Son parte de una nueva migración de estadounidenses que se están desarraigando debido a una oleada de leyes que restringen la prestación de servicios de salud para personas transgénero.

Missouri, Florida y Texas se encuentran entre al menos 20 estados que han limitado la atención de afirmación de género para jóvenes trans. Los tres estados también están entre aquellos que impiden que Medicaid, el seguro de salud público para personas de bajos ingresos, cubra aspectos clave de estos servicios para pacientes de todas las edades.

Más de una cuarta parte de los adultos trans encuestados por KFF y The Washington Post a fines del año pasado dijeron que se mudaron a otro vecindario, ciudad o estado en busca de un ambiente más tolerante. Ahora se sienten impulsados por las nuevas restricciones en la atención de la salud y la posibilidad de que estas se sigan multiplicando.

Muchos de ellos optan por estados que están aprobando leyes para proteger y apoyar estos servicios, lugares que se han convertido en santuarios. En California, por ejemplo, se aprobó una ley el otoño pasado que protege de demandas a las personas que reciben o brindan servicios de afirmación de género. Y ahora, los proveedores en California están recibiendo cada vez más llamadas de personas que quieren mudarse al estado para evitar interrupciones en sus servicios, dijo Scott Nass, médico local de familia y experto en atención de personas transgénero.

Pero esta afluencia de pacientes presenta un desafío, dijo Nass, “ya que el sistema actual no puede recibir a todos los refugiados que pudiera haber”.

En Florida, la persecución legislativa de las personas trans y su atención médica convenció a Arlo Dennis, de 35 años, de que es hora de irse. Hace más de una década que vive con los cinco miembros de su familia en Orlando. Ahora, tienen planes de mudarse a Maryland.

Dennis ya no tiene acceso a su terapia de reemplazo hormonal. Esto se debe a que desde fines de agosto, el seguro de Medicaid de Florida ya no cubre la atención médica relacionada con la transición. El estado considera que estos tratamientos son experimentales y que su eficacia no está suficientemente probada. Dennis dijo que su medicación se acabó en enero.

“Sin duda esto me ha causado problemas de salud mental y física”, explicó Dennis.

Agregó que mudarse a Maryland requiere recursos que su familia no tiene. Lanzaron una campaña de GoFundMe en abril y ya recaudaron más de $5,600, la mayoría donada por desconocidos, contó Dennis. Ahora la familia de tres adultos y dos niños piensa irse de Florida en julio. La decisión no fue fácil, pero sintieron que no había otra opción.

“No me importa si a mi vecino no le gusta mi forma de vivir”, dijo Dennis. “Pero esto era una prohibición literal de mi ser y me impedía el acceso a la atención médica”.

Mitch y Tiffany Tillison decidieron irse de Texas después de que los republicanos del estado enfocaron su agenda legislativa en las políticas anti-trans para los jóvenes. Su hija de 12 años se declaró trans hace unos dos años. Los padres pidieron que se publicara solo su segundo nombre, Rebecca: temen por su seguridad debido a las amenazas de violencia contra las personas trans.

Este año, la Legislatura de Texas aprobó una ley que limita la atención médica de afirmación de género para jóvenes menores de 18 años. La ley prohíbe específicamento aquellos servicios de salud física. Sin embargo, defensores de los derechos LGBTQ+ en el estado dicen que las medidas recientes también han tenido un escalofriante efecto sobre la prestación de servicios de salud mental para personas trans.

Los Tillison se negaron a precisar si su hija está recibiendo tratamiento y cuál. Pero afirmaron que reservan el derecho, como padres, de poder brindarle a su hija la atención que necesita, y que el estado de Texas les ha quitado ese derecho.

A esto se suman las amenazas cada vez más serias de violencia en su comunidad, sobre todo después del tiroteo masivo del 6 de mayo por parte de un supuesto neonazi. La masacre, que ocurrió en el centro comercial Allen Premium Outlets, en los suburbios de Dallas, a 20 millas de su casa, hizo que la familia decidiera mudarse al estado de Washington. 

“La he mantenido a salvo”, dijo Tiffany Tillison, agregando que suele recordar el momento en que su hija le dijo que era trans durante un largo viaje a casa después de un torneo de fútbol. “Es mi responsabilidad seguir protegiéndola. Mi amor es interminable, incondicional”.

Por su parte, Rebecca tiene una actitud pragmática sobre la mudanza, que está planeada para julio. “Es triste pero tenemos que hacerlo”, dijo.

En Missouri, donde casi se aprueba una medida que limitaba la atención de la salud trans, algunas personas empezaron a repensar si deberían vivir ahí.

En abril, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, presentó una norma de emergencia para limitar el acceso a la cirugía relacionada con la transición y el tratamiento hormonal cruzado para personas de todas las edades, además de restringir los bloqueadores de la pubertad, medicamentos que detienen la pubertad pero no alteran las características de género.

Al día siguiente, Dempsey, de 24 años, lanzó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para irse con sus parejas de Springfield, Missouri.

“Somos tres personas trans que dependen de la terapia de reemplazo hormonal y de la atención de afirmación de género que pronto será casi prohibida”, escribió Dempsey en su campaña de GoFundMe, agregando que querían “escapar de Missouri cuando se termine nuestro contrato de alquiler a fines de mayo.”

Dempsey dijo que su médico en Springfield les recetó un suministro de tres meses de terapia hormonal para cubrirlos hasta la mudanza.

Bailey retiró la norma en mayo, cuando la legislatura estatal restringió el acceso a estos tratamientos para menores pero no para adultos como Dempsey y sus parejas. Aún así, Dempsey dijo que no tenía muchas esperanzas para su futuro en Missouri.

El estado vecino de Illinois era una opción obvia para mudarse; la legislatura allí aprobó una ley en enero que exige que los seguros médicos regulados por el estado cubran la atención médica de afirmación de género sin ningún costo adicional. Dónde en Illinois exactamente era una pregunta más importante. Chicago y sus suburbios parecían demasiado caros. Sus parejas querían una comunidad progresista similar en tamaño y costo de vida a la ciudad que estaban dejando. Buscaban “un Springfield”, en Illinois.

“Pero no Springfield, Illinois”, bromeó Dempsey.

Gwendolyn Schwarz, de 23 años, también esperaba quedarse en Springfield, Missouri, su ciudad natal, donde recientemente se graduó de Missouri State University con un título en estudios de cine y medios de comunicación. Pensaba seguir su carrera académica en un programa de posgrado de la universidad y, en el siguiente año, someterse a una cirugía de transición, que puede requerir varios meses de recuperación.Pero sus planes cambiaron cuando la norma propuesta por Bailey generó miedo y confusión.“No quiero quedarme atrapada y temporalmente discapacitada en un estado que no reconoce mi humanidad”, dijo Schwarz.

Ella y un grupo de amigos tienen planeado mudarse al oeste, al estado de Nevada, cuyos legisladores aprobaron una medida que requiere que Medicaid cubra el tratamiento de afirmación de género para pacientes trans.

Schwarz espera que mudarse de Missouri a Carson City, la capital de Nevada, le permita seguir viviendo su vida sin miedo y eventualmente someterse a la cirugía que desea.

Dempsey y sus parejas finalmente decidieron mudarse a Moline, Illinois. Los tres tuvieron que renunciar a sus trabajos, pero han recaudado $3,000 en GoFundMe, más que suficiente para cubrir el depósito de un nuevo departamento.

El 31 de mayo, empacaron las pertenencias que no habían vendido e hicieron el viaje de 400 millas hasta su nuevo hogar.

Dempsey ya tuvo una cita con un proveedor médico en una clínica en Moline que atiende a la comunidad LGBTQ+, y consiguió que le recetaran los medicamentos que necesita para su terapia hormonal.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Hal Dempsey wanted to “escape Missouri.” Arlo Dennis is “fleeing Florida.” The Tillison family “can’t stay in Texas.”

They are part of a new migration of Americans who are uprooting their lives in response to a raft of legislation across the country restricting health care for transgender people.

Missouri, Florida, and Texas are among at least 20 states that have limited components of gender-affirming health care for trans youth. Those three states are also among the states that prevent Medicaid — the public health insurance for people with low incomes — from paying for key aspects of such care for patients of all ages.

More than a quarter of trans adults surveyed by KFF and The Washington Post late last year said they had moved to a different neighborhood, city, or state to find more acceptance. Now, new restrictions on health care and the possibility of more in the future provide additional motivation.

Many are heading to places that are passing laws to support care for trans people, making those states appealing sanctuaries. California, for example, passed a law last fall to protect those receiving or providing gender-affirming care from prosecution. And now, California providers are getting more calls from people seeking to relocate there to prevent disruptions to their care, said Scott Nass, a family physician and expert on transgender care based in the state.

But the influx of patients presents a challenge, Nass said, “because the system that exists, it can’t handle all the refugees that potentially are out there.”

In Florida, the legislative targeting of trans people and their health care has persuaded Arlo Dennis, 35, that it is time to uproot their family of five from the Orlando area, where they’ve lived for more than a decade. They plan to move to Maryland.

Dennis, who uses they/them pronouns, no longer has access to hormone replacement therapy after Florida’s Medicaid program stopped covering transition-related care in late August under the claim that the treatments are experimental and lack evidence of being effective. Dennis said they ran out of their medication in January.

“It’s definitely led to my mental health having struggles and my physical health having struggles,” Dennis said.

Moving to Maryland will take resources Dennis said their family does not have. They launched a GoFundMe campaign in April and have raised more than $5,600, most of it from strangers, Dennis said. Now the family, which includes three adults and two children, plans to leave Florida in July. The decision wasn’t easy, Dennis said, but they felt like they had no choice.

“I’m OK if my neighbor doesn’t agree with how I’m living my life,” Dennis said. “But this was literally outlawing my existence and making my access to health care impossible.”

Mitch and Tiffany Tillison decided they needed to leave Texas after the state’s Republicans made anti-trans policies for youth central to their legislative agenda. Their 12-year-old came out as trans about two years ago. They asked for only her middle name, Rebecca, to be published because they fear for her safety due to threats of violence against trans people.

This year, the Texas Legislature passed a law limiting gender-affirming health care for youth under 18. It specifically bans physical care, but local LGBTQ+ advocates say recent crackdowns also have had a chilling effect on the availability of mental health therapy for trans people.

While the Tillisons declined to specify what treatment, if any, their daughter is getting, they said they reserve the right, as her parents, to provide the care their daughter needs — and that Texas has taken away that right. That, plus increasing threats of violence in their community, particularly in the wake of the May 6 mass shooting by a professed neo-Nazi at Allen Premium Outlets, about 20 miles from their home in the Dallas suburbs, caused the family to decide to move to Washington state.

“I’ve kept her safe,” said Tiffany Tillison, adding that she often thinks back to the moment her daughter came out to her during a long, late drive home from a daylong soccer tournament. “It’s my job to continue to keep her safe. My love is unending, unconditional.”

For her part, Rebecca is pragmatic about the move planned for July: “It’s sad, but it is what we have to do,” she said.

A close call on losing key medical care in Missouri also pushed some trans people to rethink living there. In April, Missouri Attorney General Andrew Bailey issued an emergency rule seeking to limit access to transition-related surgery and cross-sex hormones for all ages, and restrict puberty-blocking drugs, which pause puberty but don’t alter gender characteristics. The next day, Dempsey, 24, who uses they/them pronouns, launched a GoFundMe fundraiser for themself and their two partners to leave Springfield, Missouri.

“We are three trans individuals who all depend on the Hormone Replacement Therapy and gender affirming care that is soon to be prohibitively limited,” Dempsey wrote in the fundraising appeal, adding they wanted to “escape Missouri when our lease is up at the end of May.”

Dempsey said they also got a prescription for a three-month supply of hormone therapy from their doctor in Springfield to tide them over until the move.

Bailey withdrew his rule after the state legislature in May restricted new access to such treatments for minors, but not adults like Dempsey and their partners. Still, Dempsey said their futures in Missouri didn’t look promising.

Neighboring Illinois was an obvious place to move; the legislature there passed a law in January that requires state-regulated insurance plans to cover gender-affirming health care at no extra cost. Where exactly was a bigger question. Chicago and its suburbs seemed too expensive. The partners wanted a progressive community similar in size and cost of living to the city they were leaving. They were looking for a Springfield in Illinois.

“But not Springfield, Illinois,” Dempsey quipped.

Gwendolyn Schwarz, 23, had also hoped to stay in Springfield, Missouri, her hometown, where she had recently graduated from Missouri State University with a degree in film and media studies. She had planned to continue her education in a graduate program at the university and, within the next year, get transition-related surgery, which can take a few months of recovery.

But her plans changed as Bailey’s rule stirred fear and confusion.

“I don’t want to be stuck and temporarily disabled in a state that doesn’t see my humanity,” Schwarz said.

She and a group of friends are planning to move west to Nevada, where state lawmakers have approved a measure that requires Medicaid to cover gender-affirming treatment for trans patients.

Schwarz said she hopes moving from Missouri to Nevada’s capital, Carson City, will allow her to continue living her life without fear and eventually get the surgery she wants.

Dempsey and their partners settled on Moline, Illinois, as the place to move. All three had to quit their jobs to relocate, but they have raised $3,000 on GoFundMe, more than enough to put a deposit down on an apartment.

On May 31, the partners packed the belongings they hadn’t sold and made the 400-mile drive to their new home.

Since then, Dempsey has already been able to see a medical provider at a clinic in Moline that caters to the LGBTQ+ community — and has gotten a new prescription for hormone therapy.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

As hot days become more extreme and common, California education researchers are urging that school districts be required to develop heat plans to keep students safe, just as they have policies for severe storms and active shooters.

A policy brief published last month by the UCLA Luskin Center for Innovation offers a series of recommendations on how education and building codes can help schools become more heat-resilient in the face of global warming. State Sen. Caroline Menjivar, a Democrat, introduced legislation this year requiring schools to have heat plans by 2027, and another bill would make it easier for schools to create more shaded spaces.

“Obviously, the California Education Board wasn’t set up to think about climate change. But now that climate change is a reality, virtually every sector is going to have to think about it,” said V. Kelly Turner, an urban planning associate professor and the director of the Luskin Center.

The center’s recommendations include steps such as setting an indoor temperature limit, documenting the air-conditioning and shade infrastructure of each school, and investing in shade and greenery for play areas. The brief also calls out areas needing more research, such as the safest indoor temperature range.

The best way to keep kids cool is perhaps the most obvious: providing shade, which can reduce the heat stress experienced throughout the day by 25% to 35%, according to the Luskin Center.

That requires reconfiguring playgrounds to make them cooler, said Perry Sheffield, a pediatrician and an environmental medicine researcher at Mount Sinai in New York City. In addition to shade, swapping heat-absorbing materials like asphalt and rubber for grass and wood chips helps cool things down.

“The more we can encourage play as well as physical activity, the healthier our kids are going to be, so figuring out a way to do that safely is really key,” said Sheffield.

On a playground in the San Fernando Valley, Turner said, she once measured 145-degree asphalt and 162-degree rubber — hot enough to cause a third-degree burn in seconds.

California already has millions of dollars of grant funding available for greening schoolyards and increasing tree canopy, such as the Urban and Community Forestry grants through Cal Fire that set a goal to shade at least 30% of school campuses.

To help schools make the best use of funding for extra trees, Turner and her graduate student Morgan Rogers are modeling how increasing the tree canopy to 30% can affect heat stress. They will compare different tree configurations, like dispersed or clustered, and hope to issue recommendations this fall.

Legislators in Sacramento are also looking at amending state building codes to make it easier for schools to install shade structures. Currently, the rules require that an additional 20% of the budget be spent on any new construction or renovation to make an accessible path to the completed project. The bill would add an exception for free-standing shade structures.

Schools would still be required to meet accessibility requirements, but installing a shade structure wouldn’t trigger additional construction. “That’s what we are asking, not to be exempted from those requirements, but to not put the burden on the shade structure,” said Mark Hovatter, chief facilities executive of the Los Angeles Unified School District.

Menjivar said she was excited to see the new UCLA research. Her bill would require the state Department of Education to develop a template for schools to follow in creating their own heat plans, which would have to be completed by 2025 for implementation in 2027. The bill recently passed the state Senate and is now being considered in the Assembly.

Schools outside California are also reckoning with the heat. Researchers at Arizona State University partnered with public health experts and school leaders last spring to develop guidelines for “HeatReady Schools.” The 30 recommendations span topics like school policy (e.g., access to a health professional), the environment (shade coverage on at least half the playground), and training (workshops on identifying heat illness).

The program is working with 35 schools and community centers in Phoenix, with plans to expand to all of Maricopa County by 2026.

Preparing for the warming climate is front of mind for Principal Brad Rumble at Esperanza Elementary School in Los Angeles. The school’s heat-resilience efforts started with filling empty tree wells in front of the campus in 2014. Now, the school boasts a shaded courtyard and a native plant garden, and, courtesy of a grant from the district, more trees are on the way.

“We work together to make sure that our students’ needs are addressed on hot days,” Rumble said. “And, certainly, as more shade becomes available on this campus, we will be able to address those needs even better.”

This article was produced by KFF Health News, which publishes California Healthline, an editorially independent service of the California Health Care Foundation. 

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host

Julie Rovner
KFF Health News

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KFF Health News’ weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

A final deal cut between President Joe Biden and House Republicans extends the U.S. debt ceiling deadline to 2025 and reins in some spending. The bill signed into law by the president will preserve many programs at their current funding levels, and Democrats were able to prevent any changes to the Medicare and Medicaid programs.

Still, millions of Americans are likely to lose their Medicaid coverage this year as states are once again allowed to redetermine who is eligible and who is not; Medicaid rolls were frozen for three years due to the pandemic. Data from states that have begun to disenroll people suggests that the vast majority of those losing insurance are not those who are no longer eligible, but instead people who failed to complete required paperwork — if they received it in the first place.

This week’s panelists are Julie Rovner of KFF Health News, Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico, Lauren Weber of The Washington Post, and Jessie Hellmann of CQ Roll Call.

Panelists

Jessie Hellmann
CQ Roll Call

@jessiehellmann

Read Jessie's stories

Joanne Kenen
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico

@JoanneKenen

Read Joanne's stories

Lauren Weber
The Washington Post

@LaurenWeberHP

Read Lauren's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• Lawmakers and White House officials spared health programs from substantial spending cuts in a last-minute agreement to raise the nation’s debt ceiling. And Biden named Mandy Cohen, a former North Carolina health director who worked in the Obama administration, to be the next director of the Centers for Disease Control and Prevention. Though she lacks academic credentials in infectious diseases, Cohen enters the job with a reputation as someone who can listen and be listened to by both Democrats and Republicans.
• The removal of many Americans from the Medicaid program, post-public health emergency, is going as expected: With hundreds of thousands already stripped from the rolls, most have been deemed ineligible not because they don’t meet the criteria, but because they failed to file the proper paperwork in time. Nearly 95 million people were on Medicaid before the unwinding began.
• Eastern and now southern parts of the United States are experiencing hazardous air quality conditions as wildfire smoke drifts from Canada, raising the urgency surrounding conversations about the health effects of climate change.
• The drugmaker Merck & Co. sued the federal government this week, challenging its ability to press drugmakers into negotiations over what Medicare will pay for some of the most expensive drugs. Experts predict Merck’s coercion argument could fall flat because drugmakers voluntarily choose to participate in Medicare, though it is unlikely this will be the last lawsuit over the issue.
• In abortion news, some doctors are pushing back against the Indiana medical board’s decision to reprimand and fine an OB-GYN who spoke out about providing an abortion to a 10-year-old rape victim from Ohio. The doctors argue the decision could set a bad precedent and suppress doctors’ efforts to communicate with the public about health issues.

