El cansancio y las náuseas de su marido fueron tan intensas que no fue a trabajar por tres días. Pero bebió agua con lima en lugar de ir al médico porque no tienen seguro médico. “A mucha gente le pasa esto”, agregó.

No existen normas federales para proteger a los trabajadores como los García cuando los días son excesivamente calurosos. Y sin el apoyo bipartidista del Congreso, incluso con la atención urgente de la administración Biden, es posible que el alivio no llegue en años.

El presidente Joe Biden encargó en 2021 a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) la elaboración de normas para prevenir los accidentes y las enfermedades causados por el calor.

Pero ese proceso de 46 pasos puede llevar más de una década y podría estancarse si un republicano es elegido presidente en 2024, porque el Partido Republicano se ha opuesto generalmente a las regulaciones de salud laboral en los últimos 20 años.

Estas normas podrían obligar a los empleadores a proporcionar abundante agua potable, descansos y un espacio para refrescarse a la sombra o con aire acondicionado cuando las temperaturas superen un determinado umbral.

El 7 de septiembre, OSHA comenzó reuniones con propietarios de pequeñas empresas para discutir sus propuestas, incluidas las medidas que deberían adoptar las empresas cuando las temperaturas llegan a los 90 grados.

Como este verano se han batido récords de calor, la congresista Judy Chu (demócrata de California) y otros miembros del Congreso han impulsado una legislación que aceleraría el proceso de elaboración de normas de OSHA.

El proyecto de ley lleva el nombre de Asunción Valdivia, una trabajadora agrícola que se desmayó mientras recogía uvas en California en un día de 105 grados en 2004. Su hijo la recogió del campo y Valdivia murió de un golpe de calor en el trayecto a su casa.

“Ya sea en una granja, conduciendo un camión o trabajando en un almacén, los trabajadores como Asunción mantienen nuestro país en funcionamiento mientras soportan algunas de las condiciones más difíciles”, dijo Chu en declaraciones en julio en la que instaba al Congreso a aprobar el proyecto de ley.

Las organizaciones profesionales que representan a los empresarios se han opuesto a las normas, calificándolas de “exageradas”. También afirman que faltan datos que justifiquen regulaciones generales, dada la diversidad de trabajadores y lugares de trabajo, desde restaurantes de comida rápida hasta granjas.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los grupos de presión más poderosos de Washington, argumentó que tales medidas carecen de sentido “porque cada empleado experimenta el calor de forma diferente”. Además, según la Cámara, normas como los ciclos de trabajo-descanso “amenazan con perjudicar directa y sustancialmente… la productividad de los empleados y, por lo tanto, la viabilidad económica de su empleador”.

“Muchos de los problemas relacionados con el calor no son consecuencia del trabajo agrícola ni de la mala gestión del empresario, sino del moderno estilo de vida de los empleados”, escribió el Consejo Nacional del Algodón en su respuesta a la legislación propuesta.

Por ejemplo, el aire acondicionado hace más difícil que las personas se adapten a un ambiente caluroso después de haber estado en una vivienda o un vehículo fríos, y señaló que “los trabajadores más jóvenes, más acostumbrados a un estilo de vida más sedentario, no pueden aguantar un día trabajando al aire libre”.

La Asociación de Recursos Forestales, que representa a los propietarios de terrenos forestales, la industria maderera y los aserraderos, agregó que “las enfermedades y muertes relacionadas con el calor no figuran entre los riesgos laborales más graves a los que se enfrentan los trabajadores”. Citaron cifras de OSHA: la agencia documentó 789 hospitalizaciones y 54 muertes relacionadas con el calor a través de investigaciones e infracciones de 2018 a 2021.

OSHA admite que sus datos son cuestionables. Ha dicho que sus cifras “sobre enfermedades, accidentes y muertes relacionadas con el calor en el trabajo son probablemente grandes subestimaciones”.

Los accidentes y enfermedades no siempre se registran, las muertes provocadas por las altas temperaturas no siempre se atribuyen al calor, y los daños relacionados con el calor pueden ser acumulativos, provocando infartos, insuficiencia renal y otras dolencias después de que la persona haya abandonado su lugar de trabajo.

El efecto de la temperatura

Para establecer normas, OSHA debe conocer los efectos del calor en los que trabajan en interiores y al aire libre. La justificación es una parte necesaria del proceso, porque las normativas aumentarán los costos para los empresarios que necesiten instalar sistemas de aire acondicionado y ventilación en el interior, y para aquellos cuya productividad pueda bajar si se permite a los que trabajan a la intemperie tomar descansos o reducir las jornadas cuando suban las temperaturas.

Lo ideal sería que los empresarios tomaran medidas para proteger a los trabajadores del calor independientemente de las normas, afirmó Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública. “Tenemos que hacer un mejor trabajo para convencer a los empresarios de que hay una compensación entre la eficiencia y los trabajadores enfermos”, dijo.

García y su marido sufrieron los síntomas del golpe de calor: vómitos, náuseas y fatiga. Pero sus casos forman parte de los miles que no se contabilizan cuando la gente no va al hospital ni presenta denuncias por miedo a perder su empleo o estatus migratorio.

Los trabajadores agrícolas están notoriamente subrepresentados en las estadísticas oficiales sobre accidentes y enfermedades laborales, según David Michaels, epidemiólogo de la Universidad George Washington y ex administrador de OSHA.

Investigadores que encuestaron a trabajadores agrícolas de Carolina del Norte y Georgia encontraron que más de un tercio presentaba síntomas de enfermedad por calor durante los veranos analizados, una cifra muy superior a la registrada por OSHA. En particular, el estudio de Georgia reveló que el 34% de los trabajadores agrícolas no tenía descansos regulares, y una cuarta parte no tenía acceso a espacios con sombra.

Incluso los casos en los que los trabajadores son hospitalizados pueden no atribuirse al calor si los médicos no documentan la conexión. Muchos estudios relacionan los accidentes laborales con el estrés térmico, que puede causar fatiga, deshidratación y vértigo.

En un estudio realizado en el estado de Washington, se observó que los trabajadores agrícolas se caían de las escaleras con más frecuencia en junio y julio, unos de los meses más calurosos y húmedos. Y en un informe de 2021, investigadores calcularon que las temperaturas más cálidas causaron aproximadamente 20,000 accidentes laborales al año en California entre 2001 y 2018, según los reclamos de compensación de los trabajadores.

Las lesiones renales por calor también aparecen en la base de datos de OSHA de trabajadores lesionados gravemente en el trabajo, como el caso de un empleado de una planta de procesamiento de carne hospitalizado por deshidratación y lesión renal aguda en un caluroso día de junio en Arkansas.

Sin embargo, la investigación revela que el daño renal provocado por el calor también puede ser gradual. Un estudio de trabajadores de la construcción que estuvieron durante un verano en Arabia Saudita reveló que el 18% presentaba signos de lesión renal, lo que los ponía en riesgo de insuficiencia renal futura.

Además de cuantificar las lesiones y muertes causadas por el calor, OSHA trata de atribuirles un costo para poder calcular el ahorro potencial derivado de la prevención. “Hay que medir las cosas, como ¿cuánto vale una vida?”, afirmó Michaels.

Para los trabajadores y sus familias, el sufrimiento tiene consecuencias de largo alcance que son difíciles de enumerar. Los gastos médicos son más obvios. Por ejemplo, OSHA calcula que el costo directo de la postración por calor (sobrecalentamiento debido a insolación o hipertermia), es de casi $80,000 en costos directos e indirectos por caso.

Si esto parece elevado, hay que pensar en un trabajador de la construcción de Nueva York que perdió el conocimiento en un día caluroso y se cayó de una plataforma, y sufrió una laceración renal, fracturas faciales y varias costillas rotas.

El precio de los golpes de calor

Investigadores también han intentado determinar el costo que supone para los empresarios la pérdida de productividad. El trabajo es menos eficiente cuando suben las temperaturas, y si los trabajadores se ausentan por enfermedad y tienen que ser reemplazados, la producción disminuye mientras se entrena a nuevos trabajadores.

Cullen Page, cocinero de Austin, Texas, y miembro del sindicato Restaurant Workers United, trabaja durante horas frente a un horno de pizza, donde, según dijo, las temperaturas oscilaron entre los 90 y los 100 grados cuando las olas de calor golpeaban la ciudad en agosto.

“Es brutal. Afecta tu forma de pensar. Estás confundido”, dijo. “Me dio un sarpullido por calor que no se me quitaba”. Como hace tanto calor, agregó, el restaurante tiene un alto índice de rotación de empleados. Una campana extractora adecuada sobre los hornos y un mejor aire acondicionado ayudarían, pero los propietarios aún no han hecho las mejoras, dijo.

Via 313, la cadena de pizzerías en la que trabaja Page, no respondió al pedido de comentario.

Page no es el único. Una organización que representa a los empleados de restaurantes, Restaurant Opportunities Centers United, encuestó a miles de trabajadores, muchos de los cuales informaron de condiciones inseguras por el calor: el 24% de los trabajadores de Houston, por ejemplo, y el 37% de los de Philadelphia.

“Los trabajadores estuvieron expuestos a temperaturas de hasta 100 grados después de que se rompieron los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores de las cocinas, lo que les dificultaba respirar”, escribió el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, que incluye a trabajadores del sector de comida rápida, en una nota a OSHA. “No hay razón para retrasar más la creación de una norma cuando conocemos la magnitud del problema y sabemos cómo proteger a los trabajadores”, dijeron.

Investigadores del Atlantic Council calculan que Estados Unidos perderá una media de $100,000 millones anuales por la baja de la productividad laboral inducida por el calor a medida que el clima se vuelve más cálido. “A los empresarios les cuesta mucho dinero no proteger a sus trabajadores”, afirmó Juley Fulcher, defensora de salud y  seguridad de los trabajadores de Public Citizen, organización de Washington D.C. que aboga por que el proyecto de ley Asunción Valdivia permita a OSHA promulgar normas el año que viene.

Como modelo, Fulcher sugirió fijarse en California, Maryland, Nevada, Oregon y Washington, los únicos estados con normas que obligan a que todos los trabajadores al aire libre tengan acceso a agua, descanso y sombra.

Aunque las normas no siempre se hacen cumplir, parece que surten efecto. Después de que California instaurara la suya en 2005, se registraron menos accidentes en los reclamos de indemnización de los trabajadores cuando las temperaturas superaban los 85 grados.

Michaels afirmó que OSHA ha demostrado que puede actuar con más rapidez de lo habitual cuando el Congreso se lo permite.

En los primeros días de la epidemia de VIH/SIDA, la agencia aprobó rápidamente normas para evitar que médicos, enfermeras y dentistas se infectaran accidentalmente con agujas. Ahora existe una urgencia similar, dijo. “Dada la crisis climática y la prolongación de los períodos de calor extremo”, señaló, “es imperativo que el Congreso apruebe una legislación que permita a OSHA promulgar rápidamente una norma que salve vidas”.

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Tras una cirugía de emergencia para extirpar el tumor, junto con sus ovarios, útero, trompas de Falopio y apéndice, Hughes contó que vio una publicación en Instagram en la que una mujer con cáncer uterino relacionaba su condición con alisadores químicos para el cabello.

“Casi me desmayo”, dijo desde su casa en Smyrna, Georgia.

Cuando tenía unos 4 años, su madre comenzó a aplicarle un alisador químico, o “relajante”, en el cabello cada seis u ocho semanas. “Quemaba y olía terrible”, recordó Hughes. “Pero era parte de nuestra rutina para ‘lidiar con mi cabello'”.

La rutina continuó hasta que fue a la universidad y conoció a otras mujeres negras que llevaban el cabello de forma natural. Pronto, Hughes dejó de usar alisadores.

Las presiones sociales y económicas han llevado durante mucho tiempo a las niñas y mujeres negras a alisar su cabello para cumplir con los estándares de belleza eurocéntricos. Pero los alisadores químicos tienen un olor desagradable, son costosos y a veces causan quemaduras dolorosas en el cuero cabelludo. Y ahora hay cada vez más evidencia de que podrían ser un riesgo para la salud.

