight: Yeah, I think it’s really difficult. I mean, the drug pricing provisions, they only target 20 of the highest-cost drugs. I can’t remember exactly how they determine it, but it’s only 20 drugs and it’s implemented over years. So it’s still leaving out a lot of drugs. We still have years to go before it’s actually going into effect. And I think drugmakers are going to try to find ways around it, raising the prices of other drugs, you’re talking about. And even though they’re hurt by the IRA [Inflation Reduction Act], they’re not completely down and out. So I don’t know what the answer is to rein in drug prices. I think maybe PBM reform, as I said, definitely a bipartisan issue. This Congress … I think will actually have maybe some movement and we’ll see if actually legislation can be passed. But I know they want to talk about it. So, I mean, that could help a little bit. But I think drugmakers are still a huge reason for a lot of these costs. And so it won’t completely go away even if PBMs have some reforms.

Rovner: And certainly the American public sees drug costs as one of the biggest issues just because so many Americans use prescription drugs. So they see every dollar.

Knight: Yes.

Rovner: So the good news is that more people are getting access to medical care. The bad news is that the workforce to take care of them is burned out, angry, and simply not large enough for the task at hand. The people who’ve been most outspoken about that are the nation’s nurses, who’ve given the majority of the care during the pandemic and taken the majority of patient anger and frustration and sometimes even violence. We’re seeing quite a few nurses’ strikes lately, and they’re mostly not striking for higher wages, but for more help. Tami, you talked to some nurses on the picket line in New York last week. What did they tell you?

Luhby: Yeah, I had a fun assignment last week. Since I live in the Bronx, I spent two days with the striking nurses at the Montefiore Medical Center, and there were 7,000 nurses at Mount Sinai Hospital in Manhattan and Montefiore in the Bronx that went on strike for three days. It was a party atmosphere there much of the time, but they did have serious concerns that they wanted to relay and get their word out. There was a lot of media coverage as well. Their main issue was staffing shortages. I mean, the nurses told me about terrible working conditions, particularly in the ER. Some of them had to put babies on towels on the floor of the pediatric ER or tell sick adults that they have to stand because there aren’t even chairs available in the adult ER, much less beds or cots. And every day, they feared for their licenses. One said that she would go to sleep right when she got home because she didn’t want to think about the day because she was concerned she might not want to go back the next day. And she said, heartbreakingly, that she was tired of apologizing to families and patients, that she was stretched too thin to deliver better care, that she was giving patients their medicines late because she had seven other patients she had to give medicine to and probably handle an emergency. So the nurses at Montefiore, interestingly, they’re demanding staffing. But one thing they kept repeating to me, you know, the leaders, was that they wanted enforcement ability of the staffing. They didn’t just want paper staffing ratios, and they wanted to be more involved in recruitment. While the hospitals — interestingly, this is not necessarily over in New York as it probably won’t be elsewhere. These hospitals reached a tentative agreement with the unions, but there’s another battle brewing. The nurses’ contract for the public hospital system expires on March 2, and the union is already warning that will demand better pay and staffing.

Rovner: Yeah. Well, it’s not just the nurses, though. Doctors are burnt out by angry and sometimes ungrateful patients. Doctors in training, too. And I saw one story this week about how pharmacists, who are being asked to do more and more with no more help — a similar story — are getting fried from dealing with short-tempered and sometimes abusive patients. Is there any solution to this, other than people trying to behave better? Is Congress looking at ways to buttress the health care workforce? This is a big problem. You know, they talked about, when they were passing the Affordable Care Act, that if you’re going to give all these people more insurance, you’re going to need more health care professionals to take care of them.

Knight: Yeah.

Rovner: Yet we haven’t seemed to do that.

Knight: Yeah, I know. It’s something that is being talked about. My colleague Peter [Sullivan] at Axios talked to both Sen. [Bernie] Sanders and Sen. [Bill] Cassidy about things they might want to work on on the HELP [Health, Education, Labor & Pensions] Committee. And I know that the nursing workforce shortage is one thing they do actually agree on. So it’s definitely possible. I do think the medical provider workforce shortage is maybe a bipartisan area in this Congress that they could work on. But I mean, they’ve been talking about it forever. And will they actually do something? I’m not sure. So we’ll see. But I know nursing …

Rovner: Yeah, the spirit of bipartisanship does not seem to be alive and well, at least yet, in this Congress.

Knight: Yeah, well, between the House and the Senate. Yeah, well, we’ll see.

