Cuando los antepasados de John Mestas se mudaron a Colorado hace más de 100 años para criar ovejas en el Valle de San Luis, “llegaron al paraíso”, contó.

“Había tanta agua que pensaron que nunca se acabaría”, dijo Mestas refiriéndose a la región agrícola en la cabecera del río Grande.

Ahora, décadas de sequía impulsada por el cambio climático, combinada con la sobre explotación de los acuíferos, están dejando al valle desesperadamente seco, y parece estar intensificando los niveles de metales pesados en el agua potable.

Al igual que un tercio de las personas que viven en este desierto alpino de gran altitud, Mestas depende de un pozo privado que extrae agua de un acuífero para beber. Y, al igual que muchos agricultores de la zona, usa la misma fuente para regar la alfalfa que alimenta a sus 550 vacas.

“Aquí, el agua lo es todo”, dijo.

Mestas, de 71 años, ahora es uno de los cientos de propietarios de pozos que participan en un estudio que aborda la pregunta: ¿Cómo afecta la sequía no solo a la cantidad, sino también a la calidad del agua?

El estudio, dirigido por Kathy James, profesora asociada en la Escuela de Salud Pública de Colorado, se centra en el arsénico en los pozos privados de agua potable. El arsénico, un carcinógeno que se encuentra naturalmente en el suelo, ha estado apareciendo en niveles crecientes en el agua potable del valle, según James.

En California, México y Vietnam, las investigaciones han relacionado el aumento de los niveles de arsénico en el agua subterránea con la sequía y la sobre explotación de los acuíferos.

A medida que el oeste lucha contra una mega sequía que ha durado más de dos décadas y los estados corren el riesgo de recortes en el agua del menguante río Colorado, el Valle de San Luis ofrece pistas sobre lo que el futuro puede deparar.

A nivel nacional, alrededor de 40 millones de personas dependen de pozos domésticos, estimó Melissa Lombard, investigadora en hidráulica del U.S. Geological Survey. Nevada, Arizona y Maine tienen el mayor porcentaje de usuarios de pozos domésticos —que oscilan entre aproximadamente un cuarto y una quinta parte de estos usuarios—, que utilizan agua con niveles elevados de arsénico, según encontró en un otro estudio.

Durante la sequía, el número de personas en los Estados Unidos continental expuestas a niveles elevados de arsénico en pozos domésticos podría aumentar de aproximadamente 2,7 millones a 4,1 millones, estimó Lombard utilizando modelos estadísticos.

Se ha comprobado que el arsénico afecta la salud a lo largo de la vida, comenzando con los espermatozoides y los óvulos, explicó James. Incluso una pequeña exposición, acumulada a lo largo de la vida de una persona, es suficiente para causar problemas de salud, agregó.

En un estudio anterior en el valle, James encontró que la exposición de por vida a niveles bajos de arsénico inorgánico en el agua potable, entre 10 y 100 microgramos por litro (µg/L), estuvo relacionada con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Otras investigaciones han vinculado la exposición crónica a niveles bajos de arsénico con hipertensión, diabetes y cáncer.

Las mujeres embarazadas y los niños corren un mayor riesgo de sufrir daños.

La Organización Mundial de la Salud establece el límite recomendado de arsénico en el agua potable en 10 µg/L, que también es el estándar de los Estados Unidos para los suministros públicos de agua. Pero las investigaciones han demostrado que, incluso a 5 µg/L, el arsénico está relacionado con tasas más altas de lesiones en la piel.

“Creo que es un problema del que mucha gente no está consciente”, dijo Lombard. “El cambio climático probablemente afectará la calidad del agua”, dijo, pero se necesita más investigación para comprender cómo y por qué.

Un foco de esperanza

El Valle de San Luis, que ha sido sede de una gran cantidad de investigación e innovación, es el lugar ideal para explorar esas preguntas, y posibles soluciones.

Conocido por sus impresionantes vistas montañosas y la cercanía al Parque y Reserva Nacional Great Sand Dunes, el valle abarca una región aproximadamente del tamaño de Massachusetts, convirtiéndolo en el valle alpino más grande de América del Norte.