Los alisadores pueden contener carcinógenos, como agentes liberadores de formaldehído, ftalatos y otros compuestos que alteran el sistema endócrino, según estudios de los Institutos Nacionales de Salud. Estas sustancias químicas pueden imitar las hormonas del cuerpo y se han vinculado con cánceres de seno, útero y ovario, muestran investigaciones.

Investigadores y médicos especializados en cáncer dicen que la aplicación frecuente y de por vida de alisadores químicos en el cabello y el cuero cabelludo de mujeres afroamericanas podría explicar por qué los cánceres relacionados con hormonas afectan de manera desproporcionada a mujeres negras en comparación con mujeres blancas.

“Lo que hay en estos productos es perjudicial”, dijo Tamarra James-Todd, profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, quien ha estudiado productos alisadores por los últimos 20 años.

James-Todd cree que los fabricantes, legisladores y médicos deberían advertir a los consumidores que los alisadores podrían causar cáncer y otros problemas de salud. Pero los reguladores han sido lentos en actuar, los médicos se han mostrado reacios a tomar la causa, y el racismo continúa dictando los estándares de moda que dificultan que las mujeres dejen los alisadores, productos tan adictivos que son conocidos como “crema adictiva” (“creamy crack”).

Michelle Obama alisó su cabello cuando Barack era presidente porque creía que los estadounidenses “no estaban preparados” para verla con trenzas, dijo la ex primera dama después de dejar la Casa Blanca. El ejército de los Estados Unidos todavía prohibía estilos populares de cabello negro, como rastas y trenzas, mientras el primer presidente negro del país estaba en el cargo.

En 2019, California se convirtió en el primer estado de casi 20 en prohibir la discriminación basada en el cabello. El año pasado, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una legislación similar, conocida como la Ley CROWN (Creating a Respectful and Open World of Natural Hair). Sin embargo, el proyecto de ley fracasó en el Senado.

La necesidad de legislación destaca los desafíos que enfrentan las niñas y mujeres negras en la escuela y en el lugar de trabajo.

“Tienes que elegir tus batallas”, dijo Ryland Gore, cirujana oncológica con sede en Atlanta. Gore informa a sus pacientes con cáncer de mama sobre el mayor riesgo de cáncer debido a los alisadores. A pesar de su conocimiento, Gore continúa usando alisadores químicos en su propio cabello, como lo ha hecho desde que tenía unos 7 años.

“Tu cabello cuenta una historia”, dijo.

En las conversaciones con sus pacientes, Gore a veces también habla sobre cómo las mujeres afroamericanas solían tejer mensajes en sus trenzas sobre la ruta a seguir en el Underground Railroad mientras buscaban la libertad de la esclavitud.

“Es simplemente una discusión profunda”, que abarca cultura, historia e investigación sobre las prácticas de estilo de peinados actuales, dijo. “Los datos están ahí fuera. Por lo tanto, se les debe advertir a los pacientes, y luego pueden tomar una decisión”.

La primera pista de una conexión entre los productos para el cabello y problemas de salud surgió en la década de 1990. Los médicos comenzaron a ver signos de madurez sexual en bebés y niñas negras que desarrollaban senos y vello púbico después de usar champús que contenían estrógeno o extracto placentario. Cuando las niñas dejaban de usar el champú, el desarrollo del cabello y los senos retrocedían.

Desde entonces, James-Todd y otros investigadores han vinculado compuestos químicos en productos para el cabello con una variedad de problemas de salud más prevalentes entre las mujeres negras, desde la pubertad temprana hasta el parto prematuro, la obesidad y la diabetes.

En los últimos años, los investigadores se han enfocado en una posible conexión entre los alisadores químicos y los cánceres relacionados con hormonas, como el que desarrolló Hughes, que tienden a ser más agresivos y mortales en las mujeres negras.

Un estudio de 2017 encontró que las mujeres blancas que usaban alisadores químicos tenían casi el doble de probabilidades de desarrollar cáncer de seno que aquellas que no los usaban. Debido a que la gran mayoría de las participantes negras del estudio usaban alisadores, los investigadores no pudieron probar efectivamente la asociación en mujeres negras, según afirmó la autora principal, Adana Llanos, profesora asociada de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.

Los investigadores lo probaron en 2020.

El llamado Sister Study (Estudio de las Hermanas), una importante investigación del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental sobre las causas del cáncer de mama y enfermedades relacionadas, hizo el seguimiento de 50,000 mujeres estadounidenses cuyas hermanas habían sido diagnosticadas con cáncer de mama y que estaban libres de cáncer cuando se inscribieron. Independientemente de la raza, las mujeres que informaron haber usado alisadores en el año anterior tenían un 18% más de probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama. Aquellas que usaron alisadores al menos cada cinco a ocho semanas tenían un 31% más de riesgo de ese cáncer.

Casi el 75% de las hermanas negras usaron alisadores en el año anterior, en comparación con solo el 3% de las hermanas blancas no hispanas. Tres cuartas partes de las mujeres negras también informaron haber usado alisadores cuando eran adolescentes, y el uso frecuente de alisadores químicos durante la adolescencia aumentó el riesgo de cáncer de mama premenopáusico.

En 2021, un análisis de los datos del Sister Study mostró que las hermanas que usaban frecuentemente alisadores o productos para el alisado tenían el doble de riesgo de cáncer de ovario. Otro análisis, en 2022, encontró que el uso frecuente aumentaba en más del doble el riesgo de cáncer de útero.

Después de que los investigadores descubrieron la relación con el cáncer de útero, algunos pidieron cambios en las políticas y otras medidas para reducir la exposición a los alisadores.

“Es hora de intervenir”, escribió Llanos y sus colegas en un editorial que acompañó el análisis del cáncer de útero. Aunque reconocen la necesidad de más investigaciones, lanzaron un “llamado a la acción”.

Nadie puede afirmar que el uso de alisadores permanentes causará cáncer, dijo Llanos en una entrevista. “Así no funciona el cáncer”, dijo, señalando que algunos fumadores nunca desarrollan cáncer de pulmón, a pesar de que el tabaquismo es un factor de riesgo conocido.

El corpus de investigación sobre los alisadores para el cabello y el cáncer es más limitado, dijo Llanos, quien dejó de usar alisadores químicos hace 15 años. Pero preguntó retóricamente: “¿Necesitamos investigar durante otros 50 años para saber que los alisadores químicos son perjudiciales?”.

Charlotte Gamble, ginecóloga oncológica cuya práctica en Washington, D.C., incluye a mujeres negras con cáncer de útero y ovario, dijo que ella y sus colegas ven los hallazgos del estudio sobre el cáncer de útero como dignos de una exploración más profunda, pero aún no deberían discutirse con los pacientes.

“Aún tengo mis dudas”, dijo. “Se necesita mucha más información”.

Mientras tanto, James-Todd y otros investigadores creen que han construido un sólido corpus de evidencia.

“Hay suficientes cosas que sí sabemos como para comenzar a tomar medidas, desarrollar intervenciones, proporcionar información útil a los médicos, pacientes y al público en general”, dijo Traci Bethea, profesora asistente en la Oficina de Salud de las Minorías e Investigación sobre Disparidades en Salud de la Universidad de Georgetown.

La responsabilidad de regular los productos de cuidado personal, incluidos los alisadores químicos para el cabello y las tinturas, que también se han vinculado con cánceres relacionados con hormonas, recae en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Sin embargo, la FDA no somete los productos de cuidado personal al mismo proceso de aprobación que utiliza para alimentos y medicamentos. La FDA solo restringe 11 categorías de productos químicos utilizados en cosméticos, mientras que las preocupaciones sobre los efectos en la salud han llevado a la Unión Europea a restringir al menos 2,400 sustancias.

En marzo, las representantes Ayanna Pressley (demócrata de Massachusetts) y Shontel Brown (demócrata de Ohio) pidieron a la FDA que investigara la posible amenaza para la salud que representan los alisadores químicos. Un representante de la FDA dijo que la agencia lo investigaría.

Los peinados naturales están resurgiendo entre las niñas y mujeres negras, pero muchas siguen dependiendo de la “crema adictiva”, según Dede Teteh, profesora asistente de salud pública en la Universidad Chapman.

Teteh tuvo su primer alisado permanente a los 8 años y ha luchado por dejar los alisadores de adulta. Ahora usa trenzas estilo “locs”. Hace poco, consideró alisarse químicamente el cabello para una entrevista de trabajo académica porque no quería que su cabello “fuera un obstáculo” cuando se presentara ante profesores blancos.

Teteh lideró un proyecto de investigación sobre la salud del cabello llamado “The Cost of Beauty” (El Costo de la Belleza) publicado en 2017. Ella y su equipo entrevistaron a 91 mujeres negras en el sur de California. Algunas reaccionaron de manera “combativa” ante la idea de dejar los alisadores y afirmaron que “todo puede causar cáncer”.

Sus reacciones reflejan los desafíos que enfrentan las mujeres negras en Estados Unidos, dijo Teteh.

“No es que la gente no quiera escuchar información relacionada con su salud”, dijo. “Pero quieren que la información se comparta de manera empática con la difícil situación de ser negra aquí en los Estados Unidos”.

Kara Nelson de KFF Health News colaboró con este informe.

Este artículo fue producido por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la  California Health Care Foundation. 

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¿Deberían perder este modesto peso extra para optimizar su salud? Esta pregunta surge ante la aparición de una nueva categoría de fármacos para la diabetes y la pérdida de peso que ofrecen la esperanza de poder deshacerse de los kilos de más.

Durante años, los expertos han debatido sobre qué aconsejar a los adultos mayores en esta situación. Por un lado, el aumento de peso se asocia a la acumulación de grasa. Y eso puede tener graves consecuencias para la salud, contribuyendo a enfermedades cardiacas, diabetes, artritis y un sinfín de otras afecciones médicas.

Por otro lado, numerosos estudios sugieren que tener algo de peso de más a veces puede ser protector en las etapas posteriores de la vida. Para las personas que se caen, la grasa puede servir de acolchado, protegiéndolas de las fracturas. Y para las personas gravemente enfermas de cáncer o insuficiencia renal avanzada, ese acolchado puede ser una fuente de energía que les ayude a tolerar terapias exigentes.

Por supuesto, todo depende del peso inicial de cada persona. Las personas ya obesas (con un índice de masa corporal igual o superior a 30) que engordan más corren más riesgo que las que pesan menos. Y un rápido aumento de peso a una edad avanzada siempre es motivo de preocupación.

Comprender las pruebas científicas y la opinión de los expertos sobre los problemas de peso en los adultos mayores no es fácil. Lo que sigue es lo que he aprendido tras revisar docenas de estudios y hablar con casi dos docenas de médicos e investigadores de la obesidad.

Nuestro cuerpo cambia con la edad. A medida que envejecemos, nuestra composición corporal varía. Perdemos masa muscular —un proceso que comienza a los 30 años y se acelera a partir de los 60— y ganamos grasa. Esto es cierto incluso cuando nuestro peso se mantiene constante.

Además, se acumula menos grasa bajo la piel y más en la parte central del cuerpo. Esta grasa abdominal se asocia a inflamación y resistencia a la insulina y a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e ictus, entre otras dolencias.

“La distribución de la grasa desempeña un papel fundamental a la hora de determinar hasta qué punto es nocivo el peso añadido en forma de grasa”, afirmó Mitchell Lazar, director del Instituto de Diabetes, Obesidad y Metabolismo de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pennsylvania. “Es la grasa visceral [abdominal] [alrededor de la cintura], más que la periférica [en caderas y nalgas] la que realmente nos preocupa”.

Los niveles de actividad disminuyen con la edad. Además, con la edad, las personas tienden a ser menos activas. Cuando los adultos mayores mantienen los mismos hábitos alimentarios (ingesta de energía) mientras reducen la actividad (gasto de energía), van a ganar peso.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 27% de las personas de 65 a 74 años son físicamente inactivas fuera del trabajo, porcentaje que aumenta hasta el 35% a partir de los 75 años. Para los adultos mayores, los CDC recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad moderadamente intensa, como caminar a paso ligero, así como actividades de fortalecimiento muscular, como levantar pesas, al menos dos veces por semana. Según diversas encuestas, sólo entre el 27% y el 44% de los adultos mayores cumplen estas directrices.