Kenen: But the nursing shortage is, I mean, been documented and talked about for many, many years now and hasn’t changed. The doctor shortage is more controversial because there’s some debate about whether it’s numbers of doctors or what specialties they go into. I mean, and, also, do they go to rich neighborhoods or poor neighborhoods? I mean, if you’re in a wealthy suburb, there’s plenty of dermatologists. Right? But in rural areas, certain urban areas … So it’s not just in quantity. It’s also an allocation both by geography and specialty. Some of that Congress could theoretically deal with. I mean, the graduate medical education residency payment … they’ve been talking about reforming that since before half of the people listening to this were born. There’s been no resolution on a path forward. So some of these are things that Congress can nudge or fix with funding. Some of it is just things that have to happen within the medical community, some cultural shift. Also student debt. I mean, one reason people start out saying they’re going to go into primary care and end up being orthopedic surgeons is their debt. So it’s complicated. Some of it is Congress. Not all of it is Congress. But Congress has been talking about this for a very, very, very, very, very long time.

Rovner: I will point out — and Joanne was with me when this happened — when Congress passed the Balanced Budget Act in 1997, they cut the number of residencies that Medicare would pay for with the promise — and I believe this is in the report, if not in the legislation — that they would create an all-payer program to help pay for graduate medical education by the next year, 1998. Well, now it’s 2023, and they never did that.

Kenen: They meant the next century.

Rovner: We’re a fifth — almost a quarter of the way — through the next century, and they still haven’t done it.

Kenen: And if you were on the front lines of covid, the doctors and the nurses, I mean, at the beginning they had no tools. So many people died. They didn’t know how to treat it. There were so many patients, you know, in New York and other places early on. I mean, it was these nurses that were holding iPads so that people could say goodbye to their loved ones. I don’t think any of us can really understand what it was like to be in that situation, not for 10 minutes, but for weeks and over and over …

Rovner: And months and years, in some cases.

Kenen: Right. But I mean, the really bad … it’s years. But these crunches, the really traumatic experiences, I mean, we’ve also talked in the past about the suicide rate among health care providers. It’s been not just physically exhausting, it’s become emotionally unimaginable for those of us who haven’t been in those ICU or ERs.

Rovner: Well, it’s clear that the pandemic experiences have created a mental health crisis for a lot of people. Clearly, people on the front lines of health care, but also lots of other people. This week, finally, a little bit of good news for at least one population. Starting this week, any U.S. military veteran in a mental health crisis can get free emergency care, not just at any VA [Department of Veterans Affairs] facility, but at any private facility as well. They don’t even have to be in the VA health system because many former members of the military are not actually eligible for VA health care. This is for all veterans. It’s actually the result of a law passed in 2020 and signed by then-President [Donald] Trump. How much of difference could this change, at least, make? I mean, veterans in suicidal crises are also, unfortunately, fairly common, aren’t they?

Kenen: Yeah, but I mean, we have a provider shortage, so giving them greater access to a system that doesn’t have enough providers, I mean, will it help? I would assume so. Is it going to fix everything? I would assume not. You know, we don’t have enough providers, period. And there are complicated reasons for that. And that’s also … they’re not all doctors. They’re, you know, psychologists and social workers, etc. But that’s a huge problem for veterans and every human being on Earth right now. I mean, everybody was traumatized. There’s degrees of how much trauma people had, but nobody was untraumatized by the last three years. And the ongoing stresses. You can be well-adjusted traumatized. You could be in-crisis traumatized. But we’re all on that spectrum of having been traumatized.

Knight: Yeah.

Rovner: Well, lots more work to do. OK. That’s the news for this week. Now it is time for our extra-credit segment, where we each recommend a story we read this week we think you should read, too. Don’t worry if you miss it; we will post the links on the podcast page at khn.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Victoria, why don’t you go first this week?

Knight: The story that I’m recommending is called “‘The Last of Us’ Zombie Fungus Is Real, and It’s Found in Health Supplements.” It’s in The Washington Post by Mike Hume. “The Last of Us” is a new HBO show everyone’s kind of talking about. And, basically, people become zombies from this fungus. Turns out that fungus is real in real life. It’s spread by insects that basically infect people and then kind of take over their minds and then shoot little spores out. And in the show, they do that as well, except they don’t spread by spores. They spread by bites. But it’s used in health supplements for different things like strength, stamina, immune boost. So it’s kind of just a fun little dive into a real-life fungus.

Rovner: To be clear, it doesn’t turn people into zombies.

Knight: Yes. To be clear, it does not turn people into zombies. If you eat it, that will not happen to you. But it is based on a real-life fungus that does infect insects and make them zombies.

Rovner: Yes. [laughter] It’s definitely creepy. Tami.