Rico en herencia indígena, mexicana y española, contiene 500,000 acres de tierra de riego que producen papas, alfalfa para forraje y cebada para la cerveza de Coors. Es hogar de casi 50,000 personas, muchas de ellas trabajadores agrícolas y aproximadamente la mitad de ellas hispanas.

También es un lugar desafiante para vivir: los condados aquí se encuentran entre los más pobres del estado, y las tasas de diabetes, enfermedad renal y depresión son altas.

Dado que llueve muy poco, aproximadamente 7 pulgadas al año en promedio, los agricultores dependen de dos grandes acuíferos y de las cabeceras del río Grande, que continúa hacia México. El deshielo de las imponentes cordilleras de Sangre de Cristo y San Juan recarga el suministro cada primavera.

Sin embargo, a medida que el clima se calienta, hay menos nieve y el agua se evapora más rápidamente de lo normal tanto del suelo como de los cultivos. “Esta comunidad entera, esta cultura, se construyó en torno a la agricultura de riego”, dijo Cleave Simpson, senador estatal de Alamosa, republicano y agricultor de cuarta generación.

Pero desde 2002, el acuífero no confinado del valle ha perdido 1 millón de acres-pie de agua, o suficiente para cubrir 1 millón de acres de tierra con un pie de agua de profundidad, debido a la sequía persistente y el uso excesivo. Ahora las comunidades del valle enfrentan una fecha límite para reponer el acuífero, o enfrentar el cierre estatal de cientos de pozos de riego.

“Estamos una década adelante de lo que está sucediendo en el resto de Colorado” debido a la intensidad de la escasez de agua, dijo Simpson, quien administra el Río Grande Water Conservation District.

“Esto ya no es una sequía, esto es realmente la desertificación del Oeste“, dijo Simpson. Así es como los científicos describen una tendencia a largo plazo hacia la sequedad y aridez persistentes que solo puede detenerse abordando el cambio climático causado por los humanos.

James, quien es epidemióloga e ingeniera, ha estado estudiando las conexiones entre el clima y la salud en el valle durante los últimos 15 años. Descubrió que durante las tormentas de polvo en el Valle de San Luis, que se han vuelto más frecuentes, más personas llegan al hospital por ataques de asma. Y ha encuestado a los trabajadores agrícolas sobre cómo la sequía está afectando su salud mental.

En el estudio de los pozos domésticos, James se está centrando en el arsénico, que según dijo ha ido aumentando gradualmente en los pozos de agua potable del valle en los últimos 50 años. Los niveles de arsénico en el agua subterránea del Valle de San Luis son “considerablemente más altos que en muchas otras áreas de los Estados Unidos”, según James. También está investigando las disparidades étnicas, ya que un estudio mostró que los adultos hispanos tenían niveles más altos de arsénico en su orina que los adultos blancos no hispanos. (Las personas hispanas pueden ser de cualquier raza o combinación de razas).

Ahora, James tiene como objetivo analizar 1,000 pozos privados en el valle para explorar las conexiones entre la sequía, la calidad del agua y la salud. Hasta ahora, dijo que una pequeña proporción de los pozos muestra niveles elevados de metales pesados, incluyendo arsénico, uranio, tungsteno y manganeso, que se encuentran naturalmente en el suelo.

A diferencia de los suministros públicos de agua, los pozos domésticos privados no están regulados y pueden pasar años sin ser analizados. James ofrece pruebas de agua gratuitas y consultas sobre los resultados a los participantes. En el condado de Conejos, la hija de John Mestas, Angie Mestas, aprovechó la oportunidad de hacer una prueba gratuita, que costaría $195 en un laboratorio local.

Angie, maestra de 35 años, dijo que utilizó los ahorros de toda una vida para perforar un pozo de agua potable en su terreno, un campo abierto de hierba chamisa con vistas panorámicas a las Colinas de San Luis. Pero no beberá de este pozo hasta que se realicen pruebas de arsénico y E. coli, que son comunes en la zona.

Mientras espera los resultados de las pruebas, ha estado llevando barriles de agua de 5 galones desde la casa de su padre cada vez que pasa el fin de semana en su nueva carpa.