Preocupación por la masa muscular. A los expertos les preocupa más la falta de actividad en los adultos mayores con sobrepeso u obesidad leve (un índice de masa corporal por debajo de los 30) que la pérdida de peso. Con una actividad mínima o nula, la masa muscular se deteriora y la fuerza disminuye, lo que “aumenta el riesgo de desarrollar una discapacidad o un deterioro funcional” que puede interferir con la independencia, según John Batsis, investigador de la obesidad y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

La pérdida de peso contribuye a una masa muscular inadecuada en la medida en que el músculo se pierde junto con la grasa. Por cada kilo que se pierde, el 25% procede del músculo y el 75% de la grasa, por término medio.

Dado que los adultos mayores tienen menos músculo, “si quieren perder peso, tienen que estar dispuestos al mismo tiempo a aumentar la actividad física”, dijo Anne Newman, directora del Centro de Envejecimiento y Salud de la Población de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh.

El peso corporal ideal puede ser mayor. Las investigaciones epidemiológicas sugieren que el índice de masa corporal (IMC) ideal podría ser mayor en los adultos mayores que en los jóvenes. (El IMC es una medida del peso de una persona, en kilogramos o libras, dividido por el cuadrado de su altura, en metros o pies).

Un amplio y prestigioso estudio descubrió que los mayores situados en los extremos del espectro del IMC —los que tenían un IMC bajo (menos de 22) y los que tenían un IMC alto (más de 33)— corrían un mayor riesgo de morir antes que los que tenían un IMC en la franja media (de 22 a 32,9).

Los adultos mayores con menor riesgo de morir antes tenían IMC de 27 a 27,9. Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cifra se sitúa en el rango de “sobrepeso” (25 a 29,9) y por encima del rango de IMC de “peso saludable” (18,5 a 24,9). Además, muchos de los ancianos que, según el estudio, presentaban un mayor riesgo de mortalidad —los que tenían un IMC inferior a 22— estarían clasificados como de “peso saludable” según la OMS.

Conclusión del estudio: “El rango de peso saludable de la OMS puede no ser adecuado para los adultos mayores”. Por el contrario, tener sobrepeso puede ser beneficioso para los adultos mayores, mientras que estar notablemente delgado puede ser problemático, contribuyendo al potencial de fragilidad.

De hecho, un IMC óptimo para las personas mayores podría situarse entre 24 y 29, según sugirió Carl Lavie, conocido investigador de la obesidad, en otro estudio en el que se revisaban las pruebas sobre la obesidad en los mayores. Lavie es director médico de rehabilitación cardiaca y prevención en Ochsner Health, un gran sistema sanitario de Nueva Orleans, y autor de “The Obesity Paradox” (La paradoja de la obesidad), un libro que analiza los problemas de peso en las personas mayores.

Recomendaciones de los expertos. Los médicos e investigadores especializados en obesidad ofrecieron varias recomendaciones importantes durante nuestras conversaciones:

— Mantener la forma física y la masa muscular es más importante que perder peso para los adultos mayores con sobrepeso (aquellos con IMC de 25 a 29,9). “¿Perder unos kilos de más va a mejorar drásticamente su salud? No creo que las pruebas lo demuestren”, señaló Lavie.

— La pérdida de peso involuntaria se asocia a varias enfermedades graves y es una señal de peligro a la que siempre hay que prestar atención. “Consulte a su médico si está perdiendo peso sin pretenderlo”, dijo Newman, de la Universidad de Pittsburgh. Ella es coautora de un nuevo trabajo en el que se constata que “la pérdida de peso imprevista, incluso entre adultos con obesidad, se asocia a un mayor riesgo de mortalidad”.

— Garantizar la calidad de la dieta es esencial. “Los adultos mayores corren el riesgo de sufrir carencias vitamínicas y otros déficits nutricionales, y si no consumen suficientes proteínas, eso es un problema”, indicó Batsis, de la Universidad de Carolina del Norte. “Yo les digo a todos mis pacientes mayores que tomen un multivitamínico”, afirmó Dinesh Edem, director del programa de Control Médico del Peso de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas.

— Perder peso es más importante para las personas mayores que tienen mucha grasa alrededor de la cintura (forma de manzana) que para las que pesan más abajo (forma de pera). “En el caso de los pacientes con un perímetro de cintura alto, somos más agresivos a la hora de reducir calorías o aumentar el ejercicio”, explicó Dennis Kerrigan, director de control de peso de Henry Ford Health, en Michigan. — Mantener la estabilidad del peso es un buen objetivo para los mayores sanos con sobrepeso, pero que no padecen obesidad moderada o grave (IMC de 35 o más). Por definición, “sano” significa que las personas no tienen problemas metabólicos graves (colesterol, azúcar en sangre, tensión arterial y triglicéridos demasiado altos), discapacidades relacionadas con la obesidad (son frecuentes los problemas de movilidad) o enfermedades graves relacionadas con la obesidad, como diabetes o cardiopatías. “Ni grandes ganancias ni grandes pérdidas: eso es lo que recomiendo”, afirmó Katie Dodd, dietista geriátrica que escribe un blog sobre nutrición.

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Son parte de una nueva migración de estadounidenses que se están desarraigando debido a una oleada de leyes que restringen la prestación de servicios de salud para personas transgénero.

Missouri, Florida y Texas se encuentran entre al menos 20 estados que han limitado la atención de afirmación de género para jóvenes trans. Los tres estados también están entre aquellos que impiden que Medicaid, el seguro de salud público para personas de bajos ingresos, cubra aspectos clave de estos servicios para pacientes de todas las edades.

Más de una cuarta parte de los adultos trans encuestados por KFF y The Washington Post a fines del año pasado dijeron que se mudaron a otro vecindario, ciudad o estado en busca de un ambiente más tolerante. Ahora se sienten impulsados por las nuevas restricciones en la atención de la salud y la posibilidad de que estas se sigan multiplicando.

Muchos de ellos optan por estados que están aprobando leyes para proteger y apoyar estos servicios, lugares que se han convertido en santuarios. En California, por ejemplo, se aprobó una ley el otoño pasado que protege de demandas a las personas que reciben o brindan servicios de afirmación de género. Y ahora, los proveedores en California están recibiendo cada vez más llamadas de personas que quieren mudarse al estado para evitar interrupciones en sus servicios, dijo Scott Nass, médico local de familia y experto en atención de personas transgénero.

Pero esta afluencia de pacientes presenta un desafío, dijo Nass, “ya que el sistema actual no puede recibir a todos los refugiados que pudiera haber”.

En Florida, la persecución legislativa de las personas trans y su atención médica convenció a Arlo Dennis, de 35 años, de que es hora de irse. Hace más de una década que vive con los cinco miembros de su familia en Orlando. Ahora, tienen planes de mudarse a Maryland.

Dennis ya no tiene acceso a su terapia de reemplazo hormonal. Esto se debe a que desde fines de agosto, el seguro de Medicaid de Florida ya no cubre la atención médica relacionada con la transición. El estado considera que estos tratamientos son experimentales y que su eficacia no está suficientemente probada. Dennis dijo que su medicación se acabó en enero.

“Sin duda esto me ha causado problemas de salud mental y física”, explicó Dennis.

Agregó que mudarse a Maryland requiere recursos que su familia no tiene. Lanzaron una campaña de GoFundMe en abril y ya recaudaron más de $5,600, la mayoría donada por desconocidos, contó Dennis. Ahora la familia de tres adultos y dos niños piensa irse de Florida en julio. La decisión no fue fácil, pero sintieron que no había otra opción.

“No me importa si a mi vecino no le gusta mi forma de vivir”, dijo Dennis. “Pero esto era una prohibición literal de mi ser y me impedía el acceso a la atención médica”.

Mitch y Tiffany Tillison decidieron irse de Texas después de que los republicanos del estado enfocaron su agenda legislativa en las políticas anti-trans para los jóvenes. Su hija de 12 años se declaró trans hace unos dos años. Los padres pidieron que se publicara solo su segundo nombre, Rebecca: temen por su seguridad debido a las amenazas de violencia contra las personas trans.

Este año, la Legislatura de Texas aprobó una ley que limita la atención médica de afirmación de género para jóvenes menores de 18 años. La ley prohíbe específicamento aquellos servicios de salud física. Sin embargo, defensores de los derechos LGBTQ+ en el estado dicen que las medidas recientes también han tenido un escalofriante efecto sobre la prestación de servicios de salud mental para personas trans.

Los Tillison se negaron a precisar si su hija está recibiendo tratamiento y cuál. Pero afirmaron que reservan el derecho, como padres, de poder brindarle a su hija la atención que necesita, y que el estado de Texas les ha quitado ese derecho.

A esto se suman las amenazas cada vez más serias de violencia en su comunidad, sobre todo después del tiroteo masivo del 6 de mayo por parte de un supuesto neonazi. La masacre, que ocurrió en el centro comercial Allen Premium Outlets, en los suburbios de Dallas, a 20 millas de su casa, hizo que la familia decidiera mudarse al estado de Washington. 

“La he mantenido a salvo”, dijo Tiffany Tillison, agregando que suele recordar el momento en que su hija le dijo que era trans durante un largo viaje a casa después de un torneo de fútbol. “Es mi responsabilidad seguir protegiéndola. Mi amor es interminable, incondicional”.

Por su parte, Rebecca tiene una actitud pragmática sobre la mudanza, que está planeada para julio. “Es triste pero tenemos que hacerlo”, dijo.

En Missouri, donde casi se aprueba una medida que limitaba la atención de la salud trans, algunas personas empezaron a repensar si deberían vivir ahí.

En abril, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, presentó una norma de emergencia para limitar el acceso a la cirugía relacionada con la transición y el tratamiento hormonal cruzado para personas de todas las edades, además de restringir los bloqueadores de la pubertad, medicamentos que detienen la pubertad pero no alteran las características de género.

Al día siguiente, Dempsey, de 24 años, lanzó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para irse con sus parejas de Springfield, Missouri.

“Somos tres personas trans que dependen de la terapia de reemplazo hormonal y de la atención de afirmación de género que pronto será casi prohibida”, escribió Dempsey en su campaña de GoFundMe, agregando que querían “escapar de Missouri cuando se termine nuestro contrato de alquiler a fines de mayo.”

Dempsey dijo que su médico en Springfield les recetó un suministro de tres meses de terapia hormonal para cubrirlos hasta la mudanza.

Bailey retiró la norma en mayo, cuando la legislatura estatal restringió el acceso a estos tratamientos para menores pero no para adultos como Dempsey y sus parejas. Aún así, Dempsey dijo que no tenía muchas esperanzas para su futuro en Missouri.

El estado vecino de Illinois era una opción obvia para mudarse; la legislatura allí aprobó una ley en enero que exige que los seguros médicos regulados por el estado cubran la atención médica de afirmación de género sin ningún costo adicional. Dónde en Illinois exactamente era una pregunta más importante. Chicago y sus suburbios parecían demasiado caros. Sus parejas querían una comunidad progresista similar en tamaño y costo de vida a la ciudad que estaban dejando. Buscaban “un Springfield”, en Illinois.

“Pero no Springfield, Illinois”, bromeó Dempsey.

Gwendolyn Schwarz, de 23 años, también esperaba quedarse en Springfield, Missouri, su ciudad natal, donde recientemente se graduó de Missouri State University con un título en estudios de cine y medios de comunicación. Pensaba seguir su carrera académica en un programa de posgrado de la universidad y, en el siguiente año, someterse a una cirugía de transición, que puede requerir varios meses de recuperación.Pero sus planes cambiaron cuando la norma propuesta por Bailey generó miedo y confusión.“No quiero quedarme atrapada y temporalmente discapacitada en un estado que no reconoce mi humanidad”, dijo Schwarz.

Ella y un grupo de amigos tienen planeado mudarse al oeste, al estado de Nevada, cuyos legisladores aprobaron una medida que requiere que Medicaid cubra el tratamiento de afirmación de género para pacientes trans.