Luhby: My story is by my fantastic CNN colleagues this week. It’s called “ER on the Field: An Inside Look at How NFL Medical Teams Prepare for a Game Day Emergency.” It’s by my colleagues Nadia Kounang, Amanda Sealy, and Sanjay Gupta. Listen, I don’t know anything about football, but I happened to be watching TV with my husband when we flipped to the channel with the Bills-Bengals game earlier this month, and we saw the ambulance on the field. So like so many others, I was closely following the story of Damar Hamlin’s progress. What we heard on the news was that the team and the medical experts repeatedly said that it was the care on the field that saved Hamlin’s life. So Nadia, Amanda, and Sanjay provide a rare behind-the-scenes look at how hospital-quality treatment can be given on the field when needed. I learned that — from the story and the video — that there are about 30 medical personnel at every game. All teams have emergency action plans. They run drills an hour before kickoff. The medical staff from both teams review the plan and confirm the details. They station certified athletic trainers to serve as spotters who are positioned around the stadium to catch any injuries. And then they communicate with the medical team on the sidelines. But then — and this is what even my husband, who is a major football fan, didn’t know this — there’s the all-important red hat, which signifies the person who is the emergency physician or the airway physician, who stands along the 30-yard line and takes over if he or she has to come out onto the field. And that doctor said, apparently, they have all the resources available in an emergency room and can essentially do surgery on the field to intubate a player. So I thought it was a fascinating story and video even for non-football fans like me, and I highly recommend them.

Rovner: I thought it was very cool. I read it when Tami recommended it. Although my only question is what happens when there’s a team, one whose color is red and there are lots of people wearing red hats on the sidelines?

Luhby: That’s a good point.

Rovner: I assume they still can find the doctor. OK, Joanne.

Kenen: There was a piece in The Atlantic by Katherine J. Wu called “Covid Couldn’t Kill the Handshake.” It had a separate headline, depending on how you Googled it, saying “Don’t Fear the Handshake.” So, basically, we stopped shaking hands. We had fist bumps and, you know, bows and all sorts of other stuff. And the handshake is pretty much back. And yes, your hands are dirty, unless you’re constantly washing them, your hands are dirty. But they are not quite as dirty as we might think. We’re not quite as dangerous as we may think. So, you know, if you can’t get out of shaking someone’s hand, you probably won’t die.

Rovner: Good. Good to know. All right. My extra credit this week is a story I wish I had written. It’s from Roll Call, and it’s called “NIH Missing Top Leadership at Start of a Divided Congress,” by Ariel Cohen. And it’s not just about not having a replacement for Dr. Tony Fauci, who just retired as the longtime head of the National Institute for Allergy and Infectious Diseases last month, but about having no nominated replacement for Frances Collins, who stepped down as NIH [National Institutes of Health] director more than a year ago. In a year when pressure on domestic spending is likely to be severe, as we’ve been discussing, and when science in general and NIH in particular are going to be under a microscope in the Republican-led House, it doesn’t help to have no one ready to catch the incoming spears. On the other hand, Collins’ replacement at NIH will have to be vetted by the Senate HELP Committee with a new chairman, Bernie Sanders, and a new ranking member, Bill Cassidy. I am old enough to remember when appointing a new NIH director and getting it through the Senate was a really controversial thing. I imagine we are back to exactly that today.

OK. That’s our show for this week. As always, if you enjoyed the podcast, you could subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review; that helps other people find us, too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying, and to our KHN webteam, who have given the podcast a spiffy new page. As always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth — all one word — @kff.org. Or you can tweet me. I’m still at Twitter, for now, where I’m @jrovner. Tami?

Luhby: I’m @Luhby — L-U-H-B-Y

Rovner: Victoria.

Knight: @victoriaregisk

Rovner: Joanne.

Kenen: @JoanneKenen

Rovner: We will be back in your feed next week. Until then, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KHN’s What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The federal system meant to stop health care business owners and executives from repeatedly bilking government health programs fails to do so, a KHN investigation has found.

That means people are once again tapping into Medicaid, Medicare, and other taxpayer-funded federal health programs after being legally banned because of fraudulent or illegal behavior.

In large part that’s because the government relies on those who are banned to self-report their infractions or criminal histories on federal and state applications when they move into new jobs or launch companies that access federal health care dollars.

The Office of Inspector General for the U.S. Department of Health and Human Services keeps a public list of those it has barred from receiving any payment from its programs — it reported excluding more than 14,000 individuals and entities since January 2017 — but it does little to track or police the future endeavors of those it has excluded.

The government explains that such bans apply to “the excluded person” or “anyone who employs or contracts with” them. Further, “the exclusion applies regardless of who submits the claims and applies to all administrative and management services furnished by the excluded person,” according to the OIG.

Federal overseers largely count on employers to check their hires and identify those excluded. Big hospital systems and clinics typically employ compliance staff or hire contractors who routinely vet their workers against the federal list to avoid fines.