Also this week, Rovner interviews KFF Health News senior correspondent Sarah Jane Tribble, who reported the latest KFF Health News-NPR “Bill of the Month” feature, about a patient with Swiss health insurance who experienced the sticker shock of the U.S. health care system after an emergency appendectomy. If you have an outrageous or exorbitant medical bill you want to share with us, you can do that here.

Plus, for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: The New York Times’ “This Nonprofit Health System Cuts Off Patients With Medical Debt,” by Sarah Kliff and Jessica Silver-Greenberg.

Jessie Hellmann: MLive’s “During the Darkest Days of COVID, Some Michigan Hospitals Made 100s of Millions,” by Matthew Miller and Danielle Salisbury.

Joanne Kenen: Politico Magazine’s “Can Hospitals Turn Into Climate Change Fighting Machines?” by Joanne Kenen.

Lauren Weber: The Washington Post’s “Smoke Brings a Warning: There’s No Escaping Climate’s Threat to Health,” by Dan Diamond, Joshua Partlow, Brady Dennis, and Emmanuel Felton.

Also mentioned in this week’s episode:

KFF Health News’ “As Medicaid Purge Begins, ‘Staggering Numbers’ of Americans Lose Coverage,” by Hannah Recht.

Click to open the transcript

Transcript: Debt Deal Leaves Health Programs (Mostly) Intact

KFF Health News’ ‘What the Health?’Episode Title: Debt Deal Leaves Health Programs (Mostly) IntactEpisode Number: 301Published: June 8, 2023

[Editor’s note: This transcript, generated using transcription software, has been edited for style and clarity.]

Julie Rovner: Hello and welcome back to “What the Health?”. I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at KFF Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We are taping this week from the smoky, hazy, “code purple” Washington, D.C., area on Thursday, June 8, at 10 a.m. As always, news happens fast and things might have changed by the time you hear this. So here we go. We are joined today via video conference by Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico.

Joanne Kenen: Hi, everybody.

Rovner: Lauren Weber, of The Washington Post.

Lauren Weber: Hi.

Rovner: And Jessie Hellmann, of CQ Roll Call.

Hellmann: Hello.

Rovner: Later in this episode we’ll have my interview with KFF Health News’s Sarah Jane Tribble about the latest KFF Health News-NPR “Bill of the Month.” This month is about the sticker shock of the American health care system experienced by residents of other countries. Before we get to this week’s news, I hope you all enjoyed our special panel of big health policy thinkers for our 300th episode. If you didn’t listen, you might want to go back and do that at some point. Also, that means we have two weeks of news to catch up on, so let us get to it. We’re going to start this week, I hope, for the last time with the fight over the debt ceiling. Despite lots of doubts, President Biden managed to strike a budget deal with House Republicans, which fairly promptly passed the House and Senate and was signed into law a whole two days before the Treasury Department had warned that the U.S. might default. The final package extends the debt ceiling until January 1, 2025, so after the next election, which was a big win for the Democrats, who don’t want to do this exercise again anytime soon. In exchange, Republicans got some budget savings, but nothing like the dramatic bill that House Republicans passed earlier this spring. So, Jessie, what would it do to health programs?

Hellmann: The deal cuts spending by 1.5 trillion over 10 years. It has caps on nondefense discretionary funding. That would have a big impact on agencies and programs like the NIH [National Institutes of Health], which has been accustomed to getting pretty large increases over the years. So nondefense discretionary spending will be limited to about 704 billion next fiscal year, which is a cut of about 5%. And then there’s going to be a 1% increase in fiscal 2025, which, when you consider inflation, probably isn’t much of an increase at all. So the next steps are seeing what the appropriators do. They’re going to have to find a balance between what programs get increases, which ones get flat funding — it’s probably going to be a lot of flat funding, and we’re probably at the end of an era for now with these large increases for NIH and other programs, which have traditionally been very bipartisan, but it’s just a different climate right now.

Rovner: And just to be clear, I mean, this agreement doesn’t actually touch the big sources of federal health spending, which are Medicare and Medicaid, not even any work requirements that the Republicans really wanted for Medicaid. In some ways, the Democrats who wanted to protect health spending got off pretty easy, or easier than I imagine they expected they would, right?

Hellmann: Advocates would say it could have been much worse. All things considered, when you look at the current climate and what some of the more conservative members of the House were initially asking for, this is a win for Democrats and for people who wanted to protect health care spending, especially the entitlements, because they — Republicans did want Medicaid work requirements and those just did not end up in the bill; they were a nonstarter. So, kind of health-care-related, depending on how you look at it, there was an increase in work requirements for SNAP [Supplemental Nutrition Assistance Program], which is, like, a food assistance program. So that will be extended to age 55, though they did include more exemptions for people who are veterans —

Rovner: Yeah, overall, that may be a wash, right? There may be the same or fewer people who are subject to work requirements.

Hellmann: Yeah. And all those changes would end in 2030, so —

Weber: Yeah, I just wanted to say, I mean, if we think about this — we’re coming out of a pandemic and we’re not exactly investing in the health system — I think it’s necessary to have that kind of step-back context. And we’ve seen this before. You know, it’s the boom-bust cycle of pandemic preparedness funding, except accelerated to some extent. I mean, from what I understand, the debt deal also clawed back some of the public health spending that they were expecting in the billions of dollars. And I think the long-term ramifications of that remain to be seen. But we could all be writing about that in 10 years again when we’re looking at ways that funding fell short in preparedness.

Rovner: Yeah, Joanne and I will remember that. Yeah, going back to 2001. Yeah. Is that what you were about to say?

Kenen: I mean, this happens all the time.

Weber: All the time, right.

Kenen: And we learn lessons. I mean, the pandemic was the most vivid lesson, but we have learned lessons in the past. After anthrax, they spent more money, and then they cut it back again. I mean, I remember in 2008, 2009, there was a big fiscal battle — I don’t remember which battle it was — you know, Susan Collins being, you know, one of the key moderates to cut the deal. You know, what she wanted was to get rid of the pandemic flu funding. And then a year later, we had H1N1, which turned out not to be as bad as it could have been for a whole variety of reasons. But it’s a cliche: Public health, when it works, you don’t see it and therefore people think you don’t need it. Put that — put the politics of what’s happened to public health over the last three years on top of that, and, you know, public health is always going to have to struggle for funds. Public health and larger preparedness is always going to happen to have to struggle for funds. And it would have, whether it was the normal appropriations process this year, which is still to come, or the debt ceiling. It is a lesson we do not learn the hard way.

Weber: That’s exactly right. I’ll never forget that Tom Harkin said to me that after Obama cut, he sacrificed a bunch of prevention funding for the CDC [Centers for Disease Control and Prevention] in the ACA [Affordable Care Act] deal, and he never spoke to him again, he told me, because he was so upset because he felt like those billions of dollars could have made a difference. And who knows if 10 years from now we’ll all be talking about this pivotal moment once more.

Rovner: Yeah, Tom Harkin, the now-former senator from Iowa, who put a lot of prevention into the ACA; that was the one thing he really worked hard to do. And he got it in. And as you point out, and it was almost immediately taken back out.

Weber: Yeah.

Kenen: Not all of it.

Weber: Not all of it, but a lot of it.

Kenen: It wasn’t zero.

Rovner: It became a piggy bank for other things. I do want to talk about the NIH for a minute, though, because Jessie, as you mentioned, there isn’t going to be a lot of extra money, and NIH is used to — over the last 30 years — being a bipartisan darling for spending. Well, now it seems like Congress, particularly some of the Republicans, are not so happy with the NIH, particularly the way it handled covid. There’s a new NIH director who has been nominated, Dr. Monica Bertagnolli, who is currently the head of the National Cancer Institute. This could be a rocky summer for the NIH on Capitol Hill, couldn’t it?

Hellmann: Yeah, I think there’s been a strong desire for Republicans to do a lot of oversight. They’ve been looking at the CDC. I think they’re probably going to be looking at the NIH next. Francis Collins is no longer at NIH. Anthony Fauci is no longer there. But I think Republicans have indicated they want to bring them back in to talk about some of the things that happened during the pandemic, especially when it comes to some of the projects that were funded.

Kenen: There was a lull in raising NIH spending. It was flat for a number of years. I can’t remember the exact dates, but I remember it was — Arlen Specter was still alive, and it … [unintelligible] … because he is the one who traditionally has gotten a lot of bump ups in spending. And then there was a few years, quite a few years, where it was flat. And then Specter got the spigots opened again and they stayed open for a good 10 or 15 years. So we’re seeing, and partly a fiscal pause, and partly the — again, it’s the politicization of science and public health that we did not have to this extent before this pandemic.

Rovner: Yeah, I think it’s been a while since NIH has been under serious scrutiny on Capitol Hill. Well, speaking of the CDC, which has been under serious scrutiny since the beginning of the pandemic, apparently is getting a new director in Dr. Mandy Cohen, assuming that she is appointed as expected. She won’t have to be confirmed by the Senate because the CDC director won’t be subject to Senate approval until 2025. Now, Mandy Cohen has done a lot of things. She worked in the Obama administration on the implementation of the Affordable Care Act. She ran North Carolina’s Department of Health [and Human Services], but she’s not really a noted public health expert or even an infectious disease doctor. Why her for this very embattled agency at this very difficult time?

Kenen: I think there are a number of reasons. A lot of her career was on Obamacare kind of things and on CMS kind of quality-over-quantity kind of things, payment reform, all that. She is a physician, but she did a good job in North Carolina as the top state official during the pandemic. I reported a couple of magazine pieces. I spent a lot of time in North Carolina before the pandemic when she was the state health secretary, and she was an innovator. And not only was she an innovator on things like, you know, integrating social determinants into the Medicaid system; she got bipartisan support. She developed not perfect, but pretty good relations with the state Republicans, and they are not moderates. So I think I remember writing a line that said something, you know, in one of those articles, saying something like, “She would talk to the Republicans about the return on investment and then say, ‘And it’s also the right thing to do.’ And then she would go to the Democrats and say, ‘This is the right thing to do. And there’s also an ROI.’”. So, so I think in a sort of low-key way, she has developed a reputation for someone who can listen and be listened to. I still think it’s a really hard job and it’s going to batter anyone who takes it.

Rovner: I suspect right now at CDC that those are probably more important qualities than somebody who’s actually a public health expert but does not know how to, you know, basically rescue this agency from the current being beaten about the head and shoulders by just about everyone.

Kenen: Yeah, but she also was the face of pandemic response in her state. And she did vaccination and she did disparities and she did messaging and she did a lot of the things that — she does not have an infectious disease degree, but she basically did practice it for the last couple of years.

Rovner: She’s far from a total novice.

Kenen: Yeah.

Rovner: All right. Well, it’s been a while since we talked about the Medicaid “unwinding” that began in some states in early April. And the early results that we’re seeing are pretty much as expected. Many people are being purged from the Medicaid rolls, not because they’re earning too much or have found other insurance, but because of paperwork issues; either they have not returned their paperwork or, in some cases, have not gotten the needed paperwork. Lauren, what are we seeing about how this is starting to work out, particularly in the early states?

Weber: So as you said, I mean, much like we expected to see: So 600,000 Americans have been disenrolled so far, since April 1. And some great reporting that my former colleague Hannah Recht did this past week: She reached out to a bunch of states and got ahold of data from 19 of them, I believe. And in Florida, it was like 250,000 people were disenrolled and somewhere north of 80% of them, it was for paperwork reasons. And when we think about paperwork reasons, I just want us all to take a step back. I don’t know about anyone listening to this, but it’s not like I fill out my bills on the most prompt of terms all of the time. And in some of these cases, people had two weeks to return paperwork where they may not have lived at the same address. Some of these forms are really onerous to fill out. They require payroll tax forms, you know, that you may not have easily accessible — all things that have been predicted, but the hard numbers just show is the vast majority of people getting disenrolled right now are being [dis]enrolled for paperwork, not because of eligibility reasons. And too, it’s worth noting, the reason this great Medicaid unwinding is happening is because this was all frozen for three years, so people are not in the habit of having to fill out a renewal form. So it’s important to keep that in mind, that as we’re seeing the hard data show, that a lot of this is, is straight-up paperwork issues. The people that are missing that paperwork may not be receiving it or just may not know they’re supposed to be doing it.

Rovner: As a reminder, I think by the time the three-year freeze was over, there were 90 million people on Medicaid.

Kenen: Ninety-five.

Rovner: Yeah. So it’s a lot; it’s like a quarter of the population of the country. So, I mean, this is really impacting a lot of people. You know, I know particularly red states want to do this because they feel like they’re wasting money keeping ineligible people on the rolls. But if eligible people become uninsured, you can see how they’re going to eventually get sicker, seek care; those providers are going to check and see if they’re eligible for Medicaid, and if they are, they’re going to put them back on Medicaid. So they’re going to end up costing even more. Joanne, you wanted to say something?

Kenen: Yeah. Almost everybody is eligible for something. The exceptions are the people who fall into the Medicaid gap, which is now down to 10 states.

Rovner: You mean, almost everybody currently on Medicaid is eligible.

Kenen: Anyone getting this disenrollment notification or supposed to receive the disenrollment notification that never reaches them — almost everybody is eligible for, they’re still eligible for Medicaid, which is true for the bulk of them. If they’re not, they’re going to be eligible for the ACA. These are low-income people. They’re going to get a lot heavily subsidized. Whether they understand that or not, someone needs to explain it to them. They’re working now, and the job market is strong. You know, it’s not 2020 anymore. They may be able to get coverage at work. Some of them are getting coverage at work. One of the things that I wrote about recently was the role of providers. States are really uneven. Some states are doing a much better job. You know, we’ve seen the numbers out of Florida. They’re really huge disenrollment numbers. Some states are doing a better job. Georgetown Center on Health Insurance — what’s the right acronym? — Children’s and Family. They’re tracking, they have a state tracker, but providers can step up, and there’s a lot of variability. I interviewed a health system, a safety net in Indiana, which is a red state, and they have this really extensive outreach system set up through mail, phone, texts, through the electronic health records, and when you walk in. And they have everybody in the whole system, from the front desk to the insurance specialists, able to help people sort this through. So some of the providers are quite proactive in helping people connect, because there’s three things: There’s understanding you’re no longer eligible, there’s understanding what you are eligible for, and then actually signing up. They’re all hard. You know, if your government’s not going to do a good job, are your providers or your community health clinics or your safety net hospitals — what are they doing in your state? That’s an important question to ask.

Rovner: Providers have an incentive because they would like to be paid.

Kenen: Paid.

Weber: Well, the thing about Indiana too, Joanne, I mean — so that was one of the states that Hannah got the data from. They had I think it was 53,000 residents that have lost coverage in the first amount of unwinding. 89% of them were for paperwork. I mean, these are not small fractions. I mean, it is the vast majority that is being lost for this reason. So that’s really interesting to hear that the providers there are stepping up to face that.

Kenen: It’s not all of them, but you can capture these people. I mean, there’s a lot that can go wrong. There’s a lot that — in the best system, you’re dealing with [a] population that moves around, they don’t have stable lives, they’ve got lots of other things to deal with day to day, and dealing with a health insurance notice in a language you may not speak delivered to an address that you no longer live at — that’s a lot of strikes.

Rovner: It is not easy. All right. Well, because we’re in Washington, D.C., we have to talk about climate change this week. My mother, the journalist, used to say whenever she would go give a speech, that news is what happens to or in the presence of an editor. I have amended that to say now news is what happens in Washington, D.C., or New York City. And since Washington, D.C., and New York City are both having terrible air quality — legendary, historically high air quality — weeks, people are noticing climate change. And yes, I know you guys on the West Coast are saying, “Uh, hello. We’ve been dealing with this for a couple of years.” But Joanne and Lauren, both of your extra credits this week have to do with it. So I’m going to let you do them early. Lauren, why don’t you go first?

Weber: Yeah, I’ve highlighted a piece by my colleague Dan Diamond and a bunch of other of my colleagues, who wrote all about how this is just a sign of what’s to come. I mean, this is not something that is going away. The piece is titled “Smoke Brings a Warning: There’s No Escaping Climate’s Threat to Health.” I think, Julie, you hit the nail on the head. You know, we all live here in Washington, D.C. A lot of other journalist friends live in New York. There’s been a lot of grousing on Twitter that everyone is now covering this because they can see it. But the reality is, when people can see it, they pay attention. And so the point of the story is, you know, look, I mean, this is climate change in action. We’re watching it. You know, it’s interesting; this story includes a quote from Mitch McConnell saying [to] follow the public health authorities, which I found to be quite fascinating considering the current Republican stance on some public health authorities during the pandemic. And I’m just very curious to see, as we continue to see this climate change in reality, how that messaging changes from both parties.

[Editor’s note: The quote Weber referenced did not come from McConnell but from Senate Majority Leader Chuck Schumer, a Democrat, and would not have warranted as much fascination in this context.]

Kenen: But I think that you’ve seen, with the fires on the West Coast, nobody is denying that there’s smoke and pollutants in the air — of either party. You know, we can look out our windows and see it right now, right? But they’re not necessarily accepting that it’s because of climate change, and that — I’m not sure that this episode changes that. Because many of the conservatives say it’s not climate change; it’s poor management of forests. That’s the one you hear a lot. But there are other explain — or it’s just, you know, natural variation and it’ll settle down. So it remains to be seen whether this creates any kind of public acknowledgment. I mean, you have conservative lawmakers who live in parts of the country that are already very — on coasts, on hurricane areas, and, you know, forest fire areas there. You have people who are already experiencing it in their own communities, and it does not make them embrace the awareness of poor air quality because of a forest fire. Yes. Does it do what Julie was alluding to, which is change policy or acknowledging what, you know, the four of us know, and many millions of other people, you know, that this is related to climate change, not just — you know, I’m not an expert in forestry, but this is not just — how many fires in Canada, 230?

Rovner: Yeah. Nova Scotia and Quebec don’t tend to have serious forest fire issues.

Kenen: Right. This is across — this is across huge parts of the United States now. It’s going into the South now. I was on the sixth floor of a building in Baltimore yesterday, and you could see it rolling in.

Rovner: Yeah. You have a story about people trying to do something about it. So why don’t you tell us about that.

Kenen: Well it was a coincidence that that story posted this week, because I had been working on it for a couple of months, but I wrote a story. The headline was — it’s in Politico Magazine — it’s “Can Hospitals Turn Into Climate Change Fighting Machines?” Although one version of it had a headline that I personally liked more, which was “Turn Off the Laughing Gas.” And it’s about how hospitals are trying to reduce their own carbon footprint. And when I wrote this story, I was just stunned to learn how big that carbon footprint is. The health sector is 8.5% of greenhouse gas emissions in the United States, and that’s twice as high as the health sector in comparable industrial countries, and —

Rovner: We’re No. 1!

Kenen: Yes, once again, and most of it’s from hospitals. And there’s a lot that the early adopters, which is now, I would say about 15% of U.S. hospitals are really out there trying to do things, ranging from changing their laughing gas pipes to composting to all sorts of, you know, energy, food, waste, huge amount of waste. But one of the — you know, everything in hospitals is use once and throw it out or unwrap it and don’t even use it and still have to throw it out. But one of the themes of the people I spoke to is that hospitals and doctors and nurses and everybody else are making the connection between climate change and the health of their own communities. And that’s what we’re seeing today. That’s where the phenomenon Laura was talking about is connected. Because if you look out the window and you can see the harmful air, and some of these people are going to be showing up in the emergency rooms today and tomorrow, and in respiratory clinics, and people whose conditions are aggravated, people who are already vulnerable, that the medical establishment is making the connection between the health of their own community, the health of their own patients, and climate. And that’s where you see more buy-in into this, you know, greening of American hospitals.