Schwarz espera que mudarse de Missouri a Carson City, la capital de Nevada, le permita seguir viviendo su vida sin miedo y eventualmente someterse a la cirugía que desea.

Dempsey y sus parejas finalmente decidieron mudarse a Moline, Illinois. Los tres tuvieron que renunciar a sus trabajos, pero han recaudado $3,000 en GoFundMe, más que suficiente para cubrir el depósito de un nuevo departamento.

El 31 de mayo, empacaron las pertenencias que no habían vendido e hicieron el viaje de 400 millas hasta su nuevo hogar.

Dempsey ya tuvo una cita con un proveedor médico en una clínica en Moline que atiende a la comunidad LGBTQ+, y consiguió que le recetaran los medicamentos que necesita para su terapia hormonal.

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Algunos médicos e investigadores que están interesados en un enfoque más individualizado para encontrar tumores problemáticos se muestran escépticos y plantean preguntas sobre los datos y el razonamiento detrás del cambio radical del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos con respecto a sus pautas de 2016.

“La evidencia para que todas comiencen a los 40 no es convincente”, dijo Jeffrey Tice, profesor de medicina en la Universidad de California-San Francisco.

Tice es parte del equipo de investigación del estudio WISDOM, que tiene como objetivo, en palabras de Laura Esserman, cirujana de cáncer de seno y líder del equipo, “hacer pruebas de manera más inteligente, no probar más”. Esserman lanzó el estudio en curso en 2016 con el objetivo de adaptar las pruebas de detección al riesgo de una mujer, y poner fin al debate sobre cuándo iniciar las mamografías.

Los defensores de un enfoque personalizado enfatizan los costos de la detección universal a los 40, no en dólares, sino en resultados falsos positivos, biopsias innecesarias, sobretratamiento y ansiedad.

Las pautas provienen del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) federal, un panel independiente de 16 expertos médicos voluntarios que se encargan de ayudar a guiar a los médicos, aseguradoras de salud y legisladores.

En 2009, y de nuevo en 2016, el grupo presentó el aviso actual, que elevó la edad para comenzar la mamografía de rutina de 40 a 50 años e instó a las mujeres de 50 a 74 a hacérselas cada dos años.

Las mujeres de 40 a 49 años que “le otorgan un mayor valor al beneficio potencial que a los daños potenciales” también deberían someterse al procedimiento de detección, dijo el grupo de trabajo.

Ahora, el grupo ha publicado un borrador de una actualización de sus directrices, recomendando la detección para todas las mujeres a partir de los 40 años.

“Esta nueva recomendación ayudará a salvar vidas y evitará que más mujeres mueran debido al cáncer de mama”, dijo Carol Mangione, profesora de medicina y salud pública en UCLA, quien presidió el panel.

Pero la evidencia no es clara. Karla Kerlikowske, profesora de la UCSF que ha estado investigando la mamografía desde la década de 1990, dijo que no vio una diferencia en los datos que justificara el cambio. Dijo que la única forma en que podía explicar las nuevas pautas era un cambio en el panel.

“Son diferentes miembros del grupo de trabajo”, dijo. “Interpretaron los beneficios y los daños de manera diferente”.

Sin embargo, Mangione citó dos puntos de datos como impulsores cruciales de las nuevas recomendaciones: el aumento de la incidencia de cáncer de mama en mujeres más jóvenes, y modelos que muestran la cantidad de vidas que podrían salvar las pruebas de detección, especialmente entre las mujeres negras.

No hay evidencia directa de que evaluar a mujeres de 40 años salve vidas, dijo. La cantidad de mujeres que murieron de cáncer de mama disminuyó de manera constante desde 1992 hasta 2020, debido en parte a una detección más temprana y a mejores tratamientos.

Pero los modelos predictivos que construyó el grupo de trabajo, basados en varias suposiciones en lugar de datos reales, encontraron que expandir la mamografía a mujeres de 40 años podría evitar 1.3 muertes adicionales por cada 1,000 en esa cohorte, dijo Mangione. Lo más crítico, agregó, es que un nuevo modelo que incluye solo mujeres negras mostró que se podría salvar 1.8 por 1,000.

Un aumento anual del 2% en la cantidad de personas de 40 a 49 años diagnosticadas con cáncer de mama en el país entre 2016 y 2019 alertó al grupo de trabajo sobre una tendencia preocupante, dijo.

Mangione lo llamó un “salto realmente considerable”. Pero Kerlikowske lo llamó “bastante pequeño” y Tice lo llamó “muy modesto”: percepciones contradictorias que subrayan cuánta subjetividad está involucrada en la ciencia de las pautas de salud preventiva.

A los miembros del grupo de trabajo los designa la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica del HHS, y cumplen mandatos de cuatro años. El nuevo borrador de las pautas está abierto para comentarios públicos hasta el 5 de junio. Después de incorporar los comentarios, el grupo de trabajo planea publicar su recomendación final en JAMA, la revista de la Asociación Médica Estadounidense.

Cerca de 300,000 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama en el país este año, y morirán más de 43,000 por este mal, según proyecciones del Instituto Nacional del Cáncer. Muchos consideran que expandir la detección para incluir a mujeres más jóvenes es una forma obvia de detectar el cáncer antes y salvar vidas.

Pero los críticos de las nuevas pautas argumentan que hay verdaderas concesiones.

“¿Por qué no empezar al nacer?”, ironizó Steven Woloshin, profesor del Instituto de Políticas de Salud y Práctica Clínica de Dartmouth. “¿Por qué no todos los días?”.

“Si no hubiera inconvenientes, eso podría ser razonable”, dijo. “El problema son los falsos positivos, que dan mucho miedo. El otro problema es el sobrediagnóstico”. Algunos tumores de mama son inofensivos y el tratamiento puede ser peor que la enfermedad, enfatizó.

Tice estuvo de acuerdo en que el sobretratamiento es un problema subestimado.

“Estos cánceres nunca causarían síntomas”, dijo, refiriéndose a ciertos tipos de tumores. “Algunos simplemente retroceden, se encogen y desaparecen, son de crecimiento tan lento que una mujer muere de otra cosa antes de que causen problemas”.

Las pruebas de detección tienden a encontrar cánceres de crecimiento lento que tienen menos probabilidades de causar síntomas, dijo. Por el contrario, las mujeres a veces descubren cánceres letales de crecimiento rápido poco después de haberse realizado mamografías que salieron normales.

“Nuestro fuerte sentimiento es que una sola talla no sirve para todos y que debe personalizarse”, dijo Tice.

WISDOM, que significa “Mujeres informadas para evaluar según las medidas de riesgo”, evalúa el riesgo de las participantes a los 40 mediante la revisión de los antecedentes familiares y la secuenciación de nueve genes. La idea es comenzar con mamografías periódicas de inmediato para las mujeres de alto riesgo mientras que esperar para las de menos.

Las mujeres negras no hispanas tienen más probabilidades de hacerse mamografías de detección que las mujeres blancas no hispanas. Sin embargo, tienen un 40% más de probabilidades de morir de cáncer de seno y de que les diagnostiquen cánceres mortales a edades más tempranas.

El grupo de trabajo espera que las mujeres negras se beneficien más de la detección temprana, dijo Mangione.

No está claro por qué las mujeres negras tienen más probabilidades de sufrir cánceres de mama más letales, pero las investigaciones apuntan a disparidades en el tratamiento.

“Las mujeres negras no obtienen un seguimiento de las mamografías tan rápido ni un tratamiento adecuado tan rápido”, dijo Tice. “Eso es lo que realmente impulsa las discrepancias en la mortalidad”.

También continúa el debate sobre la detección en mujeres de 75 a 79 años. El grupo de trabajo optó por no pedir pruebas de detección de rutina en el grupo de mayor edad porque un estudio observacional no mostró ningún beneficio, dijo Mangione. Pero el panel emitió un llamado urgente para investigar si las mujeres de 75 años o más deberían hacerse una mamografía de rutina.

Los modelos sugieren que evaluar a las mujeres mayores podría evitar 2,5 muertes por cada 1,000 mujeres en ese grupo de edad, más de las que se salvarían al expandir la evaluación a las mujeres más jóvenes, apuntó Kerlikowske.

“Siempre decimos que las mujeres mayores de 75 años deberían decidir junto con sus médicos si se hacen mamografías, según sus preferencias, valores, historial familiar y de salud”, dijo Mangione.

Tice, Kerlikowske y Woloshin argumentan que lo mismo es cierto para las mujeres de 40 años.

Esta historia fue producida por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

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Cuando los antepasados de John Mestas se mudaron a Colorado hace más de 100 años para criar ovejas en el Valle de San Luis, “llegaron al paraíso”, contó.

“Había tanta agua que pensaron que nunca se acabaría”, dijo Mestas refiriéndose a la región agrícola en la cabecera del río Grande.

Ahora, décadas de sequía impulsada por el cambio climático, combinada con la sobre explotación de los acuíferos, están dejando al valle desesperadamente seco, y parece estar intensificando los niveles de metales pesados en el agua potable.

Al igual que un tercio de las personas que viven en este desierto alpino de gran altitud, Mestas depende de un pozo privado que extrae agua de un acuífero para beber. Y, al igual que muchos agricultores de la zona, usa la misma fuente para regar la alfalfa que alimenta a sus 550 vacas.

“Aquí, el agua lo es todo”, dijo.

Mestas, de 71 años, ahora es uno de los cientos de propietarios de pozos que participan en un estudio que aborda la pregunta: ¿Cómo afecta la sequía no solo a la cantidad, sino también a la calidad del agua?

El estudio, dirigido por Kathy James, profesora asociada en la Escuela de Salud Pública de Colorado, se centra en el arsénico en los pozos privados de agua potable. El arsénico, un carcinógeno que se encuentra naturalmente en el suelo, ha estado apareciendo en niveles crecientes en el agua potable del valle, según James.

En California, México y Vietnam, las investigaciones han relacionado el aumento de los niveles de arsénico en el agua subterránea con la sequía y la sobre explotación de los acuíferos.

A medida que el oeste lucha contra una mega sequía que ha durado más de dos décadas y los estados corren el riesgo de recortes en el agua del menguante río Colorado, el Valle de San Luis ofrece pistas sobre lo que el futuro puede deparar.

A nivel nacional, alrededor de 40 millones de personas dependen de pozos domésticos, estimó Melissa Lombard, investigadora en hidráulica del U.S. Geological Survey. Nevada, Arizona y Maine tienen el mayor porcentaje de usuarios de pozos domésticos —que oscilan entre aproximadamente un cuarto y una quinta parte de estos usuarios—, que utilizan agua con niveles elevados de arsénico, según encontró en un otro estudio.

Durante la sequía, el número de personas en los Estados Unidos continental expuestas a niveles elevados de arsénico en pozos domésticos podría aumentar de aproximadamente 2,7 millones a 4,1 millones, estimó Lombard utilizando modelos estadísticos.

Se ha comprobado que el arsénico afecta la salud a lo largo de la vida, comenzando con los espermatozoides y los óvulos, explicó James. Incluso una pequeña exposición, acumulada a lo largo de la vida de una persona, es suficiente para causar problemas de salud, agregó.

En un estudio anterior en el valle, James encontró que la exposición de por vida a niveles bajos de arsénico inorgánico en el agua potable, entre 10 y 100 microgramos por litro (µg/L), estuvo relacionada con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Otras investigaciones han vinculado la exposición crónica a niveles bajos de arsénico con hipertensión, diabetes y cáncer.

Las mujeres embarazadas y los niños corren un mayor riesgo de sufrir daños.

La Organización Mundial de la Salud establece el límite recomendado de arsénico en el agua potable en 10 µg/L, que también es el estándar de los Estados Unidos para los suministros públicos de agua. Pero las investigaciones han demostrado que, incluso a 5 µg/L, el arsénico está relacionado con tasas más altas de lesiones en la piel.

“Creo que es un problema del que mucha gente no está consciente”, dijo Lombard. “El cambio climático probablemente afectará la calidad del agua”, dijo, pero se necesita más investigación para comprender cómo y por qué.