Amenaza sin olor ni color

Mientras tanto, Julie Zahringer, cuya familia se estableció en el valle desde España hace casi 400 años, ha estado observando las tendencias de calidad del agua de primera mano.

Zahringer, de 47 años, creció conduciendo un tractor en el rancho de su abuelo cerca de San Luis, la ciudad más antigua de Colorado, y pasó tiempo en el laboratorio con su madre, que es científica.

Como química y directora de laboratorio de SDC Laboratory en Alamosa, Zahringer analiza el agua potable privada y pública en el valle. Estimó que el 25% de los pozos privados analizados por su laboratorio muestran niveles elevados de arsénico. “Es incoloro, es inodoro”, dijo Zahringer. “La mayoría de las familias no saben si están bebiendo arsénico”.

Para ella, el vínculo con el clima parece claro: durante los períodos de sequía, un pozo que normalmente tiene alrededor de 10 µg/L de arsénico puede fácilmente duplicar o triplicar su concentración, dijo. Una posible razón es que hay menos agua para diluir los contaminantes naturales del suelo, aunque también intervienen otros factores.

Dijo que los niveles de arsénico solían ser bastante estables, pero después de 20 años de sequía, fluctúan de manera descontrolada.

“Ahora, cada vez más rápido, veo el mismo pozo que analicé hace tres años, y ni siquiera parece el mismo” porque los niveles de contaminantes han aumentado tanto, dijo Zahringer, quien también es miembro de la Comisión de Control de Calidad del Agua de Colorado.

En su propio pozo de agua potable, el nivel de arsénico aumentó de 13 a 20 µg/L este año, dijo.

Las observaciones de Zahringer son importantes historias de primera mano. James tiene como objetivo explorar, en un estudio científico riguroso con una muestra representativa de pozos y datos geoquímicos extensos, la prevalencia del arsénico y su conexión con la sequía.

La investigación todavía se encuentra en etapas iniciales, pero los científicos tienen varias hipótesis sobre cómo la sequía podría afectar el arsénico en el agua potable. En el Valle de San Joaquín, un importante centro agrícola en California, la investigación liderada por el experto en hidráulica Ryan Smith relacionó el aumento de arsénico en las aguas subterráneas con el “hundimiento del terreno”, un fenómeno documentado por primera vez en Vietnam.

El hundimiento del terreno, cuando el suelo se hunde debido a la sobreexplotación de los acuíferos, parece liberar arsénico de la arcilla hacia el agua, dijo Smith, profesor asistente de la Universidad Estatal de Colorado. En California, la sobreexplotación estaba fuertemente correlacionada con la sequía, agregó.

Sin embargo, otros factores, como la profundidad de un pozo, también juegan un papel: otro estudio del mismo sistema de acuíferos en California encontró que mientras el arsénico aumentaba en las aguas subterráneas más profundas, disminuía en las aguas más superficiales debido, en parte, a la oxidación.

Smith está trabajando ahora con James en el estudio del Valle de San Luis, donde espera que una gran cantidad de datos geoquímicos brinden más respuestas. Mientras tanto, los líderes comunitarios en el valle se están adaptando de formas impresionantes e innovadoras, dijo James.

Zahringer dijo que si el arsénico aparece en un pozo privado, anima a los clientes a instalar un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa en el fregadero de la cocina. El equipo cuesta alrededor de $300 con un proveedor externo, aunque los filtros que cuestan menos de $50 pueden necesitar cambiarse cada seis a 18 meses, dijo.

Aquellas personas que tratan su agua para eliminar el arsénico deben seguir realizando pruebas cada seis meses para asegurarse de que los filtros sean efectivos, agregó Zahringer. SDC Laboratory ofrece una prueba de arsénico por $25.

“A las personas no les gusta analizar el agua porque sabe bien y sus abuelos la bebían”, dijo. Pero “la solución es tan fácil”.

Una campaña de calidad del agua en 2009, liderada por el Consejo del Ecosistema del Valle de San Luis, también encontró niveles elevados de arsénico en los pozos a lo largo del valle. Como parte de sus actividades, la organización sin fines de lucro trabajó con agentes inmobiliarios para asegurarse de que los pozos domésticos sean analizados antes de que alguien compra una casa.