However, those who own or operate health care businesses are typically not subject to such oversight, KHN found. And people can sidestep detection by leaving their names off key documents or using aliases.

“If you intend to violate your exclusion, the exclusion list is not an effective deterrent,” said David Blank, a partner at Arnall Golden Gregory who previously was senior counsel at the OIG. “There are too many workarounds.”

KHN examined a sample of 300 health care business owners and executives who are among more than 1,600 on OIG’s exclusion list since January 2017. Journalists reviewed court and property records, social media, and other publicly available documents. Those excluded had owned or operated home health care agencies, medical equipment companies, mental health facilities, and more. They’d submitted false claims, received kickbacks for referrals, billed for care that was not provided, and harmed patients who were poor and old, in some cases by stealing their medication or by selling unneeded devices to unsuspecting Medicare enrollees. One owner of an elder care home was excluded after he pleaded guilty to sexual assault.

Among those sampled, KHN found:

• Eight people appeared to be serving or served in roles that could violate their bans;
• Six transferred control of a business to family or household members;
• Nine had previous, unrelated felony or fraud convictions, and went on to defraud the health care system;
• And seven were repeat violators, some of whom raked in tens of millions of federal health care dollars before getting caught by officials after a prior exclusion.

The exclusions list, according to Blank and other experts, is meant to make a person radioactive — easily identified as someone who cannot be trusted to handle public health care dollars.

But for business owners and executives, the system is devoid of oversight and rife with legal gray areas.

One man, Kenneth Greenlinger, pleaded guilty in 2016 to submitting “false and fraudulent” claims for medical equipment his California company, Valley Home Medical Supply, never sent to customers that totaled more than $1.4 million to Medicare and other government health care programs, according to his plea agreement. He was sentenced to eight months in federal prison and ordered to pay restitution of more than $1 million, according to court records. His company paid more than $565,000 to resolve allegations of false claims, according to the Justice Department website.

Greenlinger was handed a 15-year exclusion from Medicare, Medicaid, and any other federal health care program, starting in 2018, according to the OIG.

But this October, Greenlinger announced a health care business with government contracts for sale. Twice on LinkedIn, Greenlinger announced: “I have a DME [durable medical equipment] company in Southern California. We are contracted with most Medicare and Medi-Cal advantage plans as well as Aging in Place payers. I would like to sell,” adding a Gmail address.

Reached by phone, Greenlinger declined to comment on his case. About the LinkedIn post, he said: “I am not affiliated directly with the company. I do consulting for medical equipment companies — that was what that was, written representing my consulting business.”

His wife, Helene, who previously worked for Valley Home Medical Supply, is now its CEO, according to LinkedIn and documentation from the California Secretary of State office. Although Helene has a LinkedIn account, she told KHN in a telephone interview that her husband had posted on her behalf. But Kenneth posted on and commented from his LinkedIn page — not his wife’s.

At Valley Home Medical Supply, a person who answered the phone last month said he’d see whether Kenneth Greenlinger was available. Another company representative got on the line, saying “he’s not usually in the office.”

Helene Greenlinger said her husband may come by “once in a while” but “doesn’t work here.”

She said her husband doesn’t do any medical work: “He’s banned from it. We don’t fool around with the government.”

“I’m running this company now,” she said. “We have a Medicare and Medi-Cal number and knew everything was fine here, so let us continue.”

No Active Enforcement

Federal regulators do not proactively search for repeat violators based on the exclusion list, said Gabriel Imperato, a managing partner with Nelson Mullins in Florida and former deputy general counsel with HHS’ Office of the General Counsel in Dallas.

He said that for decades he has seen a “steady phenomenon” of people violating their exclusions. “They go right back to the well,” Imperato said.

That oversight gap played out during the past two years in two small Missouri towns.

Donald R. Peterson co-founded Noble Health Corp., a private equity-backed company that bought two rural Missouri hospitals, just months after he’d agreed in August 2019 to a five-year exclusion that “precludes him from making any claim to funds allocated by federal health care programs for services — including administrative and management services — ordered, prescribed, or furnished by Mr. Peterson,” said Jeff Morris, an attorney representing Peterson, in a March letter to KHN. The prohibition, Morris said, also “applies to entities or individuals who contract with Mr. Peterson.”

That case involved a company Peterson created called IVXpress, now operating as IVX Health with infusion centers in multiple states. Peterson left the company in 2018, according to his LinkedIn, after the settlement with the government showed a whistleblower accused him of altering claims, submitting false receipts for drugs, and paying a doctor kickbacks. He settled the resulting federal charges without admitting wrongdoing. His settlement agreement provides that if he violates the exclusion, he could face “criminal prosecution” and “civil monetary penalties.”