Un foco de esperanza

El Valle de San Luis, que ha sido sede de una gran cantidad de investigación e innovación, es el lugar ideal para explorar esas preguntas, y posibles soluciones.

Conocido por sus impresionantes vistas montañosas y la cercanía al Parque y Reserva Nacional Great Sand Dunes, el valle abarca una región aproximadamente del tamaño de Massachusetts, convirtiéndolo en el valle alpino más grande de América del Norte.

Rico en herencia indígena, mexicana y española, contiene 500,000 acres de tierra de riego que producen papas, alfalfa para forraje y cebada para la cerveza de Coors. Es hogar de casi 50,000 personas, muchas de ellas trabajadores agrícolas y aproximadamente la mitad de ellas hispanas.

También es un lugar desafiante para vivir: los condados aquí se encuentran entre los más pobres del estado, y las tasas de diabetes, enfermedad renal y depresión son altas.

Dado que llueve muy poco, aproximadamente 7 pulgadas al año en promedio, los agricultores dependen de dos grandes acuíferos y de las cabeceras del río Grande, que continúa hacia México. El deshielo de las imponentes cordilleras de Sangre de Cristo y San Juan recarga el suministro cada primavera.

Sin embargo, a medida que el clima se calienta, hay menos nieve y el agua se evapora más rápidamente de lo normal tanto del suelo como de los cultivos. “Esta comunidad entera, esta cultura, se construyó en torno a la agricultura de riego”, dijo Cleave Simpson, senador estatal de Alamosa, republicano y agricultor de cuarta generación.

Pero desde 2002, el acuífero no confinado del valle ha perdido 1 millón de acres-pie de agua, o suficiente para cubrir 1 millón de acres de tierra con un pie de agua de profundidad, debido a la sequía persistente y el uso excesivo. Ahora las comunidades del valle enfrentan una fecha límite para reponer el acuífero, o enfrentar el cierre estatal de cientos de pozos de riego.

“Estamos una década adelante de lo que está sucediendo en el resto de Colorado” debido a la intensidad de la escasez de agua, dijo Simpson, quien administra el Río Grande Water Conservation District.

“Esto ya no es una sequía, esto es realmente la desertificación del Oeste“, dijo Simpson. Así es como los científicos describen una tendencia a largo plazo hacia la sequedad y aridez persistentes que solo puede detenerse abordando el cambio climático causado por los humanos.

James, quien es epidemióloga e ingeniera, ha estado estudiando las conexiones entre el clima y la salud en el valle durante los últimos 15 años. Descubrió que durante las tormentas de polvo en el Valle de San Luis, que se han vuelto más frecuentes, más personas llegan al hospital por ataques de asma. Y ha encuestado a los trabajadores agrícolas sobre cómo la sequía está afectando su salud mental.

En el estudio de los pozos domésticos, James se está centrando en el arsénico, que según dijo ha ido aumentando gradualmente en los pozos de agua potable del valle en los últimos 50 años. Los niveles de arsénico en el agua subterránea del Valle de San Luis son “considerablemente más altos que en muchas otras áreas de los Estados Unidos”, según James. También está investigando las disparidades étnicas, ya que un estudio mostró que los adultos hispanos tenían niveles más altos de arsénico en su orina que los adultos blancos no hispanos. (Las personas hispanas pueden ser de cualquier raza o combinación de razas).

Ahora, James tiene como objetivo analizar 1,000 pozos privados en el valle para explorar las conexiones entre la sequía, la calidad del agua y la salud. Hasta ahora, dijo que una pequeña proporción de los pozos muestra niveles elevados de metales pesados, incluyendo arsénico, uranio, tungsteno y manganeso, que se encuentran naturalmente en el suelo.

A diferencia de los suministros públicos de agua, los pozos domésticos privados no están regulados y pueden pasar años sin ser analizados. James ofrece pruebas de agua gratuitas y consultas sobre los resultados a los participantes. En el condado de Conejos, la hija de John Mestas, Angie Mestas, aprovechó la oportunidad de hacer una prueba gratuita, que costaría $195 en un laboratorio local.

Angie, maestra de 35 años, dijo que utilizó los ahorros de toda una vida para perforar un pozo de agua potable en su terreno, un campo abierto de hierba chamisa con vistas panorámicas a las Colinas de San Luis. Pero no beberá de este pozo hasta que se realicen pruebas de arsénico y E. coli, que son comunes en la zona.

Mientras espera los resultados de las pruebas, ha estado llevando barriles de agua de 5 galones desde la casa de su padre cada vez que pasa el fin de semana en su nueva carpa.

Amenaza sin olor ni color

Mientras tanto, Julie Zahringer, cuya familia se estableció en el valle desde España hace casi 400 años, ha estado observando las tendencias de calidad del agua de primera mano.

Zahringer, de 47 años, creció conduciendo un tractor en el rancho de su abuelo cerca de San Luis, la ciudad más antigua de Colorado, y pasó tiempo en el laboratorio con su madre, que es científica.

Como química y directora de laboratorio de SDC Laboratory en Alamosa, Zahringer analiza el agua potable privada y pública en el valle. Estimó que el 25% de los pozos privados analizados por su laboratorio muestran niveles elevados de arsénico. “Es incoloro, es inodoro”, dijo Zahringer. “La mayoría de las familias no saben si están bebiendo arsénico”.

Para ella, el vínculo con el clima parece claro: durante los períodos de sequía, un pozo que normalmente tiene alrededor de 10 µg/L de arsénico puede fácilmente duplicar o triplicar su concentración, dijo. Una posible razón es que hay menos agua para diluir los contaminantes naturales del suelo, aunque también intervienen otros factores.

Dijo que los niveles de arsénico solían ser bastante estables, pero después de 20 años de sequía, fluctúan de manera descontrolada.

“Ahora, cada vez más rápido, veo el mismo pozo que analicé hace tres años, y ni siquiera parece el mismo” porque los niveles de contaminantes han aumentado tanto, dijo Zahringer, quien también es miembro de la Comisión de Control de Calidad del Agua de Colorado.

En su propio pozo de agua potable, el nivel de arsénico aumentó de 13 a 20 µg/L este año, dijo.

Las observaciones de Zahringer son importantes historias de primera mano. James tiene como objetivo explorar, en un estudio científico riguroso con una muestra representativa de pozos y datos geoquímicos extensos, la prevalencia del arsénico y su conexión con la sequía.

La investigación todavía se encuentra en etapas iniciales, pero los científicos tienen varias hipótesis sobre cómo la sequía podría afectar el arsénico en el agua potable. En el Valle de San Joaquín, un importante centro agrícola en California, la investigación liderada por el experto en hidráulica Ryan Smith relacionó el aumento de arsénico en las aguas subterráneas con el “hundimiento del terreno”, un fenómeno documentado por primera vez en Vietnam.

El hundimiento del terreno, cuando el suelo se hunde debido a la sobreexplotación de los acuíferos, parece liberar arsénico de la arcilla hacia el agua, dijo Smith, profesor asistente de la Universidad Estatal de Colorado. En California, la sobreexplotación estaba fuertemente correlacionada con la sequía, agregó.

Sin embargo, otros factores, como la profundidad de un pozo, también juegan un papel: otro estudio del mismo sistema de acuíferos en California encontró que mientras el arsénico aumentaba en las aguas subterráneas más profundas, disminuía en las aguas más superficiales debido, en parte, a la oxidación.

Smith está trabajando ahora con James en el estudio del Valle de San Luis, donde espera que una gran cantidad de datos geoquímicos brinden más respuestas. Mientras tanto, los líderes comunitarios en el valle se están adaptando de formas impresionantes e innovadoras, dijo James.

Zahringer dijo que si el arsénico aparece en un pozo privado, anima a los clientes a instalar un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa en el fregadero de la cocina. El equipo cuesta alrededor de $300 con un proveedor externo, aunque los filtros que cuestan menos de $50 pueden necesitar cambiarse cada seis a 18 meses, dijo.

Aquellas personas que tratan su agua para eliminar el arsénico deben seguir realizando pruebas cada seis meses para asegurarse de que los filtros sean efectivos, agregó Zahringer. SDC Laboratory ofrece una prueba de arsénico por $25.

“A las personas no les gusta analizar el agua porque sabe bien y sus abuelos la bebían”, dijo. Pero “la solución es tan fácil”.

Una campaña de calidad del agua en 2009, liderada por el Consejo del Ecosistema del Valle de San Luis, también encontró niveles elevados de arsénico en los pozos a lo largo del valle. Como parte de sus actividades, la organización sin fines de lucro trabajó con agentes inmobiliarios para asegurarse de que los pozos domésticos sean analizados antes de que alguien compra una casa.

Eso es lo que hizo Sally Wier cuando compró una casa hace cinco años en una parcela de 8 acres en el condado de Rio Grande, rodeada de campos de cebada y alfalfa. La primera vez que probó su pozo, el nivel de arsénico era de 47 µg/L, casi cinco veces más del límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Wier instaló un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa, pero dijo que el nivel de arsénico aumenta antes de que cambie los filtros cada pocos meses.

“Me pone muy ansiosa”, dijo Wier, de 38 años. “Probablemente estoy ingiriendo arsénico. Eso no es bueno para la salud a largo plazo”.

Wier es una de muchas personas que trabajan en soluciones innovadoras para la escasez de agua. Como gerente de proyectos de conservación en Colorado Open Lands, trabajó en un acuerdo mediante el cual se le pagó a un agricultor local, Ron Bowman, para que dejara de regar su granja de 1,800 acres. Según Wier, este acuerdo marca la primera vez en el país que se utiliza un acuerdo de uso de conservación para salvar agua subterránea y reponer acuíferos.

Canalizando dinero hacia una solución

En el condado de Costilla, el Move Mountains Youth Project ha estado pagando a agricultores locales, a través de una subvención gubernamental, para que conviertan una parte de sus tierras en cultivos de vegetales en lugar de cultivos de alfalfa que requieren mucha agua.

Los agricultores luego entrenan a los jóvenes para cultivar brócoli, espinaca y frijoles bolita, que se venden en una tienda de comestibles local. El proyecto tiene como objetivo fomentar la próxima generación de agricultores y “combatir la diabetes” al proporcionar alimentos cultivados localmente, dijo la directora ejecutiva Shirley Romero Otero.

Su grupo trabajó con tres agricultores el verano pasado y planea hacerlo con siete esta temporada, si hay suficiente agua disponible, contó.

En otro esfuerzo, agricultores como los Mestas se están gravando a sí mismos para extraer agua de sus propios pozos de riego. Y Simpson, del Distrito de Conservación del Agua del Río Grande, recientemente aseguró $30 millones en fondos federales para apoyar la conservación del agua. El plan incluye pagar a los agricultores $3,000 por acre-pie de agua para retirar permanentemente sus pozos de riego.

Dado que el arsénico no se limita a los pozos privados, también han respondido las agencias públicas: la ciudad de Alamosa construyó una nueva planta de tratamiento de agua en 2008 para cumplir con los estándares federales de arsénico.

En 2020, el estado de Colorado demandó a una granja de hongos en Alamosa por exponer a sus trabajadores al arsénico presente en el agua de grifo.

En la comunidad de casas móviles High Valley Park en el condado de Alamosa, un pozo que abastece a 85 personas ha excedido los niveles legales de arsénico desde 2006, cuando EPA endureció su estándar de 50 a 10 µg/L. En la prueba más reciente en febrero, la concentración fue de 19 µg/L.

En una tarde de abril, cuatro niños saltaban en un trampolín y se perseguían unos a otros alrededor de un árbol. “Tío, tengo sed y no quedan botellas de agua”, dijo uno de los niños, sin aliento.

El pozo abastece a 28 hogares. Sin embargo, los inquilinos de cinco viviendas han afirmado que no han estado bebiendo el agua durante años, no por el arsénico, del cual algunos no estaban conscientes, sino porque el agua a menudo sale de color marrón.

Eduardo Rodríguez, de 29 años, quien trabaja en excavación, dijo que compra dos cajas de botellas de agua cada semana para su esposa y sus cinco hijos.