Eso es lo que hizo Sally Wier cuando compró una casa hace cinco años en una parcela de 8 acres en el condado de Rio Grande, rodeada de campos de cebada y alfalfa. La primera vez que probó su pozo, el nivel de arsénico era de 47 µg/L, casi cinco veces más del límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Wier instaló un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa, pero dijo que el nivel de arsénico aumenta antes de que cambie los filtros cada pocos meses.

“Me pone muy ansiosa”, dijo Wier, de 38 años. “Probablemente estoy ingiriendo arsénico. Eso no es bueno para la salud a largo plazo”.

Wier es una de muchas personas que trabajan en soluciones innovadoras para la escasez de agua. Como gerente de proyectos de conservación en Colorado Open Lands, trabajó en un acuerdo mediante el cual se le pagó a un agricultor local, Ron Bowman, para que dejara de regar su granja de 1,800 acres. Según Wier, este acuerdo marca la primera vez en el país que se utiliza un acuerdo de uso de conservación para salvar agua subterránea y reponer acuíferos.

Canalizando dinero hacia una solución

En el condado de Costilla, el Move Mountains Youth Project ha estado pagando a agricultores locales, a través de una subvención gubernamental, para que conviertan una parte de sus tierras en cultivos de vegetales en lugar de cultivos de alfalfa que requieren mucha agua.

Los agricultores luego entrenan a los jóvenes para cultivar brócoli, espinaca y frijoles bolita, que se venden en una tienda de comestibles local. El proyecto tiene como objetivo fomentar la próxima generación de agricultores y “combatir la diabetes” al proporcionar alimentos cultivados localmente, dijo la directora ejecutiva Shirley Romero Otero.

Su grupo trabajó con tres agricultores el verano pasado y planea hacerlo con siete esta temporada, si hay suficiente agua disponible, contó.

En otro esfuerzo, agricultores como los Mestas se están gravando a sí mismos para extraer agua de sus propios pozos de riego. Y Simpson, del Distrito de Conservación del Agua del Río Grande, recientemente aseguró $30 millones en fondos federales para apoyar la conservación del agua. El plan incluye pagar a los agricultores $3,000 por acre-pie de agua para retirar permanentemente sus pozos de riego.

Dado que el arsénico no se limita a los pozos privados, también han respondido las agencias públicas: la ciudad de Alamosa construyó una nueva planta de tratamiento de agua en 2008 para cumplir con los estándares federales de arsénico.

En 2020, el estado de Colorado demandó a una granja de hongos en Alamosa por exponer a sus trabajadores al arsénico presente en el agua de grifo.

En la comunidad de casas móviles High Valley Park en el condado de Alamosa, un pozo que abastece a 85 personas ha excedido los niveles legales de arsénico desde 2006, cuando EPA endureció su estándar de 50 a 10 µg/L. En la prueba más reciente en febrero, la concentración fue de 19 µg/L.

En una tarde de abril, cuatro niños saltaban en un trampolín y se perseguían unos a otros alrededor de un árbol. “Tío, tengo sed y no quedan botellas de agua”, dijo uno de los niños, sin aliento.

El pozo abastece a 28 hogares. Sin embargo, los inquilinos de cinco viviendas han afirmado que no han estado bebiendo el agua durante años, no por el arsénico, del cual algunos no estaban conscientes, sino porque el agua a menudo sale de color marrón.

Eduardo Rodríguez, de 29 años, quien trabaja en excavación, dijo que compra dos cajas de botellas de agua cada semana para su esposa y sus cinco hijos.

“Esto debe arreglarse”, afirmó.

“El agua es terrible”, coincidió Craig Nelson, de 51 años, quien ha vivido en el parque de casas móviles durante dos años. “No se puede tomar”. Debido a que el pozo abastece al menos a 25 personas, está regulado por el estado.

El propietario del terreno, Rob Treat, de Salida, compró la propiedad en febrero de 2022 por casi medio millón de dólares. Cumplir con los estándares federales en cuanto al contenido de arsénico ha sido difícil, afirmó, porque sus niveles fluctúan cuando los agricultores cercanos extraen agua del acuífero para regar sus cultivos.