In January 2020, Peterson was listed in a state registration document as one of two Noble Health directors. He was also listed as the company’s secretary, vice president, and assistant treasurer. Four months later, in April 2020, Peterson’s name appears on a purchasing receipt obtained under the Freedom of Information Act. In addition to Medicare and Medicaid funds, Noble’s hospitals had received nearly $20 million in federal covid relief money.

A social media account with a photo that appears to show Peterson announced the launch of Noble Health in February 2020. Peterson identified himself on Twitter as executive chairman of the company.

It appears federal regulators who oversee exclusions did not review or approve his role, even though information about it was publicly available.

Peterson, whose name does not appear on the hospitals’ Medicare applications, said by email that his involvement in Noble didn’t violate his exclusion in his reading of the law.

He said he owned only 3% of the company, citing OIG guidance — federal regulators may exclude companies if someone who is banned has ownership of 5% or more of them — and he did not have a hand in operations. Peterson said he worked for the corporation, and the hospitals “did not employ me, did not pay me, did not report to me, did not receive instructions or advice from me,” he wrote in a November email.

A 2013 OIG advisory states that “an excluded individual may not serve in an executive or leadership role” and “may not provide other types of administrative and management services … unless wholly unrelated to federal health care programs.”

Peterson said his activities were apart from the business of the hospitals.

“My job was to advise Noble’s management on the acquisition and due diligence matters on hospitals and other entities it might consider acquiring. … That is all,” Peterson wrote. “I have expert legal guidance on my role at Noble and am comfortable that nothing in my settlement agreement has been violated on any level.”

For the two hospitals, Noble’s ownership ended badly: The Department of Labor opened one of two investigations into Noble this March in response to complaints from employees. Both Noble-owned hospitals suspended services. Most employees were furloughed and then lost their jobs.

Peterson said he left the company in August 2021. That’s the same month state regulators cited one hospital for deficiencies that put patients “at risk for their health and safety.”

If federal officials determine Peterson’s involvement with Noble violated his exclusion, they could seek to claw back Medicaid and Medicare payments the company benefited from during his tenure, according to OIG records.

Enforcement in a Gray Zone

Dennis Pangindian, an attorney with the firm Paul Hastings who had prosecuted Peterson while working for the OIG, said the agency has limited resources. “There are so many people on the exclusions list that to proactively monitor them is fairly difficult.”

He said whistleblowers or journalists’ reports often alert regulators to possible violations. KHN found eight people who appeared to be serving or served in roles that could violate their bans.

OIG spokesperson Melissa Rumley explained that “exclusion is not a punitive sanction but rather a remedial action intended to protect the programs and beneficiaries from bad actors.”

But the government relies on people to self-report that they are banned when applying for permission to file claims that access federal health care dollars through the Centers for Medicare & Medicaid Services.

While federal officials are aware of the problems, they so far have not fixed them. Late last year, the Government Accountability Office reported that 27 health care providers working in the federal Veterans Affairs system were on the OIG’s exclusion list.

If someone “intentionally omits” from applications they are an “excluded owner or an owner with a felony conviction,” then “there’s no means of immediately identifying the false reporting,” said Dara Corrigan, director of the center for program integrity at CMS. She also said there is “no centralized data source of accurate and comprehensive ownership” to check for violators.

The OIG exclusion list website, which health care companies are encouraged to check for offenders, notes that the list does not include altered names and encourages those checking it to vet other forms of identification.

Gaps in reporting also mean many who are barred may not know they could be violating their ban because exclusion letters can go out months after convictions or settlements and may never reach a person who is in jail or has moved, experts said. The exclusion applies to federal programs, so a person could work in health care by accepting only patients who pay cash or have private insurance. In its review, KHN found some on the exclusion list who were working in health care businesses that don’t appear to take taxpayer money.

OIG said its exclusions are “based largely on referrals” from the Justice Department, state Medicaid fraud-control units, and state licensing boards. A lack of coordination among state and federal agencies was evident in exclusions KHN reviewed, including cases where years elapsed between the convictions for health care fraud, elder abuse, or other health-related felonies in state courts and the offenders’ names appearing on the federal list.

ProviderTrust, a health care compliance group, found that the lag time between state Medicaid fraud findings and when exclusions appeared on the federal list averaged more than 360 days and that some cases were never sent to federal officials at all.

The NPI, or National Provider Identifier record, is another potential enforcement tool. Doctors, nurses, other practitioners, and health businesses register for NPI numbers to file claims to insurers and others. KHN found that NPI numbers are not revoked after a person or business appears on the list.

The NPI should be “essentially wiped clean” when the person is excluded, precluding them from submitting a bill, said John Kelly, a former assistant chief for health care fraud at the Department of Justice who is now a partner for the law firm Barnes & Thornburg.