“Esto debe arreglarse”, afirmó.

“El agua es terrible”, coincidió Craig Nelson, de 51 años, quien ha vivido en el parque de casas móviles durante dos años. “No se puede tomar”. Debido a que el pozo abastece al menos a 25 personas, está regulado por el estado.

El propietario del terreno, Rob Treat, de Salida, compró la propiedad en febrero de 2022 por casi medio millón de dólares. Cumplir con los estándares federales en cuanto al contenido de arsénico ha sido difícil, afirmó, porque sus niveles fluctúan cuando los agricultores cercanos extraen agua del acuífero para regar sus cultivos.

Treat estaba utilizando cloro para convertir un tipo de arsénico en una forma más tratable. Sin embargo, si agregaba demasiado cloro, esto creaba subproductos tóxicos, lo cual también llamó la atención de los reguladores. Bajo presión del estado, comenzó a mejorar el sistema de tratamiento de agua en mayo, con un costo de $150,000. Para cubrir los gastos, planea aumentar el alquiler mensual de $250 a $300 por lote.

“Si el estado se mantuviera al margen”, se quejó, “podríamos proporcionar viviendas asequibles”.

Mientras tanto, John Mestas aún está esperando los resultados de su pozo de agua potable.

Cuando regresa de viajar para administrar su rebaño de ganado, “lo primero que hago cuando entro a la casa es beber dos vasos de agua”, dijo. “Eso es lo que extraño, mi agua y mis perros. Saltan sobre mí mientras tomo mi agua. No sé quién está más feliz, si yo bebiendo el agua o ellos saltando”.

Este artículo fue apoyado por The Water Desk, una iniciativa de periodismo independiente con sede en el Center for Environmental Journalism de la Universidad de Colorado-Boulder.

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El 16 de mayo, la FTC interpuso una demanda para bloquear la fusión de las farmacéuticas Amgen y Horizon Therapeutics, alegando que la enmarañada red de acuerdos de la industria  permitiría a Amgen aprovechar el poder monopolístico de dos de los principales medicamentos de Horizon que no tienen rivales.

En su demanda, la FTC alegó que si se permitía la compra que pretende Amgen por $27,800 millones, Amgen podría presionar a las empresas que gestionan el acceso a los medicamentos con receta —los gestores de beneficios de farmacia, o PBM— para que impongan los dos productos extremadamente caros de Horizon de una manera que eliminaría cualquier competencia.

Es la primera vez desde 2009 que la FTC intenta bloquear una fusión de empresas farmacéuticas, y esta demanda refleja el gran interés de la presidenta Lina Khan por las medidas antimonopolio. Al anunciar la demanda, la agencia declaró que al luchar contra los poderes monopolísticos pretendía controlar los precios y mejorar el acceso de los pacientes a productos más baratos.

Para Robin Feldman, profesor y experto en la industria farmacéutica de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, la actuación de la FTC es “un golpe frontal a la industria farmacéutica”. David Balto, ex funcionario de la FTC y abogado que luchó contra las fusiones Bristol-Myers Squibb-Celgene en 2019 y AbbVie-Allergan en 2020, dijo que la acción de la FTC era necesaria desde hace mucho tiempo.

La fusión Horizon-Amgen “costaría a los consumidores precios más altos, menos opciones e innovación”, señaló. “La fusión habría dado a Amgen aún más herramientas para explotar a los consumidores y dañar la competencia”.

La FTC también anunció la ampliación de una investigación de un año sobre los PBM, indicando que se investigaban dos gigantescas empresas de compra de medicamentos, Ascent Health Services y Zinc Health Services. Los críticos afirman que los PBM crearon estas empresas para ocultar beneficios.

Cuando Amgen anunció la compra de Horizon en diciembre —la mayor operación biofarmacéutica de 2022— mostró especial interés por los medicamentos de Horizon para la enfermedad tiroidea ocular (Tepezza) y la gota grave (Krystexxa), por los que la empresa cobraba hasta $350,000 y $650,000, respectivamente, por un año de tratamiento. Según la demanda, la fusión perjudicaría a rivales biotecnológicos que tienen productos similares en fase avanzada de pruebas clínicas.

Según la FTC, Amgen podría promocionar los fármacos de Horizon a través de la “venta cruzada”. Esto significa exigir a los PBM que promocionen algunos de los medicamentos menos populares de Amgen —los productos Horizon, en este caso— a cambio de que Amgen ofrezca a los PBM grandes descuentos por sus superventas. Según la denuncia, Amgen tiene nueve medicamentos que el año pasado generaron más de $1,000 millones cada uno. El más popular es Enbrel, que trata la artritis reumatoide y otras enfermedades.

Los tres mayores PBM negocian los precios y el acceso al 80% de los medicamentos recetados en Estados Unidos, lo que les confiere un enorme poder de negociación. Su capacidad para influir en los medicamentos a los que tienen acceso los estadounidenses, y a qué precio, les permite obtener miles de millones en descuentos de los fabricantes.

“La posibilidad de que Amgen pudiera aprovechar su cartera de medicamentos superventas para obtener ventajas sobre sus rivales potenciales no es hipotética”, afirma la denuncia de la FTC. “Amgen ha desplegado esta misma estrategia para conseguir condiciones favorables de los pagadores y proteger así las ventas de los medicamentos de Amgen en dificultades”.

La denuncia señaló que la biotecnológica Regeneron demandó el año pasado a Amgen, alegando que la estrategia de reembolso de esta última perjudicó la capacidad de Regeneron para vender su medicamento competidor contra el colesterol, Praluent. Repatha, de Amgen, generó unos ingresos mundiales de $1,300 millones en 2022.

Según la demanda, “puede resultar completamente imposible” para los rivales más pequeños “igualar el valor de los reembolsos agrupados que Amgen podría ofrecer”, ya que aprovecha la colocación de los medicamentos de Horizon en los formularios de los planes de salud.

Los analistas de la industria se mostraron escépticos sobre el éxito de la acción de la FTC. Hasta ahora, la Comisión y el Departamento de Justicia han evitado cuestionar las fusiones farmacéuticas, un precedente difícil de superar.

Las investigaciones sobre el impacto de las fusiones han demostrado que a menudo benefician a los accionistas al aumentar el precio de las acciones; pero perjudican la innovación en el desarrollo de fármacos al recortar los proyectos de investigación y el personal.

Las olas de consolidación redujeron el número de empresas farmacéuticas líderes de 60 a 10 entre 1995 y 2015. Según Feldman, la mayoría de las fusiones de los últimos años se han producido entre “peces gordos que adquieren muchos peces pequeños”, como empresas de biotecnología con fármacos prometedores.

La gigantesca fusión Amgen-Horizon es una excepción obvia y, por tanto, una buena oportunidad para que la FTC demuestre la “teoría del daño” en las maniobras de consolidación de la industria farmacéutica con los PBM, dijo Aaron Glick, analista de fusiones de Cowen & Co.

Pero eso no significa que la FTC vaya a ganar.

Amgen puede incurrir o no en prácticas anticompetitivas, pero “otra cuestión es cómo encaja esta demanda en las leyes antimonopolio y los precedentes actuales”, señaló Glick. “Tal y como está configurada la ley hoy, parece poco probable que se sostenga en los tribunales”.

El argumento de la FTC sobre el comportamiento de Amgen con los productos Horizon es hipotético. La demanda pendiente de Regeneron contra Amgen, así como otras demandas que han prosperado, sugiere que existen normas para suprimir este tipo de comportamiento anticompetitivo cuando se produce, añadió Glick.

El juez que preside el caso en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Illinois es John Kness, quien fue nombrado por el entonces presidente Donald Trump y es un ex miembro de la Federalist Society, cuyos miembros tienden a ser escépticos sobre los esfuerzos antimonopolio.

Es probable que el caso se resuelva antes del 12 de diciembre, fecha límite para que la fusión se lleve a cabo en los términos actuales.

Amgen trató de socavar los argumentos del Gobierno comprometiéndose a no agrupar los productos de Horizon en futuras negociaciones con los gestores de beneficios farmacéuticos (PBM). Esta promesa, aunque difícil de hacer cumplir, podría obtener una audiencia favorable en corte, apuntó Glick.

Sin embargo, incluso una derrota permitiría a la FTC arrojar luz sobre un problema en la industria y lo que considera una deficiencia en las leyes antimonopolio que quiere que el Congreso corrija, explicó.

Al día siguiente de ir a corte para detener la fusión, la FTC anunció que profundizaba en una investigación sobre los gestores de beneficios farmacéuticos que inició el pasado mes de junio. La agencia solicitó información a Ascent y Zinc, los dos llamados agregadores de reembolsos, organizaciones de compra de medicamentos creadas por los PBM Express Scripts y CVS Caremark.

En una audiencia celebrada el 10 de mayo, el CEO de Eli Lilly & Co., Dave Ricks, afirmó que la mayor parte de los $8,000 millones en cheques de reembolso que su empresa pagó el año pasado fueron a parar a los agregadores de reembolsos, en lugar de directamente a los PBM. Una “gran parte” de los $8,000 millones fue a parar al extranjero, indicó Ricks. Ascent tiene su sede en Suiza, mientras que Emisar Pharma Services, un agregador establecido por PBM OptumRx, tiene su sede en Irlanda. Zinc Health Services está registrada en Estados Unidos.

Los críticos afirman que los agregadores permiten a los PBM ocultar la cuantía y el destino de los reembolsos y otras comisiones que cobran como intermediarios en el negocio de los medicamentos.

Por su parte, los PBM aseguran que sus esfuerzos reducen los precios en el mostrador de la farmacia. Los testimonios en el Congreso y en las audiencias de la FTC del año pasado indican que, al menos en algunos casos, en realidad los aumentan.

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La marihuana y otros productos que contienen THC, el principal ingrediente psicoactivo de la planta, se han vuelto más potentes y peligrosos a medida que la legalización los ha vuelto más accesibles.

Décadas atrás, el contenido de THC de la hierba solía ser inferior al 1,5%. Hoy, algunos productos tienen más de un 90%.

La euforia de antaño ha dado paso a algo más alarmante. Cientos de miles de personas llegan a salas de emergencias por crisis relacionadas con la marihuana, y millones sufren trastornos psicológicos vinculados al consumo de cannabis, según investigaciones federales.

Pero los organismos reguladores no están a la altura.

En los estados que permiten la venta y el consumo de la marihuana y sus derivados, la protección al consumidor no es consistente.

“En muchos estados, los productos tienen una etiqueta de advertencia y poco más por parte de las entidades reguladoras”, dijo Cassin Coleman, vicepresidente del comité de asesoramiento científico de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis.

En general, el gobierno federal no ha intervenido. Sigue prohibiendo la marihuana como sustancia catalogada en la Lista 1 —como droga sin uso médico aceptado y con un alto riesgo de abuso— en virtud de la Ley de Sustancias Controladas (CSA). Pero en lo que respecta a la venta de cannabis, que muchos estados han legalizado, no regula características como la pureza o la potencia.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) “básicamente se ha cruzado de brazos y no ha cumplido con su deber de proteger la salud pública”, afirmó Eric Lindblom, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown que anteriormente trabajó en el Centro para Productos del Tabaco de la FDA.

La marihuana se ha transformado profundamente desde que generaciones de estadounidenses la usaron por primera vez.

El cannabis se cultiva para suministrar dosis mucho más altas de THC. En 1980, el contenido de THC de la marihuana confiscada era inferior al 1,5%. Hoy en día, muchas variedades de flores de cannabis —la materia vegetal que se puede fumar en un porro— tienen más de un 30% de THC.

Recientemente, en un dispensario de California el menú incluía una variedad con un 41% de THC.

La legalización también ha abierto la puerta a productos que se extraen de la marihuana pero que no siquiera parecidos: concentrados de THC aceitosos, cerosos o cristalinos que se calientan e inhalan mediante el vapeo o el dab, utilizando dispositivos parecidos a un soplete.

Los concentrados actuales pueden tener más de un 90% de THC. Algunos se anuncian como THC casi puro.