Rovner: Speaking of issues that that seem insoluble but people are starting to work on, drug prices. In drug price news, drug giant Merck this week filed suit against the federal government, charging that the new requirements for Medicare price negotiation are unconstitutional for a variety of reasons. Now, a lot of health lawyers seem pretty dubious about most of those claims. What’s Merck trying to argue here, and why aren’t people buying what they’re selling?

Hellmann: So there’s two main arguments they’re trying to make. The primary one is they say this drug price negotiation program violates the Fifth Amendment, which prohibits the government from taking private property for public use without just compensation. So they argue that under this negotiation process they would basically be coerced or forced into selling these drugs for a price that they think is below its worth. And then the other argument they make is it violates their First Amendment rights because they would be forced to sign an agreement they didn’t agree with, because if they walk away from the negotiations, they have to pay a tax. And so it’s this coercive argument that they are making. But there’s been some skepticism. You know, Nick Bagley noted on Twitter that it’s voluntary to participate in Medicare. Merck doesn’t have a constitutional right to sell its drugs to the government at a price that they have set. And he also noted — I thought this was interesting — I didn’t know that there was kind of a similar case 50 years ago, when Medicare was created. Doctors had sued over a law Congress passed requiring that a panel review treatment decisions that doctors were making. The doctors sued also under the Fifth Amendment in the courts, and the Supreme Court sided with the government. So he seems to think there’s a precedent in favor of the government’s approach here. And there just seems to be a lot of skepticism around these arguments.

Rovner: And Nick Bagley, for those of you who don’t know, is a noted law professor at the University of Michigan who specializes in health law. So he knows whereof he speaks on this stuff. I mean, Joanne, you were, you were mentioning, I mean, this was pretty expected somebody was going to sue over this.

Kenen: It’s probably not the last suit either. It’s probably the first of, but, I mean, the government sets other prices in health care. And, you know, it sets Medicare Advantage rates. It sets rates for all sorts of Medicare procedures. The VA [U.S. Department of Veterans Affairs] sets prices for every drug that’s in its formulary or, you know, buys it at a negotiated —

Rovner: Private insurers set prices.

Kenen: Right. But that’s not government. That’s different.

Rovner: That’s true.

Kenen: They’re not suing private insurers. So, you know, I’m not Nick Bagley, but I usually respect what Nick Bagley has to say. On the other hand, we’ve also seen the courts do all sorts of things we have not expected them to do. There’s another Obamacare case right now. So, precedent, schmecedent, you know, like — although on this one we did expect the lawsuits. Somebody also pointed out, I can’t remember where I read it, so I’m sorry not to credit it, maybe it was even Nick — that even if they lose, if they buy a extra year or two, they get another year or two of profits, and that might be all they care about.

Rovner: It may well be. All right. Well, let us turn to abortion. It’s actually been relatively quiet on the abortion front these last couple of weeks as we approach the one-year anniversary of the Supreme Court striking down Roe v Wade. I did want to mention something that’s still going on in Indiana, however. You may remember the case last year of the 10-year-old who was raped in Ohio and had to go to Indiana to have the pregnancy terminated. That was the case that anti-abortion activists insisted was made up until the rapist was arraigned in court and basically admitted that he had done it. Well, the Indiana doctor who provided that care is still feeling the repercussions of that case. Caitlin Bernard, who’s a prominent OB-GYN at the Indiana University Health system, was first challenged by the state’s attorney general, who accused her of not reporting the child abuse to the proper state authorities. That was not the case; she actually had. But the attorney general, who’s actually a former congressman, Todd Rokita, then asked the state’s medical licensing board to discipline her for talking about the case, without naming the patient, to the media. Last month, the majority of the board voted to formally reprimand her and fine her $3,000. Now, however, lots of other doctors, including those who don’t have anything to do with reproductive health care, are arguing that the precedent of punishing doctors for speaking out about important and sometimes controversial issues is something that is dangerous. How serious a precedent could this turn out to be? She didn’t really violate anybody’s private — she didn’t name the patient. Lauren, you wanted to respond.

Weber: Yeah, I just think it’s really interesting. If you look at the context, the number of doctors that actually get dinged by the medical board, it’s only a couple thousand a year. So this is pretty rare. And usually what you get dinged for by the medical board are really severe things like sexual assault, drug abuse, alcohol abuse. So this would seem to indicate quite some politicization, and the fact that the AG was involved. And I do think that, especially in the backdrop of all these OB-GYN residents that are looking to apply to different states, I think this is one of the things that adds a chilling effect for some reproductive care in some of these red states, where you see a medical board take action like this. And I just think in general — it cannot be stated enough — this is a rare action, and a lot of medical board actions will be, even if there is an action, will be a letter in your file. I mean, to even have a fine is quite something and not it be like a continuing education credit. So it’s quite noteworthy.

Rovner: Well, meanwhile, back in Texas, the judge who declared the abortion pill to have been wrongly approved by the FDA, Trump appointee Matthew Kacsmaryk, is now considering a case that could effectively bankrupt Planned Parenthood for continuing to provide family planning and other health services to Medicaid patients while Texas and Louisiana were trying to kick them out of the program because the clinics also provided abortions in some cases. Now, during the time in question, a federal court had ordered the clinics to continue to operate as usual, banning funding for abortions, which always has been the case, but allowing other services to be provided and reimbursed by Medicaid. This is another of those cases that feels very far-fetched, except that it’s before a judge who has found in favor of just about every conservative plaintiff that has sought him out. This could also be a big deal nationally, right? I mean, Planned Parenthood has been a participant in the Medicaid program in most states for years — again, not paying for abortion, but for paying for lots of other services that they provide.

Kenen: The way this case was structured, there’s all these enormous number of penalties, like 11,000 per case or something, and it basically comes out to be $1.8 billion. It would bankrupt Planned Parenthood nationally, which is clearly the goal of this group, which has a long history that — we don’t have time to go into their long history. They’re an anti-abortion group that’s — you know, they were filming people, and there’s a lot of history there. It’s the same people. But, you know, this judge may in fact come out with a ruling that attempts to shut down Planned Parenthood completely. It doesn’t mean that this particular decision would be upheld by the 5th Circuit or anybody else.

Rovner: Or not. The same way the mifepristone ruling finally woke up other drugmakers who don’t have anything to do with the abortion fight because, oh my goodness, if a judge can overturn the approval of a drug, what does the FDA approval mean? This could be any government contractor — that you can end up being sued for having accepted money that was legal at the time you accepted it, which feels like not really a very good business partner issue. So another one that we will definitely keep an eye on.

Kenen: I mean, that’s the way it may get framed later, is that this isn’t really about Planned Parenthood; this is about a business or entity obeying the law, or court order. I mean, that’s how the pushback might come. I mean, I think people think Planned Parenthood, abortion, they equate those. And most Planned Parenthood clinics do not provide abortion, while those that do are not using federal funds, as a rule; there are exceptions. And Planned Parenthood is also a women’s health provider. They do prenatal care in some cases; they do STD [sexually transmitted disease] treatment and testing. They do contraception. They, you know, they do other things. Shutting down Planned Parenthood would mean cutting off many women’s access to a lot of basic health care.

Rovner: And men too, I am always reminded, because, particularly for sexually transmitted diseases, they’re an important provider.

Kenen: Yeah. HIV and other things.

Rovner: All right. Well, that is this week’s news. Now we will play my “Bill of the Month” interview with Sarah Jane Tribble, and then we will be back with our extra credits. We are pleased to welcome back to the podcast Sarah Jane Tribble, who reported and wrote the latest KFF Health News-NPR “Bill of the Month” story. Sarah, thanks for coming in.

Sarah Jane Tribble: Thanks for having me.

Rovner: So this month’s patient is a former American who now lives in Switzerland, a country with a very comprehensive health insurance system. But apparently it’s not comprehensive enough to cover the astronomical cost of U.S. health care. So tell us who the patient is and how he ended up with a big bill.

Tribble: Yeah. Jay Comfort is an American expatriate, and he has lived overseas for years. He’s a former educator. He’s 66 years old. And he decided to retire in Switzerland. He has that country’s basic health insurance plan. He pays his monthly fee and gets a deductible, like we do here in the U.S. He traveled last year for his daughter’s wedding and ended up with an emergency appendectomy in the ER [emergency room] at the University of Pittsburgh in Williamsport.

Rovner: And how big was the ultimate bill?

Tribble: Well, he was in the hospital just about 14 hours, and he ended up with a bill of just over $42,000.

Rovner: So not even overnight.

Tribble: No.

Rovner: That feels like a lot for what was presumably a simple appendectomy. Is it a lot?

Tribble: We talked to some experts, and it was above what they had predicted it would be. It did include the emergency appendectomy, some scans, some laboratory testing, three hours in the recovery room. There was also some additional diagnostic testing. They had sent off some cells for a diagnostics and did find cancer at the time. Still, it didn’t really explain all the extra cost. Healthcare Bluebook, which you can look up online, has this at about $14,000 for an appendectomy. One expert told me, if you look at Medicare prices and average out in that region, it would be between $6,500 and $18,000-ish. So, yeah, this was expensive compared to what the experts told us.

Rovner: So he goes home and he files a claim with his Swiss insurance. What did they say?

Tribble: Well, first let me just say, cost in the U.S. can be two to three times that in other countries. Switzerland isn’t known as a cheap country, actually. Its health care is —

Rovner: It’s the second most expensive after the U.S.

Tribble: Considered the most expensive in Europe, right. So this is pretty well known. So he was still surprised, though, when he got the response from his Swiss insurance. They said they were willing to pay double because it was an emergency abroad. Total, with the appendectomy and some extra additional scans and so forth: About $8,000 is what they were willing to pay.

Rovner: So, double what they would have paid if he’d had it done in Switzerland.

Tribble: Yeah.

Rovner: So 42 minus 8 leaves a large balance left. Yeah. I mean, he’s stuck with — what is that — $34,000. He’s on the hook for that. I mean, it’s better than having nothing, obviously, but it’s a lot of money and it’s really striking, the difference, because, you know, in Switzerland, they’re very much like, we would pay this amount, then we’ll double it to pay you back. And he still has this enormous bill he’s left paying. He’s on a fixed income. He’s retired. So it’s quite the shock to his system.

Rovner: So what happened? Has this been resolved?

Tribble: Let me first tell you what happened at the ER, because Jay was very diligent about providing documents and explaining everything. We had multiple Zoom calls. Jay’s wife was with him, and she provided the Swiss insurance card to UPMC. Now, UPMC had confirmed that there was some confusion, and it took months for Jay to get his bill. He had to call and reach out to UPMC to get his bill. He wants to pay his bill. He wants to pay his fair share, but he doesn’t consider $42,000 a fair share. So he wants to now negotiate the bill. We’ve left it at that, actually. UPMC says they are charging standard charges and that he has not requested financial assistance. And Jay says he would like to negotiate his bill.

Rovner: So that’s where we are. What is the takeaway here? Obviously, “don’t have an emergency in a country where you don’t have insurance” doesn’t feel very practical.

Tribble: Well, yeah, I mean, this was really interesting for me. I’ve been a health care reporter a long time. I’ve heard about travel insurance. The takeaway here for Jay is he would have been wise to get some travel insurance. Now, Jay did tell me previously he had tried to get Medicare. He is a U.S. citizen residing in Switzerland. He does qualify. He had worked in the U.S. long enough to qualify for it. He had gone through some phone calls and so forth and didn’t have it before coming here. He told me in the last couple of weeks that he now has gotten Medicare. However, that may not have helped him too much because it was an outpatient procedure. And it’s important to note that if you have Medicare and you’re 65 in the U.S., when you go overseas, it’s not likely to cover much. So the takeaway: Costs in the U.S. are more expensive than most places in the world, and you should be prepared if you’re traveling overseas and you find yourself in a situation, you might consider travel insurance anyway.

Rovner: So both ways.

Tribble: Yeah.

Rovner: Americans going somewhere else and people from somewhere else coming here.

Tribble: Well, if you’re a contract worker or a student on visa or somebody visiting the U.S., you’re definitely [going to] want to get some insurance because, wherever you’re coming from, most likely that insurance isn’t going to pay the full freight of what the costs are in the U.S.

Rovner: OK. Sarah Jane Tribble, thank you very much.

Tribble: Thanks so much.

Rovner: OK, we’re back, and it’s time for our extra credit segment. That’s where we each recommend a story we read this week that we think you should read, too. As always, don’t worry if you miss it. We will post the links on the podcast page at kffhealthnews.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Lauren and Joanne, you’ve already given us yours, so Jessie, you’re next.

Hellmann: Yeah. My extra credit is from MLive.com, an outlet in Michigan. It’s titled “During the Darkest Days of COVID, Some Michigan Hospitals Made 100s of Millions.” They looked at tax records, audited financial statements in federal data, and found that some hospitals and health systems in Michigan actually did really well during the pandemic, with increases in operating profits and overall net assets. A big part of this was because of the covid relief funding that was coming in, but the article noted that, despite this, hospitals were still saying that they were stretched really thin, where they were having to lay off people. They didn’t have money for PPE [personal protective equipment], and they were having to institute, like, other cost-saving measures. So I thought this was a really interesting, like, a local look at how hospitals are kind of facing a backlash now. We’ve seen it in Congress a little bit, just more of an interest in looking at their finances and how they were impacted by the pandemic, because while some hospitals really did see losses, like small, rural, or independent hospitals, some of the bigger health systems came out on top. But you’re still hearing those arguments that they need more help, they need more funding.

Rovner: Well, my story is also about a hospital system. It’s yet another piece of reporting about nonprofit hospitals failing to live up to their requirement to provide, quote, “community benefits,” by our podcast panelist at The New York Times Sarah Kliff and Jessica Silver-Greenberg. It’s called “This Nonprofit Health System Cuts Off Patients With Medical Debt.” And it’s about a highly respected and highly profitable health system based in Minnesota called Allina and its policy of cutting off patients from all nonemergency services until they pay back their debts in full. Now, nonemergency services because federal law requires them to treat patients in emergencies. It’s not all patients. It’s just those who have run up debt of at least $1,500 on three separate occasions. But that is very easy to do in today’s health system. And the policy isn’t optional. Allina’s computerized appointment system will actually block the accounts of those who have debts that they need to pay off. It is quite a story, and yet another in this long list of stories about hospitals behaving badly. OK, that is our show for this week. As always, if you enjoy the podcast, you can subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review; that helps other people find us too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying. As always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth@kff.org. Or you can tweet me, at least for now. I’m still there. I’m @jrovner. Joanne?

Kenen: @JoanneKenen

Rovner: Jessie.

Hellmann: @jessiehellmann

Rovner: Lauren.

Weber: @LaurenWeberHP

Rovner: We will be back in your feed next week. Until then, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KFF Health News’ ‘What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Algunos médicos e investigadores que están interesados en un enfoque más individualizado para encontrar tumores problemáticos se muestran escépticos y plantean preguntas sobre los datos y el razonamiento detrás del cambio radical del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos con respecto a sus pautas de 2016.

“La evidencia para que todas comiencen a los 40 no es convincente”, dijo Jeffrey Tice, profesor de medicina en la Universidad de California-San Francisco.

Tice es parte del equipo de investigación del estudio WISDOM, que tiene como objetivo, en palabras de Laura Esserman, cirujana de cáncer de seno y líder del equipo, “hacer pruebas de manera más inteligente, no probar más”. Esserman lanzó el estudio en curso en 2016 con el objetivo de adaptar las pruebas de detección al riesgo de una mujer, y poner fin al debate sobre cuándo iniciar las mamografías.

Los defensores de un enfoque personalizado enfatizan los costos de la detección universal a los 40, no en dólares, sino en resultados falsos positivos, biopsias innecesarias, sobretratamiento y ansiedad.

Las pautas provienen del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) federal, un panel independiente de 16 expertos médicos voluntarios que se encargan de ayudar a guiar a los médicos, aseguradoras de salud y legisladores.

En 2009, y de nuevo en 2016, el grupo presentó el aviso actual, que elevó la edad para comenzar la mamografía de rutina de 40 a 50 años e instó a las mujeres de 50 a 74 a hacérselas cada dos años.

Las mujeres de 40 a 49 años que “le otorgan un mayor valor al beneficio potencial que a los daños potenciales” también deberían someterse al procedimiento de detección, dijo el grupo de trabajo.

Ahora, el grupo ha publicado un borrador de una actualización de sus directrices, recomendando la detección para todas las mujeres a partir de los 40 años.

“Esta nueva recomendación ayudará a salvar vidas y evitará que más mujeres mueran debido al cáncer de mama”, dijo Carol Mangione, profesora de medicina y salud pública en UCLA, quien presidió el panel.

Pero la evidencia no es clara. Karla Kerlikowske, profesora de la UCSF que ha estado investigando la mamografía desde la década de 1990, dijo que no vio una diferencia en los datos que justificara el cambio. Dijo que la única forma en que podía explicar las nuevas pautas era un cambio en el panel.

“Son diferentes miembros del grupo de trabajo”, dijo. “Interpretaron los beneficios y los daños de manera diferente”.

Sin embargo, Mangione citó dos puntos de datos como impulsores cruciales de las nuevas recomendaciones: el aumento de la incidencia de cáncer de mama en mujeres más jóvenes, y modelos que muestran la cantidad de vidas que podrían salvar las pruebas de detección, especialmente entre las mujeres negras.

No hay evidencia directa de que evaluar a mujeres de 40 años salve vidas, dijo. La cantidad de mujeres que murieron de cáncer de mama disminuyó de manera constante desde 1992 hasta 2020, debido en parte a una detección más temprana y a mejores tratamientos.

Pero los modelos predictivos que construyó el grupo de trabajo, basados en varias suposiciones en lugar de datos reales, encontraron que expandir la mamografía a mujeres de 40 años podría evitar 1.3 muertes adicionales por cada 1,000 en esa cohorte, dijo Mangione. Lo más crítico, agregó, es que un nuevo modelo que incluye solo mujeres negras mostró que se podría salvar 1.8 por 1,000.

Un aumento anual del 2% en la cantidad de personas de 40 a 49 años diagnosticadas con cáncer de mama en el país entre 2016 y 2019 alertó al grupo de trabajo sobre una tendencia preocupante, dijo.

Mangione lo llamó un “salto realmente considerable”. Pero Kerlikowske lo llamó “bastante pequeño” y Tice lo llamó “muy modesto”: percepciones contradictorias que subrayan cuánta subjetividad está involucrada en la ciencia de las pautas de salud preventiva.

A los miembros del grupo de trabajo los designa la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica del HHS, y cumplen mandatos de cuatro años. El nuevo borrador de las pautas está abierto para comentarios públicos hasta el 5 de junio. Después de incorporar los comentarios, el grupo de trabajo planea publicar su recomendación final en JAMA, la revista de la Asociación Médica Estadounidense.

Cerca de 300,000 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama en el país este año, y morirán más de 43,000 por este mal, según proyecciones del Instituto Nacional del Cáncer. Muchos consideran que expandir la detección para incluir a mujeres más jóvenes es una forma obvia de detectar el cáncer antes y salvar vidas.

Pero los críticos de las nuevas pautas argumentan que hay verdaderas concesiones.

“¿Por qué no empezar al nacer?”, ironizó Steven Woloshin, profesor del Instituto de Políticas de Salud y Práctica Clínica de Dartmouth. “¿Por qué no todos los días?”.