Corrigan said the agency didn’t have the authority to deactivate or deny NPIs if someone were excluded.

The Family ‘Fronts’

Repeat violators are all too common, according to state and federal officials. KHN’s review of cases identified seven of them, noted by officials in press releases or in court records. KHN also found six who transferred control of a business to a family or household member.

One common maneuver to avoid detection is to use the names of “family members or close associates as ‘fronts’ to create new sham” businesses, said Lori Swanson, who served as Minnesota attorney general from 2007 to 2019.

Blank said the OIG can exclude business entities, which would prevent transfers to a person’s spouse or family members, but it rarely does so.

Thurlee Belfrey stayed in the home care business in Minnesota after his 2004 exclusion for state Medicaid fraud. His wife, Lanore, a former winner of the Miss Minnesota USA title, created a home care company named Model Health Care and “did not disclose” Thurlee’s involvement, according to his 2017 plea agreement.

“For more than a decade” Belfrey, his wife, and his twin brother, Roylee, made “millions in illicit profits by cheating government health care programs that were funded by honest taxpayers and intended for the needy,” according to the Justice Department. The brothers spent the money on a Caribbean cruise, high-end housing, and attempts to develop a reality TV show based on their lives, the DOJ said.

Federal investigators deemed more than $18 million in claims Model Health Care had received were fraudulent because of Thurlee’s involvement. Meanwhile, Roylee operated several other health care businesses. Between 2007 and 2013, the brothers deducted and collected millions from their employees’ wages that they were supposed to pay in taxes to the IRS, the Justice Department said.

Thurlee, Lanore, and Roylee Belfrey all were convicted and served prison time. When reached for comment, the brothers said the government’s facts were inaccurate and they looked forward to telling their own story in a book. Roylee said he “did not steal people’s tax money to live a lavish lifestyle; it just didn’t happen.” Thurlee said he “never would have done anything deliberately to violate the exclusion and jeopardize my wife.” Lanore Belfrey could not be reached for comment.

Melchor Martinez settled with the government after he was accused by the Department of Justice of violating his exclusion and for a second time committing health care fraud by enlisting his wife, Melissa Chlebowski, in their Pennsylvania and North Carolina community mental health centers.

Previously, Martinez was convicted of Medicaid fraud in 2000 and was excluded from all federally funded health programs, according to DOJ.

Later, Chlebowski failed to disclose on Medicaid and Medicare enrollment applications that her husband was managing the clinics, according to allegations by the Justice Department.

Their Pennsylvania clinics were the largest providers of mental health services to Medicaid patients in their respective regions. They also had generated $75 million in combined Medicaid and Medicare payments from 2009 through 2012, according to the Justice Department. Officials accused the couple of employing people without credentials to be mental health therapists and the clinics of billing for shortened appointments for children, according to the DOJ.

They agreed, without admitting liability, to pay $3 million and to be excluded — a second time, for Martinez — according to court filings in the settlement with the government. They did not respond to KHN’s attempts to obtain comment.

‘Didn’t Check Anything’

In its review of cases, KHN found nine felons or people with fraud convictions who then had access to federal health care money before being excluded for alleged or confirmed wrongdoing.

But because of the way the law is written, Blank said, only certain types of felonies disqualify people from accessing federal health care money — and the system relies on felons to self-report.

According to the DOJ court filing, Frank Bianco concealed his ownership in Anointed Medical Supplies, which submitted about $1.4 million in fraudulent claims between September 2019 and October 2020.

Bianco, who opened the durable medical equipment company in South Florida, said in an interview with KHN that he did not put his name on a Medicare application for claims reimbursement because of his multiple prior felonies related to narcotics.

And as far as he knows, Bianco told KHN, the federal regulators “didn’t check anything.” Bianco’s ownership was discovered because one of his company’s contractors was under federal investigation, he said.

Kenneth Nash had been convicted of fraud before he operated his Michigan home health agency and submitted fraudulent claims for services totaling more than $750,000, according to the Justice Department. He was sentenced to more than five years in prison last year, according to the DOJ.

Attempts to reach Nash were unsuccessful.

“When investigators executed search warrants in June 2018, they shut down the operation and seized two Mercedes, one Land Rover, one Jaguar, one Aston Martin, and a $60,000 motor home — all purchased with fraud proceeds,” according to a court filing in his sentencing.

“What is readily apparent from this evidence is that Nash, a fraudster with ten prior state fraud convictions and one prior federal felony bank fraud conviction, got into health care to cheat the government, steal from the Medicare system, and lavishly spend on himself,” the filing said.

As Kelly, the former assistant chief for health care fraud at the Justice Department, put it: “Someone who’s interested in cheating the system is not going to do the right thing.”