Pocos personifican la expansión de la marihuana de forma tan clara como John Boehner, ex presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El republicano de Ohio se opuso durante mucho tiempo a la marihuana y, en 2011, se declaró “inalterablemente contrario” a su legalización.

Ahora forma parte del consejo directivo de Acreage Holdings, un productor de derivados de la marihuana.

Y Acreage Holdings ilustra la evolución del sector. Su marca Superflux comercializa un producto para vapear —”resina pura en un formato cómodo e instantáneo”— y concentrados como “budder”, “sugar”, “shatter” y “wax”. La empresa anuncia su concentrado de “THCa cristalino” como “lo último en potencia”.

Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, las concentraciones más elevadas entrañan mayores riesgos. “Los riesgos de dependencia física y adicción aumentan con la exposición a altas concentraciones de THC, y las dosis más altas de THC tienen más probabilidades de producir ansiedad, agitación, paranoia y psicosis”, se explica en su sitio web.

En 2021, 16,3 millones de personas en Estados Unidos —el 5,8% de las personas de 12 años en adelante— habían sufrido un trastorno por consumo de marihuana en el último año, según una encuesta publicada en enero por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Esta cifra es muy superior a la suma de los trastornos por consumo de cocaína, heroína, metanfetamina, estimulantes de venta bajo receta, como Adderall, o analgésicos recetados, como fentanilo y OxyContin.

Otras drogas son más peligrosas que la marihuana, y la mayoría de las personas afectadas por su consumo padecieron un caso leve. Pero aproximadamente 1 de cada 7 —más de 2,6 millones de personas— padecieron un caso grave, según la encuesta federal.

La mayoría de los médicos equiparan el término “trastorno grave por consumo de sustancias” con la adicción, señaló Wilson Compton, subdirector del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.

El trastorno por consumo de cannabis “puede ser devastador”, afirmó Smita Das, psiquiatra de Stanford y presidenta de un consejo sobre adicciones de la Asociación Americana de Psiquiatría.

Das dijo que ha visto vidas destrozadas por el cannabis: personas de éxito que han perdido familias y trabajos. “Se encuentran en una situación en la que no saben cómo han llegado, porque sólo era un porro, sólo era cannabis, y no se suponía que el cannabis les creara adicción”, explicó Das.

Entre los diagnósticos médicos atribuidos a la marihuana figuran la “dependencia del cannabis con trastorno psicótico con delirios” y el síndrome de hiperémesis cannabinoide, una forma de vómito persistente.

Se estima que unas 800,000 personas realizaron visitas a emergencias relacionadas con la marihuana en 2021, según un estudio del gobierno publicado en diciembre de 2022.

Derecho a desintoxicación.

Un padre de Colorado pensó que era cuestión de tiempo para que el cannabis matara a su hijo.

En la primavera de 2021, el adolescente pasó un semáforo en rojo, chocó contra otro auto —resultando heridos él y el otro conductor— y huyó del lugar, según recordó el padre en una entrevista.

En los restos del accidente, el padre encontró porros, envases vacíos de un concentrado de THC de alta potencia conocido como “wax” y un vaporizador de THC.

En el teléfono móvil de su hijo descubrió mensajes de texto y decenas de referencias al “dabbing” y a la hierba. El adolescente dijo que había estado fumando antes del accidente y que intentó suicidarse.

Semanas después, la policía ordenó su ingreso involuntario en un hospital para una evaluación psiquiátrica. Según un informe policial, creía que lo perseguían francotiradores de un cártel de drogas.

El médico que evaluó al adolescente le diagnosticó “abuso de cannabis”.

“Deja de consumir dabs o wax, ya que pueden volverte extremadamente paranoico”, escribió el médico. “Vete directamente al programa de desintoxicación que elijas”.

Según el relato del padre, en los dos últimos años el adolescente sufrió varias retenciones involuntarias, docenas de encuentros con la policía, repetidos encarcelamientos y una serie de estadías en centros de tratamiento hospitalario.

A veces parecía fuera de la realidad, y enviaba mensajes de texto diciendo que Dios le hablaba y le daba superpoderes.

Los daños también fueron económicos. Los reclamos al seguro médico por su tratamiento ascendieron a casi $600,000 y los gastos de la familia llegaron a casi $40,000 hasta febrero.

En las entrevistas para este artículo, el padre habló bajo condición de anonimato para no perjudicar la recuperación de su hijo.

Está convencido de que la enfermedad mental de su hijo fue el resultado del consumo de drogas. Dijo que los síntomas remitían cuando su hijo dejaba de consumir THC y volvían cuando usaba de nuevo.

Su hijo tiene ahora 20 años, ha dejado la marihuana y le va bien, dijo el padre, y añadió: "No me cabe la menor duda de que el consumo de cannabis fue lo que le causó la psicosis, los delirios y la paranoia".

Regulación estatal desigual

Ahora, el uso médico de la marihuana es legal en 40 estados y el Distrito de Columbia, y el uso recreativo o para adultos es legal en 22 estados más el Distrito de Columbia, según MJBizDaily, una publicación especializada.

Al principio de la pandemia de covid-19, mientras gran parte de Estados Unidos cerró sus negocios, los dispensarios de marihuana siguieron abiertos. Muchos estados los declararon negocios esenciales.

Pero sólo dos estados que permiten el uso para adultos, Vermont y Connecticut, han puesto límites al contenido de THC —30% para la flor de cannabis y 60% para los concentrados de THC— y eximen de los límites a los cartuchos precargados, dijo Gillian Schauer de la Asociación de Reguladores de Cannabis, un grupo de reguladores estatales.

Algunos estados limitan el número de onzas o gramos que los consumidores pueden comprar. Sin embargo, incluso un poco de marihuana puede equivaler a mucho THC, apuntó Rosalie Liccardo Pacula, profesora de políticas de salud, economía y derecho en la Universidad del Sur de California.

Algunos estados sólo permiten el uso médico de productos con bajo contenido de THC; por ejemplo, en Texas, las sustancias que no contienen más de un 0,5% de THC en peso. Y algunos estados exigen etiquetas de advertencia. En Nueva Jersey, los productos de cannabis con más de un 40% de THC deben declarar: "Este es un producto de alta potencia y puede aumentar el riesgo de psicosis".

La normativa sobre marihuana de Colorado tiene más de 500 páginas. Sin embargo, se enfatizan los límites de las protecciones al consumidor: "Este producto se ha producido sin supervisión reglamentaria en materia de salud, seguridad o eficacia".

Determinar las normas adecuadas puede no ser sencillo. Por ejemplo, las etiquetas de advertencia podrían proteger a la industria de la marihuana de su responsabilidad, al igual que hicieron con las empresas tabacaleras durante años. Poner un tope a la potencia podría limitar las opciones de las personas que toman dosis elevadas para aliviar problemas médicos.

En general, en el ámbito estatal, la industria del cannabis ha frenado los esfuerzos reguladores argumentando que unas normas onerosas dificultarían la competencia entre las empresas legítimas y las ilícitas, explicó Pacula.

Pacula y otros investigadores han pedido al gobierno federal que intervenga.

Meses después de terminar su mandato como comisionado de la FDA, Scott Gottlieb hizo un llamamiento similar.

Al quejarse de que los estados habían llegado "muy lejos mientras el gobierno federal permanecía al margen", Gottlieb pidió "un esquema nacional uniforme para el THC que proteja a los consumidores."

Eso fue en 2019 y poco ha cambiado desde entonces.

¿Dónde está la FDA?

La FDA supervisa los alimentos, los medicamentos recetados, los de venta libre y los dispositivos médicos. Regula el tabaco, la nicotina y los vapes de nicotina. Supervisa las etiquetas de advertencia del tabaco. En interés de la salud y la seguridad públicas, también regula los productos botánicos, productos médicos que pueden incluir material vegetal.

Sin embargo, cuando se trata de la marihuana para fumar, los concentrados de THC derivados del cannabis que se vapean o dabean y los comestibles infundidos con THC, la FDA parece estar muy al margen.

La marihuana medicinal que se vende en los dispensarios no está aprobada por la FDA. La agencia no ha avalado su seguridad o eficacia ni ha determinado la dosis adecuada. No inspecciona las instalaciones donde se producen los productos ni evalúa el control de calidad.

La agencia sí invita a los fabricantes a someter los productos del cannabis a ensayos clínicos y a su proceso de aprobación de medicamentos.

El sitio web de la FDA señala que el THC es el ingrediente activo de dos medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento del cáncer. Aparentemente, sólo por eso la sustancia está bajo la jurisdicción de la FDA.

La FDA tiene "todo el poder que necesita para regular de forma mucho más eficaz los productos de cannabis legalizados por los estados", afirmó Lindblom, ex funcionario de la agencia.

Al menos públicamente, la FDA no le ha prestado atención a los concentrados de THC derivados del cannabis o la hierba fumada en porros, sino más bien en otras sustancias: una variante del THC derivada del cáñamo, que el gobierno federal ha legalizado, y un derivado diferente del cannabis llamado cannabidiol o CBD, que se ha comercializado como terapéutico.

"La FDA se ha comprometido a vigilar el mercado, identificar los productos de cannabis que plantean riesgos y actuar, dentro de nuestras competencias, para proteger al público", declaró Courtney Rhodes, vocera de la FDA.

"Muchos, la mayoría de los productos con THC se ajustan a la definición de marihuana, que es una sustancia controlada. La Drug Enforcement Administration (DEA) regula la marihuana en virtud de la Ley de Sustancias Controladas (CSA). Le remitimos a la DEA para preguntas sobre la regulación y aplicación de las disposiciones de la CSA", escribió Rhodes en un correo electrónico.

La DEA, dependiente del Departamento de Justicia, no respondió a las preguntas formuladas para este artículo.

En cuanto al Congreso, quizá su medida más importante haya sido limitar la aplicación de la prohibición federal.

"Hasta ahora, la respuesta federal a las acciones estatales para legalizar la marihuana ha consistido, sobre todo, en permitir que los estados apliquen sus propias leyes sobre la droga", señaló un informe de 2022 del Servicio de Investigación del Congreso.

En octubre, el presidente Joe Biden ordenó al secretario de Salud y Servicios Humanos y al fiscal general que revisaran la postura del gobierno federal respecto a la marihuana: si debería seguir clasificada entre las sustancias más peligrosas y estrictamente controladas.

En diciembre, Biden firmó un proyecto de ley que ampliaba la investigación sobre la marihuana y obligaba a las agencias federales a estudiar sus efectos. La ley dice que las agencias tienen un año para publicar sus conclusiones.

Algunos defensores de la marihuana dicen que el gobierno federal podría desempeñar un papel más constructivo.

"La NORML no opina que el cannabis sea inocuo, sino que la mejor forma de mitigar sus riesgos potenciales es mediante la legalización, la regulación y la educación pública", afirmó Paul Armentano, subdirector del grupo antes conocido como Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre la Marihuana (NORML).

"Los productos tienen que someterse a pruebas de pureza y potencia", añadió, y "el gobierno federal podría ejercer cierta supervisión en la concesión de licencias a los laboratorios que prueban esos productos".

Mientras tanto, según Coleman, asesor de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, los estados se quedan "teniendo que actuar como si fueran USDA + FDA + DEA, todo al mismo tiempo".

¿Y dónde deja eso a los consumidores? Algunos, como Wendy E., jubilada en sus 60 años, luchan contra los efectos de la marihuana.

Wendy, que habló con la condición de que no se revelara su nombre, empezó a fumar marihuana en la secundaria en los años 70 y la convirtió en su estilo de vida durante décadas.

Luego, cuando su estado la legalizó, la compró en dispensarios "y enseguida me di cuenta de que la potencia era mucho mayor que la que yo había consumido tradicionalmente", contó. "Parecía haber aumentado de manera exponencial".

En 2020, explicó, la marihuana legal —mucho más fuerte que la hierba ilícita de su juventud— la llevó a obsesionarse con el suicidio.

Antes, la mujer que se define como "hippie de la madre tierra" encontraba camaradería pasando un porro con sus amigos. Ahora asiste a reuniones de Marihuana Anónimos, con otras personas que se recuperan de esta adicción.