Treat estaba utilizando cloro para convertir un tipo de arsénico en una forma más tratable. Sin embargo, si agregaba demasiado cloro, esto creaba subproductos tóxicos, lo cual también llamó la atención de los reguladores. Bajo presión del estado, comenzó a mejorar el sistema de tratamiento de agua en mayo, con un costo de $150,000. Para cubrir los gastos, planea aumentar el alquiler mensual de $250 a $300 por lote.

“Si el estado se mantuviera al margen”, se quejó, “podríamos proporcionar viviendas asequibles”.

Mientras tanto, John Mestas aún está esperando los resultados de su pozo de agua potable.

Cuando regresa de viajar para administrar su rebaño de ganado, “lo primero que hago cuando entro a la casa es beber dos vasos de agua”, dijo. “Eso es lo que extraño, mi agua y mis perros. Saltan sobre mí mientras tomo mi agua. No sé quién está más feliz, si yo bebiendo el agua o ellos saltando”.

Este artículo fue apoyado por The Water Desk, una iniciativa de periodismo independiente con sede en el Center for Environmental Journalism de la Universidad de Colorado-Boulder.

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A FEVER is defined by most healthcare providers as an elevation in body temperature of 100.4°F (38°C) and higher. The body has several ways to maintain normal body temperature. The organs involved in helping with temperature regulation include the...

The post Clip away the old, welcome the new; welcome to May the month of transformations first appeared on Toronto Caribbean Newspaper.

Santo Domingo.- Elizabeth Silverio, the self-proclaimed “neuroscientist,” has gained attention following a report by journalist Nuria Piera, questioning the validity of her claimed title and raising the possibility of her facing up to 20 years in prison, as suggested by experts.

Legal expert Amadeo Peralta explained that while the new Penal Code has not yet been approved, there is a specific law governing the medical professions. Individuals found practicing medicine illegally could face penalties of up to 10 years in prison for violating General Health Law No. 42-01 and its regulations, which establish the framework for the national health system.

Peralta clarified that the law in question is of “public order” and grants the Ministry of Public Health the authority to investigate and file corresponding complaints with the Public Ministry and the courts.

He emphasized the need for authorities to pay attention to the clear fraudulent intent and the potential economic benefits sought by those posing as healthcare professionals. Their actions put the health and lives of many citizens at risk, and cases resulting in death should be thoroughly investigated to potentially charge them with manslaughter.

Peralta argued that the alleged “eminence in neurosciences” could face legal consequences for violating Article 156, paragraph 7 of the General Health Law No. 42-01 and its regulations, as well as Article 258 of the Penal Code. Additionally, measures such as the closure of establishments used for the illegal practice of medicine, similar to the Kongland Center for Neurocognitive Therapies and Psychopedagogies directed by Elizabeth, could be implemented.

Similarly, lawyer Félix Portes expressed that the individual under investigation not only faces potential imprisonment but could also be required to pay fines of up to 10 times the minimum wage.

According to Nuria Piera’s report, discrepancies in the titles presented by Silverio, including spelling mistakes, raised doubts about their authenticity. This was further confirmed when authorities from one of the universities from which she claimed to have graduated denied her claims upon verification.

A 12-member humanitarian medical mission from Palestine is currently offering its services at the General Hospital in St George’s

View the full post Palestine medical team on one-week mission  on NOW Grenada.

On May 16, the FTC sued to block the merger of drugmakers Amgen and Horizon Therapeutics, saying the tangled web of drug industry deal-making would enable Amgen to leverage the monopoly power of two top Horizon drugs that have no rivals.

In its lawsuit, the FTC said that if it allowed Amgen’s $27.8 billion purchase to go through, Amgen could pressure the companies that manage access to prescription drugs — pharmacy benefit managers, or PBMs — to boost the two extremely expensive Horizon products in a way that would inhibit any competition.

The suit, the first time since 2009 that the FTC has tried to block a drug company merger, reflects Chair Lina Khan’s strong interest in antitrust action. In announcing the suit, the agency said that by fighting monopoly powers it aimed to tame prices and improve patients’ access to cheaper products.