“Si no hubiera inconvenientes, eso podría ser razonable”, dijo. “El problema son los falsos positivos, que dan mucho miedo. El otro problema es el sobrediagnóstico”. Algunos tumores de mama son inofensivos y el tratamiento puede ser peor que la enfermedad, enfatizó.

Tice estuvo de acuerdo en que el sobretratamiento es un problema subestimado.

“Estos cánceres nunca causarían síntomas”, dijo, refiriéndose a ciertos tipos de tumores. “Algunos simplemente retroceden, se encogen y desaparecen, son de crecimiento tan lento que una mujer muere de otra cosa antes de que causen problemas”.

Las pruebas de detección tienden a encontrar cánceres de crecimiento lento que tienen menos probabilidades de causar síntomas, dijo. Por el contrario, las mujeres a veces descubren cánceres letales de crecimiento rápido poco después de haberse realizado mamografías que salieron normales.

“Nuestro fuerte sentimiento es que una sola talla no sirve para todos y que debe personalizarse”, dijo Tice.

WISDOM, que significa “Mujeres informadas para evaluar según las medidas de riesgo”, evalúa el riesgo de las participantes a los 40 mediante la revisión de los antecedentes familiares y la secuenciación de nueve genes. La idea es comenzar con mamografías periódicas de inmediato para las mujeres de alto riesgo mientras que esperar para las de menos.

Las mujeres negras no hispanas tienen más probabilidades de hacerse mamografías de detección que las mujeres blancas no hispanas. Sin embargo, tienen un 40% más de probabilidades de morir de cáncer de seno y de que les diagnostiquen cánceres mortales a edades más tempranas.

El grupo de trabajo espera que las mujeres negras se beneficien más de la detección temprana, dijo Mangione.

No está claro por qué las mujeres negras tienen más probabilidades de sufrir cánceres de mama más letales, pero las investigaciones apuntan a disparidades en el tratamiento.

“Las mujeres negras no obtienen un seguimiento de las mamografías tan rápido ni un tratamiento adecuado tan rápido”, dijo Tice. “Eso es lo que realmente impulsa las discrepancias en la mortalidad”.

También continúa el debate sobre la detección en mujeres de 75 a 79 años. El grupo de trabajo optó por no pedir pruebas de detección de rutina en el grupo de mayor edad porque un estudio observacional no mostró ningún beneficio, dijo Mangione. Pero el panel emitió un llamado urgente para investigar si las mujeres de 75 años o más deberían hacerse una mamografía de rutina.

Los modelos sugieren que evaluar a las mujeres mayores podría evitar 2,5 muertes por cada 1,000 mujeres en ese grupo de edad, más de las que se salvarían al expandir la evaluación a las mujeres más jóvenes, apuntó Kerlikowske.

“Siempre decimos que las mujeres mayores de 75 años deberían decidir junto con sus médicos si se hacen mamografías, según sus preferencias, valores, historial familiar y de salud”, dijo Mangione.

Tice, Kerlikowske y Woloshin argumentan que lo mismo es cierto para las mujeres de 40 años.

Esta historia fue producida por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Some doctors and researchers who are invested in a more individualized approach to finding troublesome tumors are skeptical, raising questions about the data and the reasoning behind the U.S. Preventive Services Task Force’s about-face from its 2016 guidelines.

“The evidence isn’t compelling to start everyone at 40,” said Jeffrey Tice, a professor of medicine at the University of California-San Francisco.

Tice is part of the WISDOM study research team, which aims, in the words of breast cancer surgeon and team leader Laura Esserman, “to test smarter, not test more.” She launched the ongoing study in 2016 with the goal of tailoring screening to a woman’s risk and putting an end to the debate over when to get mammograms.

Advocates of a personalized approach stress the costs of universal screening at 40 — not in dollars, but rather in false-positive results, unnecessary biopsies, overtreatment, and anxiety.

The guidelines come from the federal Department of Health and Human Services’ U.S. Preventive Services Task Force, an independent panel of 16 volunteer medical experts who are charged with helping guide doctors, health insurers, and policymakers. In 2009 and again in 2016, the group put forward the current advisory, which raised the age to start routine mammography from 40 to 50 and urged women from 50 to 74 to get mammograms every two years. Women from 40 to 49 who “place a higher value on the potential benefit than the potential harms” might also seek screening, the task force said.

Now the task force has issued a draft of an update to its guidelines, recommending the screening for all women beginning at age 40.

“This new recommendation will help save lives and prevent more women from dying due to breast cancer,” said Carol Mangione, a professor of medicine and public health at UCLA, who chaired the panel.

But the evidence isn’t clear-cut. Karla Kerlikowske, a professor at UCSF who has been researching mammography since the 1990s, said she didn’t see a difference in the data that would warrant the change. The only way she could explain the new guidelines, she said, was a change in the panel.

“It’s different task force members,” she said. “They interpreted the benefits and harms differently.”

Mangione, however, cited two data points as crucial drivers of the new recommendations: rising breast cancer incidence in younger women and models showing the number of lives screening might save, especially among Black women.

There is no direct evidence that screening women in their 40s will save lives, she said. The number of women who died of breast cancer declined steadily from 1992 to 2020, due in part to earlier detection and better treatment.

But the predictive models the task force built, based on various assumptions rather than actual data, found that expanding mammography to women in their 40s might avert an additional 1.3 deaths per 1,000 in that cohort, Mangione said. Most critically, she said, a new model including only Black women showed 1.8 per 1,000 could be saved.

A 2% annual increase in the number of 40- to 49-year-olds diagnosed with breast cancer in the U.S. from 2016 through 2019 alerted the task force to a concerning trend, she said.

Mangione called that a “really sizable jump.” But Kerlikowske called it “pretty small,” and Tice called it “very modest” — conflicting perceptions that underscore just how much art is involved in the science of preventive health guidelines.

Task force members are appointed by HHS’ Agency for Healthcare Research and Quality and serve four-year terms. The new draft guidelines are open for public comment until June 5. After incorporating feedback, the task force plans to publish its final recommendation in JAMA, the Journal of the American Medical Association.

Nearly 300,000 women will be diagnosed with breast cancer in the U.S. this year, and it will kill more than 43,000, according to National Cancer Institute projections. Expanding screening to include younger women is seen by many as an obvious way to detect cancer earlier and save lives.

But critics of the new guidelines argue there are real trade-offs.

“Why not start at birth?” Steven Woloshin, a professor at the Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, asked rhetorically. “Why not every day?”

“If there were no downsides, that might be reasonable,” he said. “The problem is false positives, which are very scary. The other problem is overdiagnosis.” Some breast tumors are harmless, and the treatment can be worse than the disease, he said.

Tice agreed that overtreatment is an underappreciated problem.

“These cancers would never cause symptoms,” he said, referring to certain kinds of tumors. “Some just regress, shrink, and go away, are just so slow-growing that a woman dies of something else before it causes problems.”

Screening tends to find slow-growing cancers that are less likely to cause symptoms, he said. Conversely, women sometimes discover fast-growing lethal cancers soon after they’ve had clean mammograms.

“Our strong feeling is that one size does not fit all, and that it needs to be personalized,” Tice said.

WISDOM, which stands for “Women Informed to Screen Depending On Measures of risk,” assesses participants’ risk at 40 by reviewing family history and sequencing nine genes. The idea is to start regular mammography immediately for high-risk women while waiting for those at lower risk.

Black women are more likely to get screening mammograms than white women. Yet they are 40% more likely to die of breast cancer and are more likely to be diagnosed with deadly cancers at younger ages.

The task force expects Black women to benefit most from earlier screening, Mangione said.

It’s unclear why Black women are more likely to get the most lethal breast cancers, but research points to disparities in cancer management.

“Black women don’t get follow-up from mammograms as rapidly or appropriate treatment as quickly,” Tice said. “That’s what really drives the discrepancies in mortality.”

Debate also continues on screening for women 75 to 79 years old. The task force chose not to call for routine screening in the older age group because one observational study showed no benefit, Mangione said. But the panel issued an urgent call for research about whether women 75 and older should receive routine mammography.

Modeling suggests screening older women could avert 2.5 deaths per 1,000 women in that age group, more than those saved by expanding screening to younger women, Kerlikowske noted.

“We always say women over 75 should decide together with their clinicians whether to have mammograms based on their preferences, their values, their health history, and their family history,” Mangione said.

Tice, Kerlikowske, and Woloshin argue the same holds true for women in their 40s.

This article was produced by KFF Health News, which publishes California Healthline, an editorially independent service of the California Health Care Foundation. 

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host

Julie Rovner
KFF Health News

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KFF Health News’ weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

How should journalists cover political candidates who make false claims about the safety and effectiveness of vaccines? That question will need to be answered now that noted anti-vaccine activist Robert F. Kennedy Jr. has officially entered the 2024 presidential race.

Meanwhile, South Carolina has become one of the last states in the South to pass an abortion ban, making the procedure all but impossible to obtain for women across a broad swath of the country.

This week’s panelists are Julie Rovner of KFF Health News, Alice Miranda Ollstein of Politico, Rachel Cohrs of Stat, and Sarah Karlin-Smith of the Pink Sheet.

Panelists

Rachel Cohrs
Stat News

@rachelcohrs

Read Rachel's stories

Sarah Karlin-Smith
Pink Sheet

@SarahKarlin

Read Sarah's stories

Alice Miranda Ollstein
Politico

@AliceOllstein

Read Alice's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• Republican lawmakers and President Joe Biden continue to bargain over a deal to avert a debt ceiling collapse. Unspent pandemic funding is on the negotiating table, as the White House pushes to protect money for vaccine development — though the administration has drawn criticism for a lack of transparency over what would be included in a clawback of unspent dollars.
• In abortion news, South Carolina is the latest state to vote to restrict access to abortion, passing legislation this week that would ban abortion after six weeks of pregnancy — shortly after pregnant people miss their first period. And Texas is seeing more legal challenges to the state law’s exceptions to protect a mother’s life, as cases increasingly show that many doctors are erring on the side of not providing care to avoid criminal and professional liability.
• Congress is scrutinizing the role of group purchasing organizations in drug pricing as more is revealed about how pharmacy benefit managers negotiate discounts. So-called GPOs offer health care organizations, like hospitals, the ability to work together to leverage market power and negotiate better deals from suppliers.
• Lawmakers are also exploring changes to the way Medicare pays for the same care performed in a doctor’s office versus a hospital setting. Currently, providers can charge more in a hospital setting, but some members of Congress want to end that discrepancy — and potentially save the government billions.
• And our panel of health journalists discusses an important question after a prominent anti-vaccine activist entered the presidential race last month: How do you responsibly cover a candidate who promotes conspiracy theories? The answer may be found in a “truth sandwich.”

Also this week, Rovner interviews KFF Health News senior correspondent Aneri Pattani about her project to track the money from the national opioid settlement.

Plus, for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: KFF Health News’ “Remote Work: An Underestimated Benefit for Family Caregivers,” by Joanne Kenen

Alice Miranda Ollstein: Reuters’ “How Doctors Buy Their Way out of Trouble,” by Michael Berens

Rachel Cohrs: ProPublica’s “In the ‘Wild West’ of Outpatient Vascular Care, Doctors Can Reap Huge Payments as Patients Risk Life and Limb,” by Annie Waldman

Sarah Karlin-Smith: The New York Times’ “Heat Wave and Blackout Would Send Half of Phoenix to E.R., Study Says,” by Michael Levenson

Also mentioned in this week’s episode:

• KFF Health News’ “Abortion Bans Are Driving Off Doctors and Closing Clinics, Putting Basic Health Care at Risk,” by Julie Rovner.
• Stat’s “House Panel Takes First Steps Toward Reining In Hospitals With ‘Site-Neutral’ Changes,” by Rachel Cohrs.
• Vice’s “ABC News and CNN Manage to Demonstrate Exactly What Not to Do With Robert F. Kennedy Jr.,” by Anna Merlan.

click to open the transcript

Transcript: When an Anti-Vaccine Activist Runs for President

KFF Health News’ ‘What the Health?’

Episode Title: When an Anti-Vaccine Activist Runs for President

Episode Number: 299

Published: May 25, 2023

[Editor’s note: This transcript, generated using transcription software, has been edited for style and clarity.]

Julie Rovner: Hello and welcome back to “What the Health?”. I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at KFF Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We’re taping this week on Thursday, May 25, at 10 a.m. As always, news happens fast and things might have changed by the time you hear this. So here we go. Today we are joined via video conference by Rachel Cohrs of Stat News.

Rachel Cohrs: Hi, everybody.

Rovner: Sarah Karlin-Smith of the Pink Sheet.

Sarah Karlin-Smith: Hi, Julie.

Rovner: And Alice Miranda Ollstein of Politico.

Alice Miranda Ollstein: Hello.

Rovner: Later in this episode we’ll have my interview with KFF Health News’ Aneri Pattani about her project tracking where all of that opioid settlement money is going. But first, this week’s news. I suppose we have to start with the debt ceiling again, because how this all eventually plays out will likely impact everything else that happens in Washington for the rest of the year. First of all, as of this taping, at 10 o’clock on Thursday morning, there’s still no settlement here, right?

Ollstein: There is not. And depending who you listen to, we are either close or not close at all, on the brink of disaster or on the brink of being all saved from disaster. There’s a lot of competing narratives going around. But yes, as of this taping, no solution.

Rovner: I want to do a spreadsheet of how often the principals come out and say, “It was productive,” “It’s falling apart,” “It was productive,” “It’s falling apart.” I mean, it seems like literally every other time, particularly when Speaker [Kevin] McCarthy comes out, it was either “very productive” or “we’re nowhere near.” That seems to have been the gist for the past two weeks or so. Meanwhile, it seems like one thing Republicans and Democrats have at least tentatively agreed to do is claw back something like $30 billion in unspent covid funds. But, not so fast. The New York Times reports that the Biden administration wants to preserve $5 billion of that to fund the next generation of covid vaccines and treatment and another $1 billion to continue giving free covid vaccines to people without insurance. I feel like this is the perfect microcosm of why these talks are almost impossible to finish. They’re trying to negotiate a budget resolution, an omnibus spending bill, and a reconciliation bill all at the same time, with the sword of Damocles hanging over their head and a long holiday weekend in between. Somebody please tell me that I’m wrong about this.

Ollstein: Well, Congress never does anything unless there’s a sword of Damocles hanging over them and a vacation coming up that they really want to go on. I mean, do they ever make it happen otherwise? Not — not in our experience. But I do want to note that it is interesting that the Biden administration is trying to fight for some of that covid funding. Meanwhile, what they’re not reportedly fighting for is some of the other public health funding that’s at risk in that clawback, and I reported last week that some of Biden’s own health officials are warning that losing those tens of billions of dollars could undermine other public health efforts, including the fight against HIV and STDs [sexually transmitted diseases]. We have syphilis at record rates right now, and public health departments all around the country are counting on that money to preserve their workforces and do contact tracing, etc. And so that is another piece of this that isn’t getting as much attention.

Cohrs: There has been this ongoing fight between the White House and Republicans over covid money and how it’s being spent, for years at this point. And the White House has never really been fully transparent about exactly what was going to get clawed back. The Appropriations Committee was the one who actually put out some real information about this. And I think that trust has just been broken that the money is used where it’s supposed to be. I mean, even for the next-generation research project [Project NextGen] — I mean, they launched that like a couple of months ago, after Republicans had already threatened to take the money back. So I think there are some questions about the timing of the funding. [White House COVID-19 Response Coordinator] Ashish Jha said they didn’t know they had leftovers until recently, but I think this has just really turned into a mess for the White House, and I think the fact that they’re willing to offer some of this money up is just kind of a symbol and just a “ending with a whimper” of this whole fight that’s been going on for two years where they’ve been unsuccessful in extracting any more money.

Rovner: And yeah, I was just going to say, the White House keeps asking for more money and then they keep, quote-unquote, “finding money” to do things that are really important. Sarah, I wanted to ask you, how freaked out is the research establishment and the drug industry at whether, you know, will they or won’t they actually pony up money here?

Karlin-Smith: I think this could be pretty problematic because some of the type of companies that get this funding — some of them might be in a position to do this on their own, but others would essentially — you know, there isn’t necessarily a market for this without the government support, and that’s why they do it. That’s why the U.S. created this BARDA [Biomedical Advanced Research and Development Authority], which kind of funds this type of pandemic and other threats research. And so I think there are companies that definitely wouldn’t be able to continue without this money, because some of it is for things that we think we might need but don’t know if we definitely will. And so you don’t necessarily want to make the investment in the same way you know you need cancer drugs or something like that.

Rovner: We will see how this plays out. Perhaps it will be played out by next week or perhaps they will find some sort of short-term patch, which is another tried-and-true favorite for Congress. All right. Let’s turn to abortion. Last week, the North Carolina Legislature overrode the Democratic governor’s veto to pass a 12-week ban. This week was the South Carolina Legislature’s chance to say, “Hold my beer.” Alice, what happened in South Carolina, and what does it mean for availability of abortion in the whole rest of the South?

Ollstein: The governor is expected to sign this new restriction into law. Like many other GOP-led states. South Carolina was expected to quickly pass restrictions last year as soon as Roe v. Wade was overturned, but they got into fights within the Republican Party over how far to go, whether to have exceptions, what kind of exceptions, etc. It was the classic story we’ve seen play out over and over and over where, while Roe v. Wade was still in place, it was very easy for people to say, “I’m pro-life, I’m against abortion,” and not have to make those difficult, detailed decisions. So, yes, this could have a big impact, you know, especially with Florida moving for a much stricter ban. You know, the whole region is becoming more and more unavailable, and people are going to have to travel further and further.

Rovner: And South Carolina ended up with one of these six-week, quote-unquote, “heartbeat bills,” right?

Ollstein: That’s right.

Rovner: So it’s sort of shutting off yet another state where abortion is or really could be available. There’s more abortion-related court action, too. This week, in Texas, eight more women who experienced dangerous pregnancy complications joined a lawsuit seeking to force just a clarification of that state’s abortion ban that they say threatened their lives. One of them, Kiersten Hogan, had her water break prematurely, putting her at risk of infection and death, but says she was told by the hospital that if she tried to leave to seek care elsewhere, she could be arrested for trying to kill her baby. Four days later, the baby was born stillborn. Yet sponsors of the state’s abortion bill say it was never intended to bar, quote, “medically necessary abortions.” Why is there such a disconnect? And Texas is hardly the only place this is happening, right?

Ollstein: Yeah. Situations like this are why people are arguing that the whole debate over exceptions is sort of a fig leaf. It’s papering over how these work in practice. You can have exceptions on the book that say “life-threatening situations, medical emergencies,” etc. But because doctors are so afraid of being charged with a crime or losing their license or other professional repercussions, that’s just creating a huge chilling effect and making them afraid to provide care in these situations. A lot of times the state law also contradicts with federal law when it comes to medical emergencies, and so doctors feel caught in the middle and unsure what they’re supposed to do. And as we’re seeing, a lot of them are erring on the side of not providing care rather than providing care. So this is playing out in a lot of places. So I’m interested to see if this informs the debate in other states about whether to have these exceptions or not.

Rovner: And I get to promote my own story here, which is that we’re seeing in a lot of states either doctors leaving or doctors deciding not to train in states with abortion bans because they’re afraid of exactly those restrictions that could land them, you know, either in court or, even worse, in jail. We’ve long had abortion care deserts. Now we could see entire women’s health care deserts in a lot of these states, which would, you know, hurt not just the people who want to have abortions, but the people who want to get pregnant and have babies. We will continue to watch that space. Well, meanwhile, in West Virginia, another court case, filed by the maker of the generic version of the abortion pill mifepristone, could turn on a recent Supreme Court decision about pork products in California. Can somebody explain what one has to do with the other?