KHN Colorado correspondent Rae Ellen Bichell contributed to this report.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Ahora, varios estados del oeste del país, como California, buscan cambiar esta situación con nuevas políticas de inscripción continua para los miembros más jóvenes de Medicaid. La posibilidad de cambiar estas normas, vigentes por décadas, surge cuando los estados valoran los cambios causados por la pandemia.

Los legisladores de California han aprobado una propuesta —pendiente de la autorización federal— para que los niños que cumplan los requisitos para recibir Medicaid se inscriban al nacer y permanezcan inscritos hasta los 5 años, a partir de 2025.

Oregon ya ha conseguido la aprobación de una política similar. En 2023, cuando se espera que termine la emergencia de salud pública, Oregon se convertirá en el primer estado en permitir que los niños elegibles para recibir Medicaid se inscriban al nacer y permanezcan en el programa hasta que cumplan 6 años, independientemente de los cambios en los ingresos familiares y sin tener que volver a solicitarlo.

“Se trata de una medida obvia en términos de apoyo a los niños”, dijo Jenifer Wagley, directora ejecutiva de la organización Our Children Oregon. Según Wagley, mantener a los niños con cobertura —sobre todo temprano en su desarrollo— garantizará que no pierdan importantes chequeos y cuidados debido a las brechas en la cobertura.

En julio, el estado de Washington pidió permiso al gobierno de Biden para ofrecer cobertura continua a los niños hasta los 6 años, y se aguarda una decisión en las próximas semanas. Por su parte, Nuevo México ha solicitado comentarios públicos sobre un plan para mantener a los niños inscritos hasta los 6 años y se espera que solicite el consentimiento federal a finales de este año.

La inscripción en Medicaid ha alcanzado niveles récord después que el gobierno federal prohibiera a los estados dar de baja a sus miembros durante la emergencia de salud pública, a menos que murieran o se trasladaran fuera del estado. Esta norma ha contribuido a que la tasa de no asegurados del país alcance un mínimo histórico.

De las casi 90 millones de personas que reciben Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), unos 41 millones son niños. CHIP es un programa federal-estatal que cubre a los niños de hogares con ingresos superiores a los que se pueden acoger a Medicaid.

Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para la Infancia y la Familia de la Universidad de Georgetown, calificó el hecho de que los estados pasen a tener períodos más largos de cobertura continua para los menores como “una consecuencia positiva de la pandemia”.

Señaló que desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primero de 2022, la proporción de niños sin seguro en Estados Unidos se redujo del 6,7% al 3,7%, en gran parte debido a la norma de emergencia que ha impedido a los estados dejar sin cobertura a los inscritos en Medicaid.

“Los estados tendrán que hacer mucha divulgación sobre esta nueva política para que todos los bebés salgan del hospital con seguro médico y los padres no tengan que preocuparse por la cobertura hasta que el niño vaya al jardín”, señaló Alker.

Si la emergencia de salud pública finaliza el año que viene, casi 5,3 millones de niños podrían perder la cobertura de Medicaid, según un análisis federal publicado en agosto. De ellos, alrededor de 1,4 millones saldrían de las listas porque ya no cumplen los requisitos, pero casi 4 millones de niños que reúnen los requisitos perderían la cobertura por motivos administrativos, como no haber presentado la documentación a tiempo.

Dado que los umbrales de ingresos familiares de Medicaid suelen ser más altos para los niños que para los adultos, es menos probable que los niños pierdan la cobertura por pequeños cambios en los ingresos. Pero pueden perder su derecho a la cobertura si los padres no la renuevan cada año, o no responden cuando el estado busca información para confirmar que los ingresos de la familia se han mantenido lo suficientemente bajos pra mantener la elegibilidad.

Por lo general, los inscritos en Medicaid deben informar de cualquier cambio en los ingresos de la familia u otros criterios que puedan afectar a su elegibilidad durante el año, y los estados deben actuar sobre estos cambios.

Esto supone un reto para los beneficiarios de Medicaid y las agencias estatales, ya que los ingresos de las personas suelen fluctuar. Como resultado, los inscritos pueden perder la cobertura, verse obligados a cambiar entre Medicaid y la cobertura subvencionada del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), o experimentar brechas de cobertura si el papeleo resulta difícil de completar.

Para solucionar este problema, casi la mitad de los estados dan a los niños un año de elegibilidad continua de Medicaid, independientemente de los cambios en los ingresos familiares. Ese grupo incluye estados controlados tanto por republicanos como por demócratas, y estados como Alabama y Mississippi, que no han ampliado Medicaid bajo ACA.