The FTC’s action is a “shot across the bow for the pharmaceutical industry,” said Robin Feldman, a professor and drug industry expert at the University of California College of the Law-San Francisco. David Balto, a former FTC official and attorney who fought the 2019 Bristol-Myers Squibb-Celgene and 2020 AbbVie-Allergan mergers, said FTC’s action was long overdue.

The Horizon-Amgen merger would “cost consumers in higher prices, less choice, and innovation,” he said. “The merger would have given Amgen even more tools to exploit consumers and harm competition.”

The FTC also announced an expansion of a yearlong investigation of the PBMs, saying it was looking at two giant drug-purchasing companies, Ascent Health Services and Zinc Health Services. Critics claim the PBMs set up these companies to conceal profits.

When Amgen announced its purchase of Horizon in December — the biggest biopharma transaction in 2022 — it showed particular interest in Horizon’s drugs for thyroid eye disease (Tepezza) and severe gout (Krystexxa), for which the company was charging up to $350,000 and $650,000, respectively, for a year of treatment. The complaint said the merger would disadvantage biotech rivals that have similar products in advanced clinical testing.

Amgen could promote the Horizon drugs through “cross-market bundling,” the FTC said. That means requiring PBMs to promote some of Amgen’s less popular drugs — the Horizon products, in this case — in exchange for Amgen offering the PBMs large rebates for its blockbusters. Amgen has nine drugs that each earned more than $1 billion last year, according to the complaint, the most popular being Enbrel, which treats rheumatoid arthritis and other diseases.

The three biggest PBMs negotiate prices and access to 80% of prescription drugs in the U.S., giving them enormous bargaining power. Their ability to influence which drugs Americans can get, and at what price, enables the PBMs to obtain billions in rebates from drug manufacturers.

“The prospect that Amgen could leverage its portfolio of blockbuster drugs to gain advantages over potential rivals is not hypothetical,” the FTC complaint states. “Amgen has deployed this very strategy to extract favorable terms from payers to protect sales of Amgen’s struggling drugs.”

The complaint noted that biotech Regeneron last year sued Amgen, alleging that the latter’s rebating strategy harmed Regeneron’s ability to sell its competing cholesterol drug, Praluent. Amgen’s Repatha generated $1.3 billion in global revenue in 2022.

It “may be effectively impossible” for smaller rivals to “match the value of bundled rebates that Amgen would be able to offer” as it leverages placement of the Horizon drugs on health plan formularies, the complaint states.

Business analysts were skeptical that the FTC action would succeed. Until now the commission and the Department of Justice have shied away from challenging pharmaceutical mergers, a precedent that will be hard to overcome.

Research on the impact of mergers has shown that they often benefit shareholders by increasing stock prices, but hurt innovation in drug development by trimming research projects and staffing.

Waves of consolidation shrank the field of leading pharma companies from 60 to 10 from 1995 to 2015. Most of the mergers in recent years have involved “big fish buying up lots of little fish,” such as biotech companies with promising drugs, Feldman said.

The giant Amgen-Horizon merger is an obvious exception, and therefore a good opportunity for the FTC to demonstrate a “theory of harm” around drug industry bundling maneuvers with PBMs, said Aaron Glick, a mergers analyst with Cowen & Co.

But that doesn’t mean the FTC will win.

Amgen may or may not engage in anti-competitive practices, but “a separate question is, how does this lawsuit fit under current antitrust laws and precedent?” Glick said. “The way the law is set up today, it seems unlikely it will hold up in court.”

The FTC’s argument about Amgen’s behavior with Horizon products is hypothetical. The pending Regeneron suit against Amgen, as well as other, successful lawsuits, suggests that rules are in place to suppress this kind of anti-competitive behavior when it occurs, Glick said.

The judge presiding over the case in U.S. District Court in Illinois is John Kness, who was appointed by then-President Donald Trump and is a former member of the Federalist Society, whose membership tends to be skeptical of antitrust efforts. The case is likely to be settled by Dec. 12, the deadline for the merger to go through under current terms.

Amgen sought to undercut the government’s case by agreeing not to bundle Horizon products in future negotiations with pharmacy benefit managers. That promise, while hard to enforce, might get a sympathetic hearing in court, Glick said.

Still, even a loss would enable the FTC to shed light on a problem in the industry and what it sees as a deficiency in antitrust laws that it wants Congress to correct, he said.