Karlin-Smith: There is basically a ruling that the Supreme Court issued the other week in a California case where the state was regulating how pigs were treated on farms in California. And the court basically allowed the law to stand, saying, you know, it didn’t interfere with interstate commerce. And the people who are protesting GenBioPro’s suit in West Virginia are basically saying that this, again, is an example where West Virginia’s regulation of the abortion drug, again, doesn’t really impact the distribution of the drug outside of the state or the availability of the drug outside of the state, and so this should be allowable. Of course, GenBioPro and the folks who are protesting how West Virginia is curtailing access to the suit are trying to argue the same ruling helps their cause. To me, what I read — and it seems like the comparison works better against the drug company, but it always is interesting to see this overlapping — you know, the cases you don’t expect. But I also, I think, when this ruling came out, saw somebody else making another argument that this should help GenBioPro. So it’s very hard to know.

Rovner: If it’s not confusing enough, I’m going to add another layer here: While we’re talking about the abortion pill, a group of House Democrats are reaching out to drug distribution company AmerisourceBergen, following reports that it would decline to deliver the pill to pharmacies in as many as 31 states, apparently fearing that they would be drawn into litigation between states and the federal government, the litigation we’ve talked about now a lot. So far, the company has only said that it will distribute the drug in states, quote, “where it is consistent with the law.” In the end, this could end up being more important than who wins these lawsuits, right? If — I think they’re the sole distributor — is not going to distribute it, then it’s not going to be available.

Ollstein: It also depends on the — at the 5th Circuit, and that will go back to the Supreme Court, because if it’s not an FDA-approved drug, then nobody can distribute it. That’s the ultimate controlling factor. But yes, since they are the sole distributor, they will have a lot of power over where this goes. And when I was reporting on Walgreens’ decision, they were pointing to this and saying that their decisions, you know, depend on other factors as well.

Karlin-Smith: And there’s a lot of nuance to this because my understanding is AmerisourceBergen, they’re particularly talking about distributing it to pharmacies where you could — under this new FDA permission to let pharmacies distribute the drug, which in the past they hadn’t.

Rovner: And which hasn’t happened yet.

Karlin-Smith: Right. They haven’t actually gone through the process of certifying the pharmacies. So it’s like a little bit premature, which is why I think Walgreens realized they probably jumped the gun on making any decision because it couldn’t happen yet anyway. But AmerisourceBergen is still saying, “Oh, we’re giving it to providers and other places that can distribute the drug in some of these states.” So it’s not necessarily like the drug is completely unavailable. It’s just about ease of access, I think, at this point.

Rovner: Yeah, we’re not just in “watch that space”; now we’ve progressed to “watch all those spaces,” which we will continue to do. Well, while we were on the discussion of drug middlepeople, there’s a story in Stat about the Federal Trade Commission widening its investigation of pharmacy benefit managers to include group purchasing organizations. Sarah, what are group purchasing organizations and how do they impact the price of prescription drugs?

Karlin-Smith: So group purchasing organizations are basically where you sort of pool your purchasing power to try and get better deals or discounts. So like, in this case, one of the GPOs FTC is looking at negotiates drug rebates on behalf of a number of different PBMs, not just one PBM. And so, again, you know, the idea is the more people you have, the more marketing you have, the better discount you should be able to get, which is — I think some people have been a little shocked by this because they’re like, “Wait, we thought the PBMs were the ones that did the negotiation. Why are they outsourcing this? Isn’t that the whole purpose of why they exist?” Yeah, so FTC has sort of a broader investigation into PBMs, so this is kind of the next step in it to kind of figure out, OK, what is the role of these companies? How are they potentially creating bad incentives, contributing to increased drug pricing, making it harder for people to perhaps, like, get their drug at particular pharmacies or more expensive at particular pharmacies? Again, because there’s been a lot of integration of ownership of these companies. So like the PBMs, the health insurance, some of these pharmacy systems are sort of all connected, and there’s a lot of concern that that’s led to incentives that are harming consumers and the prices we’re paying for our health care.

Rovner: Yeah, there’s all that money sloshing around that doesn’t seem to be getting either to the drug companies or to the consumers. Rachel, you wanted to add something?

Cohrs: Sure. I think GPOs are more used with hospitals when they buy drugs, because I think PBMs — you think of, like, going to pick up your drug at the pharmacy counter. But obviously hospitals are buying so many drugs, too. And their, you know, market power is pretty dispersed across the country. And so they also are a big customer of GPOs. So I think they’re also trying to get at this, like, different part of the drug market where, you know, a lot of these really expensive medications are administered in hospitals. So it will be interesting. They’re certainly not very transparent either. So, yeah, interesting development as to how they relate to PBMs, but also the rest of — you know, encompassing a larger part of the health care system.

Karlin-Smith: Yeah, I have seen complaints from hospital systems that the GPOs require them to enter into contracts that make it very difficult for the hospital to pivot if, say, the GPO can’t supply them with a particular product or maybe it’s … [unintelligible] … and then they end up stuck in a situation where they should, in theory, be able to get a product from another supplier and they can’t. So there’s lots of different levels of, again, concern about potential bad behavior.

Rovner: Well, while we are on the topic of nerdy practice-of-medicine stuff, Rachel, you had a story on the latest on the, quote, “site-neutral” Medicare payment policy. Remind us what that is and who’s on which side, and wasn’t that one of the bills — or I guess that wasn’t one of the bills that was approved by the House Energy and Commerce Committee yesterday, right?

Cohrs: No, so “site neutral” is basically hospitals’ worst nightmare. It essentially makes sure that Medicare is paying the same amount for a service that a doctor provides, whether it’s on a hospital campus or provided in a doctor’s office. And I think hospitals argue that they need to charge more because they have to be open 24/7. You know, they don’t have predictable hours. They have to serve anyone, you know, regardless of willingness to pay. It costs more overhead. That kind of thing. But I think lawmakers are kind of losing patience with that argument to some degree, that the government should be paying more for the same service at one location versus another. And it’s true that House Republicans had really wanted an aggressive form of this policy, and it could save like tens of billions of dollars. I mean, this is a really big offset we’re talking about here, if they go really aggressively toward this path, but instead they weren’t able to get Democrats on board with that plan yet. I think the chair, Cathy McMorris Rodgers, and the ranking member, Frank Pallone, have said they want to keep working on this. But what they did do this week is took a tiny little part out of that and advanced it through the committee. And it would equalize payment for, like, drug administration in physician’s offices versus a physician doing it in the hospital, and the savings to the federal government on that policy was roughly $3 billion. So, again, not a huge hit to industry, but it’s, you know, significant savings, certainly, and a first step in this direction as they think about how they want to do this, if they want to go bigger.

Rovner: So while we’re talking about the Energy and Commerce Committee, those members, in a fairly bipartisan fashion, are moving a bunch of other bills aimed at price transparency, value-based care, and a lot of other popular health buzzwords. Sarah, I know you watched, if not all, then most of yesterday’s markup. Anything in particular that we should be watching as it perhaps moves through the House and maybe the Senate?

Karlin-Smith: Yeah. So there was — probably the most contentious health bill that cleared yesterday was a provision that basically would codify a Trump-era rule in Medicaid that the Biden administration has sort of tweaked a bit but generally supported that basically tweaks Medicaid’s “best price” rule. So Medicaid is kind of guaranteed the best price that the private sector gets for drugs. But drugmakers have argued this prevents them from doing these unique value-based arrangements where we say, “OK, if the patient doesn’t perform well or the drug doesn’t work well for the patient, we’ll kind of give you maybe even all your money back.” Well, they don’t want the Medicaid best price to be zero. So they came up with a kind of a very confusing way to tweak that and also as part of that to, you know, hopefully allow Medicaid to maybe even take advantage of these programs. And Rep. [Brett] Guthrie [(R-Ky.)], Rep. [Anna] Eshoo [(D-Calif.)] on the Democratic side, want to codify that. But a number of the Democrats pushed back and over worries this might actually raise prices Medicaid pays for drugs and be a bit more problematic. And the argument from the Democrats, the majority of Democrats on the committee who oppose it, were not completely against this idea but let it play out in rulemaking, because if it stays in rulemaking, it’s a lot easier to —er, sorry — as a rule, it’s already made.

Rovner: To fix it if they need to.

Karlin-Smith: Right. It’s a lot easier to fix it, which, as anybody who follows health policy knows, it’s not actually as easy as you would think to fix a rule, but it’s definitely a lot easier to fix a rule than it is to fix something codified in law. So that’s sort of a very wonky but meaningful thing, I think, to how much drugs cost in Medicaid.

Rovner: Last nerdy thing, I promise, for this week: The Biden administration says it plans to conduct an annual audit of the cost of the most expensive drugs covered by Medicaid and make those prices public in what one of your colleagues, Alice, described as a “name and shame” operation? I mean, could this actually work, or could it end up like other HHS [Department of Health and Human Services] transparency rules, either not very followed or tied up in court?

Karlin-Smith: Experts that my colleague Cathy Kelly talked to to write about this basically were not particularly optimistic it would lead to big changes in savings to Medicaid, basically. One of the reasons is because Medicaid actually gets pretty good deals on drugs to begin with. But that said, even, again, like I said, they’re guaranteed these really large rebates are the best price. But in exchange for that, they have to cover all drugs. So that’s where you start to lose some of your leverage. So the hope with some of this extra transparency is they’ll get more information to have, like, a little bit of additional leverage to say, “Oh, well your manufacturing costs are only this, so you should be able to give us an additional rebate,” which they can negotiate that. Again, I think people think there’ll be sort of maybe some moderate, if any, benefits to that. But some states have actually tried similar things in kind of similar “name, shame” affordability boards. And the drugmakers have basically just said, “No, we’re not going to give you any more discounts.” And they’re kind of stuck.

Rovner: “And we’re not ashamed of the price that we’re charging.”

Karlin-Smith: Right.

Rovner: “Or we wouldn’t be charging it.”

Karlin-Smith: So it’s a tough one, but there’s, like, an argument to be made that drugmakers just don’t want to be on this list. So maybe some of them will more proactively figure out like how to get their price point and everything discounts to a point where they at least won’t get on the list. So maybe, again, it might tweak things around the edges, but it’s not a big price savings move.

Rovner: And we shall see. All right. Well, this is — finally this week, it’s something I’ve wanted to talk about for a couple of weeks. I’m calling it the “How do you solve a problem like RFK Jr.?” For those of you who don’t already know, the son of the former senator and liberal icon Robert Kennedy has declared his candidacy for president. He’s an environmental lawyer, but at the same time, he’s one of the most noted anti-vaxxers, not just in the country but in the world. Vice has a provocative story — this actually goes back a couple of weeks — about how the media should cover this candidacy or, more specifically, how it shouldn’t. According to the story, ABC did an interview with RFK Jr. and then simply cut out what they deemed the false vaccine claims that he made. CNN, on the other hand, did an interview and simply didn’t mention his anti-vaccine activism. I am honestly torn here about how should you cover someone running for president who traffics in conspiracy theories that you know are not true? I realize here I am now speaking of a wider — wider universe than just RFK Jr. But as a journalist, I mean, how do you handle things that — when they get repeated and you know them to be untrue, at least in the health care realm?

Karlin-Smith: I mean, I really like the thing that Vice mentioned, and I think maybe Jay Rosen, who’s a journalism professor at NYU [New York University], he might be the person that sort of coined this, I’m not sure — this, like, “truth sandwich” idea, where you make sure you sort of start with what is true, in the middle you put the sort of — this is what the false claim of X person — and then you go back to the truth. Because I think that really helps people grasp onto what’s true, versus a lot of times you see the coverage starts with the lie or the falsehood. And I think sometimes people might even just see that headline or just see the little bit of what’s correct and never make it to the truth. And I understand some of the decisions by the news outlets that decided not to air these segments and just didn’t want to deal with the topic. But then I guess I thought they did make a good point that then you let somebody like Kennedy say, “Oh, they’re suppressing me, they’re deliberately hiding this information.” So the Vice argument was that this truth sandwich idea kind of gets you in a better … [unintelligible]. And again, as journalists, our job is not to suppress what politicians are saying. People should know what these people claim, because that is what the positions they stand for. But it’s figuring out how to add the context and be able to, you know, in real time if you need to, fact-check it.

Rovner: I confess, over the years I have been guilty of the CNN thing of just not bringing it up and hoping it doesn’t come up. But then, I mean, it’s true, the worst-case scenario — probably not going to happen with somebody running for president — but I think we’ve discovered all these people running for lower offices, that they get elected, you don’t talk about the controversial things and then you discover that you have a legislator in office who literally believes that the Earth is flat. There are — can Google that. So if these things aren’t aired, then there’s no way for voters to know. Anybody else have a personal or organizational rule for how to handle this sort of stuff?

Ollstein: I think there can be smart decisions about when to let someone say in their own voice what they believe versus saying as the news organization, “In the speech, he spent X minutes advancing the discredited assertion of blah, blah, blah, blah, blah,” and not just handing over the platform for them to share the misinformation.

Rovner: Yeah, I just want the audience to know that we do think seriously about this stuff. We are not just as sort of blithe as some may believe. All right. Well, that is this week’s news. Now, we will play my interview with Aneri Pattani, and then we will come back with our extra credits. I am pleased to welcome back to the podcast my colleague Aneri Pattani, who is here to talk about her investigation into where those billions of dollars states are getting in pharmaceutical industry settlements for the opioid crisis are actually going. Aneri, I am so glad to have you back.

Aneri Pattani: Thanks so much for having me.

Rovner: So let’s start at the beginning. How much money are we talking about? Where’s it coming from, and where is it supposed to be going?

Pattani: So the money comes from companies that made, distributed, or sold opioid painkillers. So these are places like Purdue Pharma, AmerisourceBergen, Walgreens, and a bunch of others. They were all accused of aggressively marketing the pills and falsely claiming that they weren’t addictive. So thousands of states and cities sued those companies. And rather than go through with all the lawsuits, most of the companies settled. And as a result, they’ve agreed to pay out more than $50 billion over the next 15 or so years. And the money is meant to be used on opioid remediation, which is a term that means basically anything that addresses or fixes the current addiction crisis and helps to prevent future ones.

Rovner: So the fact is that many or most states — we don’t actually know where this money is going or will go in the future because that information isn’t being made public. How is that even legal, or, I guess it’s not public funds, but it’s funds that are being obtained by public entities, i.e., the attorneys general.

Pattani: Yeah, a lot of people feel this way. But the thing is, the national settlement agreements have very few requirements for states to publicly report how they use the money. In fact, the only thing that’s in there that they’re required to report is when they use money for non-opioid purposes. And that can be at most 15% of the total funds they’re getting. And that reporting, too, is on an honor system. So if a state doesn’t report anything, then the settlement administrators are supposed to assume that the state used all of its money on things related to the opioid crisis. Now, states and localities can enact stricter requirements. For example, North Carolina and Colorado are two places that have created these public dashboards that are supposed to show where the money goes, how much each county gets, how the county spends it. But honestly, the vast majority of states are not taking steps like that.

Rovner: So for people of a certain age, this all feels kind of familiar. In the late 1990s, a group of state attorneys general banded together and sued the tobacco companies for the harm their products had done to the public. They eventually reached a settlement that sent more than $200 billion to states over 25 years, so that money is only just now running out. But it didn’t all get used for tobacco cessation or even public health, did it?

Pattani: No. In fact, most of it didn’t get used for that. The Campaign for Tobacco-Free Kids, which has been tracking that tobacco settlement money for years, found that about only 3% of the money goes to anti-smoking programs a year. The rest of it has gone towards plugging state budget gaps, infrastructure projects like paving roads, or, in the case of North Carolina and South Carolina, the money even went to subsidizing tobacco farmers.

Rovner: Great. Given the lessons of the tobacco settlement, how do the attorneys general in this case try to make sure that wasn’t going to happen? I mean, was it just by requiring that that non-opioid-related money be made public?

Pattani: So they have added some specific language to the settlements that they point to as trying to avoid, you know, the, quote, “tobacco nightmare.” Essentially, the opioid settlements say that at least 85% of the money must be spent on opioid remediation. Again, that term — that’s like things that stop and prevent addiction. And there’s also a list included at the end of the settlement, called Exhibit E, with potential expenses that fall under opioid remediation. That’s things like paying for addiction treatment for people who don’t have insurance or building recovery housing or funding prevention programs in schools. But the thing is, that list is pretty broad and it’s nonexhaustive, so governments can choose to do things that aren’t on that list, too. So there are guidelines, but there’s not a lot of hard enforcement to make sure that the money is spent on these uses.

Rovner: So, as you’ve pointed out in your reporting, it’s not always simple to determine what is an appropriate or an inappropriate use of these settlement funds, particularly in places that have been so hard-hit by the opioid crisis and that it affects the entire economy of that state or county or city. So tell us what you found in Greene County, Tennessee. That was a good example, right?

Pattani: Yeah, Greene County is an interesting place. And what I learned is happening there is actually, you know, repeating in a lot of places across the country. So Greene County, it’s an Appalachian county, it’s been hard-hit. It has a higher rate of overdose deaths than the state of Tennessee overall or even the country. But when the county got several million dollars in opioid settlement funds, it first put that money towards paying off the county’s debt. And that included putting some money into their capital projects fund, which was then used to buy a pickup truck for the sheriff’s office. So a lot of folks are looking at that, saying, “That’s not really opioid-related.” But county officials said to me, you know, this use of the money makes sense, because the opioid epidemic has hurt their economy for decades; it’s taken people out of the workforce, it’s led to increased costs for their sheriff’s office and their jail with people committing addiction-related crimes, it’s hurt the tax base when people move out of the county. So now they need that money to pay themselves back. Of course, on the other hand, you have advocates and people affected by the crisis saying, “If we’re using all the money now to pay back old debts, then who’s addressing the current crisis? People are still dying of overdoses, and we need to be putting the opioid settlement money towards the current problem.”

Rovner: So I suppose ideally they could be doing both.

Pattani: I think that’s the hard thing. Although $54 billion sounds like a lot of money, it’s coming over a long period of time. And so at the end of the day, it’s not enough to fund every single thing people want, and there is a need for prioritization.

Rovner: So I know part of your project is helping urge local reporters to look into where money is being used in their communities. How is that going?

Pattani: It’s going well. I think it’s important because the money is not only going to state governments, but to counties and cities too. So local reporters can play a really big role in tracking that money and holding local officials accountable for how they use it. So I’m trying to help by sharing some of the national data sets we’re pulling together that can be used by local reporters. And I’ve also hopped on the phone with local reporters to talk about where they can go to talk to folks about this or finding story ideas. Some of the reporters I’ve spoken with have already published stories. There was one just a week ago in the Worcester Telegram from a student journalist, actually, in that area —

Rovner: Cool.

Pattani: — so there’s a lot of good coverage coming.

Rovner: I’m curious: What got you interested in pursuing this topic? I know you cover addiction, but this is the kind of reporting that can get really frustrating.

Pattani: It definitely can. But I think it’s what you said: As someone who’s been covering addiction and mental health issues for a while, kind of focusing on some of the problems and the systemic gaps, when I learned that this money was coming in, it was exciting to me too, like, maybe this money will be used to address the issues that I’m often reporting on, and so I want to follow that and I want to see if it delivers on that promise.

Rovner: So what else is coming up in this project? I assume it’s going to continue for a while.

Pattani: Yes. So this will be a yearlong project, maybe even more, because, as I said, the funds are coming for a long time. But essentially the next few things I’m looking at, I have a big data project looking at who sits on opioid settlement councils. These are groups that advise or direct the money in different states and, you know, may represent different interests. And then we’re going to be looking at some common themes in the ways different states are using this money. So a lot of them are putting it towards law enforcement agencies, a lot of them are putting them toward in-school prevention programs, and taking a look at what the research tells us about how effective these strategies are or aren’t.