Antes de pasar a la cobertura continua para los niños hasta los 6 años, Oregon les ofrecía 12 meses de elegibilidad continua. Sin embargo, los funcionarios estatales de Medicaid estiman que en 2019, antes del comienzo de la pandemia, más de 70,000 menores de 6 años —un tercio de los inscritos— entraron y salieron de Medicaid. Alrededor de 29,000 de esos niños tuvieron lagunas de cobertura que superaron los seis meses, según dijeron funcionarios estatales a KHN.

Los funcionarios de Oregon estiman que, tras cuatro años de aplicación, la nueva política de inscripción beneficiará a más de 51,000 niños en 2027, a un costo de $177 millones.

“La emergencia de salud pública ha demostrado claramente el valor de tener un seguro de salud continuo, particularmente para las poblaciones que experimentan disparidades de salud y han tenido barreras históricas para el acceso a la atención médica”, afirmó Elizabeth Gharst, vocera de la Autoridad de Salud de Oregon, que supervisa el programa estatal de Medicaid.

La garantía de seis años también reducirá los costos administrativos de Oregon, ya que no tendrá que tramitar algunas solicitudes cada año. Y los funcionarios esperan que reduzca los gastos médicos del programa, ya que los niños que permanezcan en Medicaid tendrán acceso a servicios de atención primaria y preventiva que pueden reducir la necesidad de tratamientos relacionados con los atrasos en la búsqueda de atención.

Oregon ofrece cobertura de Medicaid y CHIP a los niños de familias con ingresos de hasta el 300% del nivel federal de pobreza, que es de $83,250 para una familia de cuatro miembros.

Lori Coyner, asesora principal de políticas de Medicaid en Oregon, dijo que el cambio reducirá las desigualdades en materia de salud porque ayudará a los niños de color a conservar la cobertura y el acceso a la atención médica.

Además de mantener a los niños en Medicaid durante más tiempo, Oregon obtuvo la aprobación federal en octubre para convertirse en el primer estado en dar a los niños de 6 años o más y a los adultos dos años de elegibilidad continua, independientemente de los cambios en los ingresos de su hogar.

A nivel nacional, KFF estima que alrededor del 11% de los niños inscritos en Medicaid perdieron su cobertura durante al menos un día en 2019. El estado de Washington también reporta un 11%.

En California, funcionarios de Medicaid estiman que unos 64,000 —el 6%— de los inscritos menores de 5 años fueron retirados de las listas y luego volvieron a inscribirse en el mismo año.

Mike Odeh, director de salud del grupo Children Now de California, espera que el estado se sume pronto. “Preferiríamos que el estado pagara para que los niños recibieran atención en lugar de pagar por el papeleo”, señaló, y añadió que tener que volver a inscribirse cada año puede ser un obstáculo para las familias de bajos ingresos. “Queremos que estén sanos y preparados para la escuela”, afirmó Odeh.

El Departamento de Servicios de Atención Sanitaria de California, que supervisa Medi-Cal, calcula que el cambio de política costaría $39,1 millones en 2025, suponiendo que se aplique en enero, y $68 millones para el año fiscal 2025-26. El estado todavía está sopesando cuándo buscar la aprobación federal.

Los funcionarios de Medicaid en el estado de Washington aseguraron que hace tiempo que consideran la posibilidad de dar a los niños elegibilidad continua durante varios años. “Las familias de Medicaid están muy ocupadas, y lo último en lo que pueden pensar es en renovar su cobertura, por lo que esto queda relegado al final de su lista de prioridades”, explicó Amy Dobbins, directora de sección en la Oficina de Elegibilidad y Política de Medicaid.

Dobbins señaló que la emergencia de salud pública por covid, durante la cual más niños han tenido cobertura y han recibido servicios de salud, fortaleció la idea de la elegibilidad continua.

Dianne Hasselman, directora ejecutiva interina de la Asociación Nacional de Directores de Medicaid, piensa que algunos estados serían cautelosos a la hora de seguir el ejemplo de Oregon. “A los legisladores estatales también les podría preocupar el aumento de las inscripciones en el programa Medicaid, especialmente en un momento en el que las inscripciones ya han crecido significativamente”, expresó.

Además, los legisladores no verían con buenos ojos ampliar la cobertura a personas con otras opciones de seguro, como el del lugar de trabajo de los padres, agregó Hasselman.

Aunque se alegra de que algunos estados mantengan a los niños en Medicaid hasta los 6 años, Alker, de Georgetown, subrayó que la nueva política de Oregon entrará en vigor —al final de la emergencia sanitaria— justo cuando millones de niños pierdan la cobertura.

“Los estados que no presten atención a las necesidades de los niños cuando termine la emergencia de salud pública probablemente verán un aumento masivo de niños sin seguro”, señaló Alker. “Así que se avecinan situaciones muy diferentes”.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).