The day after suing to stop the merger, the FTC announced it was pushing further into an investigation of pharmacy benefit managers that it began last June. The agency demanded information from Ascent and Zinc, the two so-called rebate aggregators — drug purchasing organizations set up by PBMs Express Scripts and CVS Caremark.

At a May 10 hearing, Eli Lilly & Co. CEO Dave Ricks said that most of the $8 billion in rebate checks his company paid last year went to rebate aggregators, rather than to the PBMs directly. A “big chunk” of the $8 billion went overseas, he said. Ascent is based in Switzerland, while Emisar Pharma Services, an aggregator established by PBM OptumRx, is headquartered in Ireland. Zinc Health Services is registered in the U.S.

Critics say the aggregators enable PBMs to obscure the size and destination of rebates and other fees they charge as intermediaries in the drug business.

The PBMs say their efforts reduce prices at the pharmaceutical counter. Testimony in Congress and in FTC hearings over the past year indicate that, at least in some instances, they actually increase them.

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Dr Garbriel Ukala, consultant internist and head of the medicine department at the hospital, shared the worrying statistics of Jamaicans requiring dialysis and the insufficient resources available to them.

"At Mandeville Regional Hospital there are 12 dialysis stations operating on two and a half shifts daily, in addition to providing emergency dialysis when needed. On average this is able to accommodate about 70 patients for regular, planned dialysis," he said on Friday.

Ukala was addressing the media launch of a 5K event set for June 11 in support of the Mandeville Regional Hospital's renal unit.

He said 6,025 dialysis treatments were administered to 221 patients in 2021 at the renal unit.

"In 2022 there were 6,615 dialysis treatments on 197 patients. This is not meeting the demand — it hardly scratches the surface. The waiting list for dialysis at Mandeville Regional Hospital is well over 100 patients, and I don't want to tell you what the criteria for bringing in the next person is," said Ukala.

"Most of these patients are unable to afford the cost of private dialysis. Many start out by getting private dialysis but are unable to keep up with the requirement for two or three dialysis treatments a week due to the cost associated with the treatment," he said.

He reiterated that kidney disease is preventable.

"The main risk factors that we have discovered for end-stage kidney disease are poorly controlled diabetes and hypertension, both chronic lifestyle diseases that are prevalent in our population," said Ukala.

Custos of Manchester Garfield Green, who has been vital to the organisation of the 5K, said he is looking forward to people supporting the event.

"[For] the inaugural run/walk/cycle for Manchester we have decided to partner with the Ministry of Health and Wellness, through the Southern Regional Health Authority, to provide moral and financial support to the renal unit… Providing care for kidney disease is very costly, delicate and technical. I toured the unit and I learnt a lot. I had no idea [prior] as to how it worked," he said.

"Our 5K road race is not just a physical challenge, but it sets the tone for trust, commitment, solidarity, sympathy and empathy," he added.

Mayor of Mandeville Donovan Mitchell said the municipal corporation, which manages Cecil Charlton Park, has waived fees for the use of the facility for the 5K and has contributed to the purchase of 200 branded T-shirts.

"We are partnering with the custos and his team. Twenty members of our staff will join the 5K," he said.

CEO of the Mandeville Regional Hospital Alwyn Miller commended Custos Green for partnering with the renal unit.

"The promotion of a healthy lifestyle, and particularly exercise, remains very relevant beyond the COVID[-19] pandemic. I think most of us will remember during the pandemic we saw a whole lot more people walking in the morning and persons drinking more water and juices and striving for a healthy life. We should continue that," he said.

"This event promises to be an extraordinary one. In my mind, outside of the Blue Mountains, Mandeville has the most salubrious and refreshing climate that will contribute to revitalising our participants," added Miller.

The registration link for the event is https://my.raceresult.com/241933/registration

The group said that building the skills for cardiopulmonary resuscitation (CPR) can start at age four — and be developed over time through routine training.

By the time children have reached 10 years old, they then may be able to perform effective chest compressions on manikins, said the statement published in Circulation, the American Heart Association’s journal. 