Rovner: Well, Aneri Pattani, thank you so much, and we will post links to some of Aneri’s work on the podcast homepage at kffhealthnews.org and in this week’s show notes. Thanks again.

Pattani: Thank you so much.

Rovner: OK, we’re back and it’s time for our extra credit segment. That’s when we each recommend a story we read this week we think you should read too. As always, don’t worry if you miss it. We will post the links on the podcast page at kffhealthnews.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Sarah, why don’t you go first this week?

Karlin-Smith: Sure. I looked at a piece in The New York Times called “Heat Wave and Blackout Would Send Half of Phoenix to E.R., Study Says,” by Michael Levenson. And it’s just really sort of a horrifying piece where researchers were sort of able to model the impact of the growing frequency of heat waves due to climate change, and obviously, the U.S. had some electric grid stability issues, and just the disconnect between the amount of hospital beds and people that would be able to care for people in a very hot city due to, you know, heat waves without being able to access air conditioning and other cooling methods. And the amount of people that would be hospitalized or die or just wouldn’t have a hospital bed. The one thing I did think was sort of positive is the piece does have some suggestions, and some of them are fairly simple that could really change the degrees in cities in relevant ways, like planting more trees in particular areas, and often this affects sort of — the poorest areas of cities tend to be the ones with less trees — or, you know, changing colors or the material on roofing. So as much as sometimes I think climate change becomes sort of such an overwhelming topic where you feel like you can’t solve it, I think the one nice thing here is it does sort of show, like, we have power to make the situation better.

Rovner: We can perhaps adapt. Alice.

Ollstein: I picked a upsetting piece but really good investigation from Reuters by Michael Berens. It’s called “How Doctors Buy Their Way out of Trouble.” It’s about doctors who are charged federally with all kinds of wrongdoing, including operating on patients who don’t need to be operated on for profit and having a pattern of doing so. And it’s about how often these cases settle with federal prosecutors and the settlement allows them to keep practicing, and the settlement money goes to the government, not to the victims. And often the victims aren’t even aware that the settlement took place at all. And new patients are not aware that the doctor they may be going to has been charged. And so it’s a really messed up system and I hope this shines a light on it.

Rovner: Rachel.

Cohrs: All right. So mine is from ProPublica, and the headline is, “In the ‘Wild West’ of Outpatient Vascular Care, Doctors Can Reap Huge Payments as Patients Risk Life and Limb,” by Annie Waldman. And I think I found this story timed really well kind of as lawmakers do start to talk a little bit more about incentives for patients to be seen in a hospital versus in more physician offices. And certainly there are cost reasons that that makes sense for some procedures. But I think this story does a really good job of kind of following one doctor, who I think, similar to kind of the story Alice was talking about, you know, was taking advantage of these inflated payments that were supposed to incentivize outpatient treatment to perform way more of these procedures than patients needed. And so I think it’s just important, a cautionary tale about the safeguards that could be necessary, you know, if more of this care is provided elsewhere.

Rovner: Yeah, I think these two stories are very good to be read together. My story this week is from our fellow podcast panelist Joanne Kenen for KFF Health News. It’s called “Remote Work: An Underestimated Benefit for Family Caregivers,” and it’s about how the U.S., still one of the few countries without any formal program for long-term care, that most of us will need at some point, has accidentally fallen into a way to make family caregiving just a little bit easier by letting caregivers do their regular jobs from home, either all the time or sometimes. While many, if not most, employers have policies around childbirth and child care, relatively few have benefits that make it easier for workers to care for other sick family members, even though a fifth of all U.S. workers are family caregivers. More flexible schedules can at least make that a little easier and possibly prevent workers from quitting so that they can provide care that’s needed. It’s no substitute for an actual national policy on long-term care, but it’s a start, even if an accidental one. OK, that is our show for this week. As always, if you enjoy the podcast, you can subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review; that helps other people find us, too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying. And next week is our 300th episode. If all goes as planned, we’ll have something special, so be sure to tune in. As always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth@kff.org. Or you can tweet me. I’m still there. I’m @jrovner. Sarah?

Karlin-Smith: I’m @SarahKarlin.

Rovner: Alice.

Ollstein: @AliceOllstein.

Rovner: Rachel.

Cohrs: @rachelcohrs.

Rovner: We will be back in your feed next week. Until then, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KFF Health News’ ‘What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

At best, a Colorado panel of medical and pharmacy experts seeking to cut the costs of expensive drugs will be able to help only one of them.

Starting this summer, the state’s Prescription Drug Affordability Board will choose up to 18 high-cost drugs for review over the next three years to determine if the medications are unaffordable and whether to cap what health plans and consumers pay for them.

But with hundreds of expensive drugs to choose from, the board members face tough decisions about who will get help now and who will have to wait.

Do they tackle drugs with extremely high costs taken by only a handful of patients, or drugs with merely very high costs taken by a larger group? Should they consider only out-of-pocket costs paid by consumers, such as for insulin, whose copays Colorado caps at $50 a month, or the total cost of the drug to the health system? Will they weigh only drug prices, or will they try to right social wrongs with their choices?

And what does “affordable” even mean?

“That question alone is a lot harder to answer than it might seem at face value,” said Jennifer Reck, project director for the National Academy for State Health Policy’s Center for State Prescription Drug Pricing. “You immediately get into how utterly complex our drug supply chain is, how opaque it is, how many different prices there are,” she said.

Maryland was the first state to establish a drug affordability board in 2019, but funding challenges and the pandemic have slowed its progress. Colorado passed a bill creating its board in 2021 and has already moved ahead of Maryland in the process. Washington followed in 2022 but is still in its early phases of implementation.

Maine, New Hampshire, Ohio, and Oregon have also established boards, but they lack the power to limit drug payments. And at the federal level, the Inflation Reduction Act of 2022 included a provision requiring the Health and Human Services secretary to negotiate prices with drug companies for a small number of the most costly medications covered by Medicare.

It’s taken years for the Colorado and Maryland board members to create all the rules and regulations to govern their work before getting to the point of looking at specific drugs.

“It’s just a long, tortuous government process to get things up and running,” said Gerard Anderson, a professor of health policy and management at Johns Hopkins University, and a member of Maryland’s board. “You basically have to dot every ‘i’ and cross every ‘t’ in order not to get sued.”

Setting Priorities

On May 12, Colorado released its first list of hundreds of drugs eligible for review, mostly because they each cost more than $30,000 for a course of treatment. Next month, they’ll release a dashboard ranking those drugs according to the board’s priorities. The dashboard can also be used to examine which drugs have the highest price tags, which have had the largest increases in price, and which the state spends the most on. That would allow the board to begin affordability reviews this summer and set payment limits for the first four to eight drugs sometime in 2024. But board members will first have to set their priorities, and those could change from year to year.

“Maybe one year we focus on the impact to the system, and another year we focus on out-of-pocket costs, and one year we focus on a lifesaving drug that has smaller utilization,” said Lila Cummings, director of the Colorado board.

Such approaches could pit one group of patients against others looking for cost relief. But Cummings said not all groups are eager to see payment limits.

“Some of them said, ‘We want the board to focus on our drugs,’ and others said, ‘Please leave us alone,’” she said.

That reluctance likely reflects the close ties that some patient groups have with the manufacturers of their medications, including receiving funding from the drugmakers.

“We have seen cases in public hearings — it seems counterintuitive or surprising — where a patient group, instead of being thrilled that they might have access to the drugs at a lower price, instead are arguing against upper payment limits,” Reck said. “But in most cases, there’s a pretty clear financial connection to drug manufacturers.”

Maryland has also received input from patient groups as it finalizes its regulations.

“So far it has not been, ‘Pick me! Pick me! Pick me!’” Anderson said. But that could change once the Maryland board begins its affordability reviews this fall.

The drug that Garcia, 47, of Denver, takes did not make the board’s list. Diagnosed with four bleeding disorders, including von Willebrand disease, he needs the medication Humate-P, made by CSL Behring, to replace one of the clotting factors missing in his blood. This winter, driving home from his job at the airport, Garcia hit a patch of black ice, spun out, and careened into a concrete barrier at 75 mph. He needed the expensive medication every day for the first five days after the accident, and then every other day for a full month.

“It’s not like I can just sit there and say no to this medication, because my bleeds get so bad,” he said.

According to Perry Jowsey, executive director of the National Hemophilia Foundation’s Colorado chapter, about 300 to 400 individuals are being treated for von Willebrand disease in Colorado. That’s far fewer than the roughly 10,000 Coloradans with MS or the 74,000 who manage their diabetes with insulin.

“In my shoes, I would target what would help the most people,” Garcia said. “You have to find a balance, especially starting out. You’re not going to be able to help everyone.”

The Colorado and Maryland boards will rely on data from state databases that show how much various public and private health plans pay for drugs. That data, however, doesn’t capture what uninsured patients pay, and it doesn’t give any insight into how much manufacturers pay for research and development.

“The goal is not to stifle innovation,” Anderson said. “But we can’t get any public data, so we have to ask the pharmaceutical industry, and they’re not required to give us the data.”

The boards want to ensure that patients like Reitzel still have access to new and better therapies. Reitzel, 38, of Highlands Ranch, was diagnosed with multiple sclerosis in 2008 and has switched medications several times seeking one whose side effects she could tolerate. “They’re all terrible in their own special way,” she said.

In 2021, she began taking a relatively new drug from Biogen and Alkermes called Vumerity, which was included on Colorado’s list of eligible drugs. But the cost of a three-month supply was nearly $24,000, including a copay of more than $7,000. Biogen provides up to $20,000 in annual copay assistance through a debit card she can use at the pharmacy. But now her health plan no longer credits those payments toward her deductible. It makes it almost impossible for her to meet the $25,000 out-of-pocket maximum under her plan.

“Primarily for this reason, I am no longer taking any medication,” Reitzel said, “and have to only hope my disease does not progress.”

Colorado legislators passed a bill to require health plans to count copay assistance programs toward patients’ deductibles for drugs with no generic equivalents, but that provision does not take effect until 2025.

Insulin as an Outlier?

Just a couple of years ago, insulin may have been a higher priority for drug affordability boards, but now it’s not so clear. Both Colorado and Maryland have established insulin copay caps that provide pocketbook relief, at least for patients with coverage. And manufacturers are making their own moves to lower insulin prices. That could prompt the boards to bypass insulin and concentrate their limited resources on other high-cost drugs.

Copay caps do not lower the actual cost of insulin but instead spread it among members of the health plan through higher premiums. The Colorado copay caps don’t help new state residents and initially did not help those without insurance, either. Both of those hurdles would have applied to Marquez-Farmer when she moved from California to Colorado Springs a couple of years ago.

“I got married to my husband during covid because I didn’t have insurance,” she said. “I loved him, and it all worked out, but a big reason for me to marry him was because I would not be able to afford insulin.”

Marquez-Farmer, 34, said that while insulin may not be the most expensive drug on the market, many Coloradans, particularly those from marginalized communities who have higher rates of diabetes, struggle to afford it.

“I’m not saying the other medicines are not important, because obviously they are,” she said. “The reality is there’s more people who are being affected by not being able to afford their insulin and a lot of people who are dying because of them rationing insulin.”

Andrew York, executive director of the Maryland board, said the payment limits should be viewed as a last resort, a tool that can be used when other cost-control measures haven’t worked.

“The goal is for folks to never be able to say that they can’t afford their insulin. And I think we may get there soon enough just because of how much is happening in that space,” he said. “So if that’s the case, then maybe boards don’t need to use the upper payment limit tool.”

At least one form of insulin was included on Colorado’s list of drugs eligible for review, but not the most commonly taken brand-name insulins. That precludes the Colorado board from addressing insulin costs more broadly.

The pharmaceutical industry has pushed back against the concept of payment limits, warning that drugmakers could pull out of states that set payment limits.

“The boards are acutely aware of this discussion point. The interest and the purpose of these boards is to increase access to the drugs, not decrease it,” York said. “But there’s kind of this game theory element of: How will manufacturers react?”

Reck discounted the notion that a payment limit would prompt a manufacturer to abandon a profitable market.

“Unfortunately, it’s kind of a scary message and it can be impactful on patients,” she said.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Cuando los antepasados de John Mestas se mudaron a Colorado hace más de 100 años para criar ovejas en el Valle de San Luis, “llegaron al paraíso”, contó.

“Había tanta agua que pensaron que nunca se acabaría”, dijo Mestas refiriéndose a la región agrícola en la cabecera del río Grande.

Ahora, décadas de sequía impulsada por el cambio climático, combinada con la sobre explotación de los acuíferos, están dejando al valle desesperadamente seco, y parece estar intensificando los niveles de metales pesados en el agua potable.

Al igual que un tercio de las personas que viven en este desierto alpino de gran altitud, Mestas depende de un pozo privado que extrae agua de un acuífero para beber. Y, al igual que muchos agricultores de la zona, usa la misma fuente para regar la alfalfa que alimenta a sus 550 vacas.

“Aquí, el agua lo es todo”, dijo.

Mestas, de 71 años, ahora es uno de los cientos de propietarios de pozos que participan en un estudio que aborda la pregunta: ¿Cómo afecta la sequía no solo a la cantidad, sino también a la calidad del agua?

El estudio, dirigido por Kathy James, profesora asociada en la Escuela de Salud Pública de Colorado, se centra en el arsénico en los pozos privados de agua potable. El arsénico, un carcinógeno que se encuentra naturalmente en el suelo, ha estado apareciendo en niveles crecientes en el agua potable del valle, según James.

En California, México y Vietnam, las investigaciones han relacionado el aumento de los niveles de arsénico en el agua subterránea con la sequía y la sobre explotación de los acuíferos.

A medida que el oeste lucha contra una mega sequía que ha durado más de dos décadas y los estados corren el riesgo de recortes en el agua del menguante río Colorado, el Valle de San Luis ofrece pistas sobre lo que el futuro puede deparar.

A nivel nacional, alrededor de 40 millones de personas dependen de pozos domésticos, estimó Melissa Lombard, investigadora en hidráulica del U.S. Geological Survey. Nevada, Arizona y Maine tienen el mayor porcentaje de usuarios de pozos domésticos —que oscilan entre aproximadamente un cuarto y una quinta parte de estos usuarios—, que utilizan agua con niveles elevados de arsénico, según encontró en un otro estudio.

Durante la sequía, el número de personas en los Estados Unidos continental expuestas a niveles elevados de arsénico en pozos domésticos podría aumentar de aproximadamente 2,7 millones a 4,1 millones, estimó Lombard utilizando modelos estadísticos.

Se ha comprobado que el arsénico afecta la salud a lo largo de la vida, comenzando con los espermatozoides y los óvulos, explicó James. Incluso una pequeña exposición, acumulada a lo largo de la vida de una persona, es suficiente para causar problemas de salud, agregó.

En un estudio anterior en el valle, James encontró que la exposición de por vida a niveles bajos de arsénico inorgánico en el agua potable, entre 10 y 100 microgramos por litro (µg/L), estuvo relacionada con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Otras investigaciones han vinculado la exposición crónica a niveles bajos de arsénico con hipertensión, diabetes y cáncer.

Las mujeres embarazadas y los niños corren un mayor riesgo de sufrir daños.

La Organización Mundial de la Salud establece el límite recomendado de arsénico en el agua potable en 10 µg/L, que también es el estándar de los Estados Unidos para los suministros públicos de agua. Pero las investigaciones han demostrado que, incluso a 5 µg/L, el arsénico está relacionado con tasas más altas de lesiones en la piel.

“Creo que es un problema del que mucha gente no está consciente”, dijo Lombard. “El cambio climático probablemente afectará la calidad del agua”, dijo, pero se necesita más investigación para comprender cómo y por qué.

Un foco de esperanza

El Valle de San Luis, que ha sido sede de una gran cantidad de investigación e innovación, es el lugar ideal para explorar esas preguntas, y posibles soluciones.

Conocido por sus impresionantes vistas montañosas y la cercanía al Parque y Reserva Nacional Great Sand Dunes, el valle abarca una región aproximadamente del tamaño de Massachusetts, convirtiéndolo en el valle alpino más grande de América del Norte.

Rico en herencia indígena, mexicana y española, contiene 500,000 acres de tierra de riego que producen papas, alfalfa para forraje y cebada para la cerveza de Coors. Es hogar de casi 50,000 personas, muchas de ellas trabajadores agrícolas y aproximadamente la mitad de ellas hispanas.

También es un lugar desafiante para vivir: los condados aquí se encuentran entre los más pobres del estado, y las tasas de diabetes, enfermedad renal y depresión son altas.

Dado que llueve muy poco, aproximadamente 7 pulgadas al año en promedio, los agricultores dependen de dos grandes acuíferos y de las cabeceras del río Grande, que continúa hacia México. El deshielo de las imponentes cordilleras de Sangre de Cristo y San Juan recarga el suministro cada primavera.

Sin embargo, a medida que el clima se calienta, hay menos nieve y el agua se evapora más rápidamente de lo normal tanto del suelo como de los cultivos. “Esta comunidad entera, esta cultura, se construyó en torno a la agricultura de riego”, dijo Cleave Simpson, senador estatal de Alamosa, republicano y agricultor de cuarta generación.

Pero desde 2002, el acuífero no confinado del valle ha perdido 1 millón de acres-pie de agua, o suficiente para cubrir 1 millón de acres de tierra con un pie de agua de profundidad, debido a la sequía persistente y el uso excesivo. Ahora las comunidades del valle enfrentan una fecha límite para reponer el acuífero, o enfrentar el cierre estatal de cientos de pozos de riego.

“Estamos una década adelante de lo que está sucediendo en el resto de Colorado” debido a la intensidad de la escasez de agua, dijo Simpson, quien administra el Río Grande Water Conservation District.

“Esto ya no es una sequía, esto es realmente la desertificación del Oeste“, dijo Simpson. Así es como los científicos describen una tendencia a largo plazo hacia la sequedad y aridez persistentes que solo puede detenerse abordando el cambio climático causado por los humanos.

James, quien es epidemióloga e ingeniera, ha estado estudiando las conexiones entre el clima y la salud en el valle durante los últimos 15 años. Descubrió que durante las tormentas de polvo en el Valle de San Luis, que se han vuelto más frecuentes, más personas llegan al hospital por ataques de asma. Y ha encuestado a los trabajadores agrícolas sobre cómo la sequía está afectando su salud mental.

En el estudio de los pozos domésticos, James se está centrando en el arsénico, que según dijo ha ido aumentando gradualmente en los pozos de agua potable del valle en los últimos 50 años. Los niveles de arsénico en el agua subterránea del Valle de San Luis son “considerablemente más altos que en muchas otras áreas de los Estados Unidos”, según James. También está investigando las disparidades étnicas, ya que un estudio mostró que los adultos hispanos tenían niveles más altos de arsénico en su orina que los adultos blancos no hispanos. (Las personas hispanas pueden ser de cualquier raza o combinación de razas).

Ahora, James tiene como objetivo analizar 1,000 pozos privados en el valle para explorar las conexiones entre la sequía, la calidad del agua y la salud. Hasta ahora, dijo que una pequeña proporción de los pozos muestra niveles elevados de metales pesados, incluyendo arsénico, uranio, tungsteno y manganeso, que se encuentran naturalmente en el suelo.

A diferencia de los suministros públicos de agua, los pozos domésticos privados no están regulados y pueden pasar años sin ser analizados. James ofrece pruebas de agua gratuitas y consultas sobre los resultados a los participantes. En el condado de Conejos, la hija de John Mestas, Angie Mestas, aprovechó la oportunidad de hacer una prueba gratuita, que costaría $195 en un laboratorio local.