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Los índices de agresiones con armas de fuego, que afectaron a víctimas menores de edad, se duplicaron durante la pandemia de covid-19, según un estudio que analizó las muertes y las heridas causadas por estas armas en cuatro grandes ciudades. Los niños afroamericanos fueron las víctimas más frecuentes.

Un análisis más amplio de la Universidad de Boston incluyó una revisión de los ataques con armas de fuego entre mediados de marzo de 2020 y diciembre de 2021 en Chicago, Philadelphia, Los Angeles y Nueva York. Se descubrió que los niños negros no hispanos tenían 100 veces más probabilidades que los blancos no hispanos de ser víctimas de tiroteos mortales y no mortales. Antes de la pandemia, tenían 27 veces más probabilidades. Los investigadores excluyeron los tiroteos accidentales y los incidentes de autolesión.

El autor del estudio, Jonathan Jay, especialista en salud urbana, dijo que el equipo analizó las tasas para comprender si algunos niños corrían más riesgo que otros.

“Sabíamos que los niños de color, incluso antes de la pandemia, tenían más probabilidades de recibir disparos que los menores blancos no hispanos, y también sabíamos que la victimización infantil por armas de fuego pareció aumentar durante la pandemia”, señaló Jay. “Pero nadie había estudiado cómo podían estar cambiando las disparidades raciales en la victimización infantil”.

Los investigadores todavía analizan los factores específicos de la pandemia que pueden haber impulsado el cambio. Algunas de las posibles causas incluyen “el estrés asociado a la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de escuelas, y la pérdida de acceso a cierto tipo de servicios que cerraron”, añadió.

“También la evidente violencia policial, especialmente contra las personas de color. Y la pérdida de seres queridos y familiares a causa de covid-19”, indicó.

Makhi Hemphill dijo que, como adolescente negro en Philadelphia, le preocupa la amenaza de los disparos. El joven de 16 años creció en el norte de la ciudad, una zona en la que este año se han producido unas dos docenas de homicidios por arma de fuego y muchos más heridos.

Aseguró que presta mucha atención a lo que le rodea cuando sale a la calle.

“Me obsesiona la idea de protegerme, al ver cómo está el mundo actualmente”, explicó. “No quiero que me pase nada malo, y mi madre tampoco quiere que me pase nada malo”.

La tasa de víctimas infantiles por armas de fuego en Philadelphia pasó de unos 30 por cada 100,000 niños a unos 62 por cada 100,000 durante la pandemia.

Según Makhi, la pandemia hizo que algunos adolescentes se enojaran porque pasaban demasiado tiempo en las redes sociales y, para algunos, la frustración y el aislamiento condujeron a un comportamiento violento.

“Muchos están en casa y tal vez su casa no es su lugar seguro”, dijo. “No tenían vías de escape porque no podían salir. Así que tal vez sufrieron una crisis o algo así”.

En 2020, las armas de fuego se convirtieron en la principal causa de muerte de los niños estadounidenses, superando a los accidentes de tráfico por primera vez en décadas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) estiman que 16,6 millones de adultos estadounidenses compraron un arma en 2020, frente a 13,8 millones en 2019, según un análisis de los NIH de la Encuesta Nacional de Armas de Fuego.

“Covid nos ha traído un aumento en la compra de armas y más armas en el hogar”, señaló Joel Fein, médico y codirector del Centro de Prevención de la Violencia en el Hospital Infantil de Philadelphia. “Así que [los niños] vivieron en hogares donde ahora había más armas, y probablemente también más armas en las calles”.

A fines de marzo, los CDC publicaron datos que muestran un aumento del 36% en visitas semanales a emergencias por lesiones con armas de fuego en 2021, en comparación con 2019. El mayor aumento se registró entre niños de 14 años o menores.

Chethan Sathya, cirujano traumatólogo y director del Centro de Prevención de la Violencia por Armas de Fuego de Northwell Health, señaló que su hospital infantil ha visto un aumento del 350% en pacientes con heridas de bala en el último año.

Dijo que los datos que han aparecido sobre muertes infantiles por arma de fuego deberían provocar una respuesta clara de los responsables políticos.

“Los grupos de intervención contra la violencia hacen un magnífico trabajo”, afirmó. “Estos estudios ponen de manifiesto que son más necesarios que nunca. La violencia de las armas afecta y ha afectado desproporcionadamente a los niños afroamericanos, y es horrible. Así que, ¿cómo podemos dar un paso adelante como comunidad para abordar las raíces del problema?”.

Según Sathya, en el hospital donde trabaja en Queens, Nueva York, la prevención empieza por hablar con los pacientes sobre el acceso a las armas de fuego y los factores de riesgo, y por ofrecer servicios informados sobre el trauma a quienes sufren heridas graves.

Kaliek Hayes, fundador de una organización sin fines de lucro en Philadelphia llamada Childhoods Lost Foundation (Fundación para las Infancias Perdidas), afirmó que él y otros líderes comunitarios de vecindarios donde persiste la violencia con armas, intentan comunicarse con los niños a tiempo para que no se vean arrastrados por esta crisis.

Eso significa ponerlos en contacto con una red de programas extraescolares de tutoría, oportunidades deportivas y artísticas, y ofertas de preparación profesional.

“Si conseguimos enfrentar el problema antes de que suceda, mejoraremos las cifras que vemos hoy”, afirmó Hayes.

Esta historia es parte de una alianza entre WHYY, NPR y KFF Health News.

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Olivia Scholes, de 28 años, de Vancouver, British Columbia, tiene síndrome de ovario poliquístico o SOP. Es una de cada 10 mujeres a nivel mundial a las que se les diagnostica esta afección hormonal, que puede causar múltiples quistes ováricos, infertilidad, aumento de peso y otros problemas.

Después de su diagnóstico hace 10 años, Scholes controló su afección en parte tratando de consumir, o evitar, ciertos alimentos y bebidas. Pero a veces, transferir lo que sabía que tenía que hacer a sus platillos diarios era complicado y requería de tiempo.

“El hecho de tener esa información no significa que planee mis comidas con esa información todo el tiempo”, dijo Scholes.

Scholes estaba navegando por TikTok cuando vio un video que explicaba cómo se usaba ChatGPT para crear un plan detallado de nutrición y entrenamiento.

Ese video la interesó a ver si chatbot, un programa de inteligencia artificial entrenado para ofrecer respuestas detalladas, podría brindarle opciones de comidas adaptadas al SOP.

El control del peso y de la insulina puede ayudar a reducir el impacto de la afección. Debido a que muchas personas con SOP experimentan resistencia a la insulina, controlar sus niveles a través de la dieta es uno de los mejores pasos que se puede tomar.

Scholes comenzó preguntando a ChatGPT si sabía cuáles eran los mejores alimentos para las personas con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, y el chatbot le proporcionó una lista. Luego preguntó si el sistema podría darle un plan de dos semanas, con tres comidas al día, dos refrigerios y postres sin edulcorantes artificiales.

En cuestión de segundos, Scholes tenía una lista de alimentos, que luego le pidió a ChatGPT que la convirtiera en una lista de compras.

Scholes dijo que, al transformar la información en comidas planificadas, el chatbot  le facilitó la compra de ingredientes para una variedad de menús.

“La gran ayuda de ChatGPT no solo fue que tomó la información que ya conocía; puso esa información en un espacio tangible para mí”, dijo Scholes.

ChatGPT, desarrollada por la empresa OpenAI, se lanzó públicamente en noviembre y llegó a 100 millones de usuarios activos en enero, lo que la convirtió en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento en la historia.

ChatGPT está entrenada en una gran cantidad de texto de una variedad de fuentes, como Wikipedia, libros, artículos de noticias y revistas científicas. El chatbot avanzado de inteligencia artificial (IA) permite a los usuarios ingresar un mensaje de texto y recibir un resultado generado de manera inteligente, que además, permite iniciar una conversación.

Otros chatbots, como el chat de Google Bard y Bing AI, también de Microsoft, son similares a ChatGPT y pueden planificar comidas.

Algunos profesionales de salud y bienestar dicen que la capacidad de ChatGPT para tener conversaciones puede ser útil para generar planes de comidas e ideas para personas que tienen objetivos de salud y necesidades nutricionales específicas.

Scholes compartió su experiencia usando ChatGPT en un video de TikTok. Ese video ahora tiene más de 1.3 millones de visitas y una sección de comentarios colmada de preguntas sobre su experiencia.

En febrero, Jamie Askey, de Lufkin, Texas, hizo un video de TikTok explicando cómo usar ChatGPT para generar planes gratis de comidas y listas de compras que cumplan con los objetivos de calorías y macronutrientes: los nutrientes que el cuerpo necesita, como grasas, carbohidratos y proteínas.

Askey ha hecho muchos videos desde principios de 2021 dando consejos de salud, desde recetas fáciles para preparar comidas hasta consejos sobre cómo dejar de comer compulsivamente.

Su video ahora tiene más de 13,000 visitas en TikTok, con gente agradecida por los consejos.

“Lo mejor de este sitio web es que es muy conversacional”, dijo Askey sobre ChatGPT.

A diferencia de Google y otros motores de búsqueda, los usuarios no tienen que buscar un tema a la vez. El formato de diálogo hace posible que ChatGPT siga una instrucción, brinde una respuesta detallada y responda a preguntas de seguimiento.

Los usuarios interesados en generar opciones de comidas pueden decirle a ChatGPT “Quiero que actúes como nutricionista” o “Quiero que me hagas un plan de nutrición saludable”. El chatbot luego responderá con preguntas aclaratorias para ayudar a generar un plan de comidas apropiado. Es posible que el usuario deba proporcionar información adicional, como su altura, peso, restricciones dietéticas y objetivos.

Askey, quien es enfermera y entrenadora certificada en macronutrición, advierte que las personas con enfermedades crónicas deben ser evaluadas por un profesional antes de usar un chatbot para planificar comidas.

“Las posibilidades son infinitas cuando le preguntas a esta máquina”, dijo Askey. “Pero tienes que pensar que no siempre es blanco y negro. Hay áreas grises y ahí es donde entra en juego el historial de salud. Ahí es donde entra en juego el historial de dietas”.

Los usuarios de ChatGPT están entusiasmados con las capacidades del programa y con la idea de que podría simplificar las tareas cotidianas.

Pero el chatbot no está exento de fallas. Un problema: los datos de entrenamiento de ChatGPT están actualizados hasta 2021, lo que significa que parte de la información que proporciona puede estar desactualizada. Para la planificación de comidas y la nutrición, el programa no puede obtener las últimas pautas de salud y bienestar, lo que puede ser particularmente problemático para las personas con ciertas afecciones de salud.

El modelo también puede generar información incorrecta, proporcionando respuestas incorrectas o malinterpretando lo que pregunta el usuario. Cuando Scholes le pidió al chatbot las comidas para dos semanas, el chatbot se detuvo en el día ocho.

Algunos usuarios también han expresado su preocupación por fallas y sesgos dentro de la tecnología que pueden afectar negativamente los tipos de respuestas que genera. En diciembre de 2022, Steven T. Piantadosi, profesor asociado de Psicología en la Universidad de California-Berkeley, publicó una cadena de Twitter que destacaba los sesgos.

OpenAI, la empresa de investigación de inteligencia artificial detrás de ChatGPT, ha reconocido el potencial de sesgo dentro de la IA. Dijo en un blog en febrero que muchas personas están ” preocupadas por los sesgos en el diseño y el impacto de los sistemas de IA”.

En esa publicación, la compañía también describió algunos de los pasos que está tomando para eliminarlos.

Scholes se pregunta si los prejuicios existentes contra ciertos tipos de personas podrían afectar sus resultados.

“Si ChatGPT se basa en algún tipo de material fóbico contra las personas con sobrepeso, y yo busco material dirigido a mujeres gordas que lidian con problemas de gordura y SOP, ¿qué tipo de sesgos ya están integrados en ese sistema?”

Para cualquiera que esté considerando usar ChatGPT para generar un plan de comidas con metas de salud, Askey recomendó siempre verificar. “La IA no es una persona”, dijo. “Entonces, siempre tienes que verificar”.

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