AI AND HEART HEALTH: MACHINES DO A BETTER JOB OF READING ULTRASOUNDS THAN SONOGRAPHERS DO, SAYS STUDY 

It detailed evidence showing that schoolchildren as young as age four know how to call for help in a medical emergency — and that, by the ages of 10-12, they can even administer effective chest compressions when performing CPR.

The statement also said that kids can become aware of automated external defibrillators (AEDs) and begin learning the steps and rhythm of CPR. 

"Building skills at a young age that are reinforced consistently throughout their years in school has the potential to educate generations of students and their parents on how to respond to cardiac arrest, perform chest compressions and rescue breaths, use an AED and ultimately increase survival," Comilla Sasson, M.D., PhD and a member of the statement-writing committee, said in a news release. 

BE WELL: FLOSS YOUR TEETH DAILY FOR BETTER HEART HEALTH

Sasson, an emergency physician based in the Denver area who serves as vice president for science and innovation at the American Heart Association, said all family members should know what to do in the event of a cardiac arrest (when the heart stops beating) — since it occurs most often outside a hospital setting. 

The report authors reviewed over 100 research articles about training students in CPR. 

They found that school-aged children are highly motivated to learn life-saving skills and often "multiply" their training by sharing what they have learned with others, the news release said. 

"Training students has become a key element to increase the number of people ready to perform CPR when cardiac arrest occurs outside a hospital, and potentially increase rates of CPR and cardiac arrest survival globally," Dr. Bernd W. Böttiger, chair of the statement-writing group and head of the Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine at the University Hospital of Cologne in Cologne, Germany, said in a news release.

The authors recommended a combination of theoretical and practical training in schools and using social media tools to help share lifesaving skills. 

Worldwide, cardiac arrest that occurs away from a hospital setting is a leading cause of death, with survival rates range between 2% and 20% globally, according to the report. 

These rates are especially low when a bystander does not take immediate action, the news release said. 

"With survival rates of 2% to 20% for out-of-hospital cardiac arrest, this study delineates the significance of children and their ability to respond not only in a timely manner but also provide care in a critical period for a patient or possibly even a friend or family member," said Dr. Zachary Hena, M.D., a pediatric cardiologist at Hassenfeld Children’s Hospital at NYU Langone in New York City, who was not associated with the report.

Hena also told Fox News Digital, "We know the time from when someone is down to [the] time to starting chest compressions and/or delivering an effective shock if necessary improves survival and outcomes. Effectively, kids can save lives from this study — but more importantly, kids will save lives," he added. 

COVID PUBLIC HEALTH EMERGENCY IS OVER: HERE'S WHAT IT MEANS FOR YOU

Dr. Kendra Hoepper, a pediatric nurse practitioner and an associate professor and program director of nursing at Dominican University of California in San Rafael, told Fox News Digital that it's important to implement a tiered type of training program regarding CPR and first aid in children. 

That way, kids can feel more comfortable and not be fearful of reacting. 

Despite their young age, she said even a 4-year-old could be helpful in an emergency.

"The sooner we can encourage kids to know what to do in emergencies, the better," she said.

"Let's say a parent or grandparent collapses in the home — [children] may not know how to check a pulse or for breathing, but they can recognize when something is wrong and they should know to call 9-1-1." 

She added, "The 4-year-old can at least talk to someone on the phone who would then be able to instruct the child on what to do until emergency services arrive."

Hoepper and some of her former colleagues at Molloy University in Rockville Center, New York, partnered with local schools and organizations such as the Girls Scouts and Boy Scouts to help educate the community on the American Heart Association’s "Hands On Only" CPR training through formal classes and pop-up tent events. 

Debra McWilliams, MS, RN, director of Interprofessional Simulation at Long Island University Post in Brookville, New York, said of the report, "We know that every second counts when it comes to helping someone who has collapsed from a cardiac event."

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She added, "Many people witnessed the collapse of Buffalo Bills football player Damar Hamlin on the field this past year. Within seconds, team trainers provided CPR and used an automated external defibrillator (AED) to restart his heart." 

McWilliams and her nursing students recently taught CPR to the LIU community.

She said, "Knowledge is power. Educating people of all ages, children to adults, will have a positive ripple effect. This lesson can literally save lives."