Angie, maestra de 35 años, dijo que utilizó los ahorros de toda una vida para perforar un pozo de agua potable en su terreno, un campo abierto de hierba chamisa con vistas panorámicas a las Colinas de San Luis. Pero no beberá de este pozo hasta que se realicen pruebas de arsénico y E. coli, que son comunes en la zona.

Mientras espera los resultados de las pruebas, ha estado llevando barriles de agua de 5 galones desde la casa de su padre cada vez que pasa el fin de semana en su nueva carpa.

Amenaza sin olor ni color

Mientras tanto, Julie Zahringer, cuya familia se estableció en el valle desde España hace casi 400 años, ha estado observando las tendencias de calidad del agua de primera mano.

Zahringer, de 47 años, creció conduciendo un tractor en el rancho de su abuelo cerca de San Luis, la ciudad más antigua de Colorado, y pasó tiempo en el laboratorio con su madre, que es científica.

Como química y directora de laboratorio de SDC Laboratory en Alamosa, Zahringer analiza el agua potable privada y pública en el valle. Estimó que el 25% de los pozos privados analizados por su laboratorio muestran niveles elevados de arsénico. “Es incoloro, es inodoro”, dijo Zahringer. “La mayoría de las familias no saben si están bebiendo arsénico”.

Para ella, el vínculo con el clima parece claro: durante los períodos de sequía, un pozo que normalmente tiene alrededor de 10 µg/L de arsénico puede fácilmente duplicar o triplicar su concentración, dijo. Una posible razón es que hay menos agua para diluir los contaminantes naturales del suelo, aunque también intervienen otros factores.

Dijo que los niveles de arsénico solían ser bastante estables, pero después de 20 años de sequía, fluctúan de manera descontrolada.

“Ahora, cada vez más rápido, veo el mismo pozo que analicé hace tres años, y ni siquiera parece el mismo” porque los niveles de contaminantes han aumentado tanto, dijo Zahringer, quien también es miembro de la Comisión de Control de Calidad del Agua de Colorado.

En su propio pozo de agua potable, el nivel de arsénico aumentó de 13 a 20 µg/L este año, dijo.

Las observaciones de Zahringer son importantes historias de primera mano. James tiene como objetivo explorar, en un estudio científico riguroso con una muestra representativa de pozos y datos geoquímicos extensos, la prevalencia del arsénico y su conexión con la sequía.

La investigación todavía se encuentra en etapas iniciales, pero los científicos tienen varias hipótesis sobre cómo la sequía podría afectar el arsénico en el agua potable. En el Valle de San Joaquín, un importante centro agrícola en California, la investigación liderada por el experto en hidráulica Ryan Smith relacionó el aumento de arsénico en las aguas subterráneas con el “hundimiento del terreno”, un fenómeno documentado por primera vez en Vietnam.

El hundimiento del terreno, cuando el suelo se hunde debido a la sobreexplotación de los acuíferos, parece liberar arsénico de la arcilla hacia el agua, dijo Smith, profesor asistente de la Universidad Estatal de Colorado. En California, la sobreexplotación estaba fuertemente correlacionada con la sequía, agregó.

Sin embargo, otros factores, como la profundidad de un pozo, también juegan un papel: otro estudio del mismo sistema de acuíferos en California encontró que mientras el arsénico aumentaba en las aguas subterráneas más profundas, disminuía en las aguas más superficiales debido, en parte, a la oxidación.

Smith está trabajando ahora con James en el estudio del Valle de San Luis, donde espera que una gran cantidad de datos geoquímicos brinden más respuestas. Mientras tanto, los líderes comunitarios en el valle se están adaptando de formas impresionantes e innovadoras, dijo James.

Zahringer dijo que si el arsénico aparece en un pozo privado, anima a los clientes a instalar un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa en el fregadero de la cocina. El equipo cuesta alrededor de $300 con un proveedor externo, aunque los filtros que cuestan menos de $50 pueden necesitar cambiarse cada seis a 18 meses, dijo.

Aquellas personas que tratan su agua para eliminar el arsénico deben seguir realizando pruebas cada seis meses para asegurarse de que los filtros sean efectivos, agregó Zahringer. SDC Laboratory ofrece una prueba de arsénico por $25.

“A las personas no les gusta analizar el agua porque sabe bien y sus abuelos la bebían”, dijo. Pero “la solución es tan fácil”.

Una campaña de calidad del agua en 2009, liderada por el Consejo del Ecosistema del Valle de San Luis, también encontró niveles elevados de arsénico en los pozos a lo largo del valle. Como parte de sus actividades, la organización sin fines de lucro trabajó con agentes inmobiliarios para asegurarse de que los pozos domésticos sean analizados antes de que alguien compra una casa.

Eso es lo que hizo Sally Wier cuando compró una casa hace cinco años en una parcela de 8 acres en el condado de Rio Grande, rodeada de campos de cebada y alfalfa. La primera vez que probó su pozo, el nivel de arsénico era de 47 µg/L, casi cinco veces más del límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Wier instaló un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa, pero dijo que el nivel de arsénico aumenta antes de que cambie los filtros cada pocos meses.

“Me pone muy ansiosa”, dijo Wier, de 38 años. “Probablemente estoy ingiriendo arsénico. Eso no es bueno para la salud a largo plazo”.

Wier es una de muchas personas que trabajan en soluciones innovadoras para la escasez de agua. Como gerente de proyectos de conservación en Colorado Open Lands, trabajó en un acuerdo mediante el cual se le pagó a un agricultor local, Ron Bowman, para que dejara de regar su granja de 1,800 acres. Según Wier, este acuerdo marca la primera vez en el país que se utiliza un acuerdo de uso de conservación para salvar agua subterránea y reponer acuíferos.

Canalizando dinero hacia una solución

En el condado de Costilla, el Move Mountains Youth Project ha estado pagando a agricultores locales, a través de una subvención gubernamental, para que conviertan una parte de sus tierras en cultivos de vegetales en lugar de cultivos de alfalfa que requieren mucha agua.

Los agricultores luego entrenan a los jóvenes para cultivar brócoli, espinaca y frijoles bolita, que se venden en una tienda de comestibles local. El proyecto tiene como objetivo fomentar la próxima generación de agricultores y “combatir la diabetes” al proporcionar alimentos cultivados localmente, dijo la directora ejecutiva Shirley Romero Otero.

Su grupo trabajó con tres agricultores el verano pasado y planea hacerlo con siete esta temporada, si hay suficiente agua disponible, contó.

En otro esfuerzo, agricultores como los Mestas se están gravando a sí mismos para extraer agua de sus propios pozos de riego. Y Simpson, del Distrito de Conservación del Agua del Río Grande, recientemente aseguró $30 millones en fondos federales para apoyar la conservación del agua. El plan incluye pagar a los agricultores $3,000 por acre-pie de agua para retirar permanentemente sus pozos de riego.

Dado que el arsénico no se limita a los pozos privados, también han respondido las agencias públicas: la ciudad de Alamosa construyó una nueva planta de tratamiento de agua en 2008 para cumplir con los estándares federales de arsénico.

En 2020, el estado de Colorado demandó a una granja de hongos en Alamosa por exponer a sus trabajadores al arsénico presente en el agua de grifo.

En la comunidad de casas móviles High Valley Park en el condado de Alamosa, un pozo que abastece a 85 personas ha excedido los niveles legales de arsénico desde 2006, cuando EPA endureció su estándar de 50 a 10 µg/L. En la prueba más reciente en febrero, la concentración fue de 19 µg/L.

En una tarde de abril, cuatro niños saltaban en un trampolín y se perseguían unos a otros alrededor de un árbol. “Tío, tengo sed y no quedan botellas de agua”, dijo uno de los niños, sin aliento.

El pozo abastece a 28 hogares. Sin embargo, los inquilinos de cinco viviendas han afirmado que no han estado bebiendo el agua durante años, no por el arsénico, del cual algunos no estaban conscientes, sino porque el agua a menudo sale de color marrón.

Eduardo Rodríguez, de 29 años, quien trabaja en excavación, dijo que compra dos cajas de botellas de agua cada semana para su esposa y sus cinco hijos.

“Esto debe arreglarse”, afirmó.

“El agua es terrible”, coincidió Craig Nelson, de 51 años, quien ha vivido en el parque de casas móviles durante dos años. “No se puede tomar”. Debido a que el pozo abastece al menos a 25 personas, está regulado por el estado.

El propietario del terreno, Rob Treat, de Salida, compró la propiedad en febrero de 2022 por casi medio millón de dólares. Cumplir con los estándares federales en cuanto al contenido de arsénico ha sido difícil, afirmó, porque sus niveles fluctúan cuando los agricultores cercanos extraen agua del acuífero para regar sus cultivos.

Treat estaba utilizando cloro para convertir un tipo de arsénico en una forma más tratable. Sin embargo, si agregaba demasiado cloro, esto creaba subproductos tóxicos, lo cual también llamó la atención de los reguladores. Bajo presión del estado, comenzó a mejorar el sistema de tratamiento de agua en mayo, con un costo de $150,000. Para cubrir los gastos, planea aumentar el alquiler mensual de $250 a $300 por lote.

“Si el estado se mantuviera al margen”, se quejó, “podríamos proporcionar viviendas asequibles”.

Mientras tanto, John Mestas aún está esperando los resultados de su pozo de agua potable.

Cuando regresa de viajar para administrar su rebaño de ganado, “lo primero que hago cuando entro a la casa es beber dos vasos de agua”, dijo. “Eso es lo que extraño, mi agua y mis perros. Saltan sobre mí mientras tomo mi agua. No sé quién está más feliz, si yo bebiendo el agua o ellos saltando”.

Este artículo fue apoyado por The Water Desk, una iniciativa de periodismo independiente con sede en el Center for Environmental Journalism de la Universidad de Colorado-Boulder.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host

Julie Rovner
KFF Health News

@jrovner

Read Julie's stories.

Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KFF Health News’ weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

The fate of the abortion pill mifepristone remains in jeopardy, as an appellate court panel during a hearing this week sounded sympathetic to a lower court’s ruling that the FDA should not have approved the drug more than two decades ago. No matter how the appeals court rules, the case seems headed for the Supreme Court.

Meanwhile, in the partisan standoff over raising the nation’s debt ceiling, a key sticking point has emerged: whether to add a work requirement to the state-federal Medicaid program. Republicans are adamant about adding one; Democrats point out that, in the few states that have tried them, red tape has resulted in eligible people wrongly losing their health coverage.

This week’s panelists are Julie Rovner of KFF Health News, Sandhya Raman of CQ Roll Call, Rachel Roubein of The Washington Post, and Victoria Knight of Axios.

Panelists

Sandhya Raman
CQ Roll Call

@SandhyaWrites

Read Sandhya's stories

Rachel Roubein
The Washington Post

@rachel_roubein

Read Rachel's stories

Victoria Knight
Axios

@victoriaregisk

Read Victoria's stories

Among the takeaways from this week’s episode:

• Hopes among abortion rights advocates for continued access to mifepristone dimmed as the three judges on the 5th Circuit Court of Appeals signaled they are skeptical of the FDA’s decades-old approval of the drug and of the Biden administration’s arguments defending it. Lawyers debated whether the Texas doctors challenging the drug had been harmed by it and thus had standing to sue. If the original ruling effectively revoking the drug’s approval is allowed to stand, the case could open the door to future legal challenges to the approval of controversial drugs.
• Two more states in the South are moving to restrict abortion, further cutting access to the procedure in the region. In North Carolina, a new Republican supermajority in the state legislature enabled the passage this week of a new, 12-week ban, as lawmakers in South Carolina consider a six-week ban.
• In Congress, the top Senate Republican said he will not back one senator’s months-long effort to hold up Pentagon nominations over a policy that supports troops and their dependents who must travel to other states to obtain an abortion.
• Envision Healthcare — which spent big in 2019 to fight legislation prohibiting some surprise medical bills — has filed for bankruptcy protection more than a year after the law took effect and cut into its bottom line. But a federal lawsuit from a group of emergency room physicians against Envision may move forward. The lawsuit claims the private equity-backed company is in violation of a California law banning corporate control of medical practices, and it could carry major consequences for the growing number of practices backed by private equity firms across the country.
• Monica Bertagnolli has been nominated to lead the National Institutes of Health. Currently the director of the National Cancer Institute, she will need to be confirmed by the Senate, which hasn’t confirmed an NIH chief since before the passage of the Affordable Care Act in 2010. Meanwhile, Sen. Bernie Sanders’ stewardship of a key health committee is causing delays on even bipartisan efforts.

Plus, for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: The Washington Post’s “A 150-Year-Old Law Could Help Determine the Fate of U.S. Abortion Access,” by Dan Diamond and Ann E. Marimow.

Victoria Knight: The New York Times’ “World Health Organization Warns Against Using Artificial Sweeteners,” by April Rubin.

Rachel Roubein: CBS News’ “Thousands Face Medicaid Whiplash in South Dakota and North Carolina,” by Arielle Zionts of KFF Health News.

Sandhya Raman: CQ Roll Call’s “A Year After Dobbs Leak, Democrats Still See Abortion Driving 2024 Voters,” by Mary Ellen McIntire and Daniela Altimari.

Also mentioned in this week’s episode:

KFF Health News’ “ER Doctors Vow to Pursue Case Against Envision Despite Bankruptcy,” by Bernard J. Wolfson.

click to open the transcript

Transcript: The Abortion Pill Goes Back to Court

KFF Health News’ ‘What the Health?’

Episode Title: The Abortion Pill Goes Back to Court

Episode Number: 298

Published: May 18, 2023

[Editor’s note: This transcript, generated using transcription software, has been edited for style and clarity.]

Julie Rovner: Hello and welcome back to “What the Health?” I’m Julie Rovner, chief Washington correspondent at KFF Health News. And I’m joined by some of the best and smartest health reporters in Washington. We’re taping this week on Thursday, May 18, at 10 a.m. As always, news happens fast and things might have changed by the time you hear this. So here we go. We are joined today via video conference by Rachel Roubein of The Washington Post.

Rachel Roubein: Hi. Thanks for having me.

Rovner: Victoria Knight of Axios.

Victoria Knight: Hi. Good morning.

Rovner: And Sandhya Raman of CQ Roll Call.

Sandhya Raman: Hi, and good morning, everyone.

Rovner: Lots and lots of health news this week, so we will dive right in. We’re going to start with abortion because there is so much breaking news on that front. On Wednesday, a three-judge panel of the 5th Circuit Court of Appeals in New Orleans held a hearing on the Biden administration’s appeal of a Texas ruling that the FDA was wrong when it approved the abortion pill mifepristone more than 22 years ago. The panel, which was randomly chosen from an already pretty conservative slate there in the 5th Circuit, appeared to be even more anti-abortion than most of the judges on that bench. So, Sandhya, you listened to this whole thing. What, if anything, did we glean from this hearing?

Raman: I think we gleaned a lot of things and a lot of things I think we have predicted from the start. I think going into this, looking at the various judges’ records, they have ruled on anti-abortion cases in the past in the favor of that. You take that in with a grain of salt. And from watching the arguments, it seemed like they were fairly skeptical of the challenge and FDA’s approval of mifepristone and the subsequent regulations. You could kind of see through the questioning the kinds of things that they were asking and just pretty skeptical of just a lot of the things that were being said by DOJ [the Department of Justice] and by Danco there yesterday. So —

Rovner: Yeah, we should say that the lawyer for the FDA had one sort of round of presentation and questions. And then the lawyer from Danco, the company that makes mifepristone, had another. And they were pretty tough on both of them.

Raman: Yeah, and I thought it was interesting because when we were listening to the arguments, the DOJ lawyer and the Danco lawyer were kind of arguing a lot of the time just that there shouldn’t be standing, that there isn’t necessarily proof in any of the filings that any of the doctors that that were suing have really had harm due to the FDA’s role. It was kind of down the road. I think one thing that Harrington, the judge for the DOJ, had said, that was the FDA approving a drug does not mean that anyone has to prescribe it, it does not mean anyone has to take it, that the fact that if you were treating someone after the fact, that’s a few steps down the line. And so that was kind of like a messaging thing that they were doing kind of over and over again. And then when we got to the Alliance Defending Freedom, which is representing the conservative doctors, Erin Hawley had said, you know, they are affected both physically and she said emotionally, which was interesting, kind of looking at that. And so it’ll depend on how the judges rule. I think that there were definitely some signs throughout the arguments about this not being as unprecedented and that the FDA is not untouchable in terms of the courts weighing in on regulation.

Rovner: If you were just listening to it, you didn’t sort of know all of this. And remember, these were two Trump-appointed judges and a George W. Bush-appointed judge who has a history of ruling in favor of anti-abortion efforts. But they were saying that, “Well, people sue the FDA all the time. You know, what’s the difference here?” Well, the difference here is nobody has ever sued the FDA saying that they were wrong to approve something 20 years ago. Nobody’s ever tried to get a drug taken off the market that way. There’s obviously lots of litigation against the FDA for the way it does some of its thing. I mean, it’s often little things and then people sue each other with the FDA caught in the middle — drugmakers and lots of patent suits. I was surprised that the appeals court judges took issue with what everybody I think acknowledges is a correct claim that this is unprecedented and this could open the door to other challenges to other drugs for any reason — you know, someone doesn’t like them. I mean, these doctors are not saying that they’ve prescribed this drug and women have taken it and had bad reactions. They’re saying that possibly, if someone takes it and has a bad reaction, that they would have to treat that person and that that would harm their conscience, even though, as the lawyers made it clear, no one has ever forced these doctors to take care of anyone against their conscience because there are already laws that protect against that. So it was very roundabout in a lot of ways.

Raman: I think one thing that they had mentioned was that, you know, some of the cases cited in the filings were, you know, someone had taken an imported version of a mifepristone, not the one that Danco made, and then someone else had been recommended not to take the drug but still took the drug and then had side effects related to that. But there is another thing that kind of stuck out to me, was when Judge [James] Ho had asked would the FDA adhere to whatever the final court decision was? And that was a little striking to me. And then the FDA had said, you know, we will. And they cited that they had signed an affidavit last year saying that they’re going to agree to whatever the final decision is. But there were a lot of parts of the case that were just very unusual compared to the other cases that I have watched on this or any other part of health care, I think.

Rovner: Although in fairness to the judges, I mean, there was — a lot of legal experts were saying that the FDA does have enforcement authority to determine what it’s going to enforce and what it isn’t. And Justice [Samuel] Alito, when he actually challenged the Supreme Court’s stay of the original ruling — Justice Alito questioned about whether FDA would even follow if this drug was deemed unapproved. So that’s at least been coming up as a discussion. Let’s move on because it could be weeks or even months before we hear back from this panel, and we will obviously keep watching it. There’s been plenty of action in the states, too, this week — not that surprising because it’s May and lots of state legislatures are wrapping up their sessions for the year. But we should point out that particularly North and South Carolina are acting on abortion because they’ve been two of the last states in the South where abortion had remained both legal and pretty much broadly available. That’s changing as of this week, though, isn’t it?

Roubein: That’s changing in North Carolina, for sure, after this week. The Republicans there have supermajorities as of April; a Democrat in the House switched to the Republican Party. And what they did there is they overrode a veto from Democratic Gov. Roy Cooper. And this new bill, which the main provisions go into effect July 1, will restrict abortions at 12 weeks in pregnancy. And now in South Carolina, it’s still a little bit to be determined. The House passed a bill last night which would restrict abortions after fetal cardiac activity’s detected — roughly six weeks. Now they’re sending that bill back to the Senate, which had already passed it. But they made some changes. And it’s not clear whether some of the Republican female senators who oppose a near-total ban will be in favor of these changes. So that one’s a bit up in the air.

Rovner: And obviously, the 12 weeks in North Carolina is going to be important because there are a lot of women coming from other states now to North Carolina and clinics are getting backed up. It is a time thing for women to sort of be able to get themselves together, often get child care, get time off from a job, have to find a hotel in most cases, and go to another state. So it’s going to turn out to be an issue.

Roubein: I think one of the provisions abortion rights groups are pointing to there is, because this is a 12-week ban, so roughly 90% of abortions are allowed to continue, but what Democrats really pointed out was that the bill requires an in-person visit 72 hours before obtaining an abortion. So that could kind of restrict people, as you mentioned, Julie, from being able to take that time and come in from out of state in North Carolina, which has become a destination for abortions.

Rovner: All right. Well, I want to circle back to something that’s been going on for a while in the U.S. Senate. We talked about it back in March. Alabama Republican Sen. Tommy Tuberville is single-handedly holding up many military promotions to protest a Biden administration policy that allows members of the military in states with abortion bans both time off and travel funds to obtain an abortion in another state. Defense Secretary Lloyd Austin says that this — the delayed promotions — is starting to impact the nation’s readiness. Is there any resolution to this in sight? It’s now been going on for, what, a month and a half.

Raman: I think that, you know, we’re getting somewhat closer to it, but it’s hard to tell. I mean, we’ve had Mitch McConnell say that he’s not supporting what Tuberville is doing with the blockade of military nominations, so that could be a little bit more pressure compared to anyone else in the caucus putting that pressure. But I think the other thing that had come up is that there had been a report this week that the administration was going to delay on deciding if Space Force Command was going to move from Colorado to Alabama because of Tuberville. And so I think that, if that is the case — two different pressure points — there might be movement. But it’s been happening for a long time. We’ve had hundreds of nominees delayed. And I think the pushback has not necessarily been fully partisan. Even before we had McConnell speak out, we’ve had other members of — Republican senators kind of say, you know, this is maybe not the best move to do this, so —

Rovner: I mean, given how important Republicans take the military, I get why he’s doing this. It’s a pressure point because it’s a DOD [Department of Defense] policy. But still, it looks funny for a Republican to be holding up something that’s really important to the military.

Raman: Earlier this year, I think it was last month, you know, the Senate had done their procedural vote on a Tuberville resolution on something that was kind of similar, when they had the VA [Department of Veterans Affairs] rule that allows them to provide abortions for, you know, the Hyde exceptions, so rape, incest, life of the mother. And, you know, that didn’t pass on a procedural vote. So maybe something like that could be, like, a bargaining point. But it would require Democrats to say, “Yes, we do want to vote on this.” And I think that the last comments that Tuberville had even said were that, you know, “Until this policy is gone, I don’t want to waiver.” So it might not be a solution, but it could be something.

Rovner: Well, speaking of things that are proving difficult to resolve, let’s talk about the debt ceiling talks. As of today, Thursday, there’s no agreement yet, although President Biden is going to cut his overseas trip short after Treasury Secretary Janet Yellen warned that the so-called x-date, when the Treasury can no longer pay its bills, could really happen as soon as June 1. One of the big sticking points appears to be work requirements for programs aimed at low-income Americans, which Republicans are demanding and Democrats are resisting. Welfare, now called Temporary Aid to Needy Families, already has work requirements, as does SNAP [Supplemental Nutrition Assistance Program], the current name for food stamps, which leaves Medicaid, which has been a particular sticking point over the last few years. I guess we were all right back in February when Biden and the Republicans seemed to take Medicare and Social Security off the table, and we all predicted the fight would come down to Medicaid. So here we are, yes?

Knight: Yep, we’re at Medicaid. But it does seem like we’re really going back and forth on it. I think the sentiment at first was kind of that this would be the first thing to fall out of a potential deal between Democrats and Republicans because Democrats are really opposed to this. But I don’t know. This week, President Biden made some comments that were a little confusing. It kind of made it sound like he was potentially open to the idea. And then the White House kind of walked that back this week and sent some press releases out that were like, We don’t want to touch Medicaid. And then I believe it was sometime yesterday, on Wednesday, the president said, “Maybe, but nothing of consequence,” when talking about work requirements. And Congress is leaving today. So I think it’s kind of still up in the air, but the door still seems to be open, I guess is kind of the takeaway.

Rovner: There seems to be some concern from Democrats on Capitol Hill that President Biden may give too much away in trying to avoid a debt default. I mean, he’s already sort of after, you know, “We will not negotiate on the debt ceiling, we will not negotiate on the debt ceiling” — I mean, the administration says they’re negotiating on the budget, but they’re negotiating on the debt ceiling, right?

Knight: Yeah. I mean, and it seems that President Biden, the administration, may be open to budget caps as well or cutting spending. And that was kind of something that it seemed like Democrats at first were not open to doing at all. I talked to some appropriators this week, and they’re pretty upset about — Democratic appropriators — they’re pretty upset because they want the debt ceiling and appropriations to be a separate process, and they’re being tied together right now. Yeah, I think they’re somewhat concerned with how the president is negotiating right now.

Rovner: Well, it’s May 18. There’s been no talk yet of a temporary — although I assume at some point we’re going to say, let’s just extend this out a few days, and let’s extend it out a few more days, and we’ll extend it out a few more days. So obviously, we will watch this space. So the mifepristone case is not the only judicial news this week. In that other case out of Texas, challenging the preventive health services part to the Affordable Care Act, the 5th Circuit Court of Appeals — lots of news out of New Orleans this week — temporarily stayed the ruling by Judge Reed O’Connor that the ACA unconstitutionally deputized the U.S. Preventive Health Services Task Force from deciding which preventive services should be provided without copays. Long sentence. I hope it makes sense. Reed O’Connor, of course, being the judge who tried unsuccessfully to declare the entire ACA unconstitutional in 2018. What happens now in this case? Nothing changes until it gets resolved, right?

Roubein: Right. Right now I think that just through that, this means that insurers will be required to continue covering services recommended by the U.S. Preventive Services Task Force without cost sharing in care.

Rovner: And that includes PrEP for HIV, which is what’s really at issue with these doctors who are suing the FDA — or actually I guess they’re suing HHS [the Department of Health and Human Services] in general — saying that they don’t want to be required to provide these drugs.

Roubein: Yeah, it does include PrEP.

Rovner: So that will continue. I imagine that will also find its way to the Supreme Court. Finally, in not really judicial but court-related news, Envision, the private equity-backed physician staffing firm, filed for Chapter 11 bankruptcy this week, presumably because the emergency room physician practices it owns can no longer send patients most surprise medical bills. ER bills were among the most common types of surprise bills, when patients would specifically take their emergency to an in-network hospital, only to find that the doctors in the emergency room were all out of network. Is this one small step towards taking some of the profit motive out of health care? I don’t see anybody, like, shedding a lot of tears for Envision declaring bankruptcy here.

Raman: I think the second part, that the lawsuit by the ER doctors against Envision, despite them filing for bankruptcy, is going forward is interesting, and it seems unusual to me, because they’re not asking for monetary damages, but they want, like, a legal finding that the way that the company’s business structure — ownership of the staffing groups — is illegal, and if, like, winning that would ban the practice in the state of California. And so I think if you’re looking at it in terms of, like, things that would happen over the course of time, policywise, that could be something interesting to kind of watch there.

Roubein: I just wanted to hearken back real quick to, like, 2019. In the middle of the surprise billing debate, Envision and another major doctor staffing firm spent significant sums of money to try and sway the surprise billing legislation that the House and the Senate were hashing out.

Rovner: Yeah, they made CNN and MSNBC very rich with their ads.

Roubein: Millions of them.

Rovner: In the ’90s, I covered, you know, this whole corporate practice of medicine thing because I think it’s every state has a law that says that corporations can’t practice medicine; only licensed health professionals can practice medicine. So I’ve always wondered about, you know, what this lawsuit is about anyway. How are these companies actually getting away with doing this? And the answer is maybe they’re not or maybe they won’t. It’s going to be interesting. There’s now so much profit motive and private equity in health care because there’s a lot of money to be made that it’s, I think somebody is actually starting to, you know, call on it. We will definitely see how this plays out. We may not have a “This Week in Private Equity” anymore. Well, let us go back to Capitol Hill, where we finally have a nominee to head the National Institutes of Health, current National Cancer Institute chief Monica Bertagnolli, who is also, ironically, a cancer patient at the moment, although her prognosis is very good, we are told. There hasn’t been a confirmed head of the NIH since Francis Collins stepped down at the end of 2021. Congress hasn’t had to confirm a new head of the NIH since before the passage of the Affordable Care Act. I imagine that Dr. Bertagnolli is going to have to navigate some pretty choppy confirmation waters, even in a Senate where Democrats are nominally in the majority, right?

Knight: Yeah, I spent some time talking to HELP [Health, Education, Labor and Pensions] Committee Republicans last week and this week, and they definitely have some things they want to see out of a new NIH director. They’re definitely concerned about gain-of-function research, potential funding of that type of research, which is supposed to, hypothetically, make viruses more virulent. So several of them said, you know, “We don’t want to see the agency funding that kind of research,” or, “We want restrictions around that kind of research.” They also are concerned with the agency giving a grant to an organization called EcoHealth, which was supposed to have done research in Wuhan that was around gain-of-function-type things. And I think they also, in general, are just concerned with how the NIH and the CDC [Centers for Disease Control and Prevention] responded to the covid pandemic, and they aren’t happy with some of the decisions they made, what they felt like were mandate — top-down mandates. And so I do think we will see, if we actually get a HELP confirmation hearing any time soon, we’ll see — I think it’s going to be pretty contentious possibly. And as you referenced, I kind of looked into this when I was writing my story, and there really has not been a contentious hearing in a long time. Francis Collins went through a unanimous voice vote when he was confirmed. And then the two previous NIH directors, they kind of sailed through their HELP confirmation hearings. And if you think about it, Francis Collins also has served under both Republican and Democratic presidents. And I wonder if we are coming to a point where that won’t happen anymore with NIH directors.

Rovner: Back when I first started covering the NIH, it was contentious because they were talking about fetal tissue research and stem cell research and stuff that was really controversial. But then Newt Gingrich, when he became speaker of the House, declared that, you know, he wanted the 21st century to be, you know, the century of biomedicine. And he vowed to double the funding for the NIH, which the Republicans did, you know, with the Democrats’ help. So NIH has been this sacred cow, if you will, bipartisanly for at least two decades. And now it’s sort of coming back to being a little bit controversial again. In talking about the debt ceiling and possible budget cuts, I mean, NIH has usually been spared from those. But I’m guessing that if there’s budget caps, NIH is going to be included in those places where we’re going to cut the budget, right?

Knight: Yeah, absolutely. I have been talking to a Republican House appropriator over the NIH. Robert Aderholt told me that, yes, they expect a cut in their budget because Defense and NIH, Labor, HHS are usually the biggest bills. And he told me Defense probably isn’t getting cut very much, so we’re expecting to get cut. So obviously, you know, it’s a messaging bill in the House, but I think the expectation is that they’re going to propose that. The Senate seemed pretty set on keeping NIH funding what it was. They had an NIH appropriations hearing recently. So, I mean, there’s going to be some difference between those two chambers. But I think it does seem likely, especially with all the debt ceiling stuff, that cuts are possible.

Rovner: So that’s NIH. In the meantime, now we have an opening at the CDC because Rochelle Walensky announced her resignation. Have we heard any inklings about who wants to step into that very hot seat?

Roubein: I can point to some reporting from my colleagues at the Post, Dan Diamond and Lena H. Sun. At the time, the day that Walensky announced that she’d be stepping down June 30, they had wrote that White House officials had, you know, been preparing for a little while for a potential departure and had begun gauging interest in the position. And some people that Dan and Lena named that the administration had approached is former New York City Health Commissioner Dave A. Chokshi, former North Carolina Health Secretary Mandy Cohen, and the California health state secretary. Now, we don’t know ultimately what the White House, President Biden, is going to do. I do think it’s worth pointing out that the new CDC director won’t have to be Senate-confirmed; that was passed in the big sweeping government funding bill, that a CDC director would need to be confirmed, but starting January 20, 2025. So, you know, sounds like something, you know, Democrats might have been interested in doing, kind of pushing that out. So, yeah.

Rovner: The CDC is, you know, sort of the one big Department of Health and Human Services job that does not come up for Senate confirmation. Obviously, that is being changed, but it’s not being changed yet. Well, both of these confirmations, mostly the NIH one at this point, comes up before the Senate HELP Committee, Victoria, as you pointed out. Chairman Bernie Sanders there is having — what shall we call them? — some growing pains as chairman of a committee with a heavy legislative workload. What’s the latest here? He’s still kind of working on getting some of these bipartisan bills through, isn’t he?

Knight: Yeah, there is a little bit of a snafu at a recent HELP Committee hearing where Ranking Member Bill Cassidy was not happy that Sen. Sanders was bringing up some amendments that he wasn’t aware of or that they had kind of agreed to table at some point and then he brought them back up during a hearing or during a markup, and so they ended up having to delay the markup itself and do it the next week. And these were bipartisan bills. So it was really just a process issue; it wasn’t so much the subject of the bills. And they kind of worked it out and were able to pass the bills out of the committee, or most of the bills out of the committee, the next week after that happened. So I think that Sen. Sanders is figuring out how to run the HELP Committee. What I’ve kind of heard is that he is somewhat more interested in labor issues than health, and so his focus is not maybe as much on health. And I think you can see that sometimes. Also, when you talk to Sen. Sanders, he’s very much a big-picture guy and isn’t so much in the process weeds often, whereas Sen. Cassidy loves the process.

Rovner: So we’re noticing.

Knight: Yeah, Sen. Cassidy loves the process. So they’re an interesting duo, I think.

Rovner: Yeah, I mean, I was interested that this week, you know, Sen. Sanders was among those there reintroducing the “Medicare for All” bill that obviously has no future in the immediate future. But at the same time, community health centers are up for reauthorization this year. And that has always been a pet issue, even when he was House member, you know, Rep. Sanders. This is one of the issues that I know he cares a lot about. And now he’s in charge of making sure that it gets reauthorized. So he’s got sort of these competing big-picture stuff and, not smaller, but smaller than the big-picture stuff that he really cares about. I’ll be curious to see what he’s able to do on that front. I assume there’s no word on that yet, even though the authorization ends Sept. 30, right?

Raman: The sense that I’ve gotten from talking to folks is that community health centers is higher up the totem pole than some of the other issues on the must-pass list. I mean, we still have to deal with the debt ceiling and everything related there. But I think that there has been a little bit more progress then. I mean, this week, at least in the House, Energy and Commerce had marked up their bill that had community health center funding in there. So I think there’s a little bit more push on that end because they’re, you know, fairly bipartisan, have seen interest across the board on that. So I think that they are making some progress there. It’s just that there’s so many other factors right now, and that makes it pretty tricky.

Rovner: The ironic thing about Congress — it’s summertime when everybody else sort of kicks back. — that’s when Congress kicks into gear. So a lot, I imagine, is going to happen in June and July. All right. That is this week’s news. Now it is time for our extra credit segment. That’s when we each recommend a story we read this week we think you should read too. As always, don’t worry if you miss it. We will post the links on the podcast page at kffhealthnews.org and in our show notes on your phone or other mobile device. Victoria, why don’t you go first this week?

Knight: Sure. My extra credit this week is called “World Health Organization Warns Against Using Artificial Sweeteners.” It was published in The New York Times. Basically, the WHO said this week that artificial sweeteners aren’t effective in reducing body fat and could actually increase the risk of Type 2 diabetes and cardiovascular diseases. They looked at the available evidence, and it’s just a set of guidelines that they’re issuing. It’s not binding to anything. You know, every country can kind of make their own decision based on this. But I think it was an interesting marker. If you look at the influx of all these artificial sweeteners over time that have kind of become a mainstream part of our diet, they’re available in a bunch of different things that you can get at the store, and people often turn to them when they’re trying to reduce sugar. And now this large body is saying they may actually worsen your health, not help you, and not even reduce fat. So I think that was just kind of interesting. The FDA did not respond to The New York Times’ request for the story, so I’m not sure their stance on this, but just something to note.

Rovner: I was interested that the WHO did that. It seemed sort of very not WHO-ish, but also interesting. Sandhya, why don’t you go next.

Raman: All right, so my extra credit this week is called “A Year After Dobbs Leak, Democrats Still See Abortion Driving 2024 Voters.” And it’s from my colleagues “What the Health?” alum Mary Ellen McIntire and Daniela Altimari. And they take a look at how Democrats are kind of seeing how abortion messaging isn’t fading a year after — almost — the Dobbs decision, are kind of doubling down on focusing on that. President Biden and Vice President Harris were both at the EMILYs List gala this week honoring Nancy Pelosi. And it also comes amid a lot of the state action we talked about earlier of a lot of abortion bans going into place. And so they have a good look at that that you can read.

Rovner: Rachel.

Roubein: My extra credit is called “Thousands Face Medicaid Whiplash in South Dakota and North Carolina,” by Arielle Zionts from KFF Health News. And she takes a look at the unwinding of keeping people on the Medicaid program, particularly in South Dakota and North Carolina, where the dynamic is really interesting, because both states have recently passed Medicaid expansion. So officials are kind of going through the Medicaid rolls beforehand. So some people who could be eligible soon may be getting kicked off, only to need to reapply, or officials need to tell them that they can reapply. So I thought it was a really interesting look on how this is playing out.

Rovner: Yeah, it is. I mean, talk about head-explodingly confusing for people; it’s like, “You’re not eligible now, but you will be in three weeks. So just kind of sit tight and don’t go to the doctor for the next couple of weeks,” basically where they are. Well, my story is from The Washington Post, and it’s called “A 150-Year-Old Law Could Help Determine the Fate of U.S. Abortion Access,” by Dan Diamond and Ann Marimow. And it’s about the Comstock Act, which we have talked about before. It’s a Reconstruction-era law pushed through Congress by an anti-vice crusader, Anthony Comstock, who I learned this week was not actually a member of Congress. He was just an interested party. The law purports to ban the mailing of all sorts of lewd and lascivious items, including those intended to be used for abortion. Abortion opponents are trying to resurrect the law, which has never been formally repealed. But it turns out that Comstock wasn’t actually all that anti-abortion. In a newly resurrected interview that Comstock did with Harper’s Weekly in 1915, he said he never intended for the law to interfere with the practice of medicine by licensed doctors, including for abortion. Quote, “A reputable doctor may tell his patient, in his office what is necessary, and a druggist may sell on a doctor’s written prescription drugs which he would not be allowed to sell otherwise.” That’s how Comstock is quoted as saying. Um, wow. It’s just another weird twist in an already very twisty story. But let’s keep track of the Comstock Law going forward. All right. That is our show for this week. As always, if you enjoy the podcast, you can subscribe wherever you get your podcasts. We’d appreciate it if you left us a review; that helps other people find us too. Special thanks, as always, to our ever-patient producer, Francis Ying. Also as always, you can email us your comments or questions. We’re at whatthehealth@kff.org. Or you can tweet me. I’m still there. I’m at @jrovner. Sandhya?

Raman: @SandhyaWrites.

Rovner: Rachel.

Roubein: @rachel_roubein.

Rovner: Victoria.

Knight: @victoriaregisk.

Rovner: We will be back in your feed next week. Until then, be healthy.

Credits

Francis Ying
Audio producer

Emmarie Huetteman
Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KFF Health News’ ‘What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).